A la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, se le cae cada día más la forzada careta de democracia que, con la complicidad de los Estados Unidos y la Unión Europea, se la tuvo que poner para justificar el derrocamiento violento de Evo Morales en noviembre del año pasado. Ahora, en una demostración fragrante de que en este país sudamericano no existen garantías constitucionales y que la regla es la persecución, se prepara un golpe contra el candidato a la presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce.

En una constatación de la vigencia del método del lawfare contra los líderes populares, la forma jurídica de esta decisión política antidemocrática es la denuncia penal interpuesta este martes ante el Ministerio Público en contra de Luis Arce por el supuesto daño económico que habría causado al Estado al poner en marcha la Gestora Publica para la administración de los aportes sociales de los trabajadores.

Esta no es la primera vez que se asume una actitud de agresión contra el candidato del MAS desde que retornó a Bolivia tras permanecer un breve tiempo en México. El mismo día de su arribo a La Paz, el 28 de enero, en el aeropuerto de El Alto se le entregó una citación para declarar ante la justicia por el caso del Fondo Indígena. Este martes la acción es más perversa en un momento en que el ex Ministro de Economía de Morales lidera toda la intención de voto para las elecciones del 6 de septiembre venidero.

La acción no es, sin embargo, una sorpresa. El gobierno de facto hace todo lo que está a su alcance para prorrogarse en el poder que tomó ilegalmente el 12 de noviembre de 2019, tras una reunión en la que los embajadores de la Unión Europea, León del Torre, y de Brasil, Octávio Henrique Dias García Côrtes, y otras organizaciones políticas y cívicas celebraron en las instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB) para darle cierta legitimidad al golpe de Estado, según denunció María Galindo, una feminista radical y recalcitrante opositora al presidente Evo Morales. Por eso no fue sorpresivo el reconocimiento que a las pocas horas hicieran los gobiernos de Estados Unidos y Brasil a la presidente de facto.

El arma más privilegiada para sus aspiraciones prorroguistas de Añez y sus colaboradores es la epidemia del coronavirus, cuya expansión no ha podido ser controlada hasta ahora debido a la ausencia de un plan coherente del gobierno y el enorme déficit de respiradores y material de bioseguridad, en medio de denuncias de corrupción en la compra de los equipos.

No se conoce aún la reacción del candidato de izquierda ni las medidas que vaya a tomar en términos jurídicos, pero ya las organizaciones sociales han ido comentando que resistirán a la intención del gobierno de facto de proscribir al MAS de la participación electoral.

La política represiva del gobierno no ha cambiado un ápice desde el golpe de Estado y es probable que el montaje de los “falsos positivos” siga en ascenso para justificar una nueva ola de violencia. Lo que sí ha variado es la disposición social, principalmente de las organizaciones sociales, que se encuentran en etapa de recomposición y cada vez más cohesionadas, para exigir elecciones generales.