Para administraciones de EE UU, el gobierno de Colombia es el más amado de Sudamérica por su sumisión política, económica y militar. Hoy ese vasallo está en crisis.

No importa si en la Casa Blanca están demócratas o republicanos; ambos privilegian su relación de socio mayor con la Casa de Nariño, sede presidencial en Bogotá.

Por ejemplo, el “Plan Colombia” fue iniciado en los ‘90 por el demócrata Bill Clinton, para dar apoyo militar y poner sus tropas en el país sudamericano, asentadas en bases militares propias y/o arrendadas. El argumento era luchar contra el narcotráfico y la guerrilla de las FARC y el ELN. Por supuesto fueron activas en este último aspecto; el tráfico de drogas siguió lo más campante, con sus cargamentos de cocaína rumbo a Estados Unidos. Las tropas yanquis, la DEA y la oficialidad colombiana hacían la vista gorda y negocios con los narcotraficantes y grupos paramilitares, útiles para masacrar guerrilleros y población civil, y hacer pingues ganancias en cultivos y drogas ilícitas con autoridades gubernamentales y militares.

Los demócratas siguieron la excelente relación durante la administración Obama. Su entonces vicepresidente y actual candidato a la presidencia en los comicios del 3 de noviembre, Joe Biden, declaró que el expresidente Álvaro Uribe, con detención domiciliaria, es una persona honorable. No es lo que sospecha la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que le abrió un proceso por “soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”, ordenando su detención, aunque en su domicilio.

Por el lado de los republicanos también hubo buena onda con George W Bush y ahora el neofascista Donald Trump, quien en 2018 saludó alborozado la victoria de Iván Duque, del mismo Centro Democrático que Uribe. Duque no habría llegado a la presidencia sin la ayuda decisiva de su tutor, quien ahora cavila sobre los pasos que debe dar para recuperar la libertad.

Un primer dato favorable para el procesado fue que la Corte Suprema de Justicia decidió girar su caso a una fiscalía en vez de mantenerlo ese alto cuerpo. El argumento fue que los delitos en su contra son comunes y no cometidos en funciones de senador, curul donde recaló luego de ser dos veces el presidente de sangrienta represión estatal.

No por generoso sino por calculador, Uribe renunció a su banca de senador, en detención domiciliaria. Evidentemente quería influir y fortalecer el razonamiento de la Corte Suprema, de girar su expediente a la Fiscalía, como si la suya no fuera una causa muy relacionada con el Estado.

Como Uribe sabe que muchas cosas nodales de su país se dirimen en la meca del imperio, mandó a su hijo Tomás a firmar un contrato con DCI Group para hacer publicidad en Washington a favor de su inocencia y su libertad. La agencia le cobra 120.000 dólares por tres meses. Los pagó con gusto…

Siguen las masacres

El 28 de agosto de 2016 la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos firmaron en La Habana el Acuerdo de Paz para poner fin al conflicto armado. La guerrilla se desmovilizaba y entregaba sus armas. Y el Estado se comprometía a dar tierra a los campesinos y reinsertar políticamente a los desmovilizados.

Ese acuerdo sólo fue cumplido por los insurgentes, a cabalidad, con certificación de las Naciones Unidas en el sitio. El Estado incumplió casi todo lo que debía hacer. Apenas liberó en tandas a buena parte de los presos políticos (no a todos) y permitió la reorganización de la exguerrilla como partido político con ciertos curules en ambas cámaras.

A poco de andar, ya con Duque en Nariño, comenzaron los pedidos de detención de dirigentes revolucionarios y hasta de extradición a EE UU bajo falsos cargos de narcotráfico, caso de Jesús Santrich. Y eso llevó a que una parte de la insurgencia volviera a empuñar las armas, ahora bajo el nombre de FARC Segunda Marquetalia (la primera fue fundada por Manuel Marulanda en la década del ‘60, en zona campesina atacada por el Estado y sus consejeros norteamericanos).

La parte troncal del acuerdo fue incumplido. La tierra no fue facilitada a los campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes y guerrilleros desmovilizados. Sigue siendo de latifundistas, mineras, petroleras y corporaciones internacionales, estrechamente ligadas al poder político y militar. Por eso el país gobernado por Duque sigue teniendo alta pobreza y poco trabajo formal: sobre 22 millones de empleados, 9.5 millones son trabajadores por cuenta propia o independientes.

No sólo no dieron la tierra prometida, sino que los grupos paramilitares (y en algunos casos militares), siguieron perpetrando masacres contra la población en varios departamentos. El diario “El Espectador” y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), han registrado que desde el 5 de enero hasta al 28 de agosto de 2020 hubo 47 masacres y 190 víctimas. Si se cuenta desde la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 los asesinados son 400, según el recuento de Indepaz y organismos de derechos humanos.

Esos crímenes buscan mantener el status quo en esas zonas, para que la tierra siga en manos de los latifundistas y el negocio de la droga para los paramilitares y autoridades militares y políticos con ellos relacionados.

Duque no acepta que se hable de “masacres” sino de “homicidios colectivos”. Un cinismo a toda prueba. Son masacres. Y su “honorable” Uribe fue pionero de las mismas y de “falsos positivos”.

Mejor Venezuela

La pandemia de COVID-19 pegó fuerte en Colombia; hasta ayer tenía 624.000 infectados y 20.052 muertos, con Bogotá a la cabeza de los contagios.

Aún teniendo en cuenta las diferencias de población, pues Colombia tiene 50 millones de habitantes y Venezuela 29 millones, es ilustrativa la comparación: el país gobernado por Nicolás Maduro ayer tenía 47.755 contagiados y sólo 391 muertes. Por eso miles de venezolanos que residían en Colombia han vuelto a su país.

Ese cotejo es altamente humillante para el régimen de Duque, que ha sido y es base de grupos paramilitares y militares, también de agencias norteamericanas, para agredir a la vecina nación bolivariana siguiendo el libreto de Trump, la CIA y el Pentágono.

Esos planes agresivos siguen en pie. Y es legítimo pensar que los 48 militares estadounidenses de la Misión SFAB (Brigada de Asistencia Fuerza de Seguridad) que en junio pasado arribaron a Bogotá, son una parte de los planes contra Venezuela. Supuestamente vinieron a prestar asesoría a las Fuerzas Militares locales en “la lucha contra el narcotráfico”, pero ya se sabe que ese concepto es “amplio” y sirve para todo.

Completando lo dicho al inicio. Para la Casa Blanca, Colombia es su socio menor más importante porque es la plataforma de agresión a Venezuela bolivariana. En ese rubro y varios otros, hay que celebrar que Duque y Trump vienen siendo sinónimos de fracaso.

Sergio Ortiz

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