Es una película que ya vieron los argentinos. La reforma judicial, necesaria, llega demorada y light. La derecha la ataca en nombre de la República. Aún si el proyecto fuera aprobado en el Congreso, puede frenarse en Inodoro Py.

En cuanto a la reforma judicial Alberto Fernández se demoró un montón, pero al final cumplió. Lo había anunciado en su discurso del 1 de marzo pasado y lo presentó el 29 de julio, casi cinco meses después, junto a los once miembros de un Consejo Asesor que harán sus propuestas. Luego de receptarlas y discutirlas, el presidente las enviará al Congreso, por ejemplo, la relativa a la ampliación o no del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Ese punto es el que recibió la mayor parte de los proyectiles políticos y mediáticos de la oposición de derecha, con el pobre argumento de que entre los asesores está Carlos Beraldi. Es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner en algunas de las causas promovidas en su contra por el macrismo y sus jueces y fiscales orgánicos.

Junto con esa impugnación política, esa derecha mintió con que el objetivo de la reforma sería “la impunidad de Cristina”. En todo caso, si la expresidenta resultara inocente en el juicio actualmente en juicio, “por la obra pública” y otros que no comenzaron, sería por la endeblez de las pruebas, en muchos casos inventadas, con testigos arrepentidos y coaccionados, peritos truchos, etc. Todo eso, en el marco del lawfare o guerra jurídica que se libró alevosamente en cuatro años de macrismo.

En esas causas Beraldi ha ratificado su sapiencia en el Derecho. A muchos procesados les gustaría tenerlo de letrado. Por sus conocimientos jurídicos el presidente lo nominó en el equipo de asesores de la reforma. Tiene los suficientes pergaminos para estar allí.

Otros nominados podrían objetarse, como Inés Weinberg de Roca, la concheta que Macri propuso como Procuradora General en 2018, tras forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó. La señora no tuvo los votos suficientes y ahora apareció sentada, quizás como figura decorativa, entre los asesores.

Lamentablemente en lugar de la súper capacitada Gils Carbó quedó como procurador interino Eduardo Casal, que sigue haciendo trastadas. La última fue abrir un sumario contra la fiscal Gabriela Boquín, de impecable desempeño en el desbaratamiento del operativo judicial del grupo Macri en el Correogate, donde se iba a defraudar a los argentinos en 4.500 millones de pesos.

¿El problema de la justicia era Gils Carbó o la fiscal Boquín? Obviamente no. El drama son los jueces como Claudio Bonadío (QEPD) y Julián Ercolini, los fiscales Alberto Nisman, Germán Moldes y Carlos Stornelli, los camaristas como Martín Irurzún y Leopoldo Bruglia, el procurador Casal y muchos más.

Mucho daño

Beraldi no hizo ningún daño a nadie. En cambio, Bonadío, Moldes y Stornelli forzaron la reapertura de causas cerradas judicialmente como la falsa denuncia de Nisman contra CFK y otros ex funcionarios, para acusarlos de “encubrimiento del atentado a la AMIA”.

Bonadío citó un mismo día ocho veces a Cristina en Inodoro Py por causas armadas, como la de la compra del Gas Licuado, donde utilizaron la pericia trucha de Cohen y testimonios del espía Marcelo D’Alessio. La acusaron junto a decenas de ex funcionarios y elevaron la causa a juicio con cinco acusados, entre ellos Julio De Vido y Roberto Baratta.

Esas injusticias llevaron a esas personas a prisión hasta no hace mucho, en causas donde la justicia brilló por su ausencia.

Cuando las pruebas eran muy endebles, cuando no directamente falsas, y las defensas de los acusados pedían su libertad o el arresto domiciliario, allí apareció Irurzún argumentando el “poder residual” de aquellos, para negarles esos beneficios. La “doctrina Irurzún” dejó presos a muchos inocentes: en la causa del Memorando con Irán, a Luis D’Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil.

Esas operetas de Inodoro Py no eran sólo de funcionarios “judiciales” sino el resultado de un trabajo articulado con dirigentes macristas, espías a su servicio y medios de incomunicación. La cloaca de Py conectaba con esas otras variantes de un submundo delictivo a la cabeza del Estado ornamentado como “democrático”, durante esos cuatro años.

Apenas el presidente Fernández anunció su reforma judicial le saltaron a la yugular los exponentes de aquella runfla, menos Macri, muy ocupado preparando sus maletas rumbo a Francia y Suiza. Seguro que puso mucha atención en no olvidarse su celular, que negó a la justicia poder chequearlo. Lo pedían en la causa por el espionaje ilegal que se sigue tramitando en Lomas de Zamora y tiene a varios capos del macrismo con el agua al cuello.

Todos esos detractores, desde el pedestal del seudo periodismo, dijeron y escribieron lo mismo. No hubo plagio entre Morales Solá, Feinmann, los dos Leuco, Majul, Van der Kooy, Roa, Mercado y otros afiliados al neoliberalismo. Aseguraron, copiándose unos a otros, que Beraldi era la prueba de que el fin era la impunidad de Cristina. Un relato mentiroso y mediocre.

Las pocas cacerolas de Recoleta hicieron “plac plac”; las columnas y editoriales de aquellos charlatanes, “bla bla”.

La Comisión Asesora está conformada con un criterio plural que modos a la derecha no satisface. Se dirá que al cronista no hay nada que le venga bien, pues si bien acuerda con que participe un crítico como Gil Domínguez no cree lo mismo de Weinberg de Roca. Mejor hubiera sido Gils Carbó, Raúl Zaffaroni, Roberto Carles y alguna dirigente de los trabajadores judiciales como la diputada Vanesa Siley.

¿Que la derecha se iba a oponer? Claro, pero protestó igual. La Comisión Asesora sería más competente y progresista…

Límites de Alberto

En rigor los límites de Alberto y Cristina, porque esta reforma es obra de ambos (y sobre todo de la supuesta beneficiada con su impunidad, ja já).

Lo positivo del anuncio del miércoles 29 es que abrió un debate político sobre algo largamente anhelado por sectores democráticos. Las propuestas de cambio en principio son positivas. Habrá que ver el resultado final en el Congreso y luego, porque en el camino puede haber retrocesos como en el caso Vicentín.

Suena como favorable, pero limitado, la fusión de los 12 juzgados penales de Comodoro Py con los 11 del Fuero Penal Económico existentes en la CABA. La idea es crear otros 23 juzgados más de ese unificado Fuero Penal Federal. Esto originará muchos concursos y ascensos, algo bueno, aunque no concluyente pues en estos años se vieron concursos truchos o al menos sesgados.

Aumentar el número de jueces y fiscales federales no resuelve los dramas que padece esa y otras ramas del Poder Judicial. Como se dijo al principio, si siguen Ercolini, Stornelli e Irurzún, para poner tres casos, esas manzanas podridas y otras pueden pudrir toda la bolsa (cuando se completen los cambios serán 46 y otros tantos fiscales). Aumentar el número de juzgados puede diluir la basura sin eliminarla.

Además, la injusticia no está vigente sólo en ese fuero ni sólo en Inodoro Py. Ayer se cumplieron tres años de la desaparición seguida de muerte del joven Santiago Maldonado, solidario con los mapuches del Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Y la Cámara Federal ordenó al juez actuante Gustavo Lleral que retome la investigación, a lo que éste se negó en cuatro oportunidades, pese a las presentaciones de Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado.

Los reclamos de organismos de Derechos Humanos del país e internacionales, por el caso Maldonado, deben ser contestadas por el gobierno actual. Es injusto que parte del precio político de las maniobras de Lleral lo pague AF, pero es el que está en funciones. Macri estará FIFAndo en Zurich.

Más allá de la letra de la reforma, será importante que se implemente lo resuelto por el Consejo de la Magistratura tras un resultado apretadísimo de 7 a 6: que el Senado revise las diez promociones de jueces resueltas por Macri sin cumplir el procedimiento legal. Así fueron sido favorecidos varios de los participantes del lawfare, como Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes votaron por Irurzún como presidente de la Cámara Federal.

Así fue que esa estratégica Cámara bajó la persiana a sus tiempos más dignos, cuando la integraban Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, sometidos al tiroteo de las bandas macristas.

La forma como suspendieron primero y dieron de baja después a Freiler fue vergonzosa y no sólo implicó al Consejo de la Magistratura sino a la misma Corte Suprema. En agosto de 2017 los consejeros macristas votaron la suspensión aprovechando un voto de menos del kirchnerismo: su representante, Godoy, había sido suspendido por no ser abogado (no era requisito legal). Su reemplazante, País, no pudo asistir ni votar porque Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema, demoró ex profeso su jura en el cargo.

Este ejemplo conduce al punto que no está resuelto en la reforma, sino sujeto a sugerencias de los asesores y con un espinoso camino posterior en el Congreso: la composición de la CSJN.

Es que el problema central no son Stornelli ni Casal. “Es la Corte, estúpido”, sobre todo Lorenzetti y el titular, Carlos Rosenkrantz, abogado de Clarín y multinacionales como Philip Morris (Massalin Particulares).

http://www.laarena.com.ar/opinion-el-problema-no-es-beraldi-sino-la-corte-e-inodoro-py-2125073-111.html