Venezuela ocupa el último lugar de la lista en cuanto a recaudación de impuestos se refiere. En América Latina y el Caribe el promedio de lo que el Estado recauda en impuestos con respecto al tamaño de la economía es 23,1%. En Cuba es 42,3%, Brasil 33,1%, Uruguay 29,2%, Argentina 28,8%, Bolivia 24,4%, Nicaragua 23,3%, Chile 21,2%, Ecuador 20,6%, Colombia 19,4%, Perú 16,4%, México 16,1, Guatemala 12%, Venezuela 9%. Son datos de la CEPAL, OCDE, CIAT y BID.

Es casi nada lo que la burguesía criolla y también la transnacionalizada pagan de impuestos en Venezuela. De lo poco que recauda el Estado, solo el 14% corresponde a impuestos sobre la renta, porcentaje que incluye “la renta” de los asalariados. El otro 86% es Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, de paso, pagamos todo el pueblo trabajador cada vez que compramos algo. Históricamente, el Estado venezolano ha aliviado la presión tributaria a la burguesía debido a que ha contado con los ingresos por concepto de regalías e impuestos por hidrocarburos, lo que ha constituido en un mecanismo más de apropiación indirecta de los ingresos petroleros por parte de los dueños de los grandes capitales.

Hoy, en plena pandemia, en el marco de una recesión económica mundial que se espera sea de 4,5%, las propuestas económicas apuntan al incremento de la presión tributaria a las empresas. El objetivo es aumentar los ingresos del Estado para garantizar mejor atención en salud, compensación a la clase obrera y mejor redistribución de la riqueza que se encuentra concentrada en manos de la burguesía. Estas propuestas que, para algunos neoliberales, lucen paradójicas e incluso suicidas, están siendo impulsadas por el premio nobel de economía Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, quienes no son para nada socialistas. Proponen, entre otros, aumentar los impuestos a los patrimonios, un impuesto especial a las tecnologías (Google tax) y la publicación obligatoria de lo que las empresas tienen en paraísos fiscales. La CEPAL y la ONU coquetean con estas propuestas.

En nuestro país, el asunto tributario es competencia del poder legislativo (numeral 6 del artículo 187 de nuestra Constitución) y ya que los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional por el Polo Patriótico invitaron al pueblo a presentar propuestas para el nuevo Parlamento, hemos decidido sistematizar y resumir algunas de las que, en esta materia, hemos estado sugiriendo desde hace años.

1. Aumentar la tasa de impuesto sobre la renta a los dueños de capitales. En 1991, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se aprobó una reforma grosera y descaradamente neoliberal de la ley de impuesto sobre la renta (ISLR): la tasa de impuesto sobre las ganancias de la burguesía se redujo de 50% a 30% de un solo plumazo. No debemos sorprendernos, era un gobierno neoliberal. En 1994 se elevó al 34% que es la tasa que hoy se sigue aplicando sobre las ganancias de los capitalistas. La propuesta es regresar a por lo menos el 50%.

2. Disminuir la presión tributaria del IVA. Debido a que, en 1991 se redujo la tasa del ISLR, era necesario y urgente cubrir el hueco fiscal. Por tal motivo, en 1993, durante el gobierno de Ramón J. Velásquez, se les ocurrió la brillante idea de aprobar el IVA, impuesto regresivo y neoliberal que recae sobre el que menos ingresos devenga. En ese momento la tasa era 10%. Hoy es 16%. La propuesta es disminuir la tasa del IVA 10% o menos y cubrir el hueco fiscal que esto generaría a las arcas del tesoro con el aumento propuesto de 30% a 50% del ISLR a la burguesía.

Mantener el IVA, pero con una tasa muy baja puede resultar necesario en la medida en que las máquinas fiscales podrían garantizar un control fiscal para disminuir la evasión por parte de la burguesía.

3. Aumentar los impuestos a la industria petrolera. Antes de la nacionalización petrolera, el Estado aplicaba una tasa de impuesto sobre la renta a las empresas de hidrocarburos equivalente al 72%. En 1976, dicha tasa se redujo a 67,7%. Luego, Carlos Andrés Pérez en 1991, también de un plumazo, la redujo a 30%, además bajó a 1% las regalías por extracción de petróleo. Chávez, en 2001, con la reforma de la ley de hidrocarburos, la aumentó a 50% y llevó las regalías petroleras de 1% a 16,7%. Recordemos que este impuesto no recae solo sobre PDVSA y las empresas del Estado, recae también sobre la burguesía petrolera, particularmente transnacionalizada que conforma alianzas y empresas mixtas con el Estado en el marco de lo establecido en la Constitución. La propuesta es regresar a por lo menos 67,7%.

4. Eliminar el beneficio de la doble tributación. En Venezuela, desde 1991, la burguesía transnacionalizada no paga impuestos en nuestro territorio. Este beneficio que le fue otorgado por el gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez a los capitales extranjeros y que se concretó a partir de 1999 una vez firmados los tratados con distintos países, funciona de la siguiente manera: si una empresa transnacional, filial de una empresa matriz, obtiene ganancias en Venezuela y dicha ganancia implica que debe pagar cierto monto en nuestro territorio por concepto de impuestos, antes de hacerlo, lo contrasta con los impuestos que esa misma empresa, en su país de origen, pagó por impuestos y se lo resta a lo que debería pagar aquí. Resumiendo, desde 1999 nunca les ha tocado pagar impuestos en Venezuela, lo cual es una aberración porque dicha empresa que obtuvo ganancias en nuestro país también se beneficia de los servicios prestados por el Estado venezolano, entre otras razones.

Para que tengan una idea, la cantidad de dinero que las empresas transnacionalizadas han enviado a sus países por concepto de repatriación de ganancias suma 94.911 millones de dólares desde 1999 hasta 2018 (datos del BCV). Eliminar ese beneficio es nuestra propuesta soberana.

5. Hacer obligatoria la consolidación contable. Las empresas transnacionales no han resultado afectadas por la guerra económica. Apenas comenzaron a notar en 2015 que iniciaba un mayor ataque al bolívar por parte del imperialismo y por lo tanto una depreciación inducida de nuestra moneda, decidieron desconsolidar su contabilidad, es decir, no sumar sus ganancias a la de su casa matriz debido a que, cuando convierten de bolívares a dólares dicha ganancia, con un tipo de cambio que han manipulado y depreciado en más de 500 mil millones por ciento, resulta una ganancia insignificante en dólares lo cual afecta el valor unitario de las acciones de la empresa. La consolidación era obligatoria en 1948 según nuestra legislación tributaria y la suprimió Carlos Andrés Pérez con la reforma de 1991. La propuesta para los diputados es hacerla obligatoria nuevamente.

Nos faltó espacio para desarrollar otros aspectos en materia tributaria que consideramos deberían ser revisados por los diputados de la nueva y patriota Asamblea Nacional 2021-2025, entre ellos los impuestos sobre la repartición de dividendos de los accionistas, la definitiva eliminación del ajuste por inflación aprobado por Carlos Andrés Pérez para beneficiar a la burguesía, los aranceles de importación, el impuesto a los grandes patrimonios, el de los activos empresariales y también la publicación de las cuentas en paraíso fiscales que proponen los neo keynesianos, Stiglitz y Piketty.

Hemos hecho la tarea de escanear estas propuestas aquí presentadas con la pregunta de rigor de Chávez ¿Dónde está el socialismo? Todas pasaron la prueba. Ninguna nos desvía del camino.

- Pasqualina Curcio es Profesora Titular, Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Simón Bolívar-Venezuela.