Día a día somos testigos de noticias referentes a mujeres asociadas a delitos relacionados con drogas. Bajo estos delitos, se encuentra una problemática de grandes proporciones, marcada por los estigmas y las brechas ocasionadas por el impacto de la desigualdad de género y machismo que se reproduce en el mundo de las drogas, en la cual las políticas anti drogas no hacen más que perpetuar una realidad en donde las mujeres son las más perjudicadas. 

Según el documento “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento”, elaborado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), el número de mujeres encarceladas ha aumentado entre el 2000 y el 2015 un 51, 6%, mientras que en los hombres ha aumentado un 20% (1).  

Con respecto a mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas, las cifras son alarmantes en países como Costa Rica (75,46%), Argentina (65%), Brasil (60,63%), Perú (60,6%) y Chile (57,2%), lo que evidencia cómo la violencia patriarcal se reproduce también dentro del sistema penitenciario. 

Una violencia patriarcal con respecto a las drogas, que comenzó con el período prohibicionista, al comienzo del siglo XX en Estados Unidos, a través de políticas punitivas sobre distintas sustancias desde los diferentes Estados, las cuales sirvieron para estigmatizar y perseguir a distintos grupos de personas. Uno de esos grupos fue el de las mujeres, las cuales al ser inferiorizadas históricamente, han tenido que sufrir la violencia policial y de organizaciones criminales, quienes han usado la amenaza y el terror como medios para imponerse al otro.

Es por ello que las mujeres han pasado a ser un botín de guerra o una propiedad para grandes carteles de drogas, en donde sus líderes han buscado mostrar su hombría a través del uso de los cuerpos de las mujeres como recurso disponible.

Asimismo, las mujeres han sido puestas por esas mismas organizaciones criminales, en roles inferiores (como el de transporte de drogas), exponiéndolas a riesgos y consecuencias dramáticas, que van desde el abuso, violación, encarcelamiento y la propia muerte.

En consecuencia, la llamada guerra contra las drogas, ha generado que millones de mujeres sean víctimas de un proceso de disputa por el control territorial, entre grandes traficantes y brigadas antinarcóticos, que al centrarse en las drogas, han descuidado completamente la vida de las mujeres.

Por otra parte, las mujeres consumidoras de drogas, han tenido que soportar grandes estigmas. La idea machista de que las mujeres por naturaleza no debieran asumir riesgos y que son los hombres por tanto quienes debieran hacerlo, ha hecho que las consumidoras sean mucho más castigadas, discriminadas y aisladas de la sociedad.

Es por eso, que en el momento de buscar tratamiento por uso problemático de drogas, las mujeres sientan más culpa y vergüenza que los hombres, ante el rol reproductivo y doméstico que se las ha impuesto por siglos, en donde el ser madres y serviles al hombre se volvió una obligación. 

No es casualidad por tanto, que las mujeres tiendan a consumir más drogas legales que ilegales, ya que se presupone, desde el discurso patriarcal, que las mujeres son por esencia más obedientes y menos rebeldes.

Por todo lo señalado, la violencia prohibicionista existente, de más de 100 años de historia, se traduce en una violencia encubierta contra las mujeres. 

Nota:

1 Documento disponible:

https://www.oas.org/es/cim/docs/womendrugsincarceration-es.pdf

Andrés Kogan Valderrama
Sociólogo
Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable
Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea
Doctorando en Estudios Sociales de América Latina
Integrante de Comité Científico de Revista Iberoamérica Social

Miembro de La Red de Estudios Sobre Drogas en América Latina (REDESAL)

Director del Observatorio Plurinacional de Aguas www.oplas.org