La semana pasada fue detenido el General David Munguía Payés, ministro de Defensa en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. La Fiscalía lo acusa de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios y otros delitos relacionados con la “tregua entre pandillas”, realizada entre 2012 y 2013.

Según investigaciones periodísticas, Munguía Payés fue el principal promotor del polémico “proceso de pacificación” y quien lo propuso al entonces Presidente Funes para su aval. Por eso el ex mandatario también tiene orden de captura, pero se encuentra asilado en Nicaragua, cuyo gobierno también le ha otorgado la ciudadanía.

La “tregua” fue un proceso intransparente y de espaldas a la población que, si bien redujo significativamente el número de asesinatos cometidos por las maras, incrementó las desapariciones y extorsiones. Además, fue aprovechado por las pandillas para fortalecerse: sofisticar su logística, profundizar el control territorial y conseguir mejor armamento, para enfrentar con más fuerza letal a policías y soldados una vez terminada la tregua.

La detención del ex jefe militar plantea, al menos, tres preguntas urgentes. La primera es si ¿serán procesados todos los involucrados directos e indirectos en la tregua? Ahí hay desde obispos y otros líderes religiosos que “dieron su bendición” al proceso, hasta dueños de medios que exhibieron en programas televisivos a cabecillas de las maras como si eran héroes o celebridades de espectáculo.

La segunda pregunta es: ¿serán investigados también todos los ex funcionarios, funcionarios actuales y políticos que negociaron con pandillas? Por ahí andan el diputado arenero Norman Quijano y el alcalde capitalino por ese mismo partido Ernesto Muyshondt, ex funcionarios del gobierno de Sánchez Cerén y hasta funcionarios del actual gobierno como Mario Durán, ministro de Gobernación y candidato a alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas, señalado por publicaciones periodísticas de también buscar acuerdos con pandilleros.

Y la tercera es: ¿será objeto de alguna investigación fiscal y judicial, como posible “nueva tregua”, la sospechosa reducción de homicidios durante la Administración Bukele? Diversos expertos y analistas ponen en duda que esto sea resultado del gubernamental “Plan de Control Territorial” y no descartan la posibilidad de que se deba a algún acuerdo tácito o fáctico con las pandillas.

Finalmente, una reflexión. La caída del otrora poderoso ministro de la Defensa confirma y recuerda la temporalidad del poder, cosa que parecen olvidar algunos funcionarios actuales que violentan la institucionalidad o cometen actos de corrupción creyendo que nunca tendrán que rendir cuentas.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)