El COVID-19 ha venido a develar la crisis múltiple del capitalismo y del modelo neoliberal implantado a lo largo de la región, basado en el achicamiento del Estado, la privatización de los servicios básicos, la supuesta “auto-regulación” del mercado y la disminución del gasto público. En toda América Latina, los sistemas de salud se mostraron insuficientes para atender a la población afectada por el coronavirus, como también fue insuficiente el personal y los insumos médicos necesarios para contener la enfermedad, con las honrosas excepciones de Cuba y Venezuela.

En ese contexto, se reveló esencial la esfera estatal para garantizar derechos como el acceso a la salud, pero también el acceso al agua; así como para efectuar la dispersión de recursos vía bonos o ayudas sociales destinadas a los sectores más vulnerables para que pudieran sobrellevar el confinamiento y, con ello, disminuir las curvas de contagio.

Sirva lo anterior para apuntar la centralidad del Estado en la atención de una emergencia como la que vivimos hoy día, no solo en la esfera económica o en la laboral –como garante de derechos ante la oleada de despidos por el cierre de empresas– sino también en la esfera de la democracia; pues, en el contexto del manejo de una crisis de estas dimensiones, se despliega desde los Estados el famoso privilegio del uso legítimo de la fuerza, –con estados de excepción incluidos–, lo que redefinirá la intensidad de la democracia¹ de cada país.

En esa línea, el objetivo de este texto no es buscar tendencias forzosas para la región, todo lo contrario. Se busca ubicar la especificidad del manejo de esta pandemia para detectar las derivas posibles que se dibujan para nuestras sociedades. Y en este artículo se revisa un caso muy particular: Bolivia.

Un estado de excepción permanente

El contexto en el que el coronavirus encontró a Bolivia es único, a partir del golpe de estado de 2019 se viene ensayando la instauración de un estado autoritario, consecuencia del retorno de los militares a la esfera política y su reciente empoderamiento sobre la población civil, con la consiguiente restricción de las libertades democráticas².

La estabilidad económica de un país que creció por cinco años consecutivos por encima de la media de la región³ y el manejo responsable de un gobierno legítimo, representante de la voluntad popular ganada en urnas, son solo recuerdo. Desde el primer día del gobierno de facto dio inicio el desmantelamiento de las empresas públicas, llevando a la quiebra a empresas estratégicas que proveían de recursos al país, mismos que eran redistribuidos vía bonos y ayudas sociales a más del 50 % de la población.

La empresa estatal de aviación, BOA, fue forzada a su quiebra en favor de la privada AMASZONAS, mientras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fue el botín de las corruptelas de sus nuevos y flamantes ejecutivos. Por su parte, la empresa estatal de comunicación, ENTEL, fue desfalcada en tiempo récord y el responsable se encuentra prófugo en Estados Unidos⁴. Se ha recurrido a préstamos extraordinarios del Banco Central de Bolivia para pago de salarios y se dispuso de asignaciones millonarias para el gasto militar⁵.

El saqueo no paró, incluso, en el escenario de pandemia. Por el contrario, se realizaron compras de respiradores con sobreprecio⁶, se violó la cuarentena rígida por parte del círculo cercano a Añez, con el correspondiente uso indebido de bienes del estado por parte de los ministros golpistas.

La Bolivia que dejó Evo en 2019 ostentaba el primer lugar en crecimiento, ya se apuntó más arriba, pero, sobre todo, ostentaba el primer lugar en reducción de las desigualdades y en la reducción de la pobreza del Continente⁷. El año 2019, fue reconocido como un país de Desarrollo Humano Alto⁸. En esos más de 13 años del gobierno de Evo, se incrementó la esperanza de vida de 63.5 años en el 2005, a 73.5 años el 2018.

En términos políticos, se profundizó la democracia en su vertiente intercultural y participativa, y se incorporaron mecanismos de revocación de mandato, así como de consulta previa a las naciones y pueblos indígenas sobre el uso de los recursos naturales asentados en sus territorios. Todo ello, junto con políticas específicas de equidad, paridad y alternancia –y otras que no podemos desarrollar por el espacio–, expandió el espectro de lo social en espacios tradicionalmente exclusivos del Estado.

Esto es lo que pulveriza día a día el gobierno de facto.

Por ello, ante la creciente movilización a favor de la realización de elecciones –en las que, por cierto, el candidato del MAS es favorito–, Añez necesita imponer un estado de excepción permanente para sostenerse en el poder, y la pandemia brindó la oportunidad perfecta para ello. Bajo el argumento de implementar acciones sanitarias, se incrementaron las detenciones de todo el que incumpla las disposiciones del gobierno, simultáneamente se incrementaron los patrullajes de las fuerzas armadas en las ciudades y se normalizó la presencia de los militares en las calles⁹.

El estado de excepción permanente es el único escenario en el cual pueden gobernar aquellos que llegaron a la Presidencia a través de un golpe¹⁰. Bajo el falso postulado de “primero la salud” se perpetúa un régimen de muerte, que a base de tanques militares y bala usurpó un gobierno y secuestró a un país.

Esta crisis sanitaria ha sido también el argumento para achicar el Estado a través del cierre de tres ministerios y algunos viceministerios¹¹, pero más que una reducción administrativa, se trata de un ataque a la plurinacionalidad, a la interculturalidad y la descolonización reconocidas constitucionalmente el año 2009, gracias a las naciones y pueblos indígena-originario-campesinos. Bajo el supuesto de la “austeridad estatal”, se desmantela la institucionalidad construida por las luchas populares e indígenas. Coincidencia aparte, esta reducción del gasto del Estado se da después de que Bolivia obtuviera un préstamo del FMI que asciende a US$ 327 millones¹². Estamos frente al retorno recargado de la agenda neoliberal.

Lo que se vislumbra es, por un lado, el intento del gobierno por perpetuar el estado de excepción como condición para su sobrevivencia y, por otro, el incremento del descontento social tanto por los excesos del golpe de Estado –impunidad ante las masacres de Sacaba y Senkata-, como por el manejo irresponsable de la crisis sanitaria.

La disyuntiva no es entre las elecciones y la salud, es entre un proyecto de muerte –asociado al capitalismo y su vertiente más autoritaria–, y un proyecto de vida, del vivir bien de las comunidades rurales y urbanas. La disputa real es por recuperar un país.

Rebeca Peralta Mariñelarena es licenciada y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, coordina el Grupo de Trabajo de CLACSO “Geopolítica, integración regional y sistema mundial”, trabajó en el gobierno de Evo Morales Ayma hasta el día del golpe de Estado.