Breve análisis de las políticas económicas aplicadas en el gobierno de transición

Transcurridos once meses de gobierno y a tan solo unos días para que se lleven a cabo los comicios nacionales; surge, la necesidad de realizar un breve análisis de las políticas económicas aplicadas en este periodo gubernamental para contar con elementos de juicio frente a las decisivas elecciones de octubre. Para analizar este especial periodo de gobierno es oportuno dividirlo en dos etapas diferentes: una sin pandemia, que dura desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2020; caracterizada por la visible intención gubernamental de deconstruir la economía mixta heredada, deteriorando deliberadamente la imagen de gestión de las empresas públicas. Y, una segunda etapa con pandemia, desde marzo hasta octubre de 2020; que se destaca por la creación de nuevos bonos sociales, el ajuste normativo en materia tributaria y la implementación de un plan nacional de reactivación. Medidas claramente dirigidas a favorecer a la gran empresa y la banca privada.

El deliberado debilitamiento de las empresas públicas

En diciembre de 2019, cuando no se preveía la llegada de la pandemia al país, el gobierno accionó la estrategia de desacreditar el desempeño de toda empresa pública; tratando de posicionar en la población la vieja idea de que: “el Estado es un mal administrador”. Siguiendo esta línea discursiva, se desacreditan proyectos nacionales de industrialización en el campo de la minería, hidrocarburos y el litio. El desprestigio mediático conduciría a un objetivo futuro mayor, privatizar o liquidar empresas públicas reduciendo así la participación estatal en la economía nacional.

Se comenzó descalificando la gestión de empresas grandes y estratégicas como ENTEL y YPFB, por contribuir al pago de bonos estatales como el Juancito Pinto. Se criticó el desempeño de las Plantas Separadoras de Líquidos por operar por debajo de su capacidad productiva, tratándose de emprendimientos productivos en pleno desarrollo. Se arguyó bajas utilidades en empresas de mediana envergadura como Mi Teleférico, sin contemplar que, tratándose de proyectos de transporte masivo, el impacto en la calidad de vida de sus usuarios es inmediato. Se denunció pérdidas en la empresa de trasporte aéreo BOA, que cumple una función económica y social al cubrir vuelos no necesariamente rentables, y que naturalmente se mantuvo sin operaciones durante la cuarentena. En el campo de la minería, se cuestionan bajas utilidades en la empresa Minera Huanuni y la Metalúrgica de Vinto, siendo estas claves para la exportación del estaño refinado. También, se argumenta insolvencia de empresas pequeñas como la ensambladora QUIPUS, emprendimiento destinado a generar empleo técnico.

Asimismo, se ordena el cierre de operaciones de la Planta de Fertilizantes de Bulo Bulo, que contaba ya con producción comprometida para su exportación. Se desacredita el desempeño de la Planta de Azúcar y Alcohol, emprendimiento agroindustrial en plena maduración. Sin muchos argumentos técnicos y legales, se disuelve la sociedad ya constituida entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACI Systems (Acisa) para la explotación e industrialización del litio. Al mismo tiempo, se anuncia que la Planta de Procesamiento del Litio trabaja por debajo de su capacidad instalada, tratándose de un proyecto nacional en etapa experimental clave para la explotación e industrialización mixta del mineral. Finalmente, se deja paralizada en su etapa final la construcción del tren eléctrico, cesando las actividades de la empresa Mi Tren; y se congela el funcionamiento del Centro de Medicina Nuclear; emprendimiento que brindaría servicios públicos en el campo de la medicina nuclear, y el cáncer.

La contraproducente política gubernamental

Con la llegada de la pandemia al país en marzo 2020, el gobierno diseña un grupo de medidas económicas de contención, por el lado de la demanda y de la oferta agregada, concernientes en: la entrega de bonos sociales, la habilitación de créditos rápidos para empresas paralizadas, y varias concesiones tributarias que postergan el pago de impuestos y condonan deudas tributarias. Es evidente que ninguna de estas medidas fue diseñada para auxiliar a empresas públicas, a pesar de que sufren los mismos avatares que las empresas privadas frente a la pandemia.

En abril del 2020, se comienza el pago del bono familia de bs500 y en mayo con el bono universal con similar monto, llegando a beneficiar alrededor de 4.2 millones de personas. El bono familia llega a niños que cursan en colegios públicos y privados, y el bono universal a todas las personas mayores de 18 años que no reciben ningún bono y no cobran un salario. El costo para pagar los bonos estaría alrededor de los $us300 millones de dólares. Para erogar dicho monto y cubrir gasto corriente del Estado, el gobierno recurre a un crédito de $us1,000 millones de dólares del BCB. A ello, se suma alrededor de $us1,400 millones dólares, recibidos por concepto de donación internacional durante la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia.

Por el lado de la oferta agregada, se aplican medidas anti-contractivas consistentes en otorgar créditos rápidos a empresas privadas afectadas, para que puedan cubrir sueldos durante el paro. Naturalmente, el Banco Unión al ser una institución financiera del Estado, sería la única en otorgar este tipo de créditos, poniendo en riesgo de mora su cartera crediticia futura. También, se aprueban normas tributarias que postergan el pago de impuestos como el IUE y se flexibilizan tributos arancelarios a la importación de bienes de capital.

Evidentemente, el pago de los bonos confluye en una inyección rápida de dinero en la economía nacional, estimulando el consumo familiar y contrarrestando en parte las fuerzas contractivas en la demanda agregada. Sin embrago, el diseño de los bonos no contiene filtros adecuados para llegar exclusivamente a la población más vulnerable del país, ratificando desigualdades sociales. Por su parte, los incentivos fiscales terminan favoreciendo solo a grandes empresas industriales del país. Como se patea el pago de impuestos de los grandes contribuyentes y se difiere el cobro arancelario para la importación de maquinaria, la caída en la recaudación fiscal es drástica; haciendo cada vez más difícil para el gobierno central cubrir el gasto público programado para la gestión, más aún, con la meta de reducir el déficit fiscal.

El dirigido plan nacional de reactivación económica

La dinámica subyacente a la pandemia, provocó paradójicamente que algunos sectores económicos se vean beneficiados, comunicaciones, internet, supermercados, farmacias, clínicas privadas, comercio especializado en salud, industria de alimentos (agroindustria), servicios de entrega a domicilio y la producción campesina de alimentos básicos. Los sectores medianamente afectados fueron servicios financieros (bancos), manufactura y la exportación de gas natural. Contrariamente, los sectores profundamente afectados fueron aviación, turismo, construcción, inmobiliarias, restaurantes y el transporte automotor público y privado. Considerando la envergadura empresarial; las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción a pequeña escala y al comercio minorista, fueron las más afectadas por la paralización obligatoria de actividades.

Bajo este crítico escenario, el gobierno aplicó un segundo grupo de medidas económicas agrupadas en un plan nacional de reactivación del empleo de $us2.671 millones de dólares, que termina notoriamente dirigido a favorecer a la gran empresa. El plan contiene un fondo de reactivación post-pandemia de $us1.749 millones, destinados a otorgar créditos blandos a empresas del sector agropecuario, silvicultura, almacenamiento y transporte, industria manufacturera, construcción, actividades inmobiliarias y de alquiler; comunicaciones, turismo, hoteles y restaurantes. Los recursos del fondo provendrán de la emisión de títulos negociables de deuda del Banco de Desarrollo Productivo y cuentan con la garantía del TGN. El BDP, por cierto, una institución financiera mayoritariamente del Estado Boliviano y minoritariamente de la CAF. Asimismo, el plan de reactivación solo contempla un pequeño fondo de $us17 millones para el afianzamiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Poniendo claramente en evidencia que la política gubernamental, esta deliberadamente diseñada para favorecer a la gran empresa privada y no así a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, la banca privada sería quien colocaría los créditos blandos en el mercado nacional, beneficiándose directamente con el plan, porque trabajaría con capital del Estado y endeudamiento del BDP; sin arriesgar sus propios recursos y generando utilidades por prestar servicios de intermediación financiera.

13 de octubre de 2020

- Luis Paz Ybarnegaray es Economista UCB y Master en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid.