Todos en Venezuela recordamos el horrible asesinato de Orlando Figuera, quien fue quemado vivo en medio de una Guarimba en Altamira en mayo de 2017 porque a sus asesinos les pareció “chavista”. Para detener esa violencia, así como para garantizar los derechos humanos de las víctimas en julio de 2017 se eligió en Venezuela a la Asamblea Nacional Constituyente.

Esta tarea la hemos asumido bajo órdenes directas del Presidente Diosdado Cabello quien nunca ha olvidado que hacer justicia en los casos de crímenes de odio es nuestro compromiso con sus familiares, con el país y con su memoria.  Por eso, hemos participado en encuentros entre los distintos Poder Públicos nacionales que han estudiado el estatus de cada una de las causas y realizado las diligencias nacionales e internacionales necesarias para evitar la impunidad, en todos los casos, en especial, en aquellos donde los responsables huyeron del país.

Por eso, hemos seguido con atención lo que ha ocurrido en relación a la solicitud de extradición que hiciera el Estado Venezolano en contra de Enzo Franchini Oliveros, por su presunta participación en el homicidio de Orlando Figuera. Recordemos que este ciudadano es el único de los presuntos autores materiales del asesinato que ha sido plenamente identificado.

Por este seguimiento, el país se enteró que la Sección 1 de lo Penal de la Audiencia Nacional Española declaró con lugar la extradición de Franchini Oliveros a Venezuela, lo cual se ajusta a los estándares internacionales de cooperación en materia de justicia, en especial cuando se trata de hacer justicia en crímenes atroces, como este, en el que un hombre fue asesinado por su apariencia y su supuesta pertenencia a un movimiento político.

Sin embargo, en el proceso que se desarrolla en España, la defensa de Franchini y la Fiscalía, se han manifestado en contra de la extradición de este ciudadano y han ejercido un “recurso de súplica” pidiendo que el tribunal reconsidere lo decidido buscando que Franchini permanezca en Europa y burle la justicia venezolana.

Por ello, aun cuando este recurso no significa la paralización de la extradición aún no podemos decir que su regreso a Venezuela es una decisión definitiva, sino que debe esperarse que este asunto se resuelva y que sea desechada la súplica que planteó la defensa. De igual forma, por la naturaleza de acto de cooperación internacional, falta para poder ejecutar la decisión que la sentencia sea enviada al Ministerio de Justicia, quien en representación del Poder Ejecutivo tendrá la última palabra sobre su procedencia.

Esta es una decisión vital, recordemos que Enzo Franchini es el único presunto responsable identificado entre los autores materiales del homicidio de Orlando Figuera y es un ciudadano venezolano que tiene nacionalidad europea, la cual ha usado para evitar su extradición a Venezuela, al igual que invocar que es un “perseguido político” para que se le dé protección. Sin embargo, los actos por los que se le investiga no se pueden enmarcar en el ejercicio de un derecho porque causar la muerte de una persona es un delito y hacerlo con crueldad y por odio, es un crimen,

Franchini está prófugo desde mayo de 2017 cuando al saber que las autoridades le investigaban se fugó a Colombia para finalmente llegar a España. Fue detenido el 11 julio de 2019 en Madrid por la INTERPOL que respondió a una solicitud del Estado venezolano que trabajó el caso desde la Fiscalía General de la República y las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente delegadas por el Presidente de la ANC Diosdado Cabello. Pese a ello, en noviembre de 2019 se le otorgó una medida de libertad condicional, luego de que la Fiscalía española se manifestara en contra de la extradición. 

Por ello, este es un asunto al que debemos poner atención porque la decisión que tome España demostrará la dimensión real de su compromiso con los derechos humanos y el reconocimiento de los principios de cooperación internacional. De igual forma, nosotros estamos ante un caso donde se debate si serán reconocido los derechos de Orlando Figuera y de su familia quien formaba parte de un hogar venezolano humilde y trabajador que fue herido irremediablemente por un crimen cometido por razones políticas y raciales. O, si esto será ignorado en tanto su agresor era una persona de clase media, dotado de una segunda nacionalidad que ahora le sirve como un escudo.

Así, este es un asunto que nos toca a todos los venezolanos porque nosotros nos oponemos estas ideas que desprecian la vida de una persona, así como que el derecho o el sistema de justicia pueda ser usado para proteger a quien, presuntamente, pero con indicios muy importantes en su contra, causó la muerte de otro y que debe, como cualquier persona señalada de un caso similar, responder ante las autoridades de Venezuela.

-Julio García Zerpa es presidente de la Comisión de Justicia y Tutela Judicial de la ANC.