El fracaso de los intentos del domingo para escoger candidatos de los partidos principales -comprometidos con la permanencia del dominio de Estados Unidos- ha colocado súbitamente a Puerto Rico en el marco de los más de media docena de países caribeños con dificultades graves en sus respectivos sistemas electorales.

Ese colapso del sistema electoral se agrava con el posible uso de documentos ilegales por parte de la gobernadora Wanda Vázquez para tratar de descarrilar la pesquisa en su contra por presunta protección de un esquema de corrupción política.

Pero, por encima de todo, la crisis política de Puerto Rico se suma al descalabro económico prolongado, el deterioro de las instituciones del Estado y a los problemas manifiestos del uso militar y de propaganda de esta colonia caribeña por parte de Estados Unidos. Ese último aspecto es tal que Washington parece sordo ante las advertencias internacionales sobre la necesidad de retirarse del dominio de esta nación isleña del noreste del Caribe.

El desastre electoral se desató apenas cuatro días después de que el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas reiterara su llamado a que EEUU se retire de Puerto Rico, descrito como “una nación caribeña y latinoamericana”. Pero, además, ha ocurrido prácticamente en la presencia del contra almirante Peter Brown, un químico experto en temas de seguridad nacional que representa la Casa Blanca y ha estado inspeccionando personalmente Puerto Rico durante estos meses.

Luego de que la Junta de Control impuesta por EEUU recortara casi la mitad del presupuesto electoral y el gobierno anexionista aprobara una reforma del sistema objetada por la oposición, el domingo pasado, la Comisión Estatal de Elecciones no logró hacer llegar las boletas de votación a la mayoría de los precintos de Puerto Rico. En la ocasión, los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático debían escoger sus candidatos a la gobernación y otros puestos para las elecciones generales de noviembre.

El opositor PPD aceptó que sólo se logró votaciones en 36 de los 110 precintos del país mientras, de momento, no estaba claro si el oficialista PNP había logrado llegar a 59 precintos o si fue que los camiones que transportaban el material electoral habían sencillamente salido hacia esos lugares.

No fue sólo la entrega tardía -o que sencillamente no ocurrió- de las papeletas, sino que hubo dificultades con las máquinas de escrutinio y faltaban diversos materiales en muchos lugares. Todo eso provocó que abortara el intento de la llamada votación primaria y la CEE decidiera continuarla el domingo próximo, sino que ya han comenzado diversas impugnaciones en los tribunales y los reclamos que se comience todo otra vez.

En realidad, el cuadro puertorriqueño no es muy distinto de lo que ha estado ocurriendo en países como Guyana, Surinam, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Haití, República Dominicana y Costa Rica, entre otros. Por supuesto, son diversos los niveles de gravedad y las particularidades de cada país, pero la situación de Puerto Rico no deja de guardar parecidos con varios de los temas que han afectado el desempeño electoral en esos otros países de la región caribeña.

En Guyana, donde el contrato con la petrolera estadounidense Exxon Mobil fue central en las elecciones del 2 de marzo, el escrutinio y las impugnaciones en los tribunales se extendieron hasta el 2 del presente mes de agosto, para culminar con la elección de Mohamed Ifraan Alí, de descendencia india y primer presidente musulmán de ese país. El nuevo mandatario ha prometido que revisará el contrato con el consorcio estadounidense, pero todavía se esperan más impugnaciones a su elección.

En Surinam, el controvertido proceso electoral estuvo marcado por el intento fallido de mantenerse en el poder el presidente Desi Bouterse, quien así habría mantenido inmunidad contra la convicción por asesinato que pesa sobre él y otras acusaciones, como tráfico de cocaína. Además del escrutinio lento, hubo acusaciones de que militantes oficialistas atacaron el centro de escrutinio, donde supuestamente intentaron robar urnas e iniciar un incendio.

En Dominica los comicios se produjeron en medio de un grave tumulto social en demanda de una reforma electoral, mientras en San Vicente y las Granadinas se repitieron los comicios en diversas localidades en medio de alegaciones de fraude. En Haití todavía no hay acuerdo sobre cuándo celebrar las postergadas elecciones y se informa que el país carece hasta de un registro confiable de electores, en tanto que, en República Dominicana, la impugnación del proceso para escoger el candidato del Partido de la Liberación terminó provocando la escisión de esa formación política, lo que permitió a la oposición ganar los pasados comicios.

Costa Rica no se quedó fuera de la turbulencia electoral y los recientes comicios municipales estuvieron marcados por la postulación de candidatos acusados o hasta convictos de crímenes graves, incluyendo casos de relaciones ilegales con menores.

En Puerto Rico, la gobernadora Vázquez, que busca revalidar en las elecciones de noviembre, está bajo investigación de fiscales independientes por testimonios y documentos sobre su presunta protección de políticos que se valieron de fondos que EEUU envió para ayudar a las víctimas de los terremotos. Su situación se ha agravado al utilizar el expediente de investigación del Departamento de Justicia para tratar de descarrilar la pesquisa.

La gobernadora insiste en que no tuvo que ver con la filtración de los documentos, que llegaron a conocimiento público después de que su entrega al panel de jueces que lo evaluó fuera interceptada por orden de una secretaria interina de Justicia. La funcionaria ya tuvo que renunciar y ahora resulta que tenía, en la oficina de la gobernadora, una solicitud para designación como juez.

El perito en derecho Luis F. Abreu Elías, ha advertido que el uso del documento por parte de la gobernadora convierte su recurso en nulo e ilegal, además de que viola los cánones de ética de la profesión legal. La situación podría exponer a la gobernadora a más cargos criminales.

SAN JUAN, 10 de agosto de 2020 (NCM)