En esta entrevista exclusiva, la activista Dolores Arce, ex directora ejecutiva del Centro de Educación y Producción Radiofónica de Bolivia (Cepra) y ex jefa de Las Radios de los Pueblos Originarios (RPOs) - vinculada al Ministerio de Comunicación - y operada por organizaciones sociales y comunidades, denunció que en su país "la pandemia se utilizó para negociar con valores caros". Según la activista, "a pesar del asedio mediático y el silencio cómplice de la mayoría de los principales medios de comunicación, los escándalos inundaron las redes sociales y debido a la presión social no pudieron ser encubiertos".

Ante la inminente derrota, la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez intenta posponer (proponer ) la fecha de las elecciones, arguyendo ( con el reclamo) de que ante el avance de la pandemia de la Covid-19, Bolivia debe elegir entre salud y política. ¿Cuál es tu opinión?

En realidad, se trata de un falso debate, cuando el Gobierno transitorio de Añez juntamente a actores políticos de la derecha, intentan confundir a la opinión pública “que no es tiempo de pensar en política, en elecciones, sino en preservar la vida y la salud”.   Lo cual es absolutamente cínico viniendo de un gobierno que precisamente se ha aprovechado de la pandemia para su propio beneficio, por lo tanto, para ha hecho política con el Covid-19.

Para empezar, si el pretexto fuera “por nuestra salud”, pues estamos en pésimas manos. No solamente que el gobierno ha demostrado su incapacidad:  no existe un plan integral ni de prevención peor de contención, a más de 70 días de cuarentena no hay testeos masivos a falta de material, no se han equipado hospitales ni entregado material de bioseguridad al personal médico.  Peor aún, es una vergüenza y es de conocimiento mundial que la pandemia fue aprovechada para hacer negocios de sobreprecios pagando 3 veces su precio por unos respiradores que resultan ser simples ventiladores, hasta ahora no previstos ni de baterías ni de accesorios,  que permanecen encajonados mientras que los muertos suman y en el Departamento del Beni se disparan los casos de contagio y muerte.  

¿Cómo calificar la práctica del gobierno actual?

La corrupción y el robo siempre fueron parte del plan:  en fecha 7 de febrero 2020 (es decir 48 días antes de la declaratoria de cuarentena, y coincidente con el descubrimiento del escándalo de corrupción en ENTEL) el Ministerio de Economía y Finanzas sacó la Resolución Ministerial 043/2020, misma que permite no publicar información de las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria.  Recordemos que según el manual del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) existe la obligatoriedad de publicar las contrataciones y adquisiciones por montos mayores a 20.000 Bs (aproximadamente 3000 dólares). Por lo tanto, la medida de Añez fomenta la corrupción, carta blanca para robar. Lo mismo hizo en noviembre del año pasado, a 3 días de autoproclamarse, sacaron el DS 4078 con licencia para matar, impunidad para militares y policías en caso de ocasionar muertes en su “labor” durante la represión.  Aunque ambas disposiciones a la fecha fueron anuladas por la presión social, en el periodo de su vigencia favorece claramente la impunidad.

A pesar de que concluyó hace mucho tiempo la construcción del Hospital Montero solo se entregó después de que el color azul, de Evo, fuera eliminado y pintado de verde por el partido Juntos, que tiene a Áñez como candidato a la Presidencia.

En el plano político, durante la cuarentena hubo un sinfín de atropellos a los derechos humanos con la persecución y detención de personas simplemente por expresar su opinión, siendo criminalizada el hambre y la solidaridad.  El pilar de la estrategia de contención del COVID-19 nunca fue sanitario, sino represivo. Es inconcebible que bajo la acusación de “atentado a la salud pública” estén procesados y con detención domiciliaria los integrantes de una comisión del Trópico de Cochabamba, que llevó víveres y fruta a otros municipios de diferentes departamentos.  Entre ellos un periodista de la emisora Radio Kawsachun Coca,  por realizar su labor de cobertura. Varios candidatos del MAS fueron amenazados y hostigados (hasta detenidos,  como la alcaldesa de Vinto,  candidata a senadora), con falsas acusaciones del ministro de Gobierno Arturo Murillo que se cree a la vez fiscal, juez y omnipotente, incurriendo permanentemente en injerencias e imposiciones.

El burdo argumento de que debemos escoger entre la Vida y las Elecciones es un intento desesperado de aferrarse al poder, de postergar cuanto más la fecha de las elecciones, para ganar tiempo de seguir robando y beneficiando los intereses oligárquicos, empresariales y transnacionales. Por supuesto también con la ilusión de reconfigurar y beneficiar a las candidaturas de la derecha. 

Es muy preocupante que ningún partido o frente político excepto el MAS se pronuncie acerca de otros atropellos como la irrupción militar en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con un ultimátum para aprobar su lista (irregular) de ascensos,  o los intentos de proponer el cierre de la ALP,  acciones que son coordinadas en Palacio de Gobierno y llevan el claro sello del agente de la CIA y actual asesor, Erick Foronda.

A pesar de toda la censura y el control de los medios, han surgido varios escándalos que exponen la naturaleza del gobierno actual. ¿Cómo enfrenta Áñez esto?

Pese al cerco mediático y el silencio cómplice de la mayoría de los grandes medios de comunicación,  los escándalos inundaron las redes sociales y por la presión social, no pudieron ser tapados.

El listado es largo,  bastaron 6 meses para saquear y desfalcar las arcas del Estado y desmantelar las empresas públicas,  que fueron el botín de autoridades y parentela de este gobierno nefasto.

Un gobierno que no solamente se ve salpicado de hechos de corrupción sino está totalmente sumergido en ellos, el desmontaje y la paralización de obras y empresas estratégicas se dio desde el mismo mes de noviembre.  Los nuevos ejecutivos en muchísimos casos son parientes directos del Clan Añez Chávez o los respectivos ministros, en otros casos posesionando a personajes ligados a la empresa privada cuyo sueño y objetivo es aniquilar las empresas públicas.  ¿Qué podemos esperar de un gerente de BOA (Boliviana de Aviación) que pertenece a la competencia de aerolínea privada, AMASZONAS? BOA dejó de operar en muchos tramos que lógicamente fueron copados por las aerolíneas privadas, sobre todo AMASZONAS. Todo esto acompañado de otros escándalos porque sus ejecutivos se alojan en hoteles 5 estrellas, a costilla del Estado.

Es de conocimiento público el desfalco que sufrió ENTEL  (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) con el pago de millonarias sumas de finiquitos al margen de la ley (no corresponde este pago en caso de trabajar menos de 90 días),  la primera acción del entonces gerente Elio Montes Chávez (primo de la señora Añez Chávez) fue subirse el sueldo de 30.000 Bs a 100.000 Bs.  Salieron a la luz otros escándalos de sobreprecios con afectación a la empresa.  En una cortina de humo lo destituyeron, pero dándole el tiempo y las garantías para escapar a los Estados Unidos, los primeros días del mes de febrero. 

¿Y cuál es la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la principal empresa estatal del país?

El mes de abril, fue el turno de Yacimientos Petrolíferos de Bolivia (YPFB),  que, aprovechando la PANDEMIA, realizó compras directas y varios contratos (sin convocatoria pública).

5 contratos para la compra de 1,5 millones de barriles de diésel a $us 124 el barril con un sobreprecio de por lo menos 4 veces.  (el precio estaba entre $us 20 y 30, lo cual genera un sobreprecio de $us  mínimo 100 millones. 

Contratación directa (sin SICOES) de Seguros generales para el periodo 2020-2021 por $us 7 millones (Bs 49 millones). El 23 de abril, el contrato tuvo que ser paralizado por las denuncias en Redes sociales y algunos medios de comunicación (Gigavision).

Contrato para provisión de alimentación para sus trabajadores por 416 bolivianos diarios por funcionario, contrato con la empresa Newrest y entró en vigencia el 15 de abril pasado, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020. Recordemos que el Bono Canasta otorgado a sectores vulnerables por la pandemia, es de 400 Bs. por una sola vez.

El 7 de mayo, lo destituyen al expresidente YPFB Herland Soliz y ponen a Richard Botello, también es ilegal según nuestra CPE porque trabajó en una Transnacional

Unos días más tarde, explotó el escándalo que envuelven al Ministerio de Salud con el sobreprecio en la compra de respiradores, cuyo costo es de máximo 8000 dólares pero crédito del BID mediante, la adquisición fue a unos 28.000 dólares, nuevamente con una afectación de más de 3 millones de dólares. Equipos que encima no cumplen los requisitos para Unidades de Terapia Intensiva, tan necesitados por sus precarias condiciones.  Llevó a la destitución y detención del ministro de salud Navajas y un par de otros funcionarios, como cabezas de turco para intentar ocultar los tentáculos que llevan a palacio de gobierno y cancillería, e “intocables” como el Embajador de ciencia y tecnología (y yerno de Añez) Mohamed Mostajo Rajdi.

Mayo todavía no finaliza y un nuevo caso salta a la luz:  en Servicios de Impuestos Nacionales (SIN) es descubierta una red conformada por un bufete de abogados y altos funcionarios, que desde el mes de febrero vinieron negociando “rebajas, extensiones y condonaciones” a grandes clientes. En otras palabras: Desfalco al Estado beneficiando a los grandes deudores entre los cuales se encuentran empresarios corruptos que apoyan a este régimen.  No nos olvidemos que el cívico y empresario Fernando Camacho tiene (¿o tenía?) una deuda de más de 20 millones de dólares con el fisco. Por este hecho, en las últimas horas se destituyó de sus cargos a Jorge Ledezma Salomón (gerente distrital), María Yolanda Vargas (jefa de depto. jurídico) y Roy Mansilla (supervisor técnico jurídico) a raíz de la revelación realizada por la abogada Teresa Paredes, quien presentó la denuncia días atrás en la oficina de Transparencia del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Otros escándalos ligados a Uso indebido de bienes del Estado y tráfico de influencias fueron el pan de cada día durante la pandemia, donde la ciudadanía estaba obligada a respetar la cuarentena, pero a título de “vuelos humanitarios”  los aviones de la Fuerza Aérea Boliviana fueron utilizados para el traslado de amistades,  parentela, mises y demás allegados a los gobernantes de turno.

En resumen:  A estas alturas, incluso varios de los aliados políticos (como Fernando Camacho y Carlos Mesa) intentan tomar distancia.  Es el gobierno que quedará en la historia como el que se aprovechó de la pandemia para hacer negocios turbios y agarrarse del poder. Además de ser un gobierno violador de derechos humanos, que ha cometido masacres sin que a seis meses haya un solo acusado ni detenido por estos crímenes de lesa humanidad.

El Departamento de BENI está al borde del colapso ¿como se explica semejante desastre sanitario?

Después de 42 días sin reportar casos de COVID-19, al 29 de mayo Beni ya tiene 1576 casos positivos, cuando tiene una población menor al medio millón de habitantes en todo el departamento, de los cuales alrededor el 30% reside en la capital Trinidad.

En realidad, el aparente buen manejo y, por lo tanto, “silencio epidemiológico” en el Departamento de Beni que es colindante al Brasil, nunca fue tal.  Lo que no hubo y sigue escaseando son las pruebas rápidas y testes para corroborar el contagio, de manera que cuando se disparó el contagio, llegó a un descontrol tal que a la fecha el 70% del personal médico se encuentra en aislamiento o tratamiento.  Ya se tienen 2 bajas fatales de médicos, entre casi un centenar de fallecidos del departamento cuando a nivel nacional suman 300 muertos.

Beni: “centro de aislamiento” con carpas y colchonetas en el piso que son un insulto a las necesidades de los trinitarios

El cementerio improvisado para víctimas y casos sospechoso de COVID ya cuenta con más de 200 cruces, muchas de ellas sin nombres, como muestra de que la realidad es aún más cruda que las cifras oficiales.  Los testimonios de personas libradas a su suerte son simplemente desgarradores.

El drama es total y sobrepasado la capacidad del gobierno local, mientras que el gobierno nacional se ocupa de distracciones como la dotación de ambulancias odontológicas (que fueron adquiridos en la gestión de Evo Morales y tenían que ser entregadas en el aniversario de Potosí, en noviembre del año pasado), o un “centro de aislamiento” con carpas y colchonetas en el piso, que francamente son un insulto a las necesidades de los trinitarios.

A la postergación histórica de departamentos alejados como Beni y Pando,  que por primera vez tuvieron una importante pero aún insuficiente inversión y presencia del gobierno central con Evo Morales,  se suma ahora el manejo demagógico de un gobierno que permanentemente nos da gato por liebre,  llenándose los bolsillos cuando se les brinda la oportunidad.

Hasta ahora los bolivianos no conocemos el destino de los más de 1000 millones de dólares de donaciones, de los créditos y dineros del Tesoro General de la Nación, ya que no existe transparencia ni acceso a la información.

Entretanto, la solidaridad del pueblo boliviano, de diferentes sectores de la sociedad civil se ha volcado hacia el Beni para hacer llegar donaciones en víveres y medicamentos, ante la indiferencia, incapacidad y reacción tardía de las autoridades.

¿Sería pertinente el retorno de los médicos cubanos, viendo la crisis de la salud?

Absolutamente, solo la tozudez de un gobierno cegado por el odio, no es capaz de reconocer lo que otros países han optado:  las brigadas de médicos cubanos para combatir la pandemia.  En una situación de emergencia y crisis sanitaria como la actual que ha rebasado totalmente la capacidad local, es jugar con la vida por un capricho ideológico. 

¿Qué se puede decir de la situación real del COVID-19 en Bolivia?

En líneas generales, la poca cantidad de pruebas realizadas nos permite deducir que las cifras oficiales son poco confiables, de hecho,  a nivel de América Latina, Bolivia es el país con menor cantidad de pruebas por millón de habitantes.  En el reporte No. 75 de COVID-19 que corresponde al día 29 de mayo, se contabilizan 8731 casos positivos, 1089 sospechosos,  749 recuperados y 300 fallecidos.  Los casos descartados son 18.234.

Los más de 70 días de cuarentena deberían haber servido para que el Gobierno garantice testes, material de bioseguridad, equipamiento y otras medidas de una real prevención y contención, pero nada de esto pasó.

El sistema público de salud está en pésimas manos, el caso respiradores (ventiladores) es apenas un botón de muestra.  Mientras tanto, el lucro en las Clínicas privadas no tiene freno:  una prueba de COVID gira entre los 100 y 150 dólares, la internación diaria para pacientes de COVID por encima de los 1500 dólares, lo cual es una sentencia de muerte para la gran mayoría de los enfermos.

Entre los departamentos más afectados, está por supuesto Santa Cruz que con su alrededor de 6000 casos positivos concentra casi el 70% de los casos. Apenas hoy, después de 4 postergaciones y más de 75 días de cuarentena y donde Montero es uno de los mayores focos de contagio del departamento, se está procediendo a la entrega del Hospital de tercer nivel (con capacidad para 200 camas y 12 de unidades de Terapia Intensiva) que está concluido hace tiempo. ¿El motivo?  Como la obra de la gestión de Evo Morales llevaba pintura azul (MAS), había que repintar de color verde, del partido de JUNTOS…

Estamos en un proceso político donde la pandemia se ha convertido en el pretexto perfecto para infundir miedo a la gente y para jugar con las cifras a conveniencia.  Desde el lunes 1 de junio, se entrará en gran parte del país en una cuarentena flexibilizada cuya evolución es delegada a los gobiernos locales y la ciudadanía, pero con la clara advertencia, de si las cifras se disparan, podríamos volver a la cuarentena rígida.  

Con el debate reactivado sobre la fecha de las elecciones, las autoridades de gobierno hacen las proyecciones del futuro pico de contagio COVID-19, y en vez de plantear las medidas de prevención y seguir protocolos internacionales, pretenden aplazar las elecciones sin fecha definida.

A propósito, ¿En que quedó la situación de las elecciones?

Al gobierno no le interesan las elecciones, por lo tanto, se resiste a fijar fecha para aferrarse al poder, sabiendo que su desgaste día que pasa es mayor, por su incapacidad de manejar la crisis sanitaria, por la economía que se está desplomando y por los casos de corrupción que se van destapando.

Como bien dijo en su Twitter Evo Morales: “Gobierno de facto, con EE.UU., definió 3 objetivos: postergar elecciones indefinidamente, cerrar Asamblea y restaurar CPE de 1994: quieren terminar con derechos de sectores populares y pueblos indígenas e impedir investigaciones de corrupción. La patria y la democracia en peligro”

En fecha 30 de abril 2020, la presidente del Senado Eva Copa promulgó la Ley 1297 de Postergación de fecha de las elecciones, que fija un plazo de 90 días a partir del 3 de mayo,  para la realización de las mismas.  Inmediatamente después el Poder ejecutivo y algunos senadores de UD presentaron 3 recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que en días pasados remitió una nota al Senado, donde no determina la inconstitucionalidad de la ley, pero uno de los 3 recursos fue parcialmente admitido. A los argumentos que deberá hacer llegar el senado al TCP, seguirá un plazo de hasta 45 días para dictar el fallo.  Entre tanto, el Tribunal Supremo Electoral debería pronunciarse sobre la fecha hasta el día 18 de junio a más tardar, cuando falten 45 días para el plazo final. 

Tenemos varios escenarios posibles, en el mejor: el TCP agiliza una respuesta en los próximos días viabilizando el proceso, el TSE a su vez se pronuncia oficializando la fecha máxima para el domingo 2 de agosto, con lo cual se da fin a la incertidumbre, siendo la responsabilidad la de aplicar un protocolo de bioseguridad para garantizar las elecciones en una situación especial de crisis de salud. 

En caso de fallar a favor del recurso de inconstitucionalidad, la ley deberá pasar nuevamente a Senado para efectuar los cambios a las observaciones. Lo cual puede ampliar el plazo, hasta octubre o noviembre del presente año (la elección y posesión de autoridades nacionales debe darse obligatoriamente en la gestión 2020).

En el tercer escenario, puede darse la situación extrema de un nuevo golpe de estado donde se opte por cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya sea que continúe al mando Añez o eventualmente a manos de los militares.

No son los únicos escollos, están en marcha la persecución judicial a nuestros líderes y candidatos, hay voces que desde el Norte (el sanguinario Carlos Sánchez Berzaín, exministro de gobierno de Goni Sánchez de Lozada), hasta se atreven a anular la Constitución Política del Estado y volver a la República. Otros intentos desesperados, apuntan a poner en el debate una modificación de la ley de escaños, hechos que son absolutamente inconstitucionales.

Sin lugar a dudas, la movilización y estado de alerta de las organizaciones sociales y sectores populares tienen la gran tarea de impedir que estos hechos se consuman, para lo apelamos también a la solidaridad internacional de pueblos hermanos, además de organismos internacionales de derechos humanos. 

No hay peor virus que este gobierno golpista, solo un gobierno legítimo, electo democráticamente, podrá reconducirnos a la pacificación y encargarse de políticas públicas pensando en el bien común.  Tenemos a nuestros candidatos:  LUCHO ARCE Y DAVID CHOQUEHUANCA, los únicos que podrán devolver la esperanza al pueblo.

Leonardo Wexell Severo – Hora do Povo