En homenaje a los mártires y héroes de la Revolución de Octubre del ‘44

Introducción

Con un cierto efecto sincrónico (simultáneo), se suceden por estos días en Guatemala un conjunto de acontecimientos de aparente carácter “coyuntural”, pero que en realidad pertenecen a un proceso de carácter diacrónico, de largo plazo, donde ninguno de estos eventos está aislado. En el fondo, existe y subyace, de hecho, un patrón político que los organiza y orienta. Sobre esto habla este artículo.

Lluvia de dinero en el país del hambre y la desnutrición crónica infantil

Por mi trabajo cotidiano me toca ver por las calles de distintos municipios del país, a gente que desesperada deambula, unos en busca de cualquier “trabajito”, otros ya solo esperando encontrar alguien que les regale algunos alimentos para sus hijos pequeños. Madres, incluso, que me he topado por el camino, en busca de un “lugarcito” gratis o de un cuarto o habitación a muy bajo costo, ante las amenazas de los dueños de casas por desalojarlos ante la falta de pago de sus rentas mensuales, rentas que se acumulan al mismo ritmo que se acumulan las cifras de contagios por el Covid.

Y mientras ese desolador panorama social se multiplica por muchos rincones del país, aparecen casi de la “nada” 122 millones de quetzales provenientes del lavado de dinero, según el Ministerio Público, muy probablemente, originados en oscuras operaciones financieras realizadas con fondos del Estado por funcionarios corruptos.

Sumado a este evento, que dicho sea de paso parcialmente de respuesta a la consigna popular que desde hace semanas se pregunta; ¿Dónde está el dinero?, el gobierno guatemalteco, con el apoyo del FBI y de las autoridades de gobernación y de defensa del gobierno mexicano, concretan en Guerrero, la captura e irregular extradición de César Montes, legendario luchador social y ex –líder guerrillero guatemalteco y centroamericano, acusado por las cámaras empresariales, latifundistas del norte del país y por el propio presidente Giammattei (1), quien, con el tono de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no como la cabeza del Ejecutivo que en realidad es, de estar involucrado en un hecho violento sucedido en septiembre del 2019 en el nor-oriental departamento de Izabal, en el cual murieron 3 elementos castrenses.

Para estos sectores de ultraderecha, solo sus pupilos acusados de narcotráfico o de robo de fondos del Estado deberían de gozar del precepto jurídico de “presunción de inocencia”. Como solía decir el dictador nicaragüense Anastasio Somoza; “A mis amigos, lo que quieran; para mis enemigos, la ley”.

Empero el problema es que aquí en la Guatemala del 2020 lo que menos existe es el “imperio de la ley”, como no sea la ley de la arbitrariedad abierta y descarada. Tan descarada como la renuencia del Congreso (dominado actualmente por sectores aliados con el llamado “Pacto de Corruptos”), a realizar la elección para el cambio de magistrados y jueces de apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, cambio periódico que por mandato obligatorio el Congreso debió haber realizado hace un año, y que este órgano, aun desobedeciendo una resolución expresa de la Corte de Constitucionalidad, se niega a efectuar, en una muy calculada demora en espera de que el próximo año cambien las magistraturas de ese ente clave del sistema de justicia.

La lógica del burdo cálculo de los congresistas pro-corrupción es que ya con nuevos magistrados en la Corte de Constitucionalidad (que por mandato tienen que renovarse en los próximos meses del 2021), les resultará mucho más fácil elegir y colocar en la Corte Suprema de Justicia a sus alfiles y compinches, algo que la actual CC les ha impedido, al cuestionar la idoneidad de muchos de los candidatos a las altas cortes respaldados disimulada o abiertamente por los congresistas pro-corrupción.

Este surrealista cuadro político-social del momento se complementa con la espuria persecución penal y administrativa en contra del actual jefe de la Fiscalía Especial del Ministerio Público contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, por continuar el trabajo anti-corrupción iniciado por la Comisión internacional contra la Impunidad (CICIG), el cual quedara inconcluso y truncado por la ilegal y arbitraria expulsión que realizara de este ente el ex –presidente Jimmy Morales, en clara complicidad con Donald Trump.

Esta siniestra persecución al estilo de “patos que disparan a las escopetas”, o de “simpatizantes de la corrupción persiguiendo a los que luchan contra los mafiosos”, ha escandalizado incluso a altos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como es el caso de Michael Kozak, Secretario Adjunto de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado, de los Estados Unidos (2), quien por estos días emitió un contundente tuit en el que reclama a la propia jefa del Ministerio Público el que ella se dedique a perseguir a los fiscales de la FECI, en vez de, como reza literalmente el tuit, “de dedicarse a perseguir a los corruptos…”.

Dado que el mencionado tuit fue realizado en nombre del cargo gubernamental oficial que ostenta el señor Kozak, es dable pensar si esto no representa el inicio de un giro en la política exterior de los EEUU hacia Guatemala, en cuanto a volver a endurecer su trato hacia los archi conocidos sectores pro-impunidad. Cuestión que está por verse, dado que en estos momentos todo en los Estados Unidos está contaminado por el clima pre–electoral, y además, no debemos nunca olvidar que los Estados, cualquier Estado, y en particular, los Estados Unidos, “no tienen amigos, solo tienen intereses”.

En síntesis conclusiva, lo que aquí estamos presenciando ahora en Guatemala es la construcción de una dictadura narco-burocrática. En este país, el fenómeno del crimen organizado hace rato ha dejado de ser marginal; hoy esta nos enseña sus dientes copando las principales instituciones y estructuras de la sociedad y del Estado.

El reto para los sectores populares y democráticos de este país (antiguamente “bananero”, ahora convertido en “país-corredor” o “país-bodega”), es descomunal. Estas mafias pro-corrupción están transnacionalizadas y cuentan con abundante “poder de fuego”, mientras que millones de guatemaltecos honestos y honrados solo contamos con la claridad y fuerza de nuestras consciencias. Esta lucha es desigual pero indeclinable.

Notas:

1. Versión de la Red Internacional de Solidaridad con César Montes (RISCM) https://twitter.com/RedInternMontes

2. “Estados Unidos manda mensaje inequívoco a Porras por la FECI”.

https://lahora.gt/estados-unidos-manda-mensaje-inequivoco-a-porras-por-la-feci/

Sergio Barrios Escalante

Científico social e investigador. Activista social por la niñez y adolescencia en la Red ADINA. Editor de la revista Raftulum

https://revistatulum.wordpress.com/