En vísperas de las elecciones de EE.UU., la Casa Blanca intensifica su injerencia en América Latina, con el deseo de traer a casa un resultado para lucirse en la campaña electoral. Tal vez por eso se intensifica el activismo de la Casa Blanca hacia Managua, ya que EE.UU. considera que el golpe al estilo boliviano es la mejor solución para Nicaragua. Washington y Miami están preocupados, se acerca el año electoral y la llamada oposición no tiene ideas, ni planes, ni programas. El embajador de Estados Unidos en Managua, Sullivan, agita sus brazos y canta, pero es una pelea interna para llevarse los millones de dólares estadounidenses y europeos ya asignados para la campaña electoral nicaragüense. Ningún grupo tiene la credibilidad para ganar, pero todos tienen dientes afilados y hambre de dinero extranjero.

Hay varios signos que indican que para la derecha se considera viable la hipótesis de una nueva ola de terror para doblegar al gobierno, entre ello las detenciones de sus exponentes con explosivos y municiones. Frente a una nueva hipótesis de golpe, además de la disposición combativa del sandinismo, para desalentar todas las ambiciones viene una actualización del marco legislativo y jurídico que reafirma la supremacía de la paz. Por esta razón, el Parlamento, además de debatir la ley que prevé la cadena perpetua para los delitos más brutales, examina dos leyes para proteger la soberanía nacional: la relativa a los agentes extranjeros y la relativa a los delitos cibernéticos.

La primera se refiere a la actividad de grupos, organismos o partidos que reciben financiamiento del extranjero para llevar a cabo actividades políticas. La segunda, por otra parte, se refiere a los que usan la Red con intención criminal para causar alarma y pánico en la población. Nada nuevo en el escenario internacional, ambas leyes perseguirán los delitos ya perseguidos en cualquier otro país; pero bien pueden definirse como leyes que protegen la soberanía nacional de Nicaragua.

La ley sobre agentes extranjeros exigirá a las personas, empresas, asociaciones o cualquier entidad privada que reciba dinero del extranjero, el registrarse en el Ministerio del Interior respecto a sus actividades y la certificación de los fondos extranjeros recibidos, explicando las razones y el uso de los mismos en el país. En caso de no registrarse regularmente ante la autoridad competente, se impondrán sanciones administrativas.

La obligación de registrarse no se aplicará a los empresarios extranjeros, a las actividades incluidas en el marco de los acuerdos de libre comercio, a las remesas familiares, a los titulares de prestaciones de jubilación o a los contratos de empleo en el extranjero, que estarán exentos de la obligación de registrarse. En cambio, se referirá a empresas, partidos, ONG, organismos de diversa índole que se dedican a la actividad sociopolítica, ya sea verdadera o creada ad hoc.

La Derecha protesta pero no debería hacerlo, ya que fue el gobierno de Chamorro el que en 1992 votó la Ley 147 que regula la actividad de las empresas que reciben fondos internacionales y la de las ONG. Por lo tanto, son protestas instrumentales: cuando están en el gobierno votan leyes que luego, cuando van a la oposición, no quieren reconocer.

La ley -en esto radica el problema de la oposición- no se refiere a las actividades profesionales, sino que afecta a la agitada actividad que los EE.UU. y la Unión Europea llevan a cabo regularmente a diferentes niveles. Entre ellas se encuentran la inyección de dólares destinados a diseñar frentes políticos hostiles al sandinismo, el intento de alterar la dialéctica política interna y la financiación de las campañas electorales, actividades realizadas sin vacilación desde 1990. El hecho de inyectar decenas y decenas de millones de dólares en la campaña electoral de un pequeño país con escasos recursos económicos, supone un valor estratégico con características subversivas. Es una flagrante injerencia de países extranjeros en la política nacional, que no se tolerará más.

El golpismo es escandaloso, pero en realidad la mayoría de los países del mundo tienen reglas idénticas, a menudo mucho más estrictas que las que entrarán en vigor en Nicaragua. En Italia, por ejemplo, recibir fondos de países extranjeros para llevar a cabo actividades políticas nacionales recibe sanciones muy severas, que prevén penas de no menos de 10 años de prisión (artículos 243 y 246 del Código Penal). La corrupción del ciudadano por parte del extranjero se sanciona con penas que van de tres a diez años de prisión y si el dinero o la utilidad se asignan o se comprometen para la propaganda de la prensa, la pena se aumentará en un tercio. ¿Qué corriente del Derecho establece que lo que es ley en Italia se convierte en arbitrario en Nicaragua?

La otra ley de defensa de la soberanía nacional que se aprobará, sanciona las noticias falsas, es decir, las campañas difamatorias destinadas a alterar artificialmente el marco sociopolítico. En la actualidad hay decenas de países que, considerando la importancia estratégica de defender a sus ciudadanos de los delitos en la Red, han legislado en este sentido (entre estos EE.UU., Australia, España, Italia, etc.) y Nicaragua también cuenta con una legislación y una normativa adecuadas.

Con esta ley se afectará el fraude informático, el espionaje, la violación de la identidad sexual, la pornografía infantil, las violaciones de la seguridad de los datos, la manipulación de estos, la difusión de noticias falsas. Estas últimas son actividades delictivas que Nicaragua sufrió durante el intento de golpe de Estado de 2018, cuando, mediante el uso masivo de ¨bots¨ y perfiles falsos, se crearon redes sociales artificiales que, con la difusión de noticias falsas, generaron el caos, pero, sobre todo, falsos informes sobre la supuesta represión. ¿El propósito? Ser utilizadas internacionalmente con el fin de revertir totalmente la verdad de los hechos y preparar el clima hostil hacia el gobierno sandinista en la comunidad internacional, previa la aprobación de las sanciones. Este tipo de actividad ha continuado hasta hoy, con el uso criminal de la Red que, al amparo de la libertad de expresión, podría continuar en ausencia de regulaciones específicas que regulen su comportamiento.

Los granujas de Estrasburgo

Los gritos de la oposición y el trabajo de los lobbies han irrumpido en la mayoría ultraderechista del Parlamento Europeo, que, tras negarse a condenar el golpe de Estado en Bolivia y condenar a Venezuela, Rusia y China, vuelve a acusar a Nicaragua, inventando acusaciones descabelladas, indocumentadas e in-documentables y, en un delirio ideológico de carácter neocolonial, con el entusiasmo de los partidos post-fascistas presentes al lado de la izquierda liberal, se aprueba una moción de condena presentada por la ultraderecha española.

La moción ordena a Nicaragua que no apruebe las dos leyes descritas anteriormente, aunque Italia, Francia, Alemania y España tienen leyes similares. Incluso pide que se suspenda a Nicaragua del Acuerdo de Asociación con la UE, acusándola de delitos cometidos por todos los países europeos, en particular Lituania, Estonia, Polonia, la República Checa y, aún más, Hungría, que firmaba leyes autoritarias de carácter fascista mientras era presidente de turno de la UE.

El Parlamento Europeo se caracteriza una vez más por representar una Europa desprovista de toda decencia política, en la que las reminiscencias fascistas resurgen cada vez con menos vergüenza. Inventa falsificaciones colosales sobre Rusia y Bielorrusia para aplicar sanciones; propone vergonzosas ecuaciones entre el horror del nazismo y el rescate del socialismo, coloca presidentes sin votos e ignora los que han sido elegidos, ofrece un apoyo abierto a los golpes de estado y amenaza a quien se defiende. Cabe destacar que sus deliberaciones no se toman en serio ni siquiera en Europa, y mucho menos fuera de ella, donde se mide regularmente la irrelevancia de un continente que es un gigante económico, un enano político y un gusano militar.

Pero dado que ningún proyecto de ley en sí mismo podría desencadenar tal histeria y tanta rabia, la moción aprobada en Estrasburgo demuestra que las dos leyes complican efectivamente los planes de golpe de Estado, en cuya ejecución participa la Unión Europea con entusiasmo y dinero.

Es una confirmación indirecta de la necesidad de estas dos leyes: son una respuesta a las repetidas amenazas de una mayor injerencia de los EE.UU. y Europa en la vida interna de Nicaragua para tratar de contaminar el escenario político y el proceso electoral. Aquellos que deciden tomar parte activa en la desestabilización externa ahora saben a lo que se enfrentan.

La nueva estructura del golpismo

Hablando de la actividad terrorista, cabe señalar que el MRS cambiará sus siglas y su símbolo. No por la absoluta inconsistencia entre su verdadera ideología y la sigla, sino porque el Departamento de Estado les ha explicado cómo el Congreso y el Senado de los EE.UU. nunca votarán la asignación de un millón de dólares a una formación que lleva el adjetivo sandinista en su sigla. Maquillaje para fines de flujo de efectivo. Cambiar el nombre para ver el dinero. Tal vez MRS podría resultar Movimiento por el Retorno al somozismo.

Pero la novedad sustancial en el campo de la derecha es el nuevo papel de las jerarquías eclesiásticas que, cansadas de la pelea de gallos de los candidatos y alianzas en que se encuentra el archipiélago del golpismo, decide tomar el campo directamente. Lo hace con una campaña publicitaria subliminal – aunque el mensaje es evidente- llenando el país de vallas publicitarias (demostrando así que el dinero no le falta, al contrario de lo que dice). Después de que el gobierno ha reducido los fondos para una iglesia que se ha convertido en un partido golpista, en todo el país la CEN está pidiendo limosna para sobrevivir. Pero pueden permitirse llenar el país con carteles que cuestan 1.500 dólares cada uno por mes. ¿Quién les paga?

Cualquiera que sea la fuente que los financie, la de las jerarquías es una manifestación inusual e ilegítima de protagonismo político (la curia no está legalmente legitimada para llevar a cabo una actividad política, representando a un Estado extranjero, el Vaticano). No hay almas y oraciones: se trata de cuerpos, política, cargos, candidatos y dinero.

El mensaje del CEN es claro. La Conferencia Episcopal está rompiendo el punto muerto y está apuntando a la iglesia como el punto de referencia unificado para los Estados Unidos y la derecha local. En este sentido, la febril actividad política de Monseñor Silvio Báez -que es el principal ideólogo del golpe- y la exposición mediática de la CEN, parece indicar una advertencia a las formaciones golpistas y a la vez una perspectiva: si no hay acuerdo entre los diversos intereses en el campo, será un obispo quien tome el campo como candidato de todo el campo antisandinista.

La familia Chamorro, capataz local de la oligarquía colaboracionista, intentará por todos los medios participar en la operación: la ansiedad por volver a devorar al país reconstruido es imparable. La decisión final, sin embargo, será tomada por los Estados Unidos, que pagan y luego elegirán al candidato. Pero serán los nicaragüenses los que decidirán el futuro de Nicaragua. Si el golpismo, incapaz de ganar, buscase el camino de vuelta al terror, entonces las cuentas serían diferentes y falaces. El sandinismo hará lo que debe hacer y los que aterrorizan terminarán aterrorizados.

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