Una peculiar condensación de crisis económica, política, sanitaria y social atraviesa con fuerza a Brasil. Si bien las tres primeras son una constante al menos desde el golpe de Estado de 2016, a la devastadora crisis ambiental sufrida con la destrucción de la Amazonia en 2019, se suma el catastrófico estado de salud pública del país, el cual no puede desvincularse de estas condiciones. El resultado hasta hoy es el aislamiento del gobierno Bolsonaro, su cada vez mayor debilitamiento al tiempo de un fortalecimiento de los militares tanto en el aparato estatal como en el sistema de dominación. Las fuerzas populares y del trabajo recién reinician el movimiento en las calles.

Catástrofe sanitaria en la periferia

Criatura de la clase dominante (local e internacional), la emanación del gobierno Bolsonaro hunde sus raíces en el desprecio oligárquico a la “cuestión social”. Por ende, en el prevalecimiento de sus intereses en el modo de acumulación del capital y en la reorientación de las políticas económicas estatales sometidas a la financiarización.

Tras la conformación del bloque golpista hasta el proceso que desembocó en el golpe de Estado, no debe olvidarse que fueron tres los pilares que impulsaron la formación de este gobierno: 1) el apoyo de las fracciones hegemónicas del capital (financiera, agronegocio, industriales); 2) la intervención geoestratégica de EEUU (por ejemplo, en la lava-jato) y su “alianza” con Bolsonaro (desde la campaña electoral); 3) el crucial papel de los militares brasileños (durante el golpe; en la campaña electoral de 2018 y sus amenazas al STF; en el curso del gobierno actual en donde han fortalecido todas sus posiciones).

Hasta la fecha, el presidente neofascista ha rechazado toda idea de confinamiento de las actividades económicas no esenciales. Conocidos son sus repetidos señalamientos y criminales proclamas negacionistas sobre el virus del Covid-19 a quien describió como una “gripecita”. Bolsonaro no ha hecho más que llamar a la sociedad a enfrentar el virus “como un hombre”, además de obstaculizar la publicación de los datos epidemiológicos, cuestión que al final le fue impedida por la Corte Suprema. Tras la destitución de dos ministros de salud, el segundo en menos de un mes en el cargo, el presidente ha colocado a un ex oficial del ejército al frente del ministerio de Salud.

Además de manifestarse públicamente una y otra vez por “armar al pueblo” para “evitar” un “golpe de Estado”, de divulgar declaraciones genocidas contra los indígenas y la sobreexplotación amazónica, lo que ya de por sí retrataba la pulsión de muerte y barbarie socio-ambiental dentro de su gobierno, con el desenvolvimiento de la crisis sanitaria en Brasil se refleja en estado puro la centralidad necropolítica del gobierno Bolsonaro.

Con la crisis de sanidad pública en Brasil asistimos a la experiencia más extrema (al menos en los países dependientes) de la degradación y devaluación de la vida humana y social íntimamente vinculada a la abierta defensa de una economía dominada por el lucro privado y que el presidente necropolítico no hace sino representar al rechazar toda idea de suspender las actividades.

Los resultados de la crisis sanitaria son catastróficos. Brasil ocupa el segundo lugar en el número de muertes por el virus y en el número de contagios (ver gráfico), sólo por detrás de EEUU y un Donald Trump quien de la misma manera incurre sistemáticamente en la defensa y reapertura de la economía subsumiendo la vida del trabajo social y a la salud pública en medio del elevado estado de emergencia.

De continuar desencadenándose las contradicciones del país dependiente -que de modo estructural éstas tienden a exacerbarse con peculiar explosividad en la periferia del capitalismo mundial-, en ­ pocas semanas Brasil podría llegar a superar a Estados Unidos en su atroz número de defunciones, al tiempo que otro país de la periferia como México podría pasar del actual séptimo escalón mundial en número de muertes a un devastador cuarto, o incluso, tercer lugar.

El peso de la crisis económica

Como ocurre en los países dependientes, la economía brasileña sufrirá una fuerte contracción de la economía, derivada de la caída de exportaciones, la disminución de ingresos fiscales, de los bajos precios del petróleo, caída de ingresos por la actividad del turismo, fuga de capitales y una creciente quema de divisas que trata de enfrentar la pérdida de valor de la moneda. Según estudio de la OCDE, para 2020 la economía podría caer en una “profunda recesión” de entre -7 y -9% del PIB (en congruencia con el nuevo estimado del FMI) y un incremento de la deuda pública que alcanzará poco más del 90% del producto.

De acuerdo con el DIEESE, en el segundo trimestre del año la economía podrá arrastrar una histórica tasa de desempleo de 17% (de un 12,2% en el primer trimestre), equivalente a 17 millones de desocupados, que bien podrán cubrir los 20 millones si se toma en cuenta a aquella franja de trabajadores que desisten de la búsqueda de empleo (y que por ello no son contemplados oficialmente como desempleados).

Pero este cuadro no hace sino exacerbar una crisis económica que no encuentra salida desde los impactos que sufrió la economía por la crisis financiera de 2008-2009. En los últimos seis años sobresalen dos de recesión y prácticamente cuatro de estancamiento (ver gráfico), caída de la inversión pública y privada, asombroso declive industrial, elevado desempleo, y una apocada generación de empleo caracterizada por la creación de puestos de trabajo con rendimientos de hasta dos salarios mínimos, lo que presiona las brechas al interior del rendimiento del trabajo, pues la diferencia entre el ingreso mensual del 1% más rico respecto al de la mitad más pobre de la población en 2018 fue de 34 veces.

A ello se agrega la condición de una clase trabajadora sometida al periodo golpista y una oleada de contra reformas (laboral, de tercerización, de las jubilaciones y pensiones, privatizaciones), así como políticas que llevaron a la caída de la tasa de sindicalización (pasó de 16.1% a 12,5% entre 2012 y 2018), ajuste salarial, y de expansión de la informalidad y precarización laboral.

Antes de los primeros impactos de la crisis sanitaria, si sumamos los más de doce millones de desempleados a los 40 millones de trabajadores sometidos al trabajo informal y precario (la tasa de subempleo alcanzó el 41% en enero pasado), teníamos a más de 52 millones de trabajadores, es decir, más de la mitad de la fuerza de trabajo total sustentando su vida en condiciones de sobrevivencia, sin suficiencia económica, sin derechos laborales, sin ingreso estable. Bajo los impactos de la crisis sanitaria, buena parte del mundo del trabajo en Brasil se encuentra en un desafiante corto-circuito de su reproducción social.ⁱ

Según investigaciones del Ibope a finales de 2019, el 56% de la población trabajadora percibía ingresos de hasta 2 salarios mínimos, lo que es congruente con otra pesquisa de FSB/Veja difundida en el mismo periodo y que señala que el 50% de la población percibe hasta 2 salarios mínimos. Cuestión que se exacerba si consideramos que la diferencia entre el salario mínimo nominal que recibe el trabajador respecto del salario necesario para mantener y reproducir su existencia es de 4 a 1, lo que implica una contraposición con la carta constitucional, y, en consecuencia, ha tendido a “resolverse” con la “ayuda externa” del Estado (coerción política).

Al hablar de coerción habrá que recordar a su vez que emanado del Golpe de Estado apoyado por fracciones económicas y políticas hegemónicas, el programa económico del gobierno de Michel Temer conocido como “puente para el futuro” representó -entre otros elementos- la postración a la financiarización de la economía con el pago de la deuda y el “ajuste fiscal” con cargo en el “congelamiento” del gasto público en salud y educación para las próximas dos décadas (aprobado por el Congreso en 2017).

Sin duda ello aceleraría los planes de privatización de la educación pública, destacando la ofensiva contra las universidades liderada por el neofascista y hoy ex ministro de Educación, Abraham Weintraub, y tal y como estamos observando, con efectos destructivos en el sistema sanitario público acelerados por el gobierno ultraliberal marcado por su antagonismo estructural a las transferencias de renta y al gasto público.

La profundización de la crisis económica, sanitaria y social avisa de los nuevos niveles que viene asumiendo la crisis política y que en conjunto han erosionado la popularidad del gobierno Bolsonaro (ver el Índice de Aprobación) al tiempo que en los últimos días se encuentra muy próximo a un final interrumpido de su mandato.

El curso actual de la crisis política: ¿Adiós a Bolsonaro?

En otras ocasiones ya hemos tratado sobre la incapacidad política del gobierno Bolsonaro para organizar la hegemonía de un proyecto de dominación de corte neocolonial, proyecto que además sumerge al Brasil en una constante inestabilidad política y proliferación de resistencias. Bolsonaro no ha hecho sino acentuar las divisiones de su gobierno con los poderes del Estado e incluso con parte de las propias clases dominantes. Ha perdido el apoyo de los medios de comunicación que lo promovieron en la elección y ha venido perdiendo un importante segmento de las clases medias.

Desde el derrumbe de la Lava-Jato con el enorme material publicado por The intercept-Brasil -que acentuó la disputa del Supremo Tribunal Federal (STF) contra esta operación “anti-corrupción” controlada por el ex juez Moro, al tiempo que precipitó la inclinación de los ministros del STF para la liberación de Lula-, se han exacerbado las contradicciones entre el Ejecutivo y el poder Judicial. Los ataques del Ejecutivo y de las manifestaciones de las bases neofascistas del bolsonarismo a favor del cierre del Congreso y de la Suprema Corte brasileña llevaron a la respuesta del poder Judicial en defensa del “Estado de derecho”, otrora a favor del golpe y de la prisión de Lula.

La renuncia de Sergio Moro (24/abril) a la secretaría de Justicia y Seguridad Pública avivó las tensiones al interior de los órganos del Estado. El ex secretario acusó a Bolsonaro de “interferencia política” en su pretensión de cambiar la dirección de la Policía Federal para evitar investigaciones en curso sobre diputados bolsonaristas y que también podrían alcanzar a la propia familia del presidente. A finales de abril, el STF suspendió la posesión del cargo indicado por el Ejecutivo para Alexandre Ramagem. Esta nueva derrota de Bolsonaro mostró la debilidad de su gobierno, un mayor aislamiento tras el conflicto con el ex secretario y un paso más en las investigaciones contra la familia presidencial y aliados.

En la última semana tres escenas desde el poder Judicial son clave para el acorralamiento del Gobierno Bolsonaro que pueden llevarlo al cese de su mandato. Veamos.

La principal escena que se presenta en los tribunales versa sobre ocho acciones presentadas en el Tribunal Superior Electoral (TSE) que piden el cese del mandato del presidente y vicepresidente quienes conformaron el binomio Bolsonaro-Mourão en la pasada elección presidencial. Cuatro de estas tienen la mayor oportunidad de proceder y se refieren a la avalancha de fake news que inundó las redes sociales días previos al segundo turno de la elección de octubre de 2018 y que además contó con financiamiento ilícito por parte de grupos empresariales.

La segunda escena se presentó la semana pasada cuando el STF aprobó por 10 contra 1 la legalidad de una investigación sobre la propagación de fake news contra el STF y amenazas contra ministros de la Corte. A partir de aquí se aceleraron operaciones policiales que llevaron a la aprehensión de bolsonaristas radicales además de registros de domicilios y la suspensión de secreto bancario y fiscal de diputados vinculados al presidente, todo lo cual además de llevar a un desmantelamiento de esta base bolsonarista podría impactar en el involucramiento de la familia Bolsonaro. La aprobación de esta investigación permitió la aceptación de nuevas pruebas sobre la investigación de la avalancha de fake news de 2018.

Por último, tenemos la más reciente escena de la aprehensión de Fabrício Queiroz (18 de junio), ex “asesor” y “cajero” del senador Flavio Bolsonaro en la casa del abogado Frederick Wassef, muy próximo de la familia presidencial. El caso Queiroz está vinculado con actos de corrupción de la familia Bolsonaro, desvíos de sueldos del personal legislativo, compra y venta de propiedades subvaluadas, así como con los vínculos de la familia con las milicias criminales de Río de Janeiro y con los asesinatos de Marielle Franco y Anderson Gomes.

De conjunto, se trata de un importante cerco que el poder Judicial tiene sobre la familia presidencial, así como del mandato del binomio Bolsonaro-Mourão.

El Congreso registró en abril 24 solicitudes de impeachment contra el presidente, no obstante, en este mes, según reporta la prensa, son ya 40 solicitudes. Basta con que el presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia les de apertura a alguno de éstos para poner de grandes dificultades al presidente. A la fecha se ha negado. Además, importante es señalar que Bolsonaro ha construido una relativa alianza con los partidos políticos localizados en el “centro” conservador del espectro político mediante la compra de sus almas con cargos en el aparato estatal, por lo que no será fácil para que pierda la mayoría y se apruebe su destitución, aunque la profundización de las investigaciones y la difusión de las mismas podrían dar un nuevo giro en la Cámara.

Es el cese del mandato por la vía del Tribunal Electoral la que más preocupa al presidente necropolítico. Al mismo tiempo, es la que más favorece al Brasil, pues implica también la defenestración del vicepresidente y general en retiro Hamilton Mourão.

Ante este panorama, el presidente, el vicepresidente y el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, hicieron pública una nota (12 de junio) con clara alusión a la demanda del TSE en la que expusieron: “Se recuerda a la nación brasileña que las Fuerzas Armadas están bajo la autoridad suprema del Presidente de la República… las Fuerzas Armadas de Brasil no siguen órdenes absurdas, como, por ejemplo, la toma del poder. Tampoco aceptan los intentos de toma del poder por otro poder de la república, contrario a las leyes o debido a juicios políticos”.

Como observamos, en la mayor inestabilidad y crisis política, que tiene como cuadro de fondo la catástrofe sanitaria y la implosión económica, Brasil puede estar en el límite de un golpe por parte de los militares.

El respaldo al presidente por los militares y sus amenazas al poder judicial también se expresó en otra nota redactada por el Ministro y General de la Reserva Augusto Heleno, quien encabeza el poderoso Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), y en donde se manifestó (22 de mayo) en contra de una eventual retención del teléfono celular del presidente (para su investigación judicial), advirtiendo que sería “inconcebible” y traería “consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional”.

Ahora bien, tres cuestiones son centrales en el futuro del gobierno Bolsonaro: la lucha y presión de las clases populares; la posición de la burguesía brasileña respecto a si continúa o no con su apoyo al gobierno; y muy vinculada a ésta última, la viva posición de los militares.

El papel del poder militar

En general, en América Latina el paso de las dictaduras a la oficialmente llamada “transición democrática” se presentó sobre la base de una democracia restringida y tutelada por los militares. Brasil es un caso emblemático. Como nos señala el genial Ricardo Antunes recordándonos las palabras de Florestán Fernández: la “Nova República” post dictadura implicó que “el brazo armado se transfirió para el civil”. Bajo este “nueva” forma de régimen político no se quebrantó el sistema de dominación unido al poder de los militares. Tamaña herencia del sistema de dominación no logró ser desmantelada tras los cuatro gobiernos del PT (2003-2016).

Desde 2018 los militares establecieron su alianza con el entonces candidato Bolsonaro, la que fue sellada con la dupla para la vicepresidencia, con el general Mourão. Fueron públicas las presiones de altos mandos militares contra el STF para la prisión de Lula durante la campaña, así como para el mantenimiento del expresidente en prisión incluso ya bajo el gobierno Bolsonaro.

Tras el conflicto al interior del gobierno entre la “ala neofascista-bolsonariana” y la “ala militarista” en el transcurso de 2019 (y parte de este año), ha terminado por imponerse con enorme fuerza el poder militar, lo que se pone de manifiesto con la ruptura del gurú neofascista Olav de Carvalho con el gobierno Bolsonaro hecha pública de un modo singular a principios de junio.

Con un bolsonarismo cada vez más aislado y fuertemente debilitado, los militares hoy gozan de gran capacidad de poder desde adentro del gobierno. La tutela militar nunca se fue y en la actualidad se presenta con enorme fuerza en las estructuras de aparato estatal y del sistema de dominación.

La cuestión hoy es: ¿dejarán los militares de apoyar a Bolsonaro? ¿Hasta dónde continuarán sustentando al gobierno?

Bajo el cerco en el que se encuentra el gobierno Bolsonaro, en los últimos días los militares se manifestaron por el establecimiento de lo que autodenominan un “poder moderador” que pueda sobreponerse ante los conflictos del Ejecutivo y el poder Judicial, cuestión que fue nulificada por el propio STF quien señaló por voz del ministro Luiz Fux (12 de junio), que el ejército no puede intervenir sobre el poder Legislativo o Judicial rechazando la supuesta atribución de un “poder moderador”.

Posterior a la nota golpista del día 12, según señala la prensa, en las alturas del poder militar se viene discutiendo la “necesidad” del establecimiento de un “Ministerio de notables”, iniciativa que remonta a los intentos fallidos en 1992 que buscaban salvar al gobierno de Fernando Collor del impeachment.

Los generales estarían especulando sobre aquellos “notables” que podrían incorporarse al Ministerio con un apoyo del Congreso Nacional, y el visto bueno de los cuarteles. Según esto el plan buscaría destensar la inestabilidad y crisis política dando con ello una especie de “reset” en el gobierno, lo que permitiría su sostenimiento apoyado hasta ahora por el poder militar, aunque todo podría cambiar según la profundización de las investigaciones judiciales en contra de la familia presidencial.

Sin embargo, dada las históricas relaciones de servidumbre y disciplinamiento de las fuerzas armadas respecto de las clases dominantes del país, es la posición de las fracciones burguesas hegemónicas en relación a la continuidad de su apoyo al gobierno, lo que podría terminar por inclinar la definición del poder militar respecto al gobierno Bolsonaro.

No obstante, las posibles vacilaciones de la oligarquía sobre un giro en el timón del Ejecutivo se encuentran delimitadas por su enorme desconfianza respecto a la reacción de las fuerzas populares y las condiciones del PT para retornar.

Así, el cuadro del mayor abigarramiento de una crisis económica, política, sanitaria y social profunda, puede impulsar a una parte significativa de la oligarquía a sostener a Bolsonaro hasta el final. En el caso de que la defenestración bien podría dar paso a la materialización de las amenazas de los uniformados con la cristalización del poder militar como “nuevo” gobierno. Pues ante la profundidad de la crisis y de su enorme confluencia de contradicciones, la burguesía brasileña no dudará en su divisa “después de mí, el diluvio”.