La llamada “Teoría de las Catástrofes” del científico francés René Thom se basaría en dos conceptos antinómicos para intentar “comprender el orden jerárquico de la complejidad biológica”. Así, el concepto de estabilidad o equilibrio se refiere a un sistema que permanece estable, aunque registre un cambio, principio que trasladado a la esfera política se traduciría en la Reforma del Régimen del 78 sin alterar sus principios esenciales (Monárquico, jacobino y neoliberal), tesis que defenderían los partidos del establishment dominante del Estado español (PP, PSOE y Ciudadanos).

En la orilla antónima, encontramos el concepto de cambio cualitativo o discontinuidad que se produce cuando simples cambios cuantitativos pasan a ser otra cosa diferente y el sistema se transforma internamente de modo radical en una nueva realidad que modifica su situación de equilibro interno y se crea una situación nueva (Estado Confederal), tesis defendida por Unidas Podemos y que es asociada por el establishment español con el advenimiento del caos. Así, la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno y la posterior formación de un Gobierno de Coalición “a la navarra” entre PSOE y Unidas Podemos habría desatado las alarmas en el establishment por lo que se habría iniciado una cruzada mediática para deslegitimar la “unión antinatura” de PSOE y Podemos encabezada por Felipe González, devenido en testaferro del Establishment.

La primera fase de la operación de “acoso y derribo de Pablo Iglesias” consistió en la ofensiva mediática para hacer de Pablo Iglesias el “único culpable de la elevada mortandad en las residencias”, tuvo su continuación en los reiterados escraches en la residencia de Pablo Iglesias y en la actualidad asistimos al inicio de la fase consistente en la “judicialización de la política o lawfare”. Con dicho término nos referimos al “abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad” y que tendrían su plasmación en la cabriola jurídica de la nueva estrella mediática del firmamento judicial , el juez García Castellón, con el objetivo inequívoco declarar a Pablo Iglesias como investigado en el llamado “Caso Dina” y forzar su dimisión como Vicepresidente del Gobierno.

El Tardofranquismo judicial tendría a la Audiencia nacional y el Tribunal Supremo como brazos ejecutores, a los jueces Lamela y Llarena como su más destacados peones y al juez Marchena como Sumo Sacerdote de unos tribunales que estarían controlados por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su día por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal). García Castellón pertenecería al llamado “clan de los políticos afines al PP” y caso de lograr su objetivo de defenestrar políticamente a Iglesias, asistiríamos a la constitución de un Gobierno de Salvación PSOE-PP que procedería a la adopción de medidas austericidas siguiendo los dictados de la Troika europea para evitar el rescate y que se traducirán en una dramática reducción de los subsidios sociales que afectarán a la duración y cuantía de las prestaciones de desempleo, pensiones de jubilación y viudedad así como a una severa reducción de los sueldos del funcionariado, lo que de facto marcará el retorno a escenarios económicos de la postguerra española (Década de los 60).

Germán Gorraiz López

Analista internacional