Los principales beneficiarios de los recursos públicos, durante la ya larga hegemonía del neoliberalismo desde el año de 1989 en que se proclamó e hizo realidad el llamado consenso de Washington, fueron los grandes capitalistas en el orden interno y las multinacionales y los grandes bancos en el orden internacional. Rebaja de impuestos y facilidades para la repatriación de los capitales invertidos principalmente en actividades extractivas de petróleo y minerales así como en inversiones agro industriales; florecimiento de paraísos fiscales para la evasión y la elusión al pago de impuestos de esas mismas firmas multinacionales; privatización de bienes públicos que fueron subastados a muy bajos precios con el argumento ideológico que el Estado era mal administrador y que el sector privado y el mercado eran eficientes; sobreexplotación de la fuerza laboral en aquellos sectores privatizados como la salud, la educación y los servicios públicos como energía eléctrica, agua potable, recolección de las basuras, comunicaciones y otras áreas que previamente habían sido desarrolladas por el Estado bajo la forma de empresas de propiedad pública; precarización laboral bajo la modalidad de terciarización, contratos de trabajo por Orden de Prestación de Servicios, sin prestaciones sociales, vacaciones ni estabilidad laboral con el consiguiente debilitamiento de las organizaciones sindicales que en Colombia llevó desde el año de 1986 al asesinato de más de 3,200 dirigentes sindicales.

Las políticas tributarias además concedieron exenciones en el pago de impuestos y facilidades para el envío de las utilidades de esos capitales invertidos en actividades económicas en nuestros países, todo ello con el argumento de la necesidad de facilitar la entrada de capitales para supuestamente apalancar el desarrollo económico. Todo ello al tiempo que desde los grandes medios de comunicación se vendía la idea que había que reducir el papel económico del Estado, acabar con la banca pública, reducir la regulación de las autoridades sobre el sector privado y dejar que las leyes del mercado orientaran nuestro modelo de desarrollo. Internacionalizar nuestras economías renunciando a políticas de industrialización, renunciar a las políticas de fomento y financiamiento de las pequeñas y medianas empresas y a la economía campesina al tiempo que se otorgaban y se siguen otorgando grandes subsidios estatales a las depredadoras agroindustrias. Destrucción de nuestros ecosistemas para facilitar la minería y las industrias extractivas.  Hay que reducir el tamaño del Estado que es por naturaleza ineficiente y corrupto, era parte y sigue siendo parte del libreto repetido a diario y a todas horas por los grandes medios de comunicación que por lo demás son propiedad de los grandes capitalistas beneficiarios de esa ideología neoliberal.

Lo que desnudo la crisis relacionada con la pandemia del Covid-19 es que en medio de la crisis aquellos de denigraron del Estado por ser parte del problema ahora acuden a él para demandar subsidios y ayudas económicas para disminuir las pérdidas o salvarse de la bancarrota o de la quiebra. Pero la situación, por lo menos en Colombia, es ahora totalmente distinta, pues, ha emergido en medio de esta crisis que no viene de ahora sino desde mediados de la década de los años noventa del siglo XX, un amplio sector de la sociedad civil y de las nomenclaturas políticas que disputan el uso y los destinatarios de esos recursos públicos. Es en este marco de disputa por quienes deben ser los destinatarios de los recursos públicos que debe enmarcarse la propuesta de renta básica extraordinaria que organizaciones de la sociedad civil han plateado y elaborado de manera técnica y que han sido recogidas por un amplio sector de las bancadas parlamentarias que lo han radicado en el senado de la República este miércoles 27 de mayo.

Como hemos planteado en otras ocasiones la pandemia lo que ofrece es una oportunidad, como en todas las crisis, una oportunidad para avanzar en la derrota del neoliberalismo que nos ha sumido en sociedades productoras de materias primas y de industrias extractivas al tiempo que se destruyen nuestros recursos naturales y nuestros ecosistemas. Ello nos ha dado un orden socialmente fracturado en la mayoría de nuestros países con inmensos bolsones de miseria, con regímenes laborales con amplios sectores en la informalidad y el rebusque, con economías ilegales crecientes y con sociedades con niveles de desigualdad y de concentración de la riqueza que nos hacen la región más desigual del planeta. En el sistema político gobiernos resultantes de alianzas con sectores mafiosos y multinacionales corruptas. Justo esa es la discusión hoy y es parta esencial de la disputa política. Los neoliberales en el poder como es el caso de Colombia buscan salir lo más rápido posible de la crisis con políticas minimalistas, miserabilistas, que apenas si conceden auxilios precarios a través de redes asistencialistas y que buscan cuanto antes retornar al orden preexistente a las movilizaciones sociales del 21N y a la irrupción de la pandemia. El levantamiento cada vez más generalizado de la cuarentena ha traído aparejado un incremento del contagio que se duplica cada quince días y que amenaza con desbordar el frágil y precario sistema de salud privatizado y terciarizado. El sistema de salud ha colapsado en algunas regiones y en otras está a punto de hacerlo.

Es en este contexto que adquiere significado político la propuesta de aprobar y poner en marcha una renta básica de emergencia que garantice un mínimo vital a las mayorías desprovistas de seguros sociales que les permita sortear la falta de ingresos. Es una confrontación social y política. Es un cuestionamiento al modelo neoliberal minimalista. Es una opción democrática que requerirá de la movilización y de la lucha de los trabajadores y de las clases subordinadas por el modelo excluyente neoliberal.

La propuesta de renta básica de emergencia     

Con el respaldo de 54 senadores de los 108 que lo conforman, se radicó este miércoles 27 de mayo en el Senado de la República, el proyecto de ley que busca reformar el decreto legislativo 518 del 4 de abril de 2020 mediante el cual el gobierno aprobó el programa de “ingreso solidario” que tenía como destinatarios a 3 millones de familias que no eran beneficiarios de programas asistencialistas que cubren a cerca de 5 millones de hogares: familias en acción, adultos mayores y jóvenes en acción. Este auxilio para estas familias es realmente muy bajo $160 mil o sea unos 40 dólares mensuales. La iniciativa de los congresistas busca en cambio establecer una renta básica de emergencia por un monto de un salario mínimo mensual legal vigente que corresponde a $877,803 o sea unos 225 dólares mensuales. El proyecto busca beneficiar a cerca de 9 millones de hogares equivalentes a aproximadamente 30 millones de colombianos, es decir, a más del 60% de la población del país. De estos 9 millones de hogares, 6,8 millones corresponden a la totalidad de hogares pobres y vulnerables del país y los restantes 2,2 millones corresponden a trabajadores de micronegocios que no hacen parte de hogares pobres y vulnerables.

El costo total de este programa se estima en 7,9 billones de pesos mensuales, es decir, 23,7 billones de pesos para un período de tres meses, equivalentes al 2,3% del Producto Interno Bruto, PIB. Si como plantea el proyecto las familias que están en los programas asistencialistas del gobierno no recibirían recursos adicionales, sino que se les completaría los recursos que reciben hasta completar el salario mínimo legal, habría entonces que descontar esos recursos que suman aproximadamente 3 billones de pesos, con lo cual el costo final del proyecto de renta básica de emergencia tendría un costo total de alrededor de 20 billones de pesos o sea el 2% del PIB.

El país cuenta con esos recursos que como lo plantea el proyecto podrían provenir de un crédito directo del Banco de la República al gobierno, de la utilización de parte de las reservas internacionales, de un impuesto al patrimonio de las más grandes empresas y personas naturales y de la eliminación de exenciones de impuestos, de todas estas fuentes o de algunas, se pueden obtener los recursos para el financiamiento de este programa.

El proyecto había sido presentado al gobierno nacional que no lo respaldo finalmente. Ahora inicia su trámite en el Congreso. Como hemos dicho se trata de un pulso político y social que esperamos ganar, pero para ello se requiere de una amplia movilización social ciudadana. Se trata nada más ni nada menos que de marcar una nueva orientación en el gasto público del Estado en Colombia. Que los beneficiarios sean los sectores populares y no solo los grandes conglomerados económicos y financieros. Ese es el reto.

Bogotá, 28 de mayo de 2020        

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)