Ni bien promulgada la Ley 1297 de Postergación de Elecciones (30 de abril 2020) que establece un nuevo plazo de 90 días para la fecha de las elecciones generales, el autoproclamado Gobierno de Añez sale al frente para acusar al MAS de pretender imponer elecciones en desmedro de la salud y la vida.

¿Debemos los bolivianos elegir entre la Salud y las Elecciones?  Nada más falso.  El clamor de ELECCIONES YA, es precisamente porque este gobierno de facto es el principal atentado a la vida y la economía.

Por sus crímenes de lesa humanidad

Este gobierno se estrenó masacrando: 36 personas asesinadas (en semanas posteriores se sumaron otras 4 personas a consecuencia de sus heridas letales), más de 1000 heridos y similar número de detenidos de las primeras semanas de su gobierno son la prueba viva de ello. Para el efecto, el mismo día de la primera masacre de Sacaba (15 de noviembre 2019) el gobierno golpista promulgó el DS 4078,  que exime de responsabilidad a Fuerzas Armadas y Policía en cuanto a consecuencias de la represión, lo que equivale a tener carta blanca para matar impunemente. Hasta el día de hoy, los ministros responsables (ministro de gobierno Arturo Murillo y ministro de defensa Fernando López) no se presentaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional para rendir cuentas. No existe ni un solo acusado, menos detenido por las masacres.

Tras un periodo de aparente “pacificación”, donde los principales acuerdos fueron burlados, a fines del año pasado se aprueba la Ley 1266 que fija los nuevos comicios para el 3 de mayo 2020. Arguyendo razones técnicas, convierte los 90 días de un gobierno de transición en 180 días.

En pleno desarrollo del calendario electoral, surgen los primeros contagios del coronavirus. Desde el 22 de marzo, el gobierno decreta la cuarentena rígida (total), con lo cual también se paraliza el cronograma electoral.

Por su pésimo desempeño en el manejo de la Pandemia:  Negligente,  deficiente y nada transparente

Estamos en la cola, el país con menos pruebas, más muertos. A dos meses del brote de COVID-19, en Bolivia,  con más de 11 millones de habitantes, los tests no pasan de 12.000, lo cual nos ubica en el último país de América Latina en cuanto a pruebas por millón de habitantes con apenas 655, comparando con Perú que realiza 11.376 pruebas y el país que más invierte (pese a su gravísima crisis económica) es Venezuela, con 16.802 pruebas por millón de habitantes. En cuanto a la mortalidad, ocupamos el segundo lugar si de incidencia fatal se trata.  Por si fuera poco, el manejo político de las estadísticas y la información, hace sospechar que los casos reales pueden ser muy por encima. Casualmente, ni bien se volvió a hablar de un nuevo calendario electoral, los casos se dispararon y el pronóstico es cada vez más sombrío.

Las pocas pruebas que se realizan en el interior,  tardan días en llegar a algún laboratorio ubicado en el eje troncal, mientras que los invitados personales de las autoridades de turno y sus familiares, utilizan los aviones del Estado como aerotaxis, bajo el rótulo de “ayuda humanitaria”. Otros insumos médicos vitales, como ser respiradores, quedan en simples promesas electorales, un cuento desde antes de la cuarentena.

Las clínicas privadas cobran hasta 11.000 Bs por día (más de 1500 dólares) si el paciente tiene coronavirus, tan sólo aplicar el test tiene un costo entre 700 y 1000 Bs. Un detalle no menor, las autoridades del rubro (ministro, viceministro, etc.) son a la vez dueños de grandes clínicas privadas y quienes lucharon frontalmente contra la implementación del Seguro Universal de Salud (SUS), encabezando huelgas de varias semanas en los años pasados. Quien sabe esa sea la explicación de por qué el sistema público de salud, los SEDES (Servicios Departamentales de Salud), carecen sistemáticamente de reactivos, kits de pruebas clínicas, equipos e insumos. Pese a que China donó más de 20.000 kits y 100.000 barbijos, cuyo destino es una nebulosa.

No hay reactivos, no hay confiabilidad, peor transparencia en los datos de cifras del manejo de la pandemia cuya real dimensión desconocemos, ni del destino de los millones de donaciones y dinero público destinados supuestamente a combatir la pandemia.

Por usar la represión y la criminalización como estrategia de contención

No existen serias medidas de prevención (tests masivos entre otros) ni una atención de calidad (ni el personal de salud ni los hospitales son aprovisionados con los implementos de bioseguridad y equipamiento).  La estrategia se basa en la REPRESION, la aplicación del terror, la criminalización del hambre y aún de la solidaridad, arrestos, fuertes multas y la impune persecución a quien ose tener una opinión diferente (aunque no sea más que en un grupo de WhatsApp o Facebook), pues será presentado como peligroso y avezado delincuente, en chaleco antibala y con policías armados hasta los dientes, y derivado inmediatamente a alguna cárcel de máxima seguridad. Una persecución generalizada pero mucho más sañuda tratándose de dirigentes, autoridades o candidatos del MAS.

Por desgracia, cuentan para ello con el silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación, cooptados a cambio de jugosas pautas publicitarias. Muchos de estos medios fueron actores claves del golpe, ahora reciben su “recompensa” y de sus filas salen autoridades de turno como la actual ministra de comunicación, Isabel Fernández, del Canal UNITEL que lidera la televisión sensacionalista, superficial y sin escrúpulos para tergiversar los hechos.

El último DS 4231 promulgado en fecha 7 de mayo y difundido como muestra de cinismo el Día del Periodista (domingo 10 de mayo), mismo que amplía lo referido en los DS 4199 y 4200 respecto a la difusión de “información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”. La tipificación de “desinformación como atentado contra la salud pública” y como figura legal para perseguir a quien tenga una opinión contraria o critique a este gobierno, es algo francamente preocupante y atentatoria a la normativa jurídica nacional e internacional. Y la pregunta del millón: ¿quién define si es “desinformación”?

Por ser un gobierno de transición que se toma atribuciones para medidas que no le competen

Durante los dos meses de cuarentena, el gobierno perfeccionó el asalto de las empresas públicas, enmarcado en la situación de emergencia sanitaria, arbitraria e inconstitucionalmente va decretando cambios a la normativa y va tomando decisiones políticas y económicas que NO LE COMPETEN A UN GOBIERNO DE TRANSICION. Ciertamente la mano oculta detrás de muchas medidas es la del asesor de Añez,  exfuncionario en la embajada norteamericana y agente de la CIA Erick Foronda, el nexo directo con Donald Trump y los mandatos del imperio.

Después de una improvisada política de bonos que alcanzan a 500 Bs (menos del 25% de un salario mínimo) y cuyo cobro se convierte en una odisea de filas interminables, las autoridades de turno anuncian un plan de creación de 600.000 empleos masivos, a partir del segundo semestre, “obras” que se circunscriben a dotar de empedrados, aceras y otras y que no son otra cosa que campaña electoral. Señora Añez, nadie le pide hacer planes de mediano o largo plazo,  usted es TRANSITORIA. Deje las tareas serias para un gobierno electo democráticamente.  

La reciente promulgación de otro DS 4232 que abre las puertas al uso de semillas transgénicas (como por lógica también de más agrotóxicos) van contra la soberanía y seguridad alimentaria, contra la CPE y solamente beneficiarán a los grandes agroindustriales y la CAINCO, que tienen a sus representantes en los diferentes ministerios del actual gobierno golpista. Después del escándalo en YPFB a raíz de los sobreprecios y otras irregularidades en procesos sin seguir protocolos y menos transparencia en la información, posesionan como nuevo Director a un exejecutivo de una transnacional, algo que tampoco está permitido en nuestra CPE.

En medio año,  están llevando a la quiebra a nuestras empresas estatales y están preparando la entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales (en especial el litio), poniendo en riesgo todas las conquistas sociales, económicas y la soberanía de nuestro pueblo.

Los escándalos por hechos de descarado desfalco, contratos lesivos y negociados en los diferentes ministerios se van destapando a diario, el nepotismo y la corrupción se han vuelto política de Estado con el uso indebido de bienes del estado como el recurrente uso de aviones de las Fuerzas Armadas como aerotaxis para el círculo de amistades y allegados a altos funcionarios del entorno presidencial. Intentan ocultar también los nexos con narcoavionetas ligadas a varios cárteles, y donde hasta un peligroso integrante buscado por la DEA, Gustavo Álvarez Peralta, fue una alta autoridad en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Tanto el Sr. Álvarez,  como el Sr. Elio Montes (exgerente ENTEL) y ahora el recién depuesto expresidente de YPFB Sr. Herland Soliz, desaparecieron del mapa, éste último, en plena cuarentena y con las fronteras cerradas…

Solamente un gobierno electo democráticamente, por lo tanto, constitucional, tiene la atribución de una planificación y eventual modificación de las políticas económicas y sociales, lo contrario significa usurpar funciones.

Por el uso político del COVID para prorrogarse en el gobierno

El COVID-19 y la cuarentena le sirven al gobierno como anillo al dedo para su cortina de humo y marearnos la perdiz. Es así como la presidente candidata y su reducido partido, que no pasó del 4% de preferencia electoral, pretende eternizarse y postergar las elecciones en lo posible sin fecha (post-pandemia).

Presentando recursos de inconstitucionalidad a una Ley que quiere precisamente devolver la constitucionalidad a nuestro país, es la vía que se ha propuesto Añez, en cuyo cálculo político está pasar de la autoproclamación a la autoprorrogación. Razones no le faltan, pues a ella y sus allegados les falta tiempo para seguir desfalcando y cumplir las promesas de privatizar nuestras empresas y recursos naturales. No por nada el presidente Donald Trump se habría tomado la molestia de conversar por teléfono con la señora Añez, para dictarle las tareas pendientes. El otro tema de conversación muy probablemente giró en torno a la solicitud de asilo político de Añez y su pandilla, que no se arriesgarán a quedarse en el país tras tantos crímenes y actos de corrupción.

Ya nos referimos a la actitud cómplice de la mayoría de los grandes medios de comunicación. El gobierno dispone también de un ejército de analistas y opinólogos que intentan confundir a la opinión pública, con un relativo éxito.

Ciertamente nadie va a minimizar la peligrosidad del COVID-19, el desafío constará en aprender a convivir con el virus, adecuar protocolos y medidas de seguridad para retomar un gradual nivel de normalidad de la vida cotidiana, ya que el hambre apremia y es necesario generar ingresos.

Pero no menos importante es volver a la CONSTITUCIONALIDAD,  por lo tanto,  garantizar en el plazo establecido las elecciones pendientes, con todas las medidas de bioseguridad y un protocolo especial. (¿Acaso no vivimos haciendo colas desde hace semanas en los bancos?) La solución no es en seguir como estamos,  justamente porque la vida y las decisiones de la mayoría deben importar.

Por la patria y el pueblo: ¡elecciones ya!

 Contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y la vulneración a nuestros derechos Por la vida y la salud: una estrategia responsable, científica y técnica de lucha contra la pandemia Por la transparencia en la información sobre la situación real del COVID 19,el destino y las condiciones de las donaciones y los dineros públicos Para acabar con el saqueo, la intervención y la rifa de nuestras empresas estratégicas y recursos naturales Para consensuar medidas económicas y políticas que piensen en las mayorías sin poner en riesgo las conquistas sociales ni nuestra soberanía Por la vigencia y el respeto a nuestros derechos constitucionales Por el restablecimiento de relaciones internacionales en el marco del respeto, la solidaridad y la soberanía para volver a la constitucionalidad y contar con un gobierno elegido por voto popular.

https://www.integracion-lac.info/es/node/44149