¿Tienen derecho los más humildes a un techo digno? Por supuesto. ¿Es legítimo que ocupen tierra para construir su futuro hogar? Claro que sí. A partir de estos interrogantes filosófico-jurídicos –y de sus respuestas– el doctor Helios Sarthou había elaborado su “doctrina okupa” a la uruguaya, a la que alguna que otra decena de miles deben la posesión del solar donde levantaron su hogar.

Un par de centenas de miles no pueden acceder al terreno donde construir un techo digno, se lo impide el monopolio del negocio inmobiliario urbano. Es la estructura de la propiedad la evidente razón de las desigualdades en el uso de la tierra, el problema básico, fundamental, de Uruguay y de América Latina. Mientras no se resuelva, siempre habrá ciudadanos sin techo donde guarecer a sus hijos.

Por su parte, el Estado no cubre el déficit habitacional. El déficit afecta a los trabajadores más empobrecidos y, en especial, a los más jóvenes y excluidos de la vida social y política. Irresponsabilidad total de los gobiernos que, sean del color que fueren, se comen el futuro.

El tan mentado Estado de Derecho, diamante del pensamiento liberal, protege solamente los privilegios de la cumbre, indiferente a las necesidades de los de abajo, reducidos a la marginación. Mas que indiferente, los empuja hacia el estado de permanente necesidad. El actual “ordenamiento territorial” arroja multitudes al precipicio, es una masacre masiva e impune.

En consecuencia, dado que los dueños de todo y su Estado de Derecho imponen la desigualdad y la marginación, los perjudicados tienen derecho tomar pacíficamente las tierras que precisan para salvarse del desbarranque. Es totalmente legítimo agarrarse de un fierro caliente cuando te empujan al vacío. La situación exculpa a los usurpadores, que, última instancia, están actuando conforme a los principios generales del derecho: sacrifican el derecho del propietario del predio para proteger el derecho a un futuro digno para sus hijas y nietas. Causan un mal menor para escapar al mal mayor.

Mis vecinas y vecinos de Santa Catalina ocuparon esas 800 hectáreas de tierra yerma, que ni siquiera estaban alambradas, donde solamente crecen chircas y abrojos. El estado de necesidad a que están sometidos justifica plenamente que hayan elegido el camino más directo, la usurpación pacífica de terrenos echados al abandono por sus propietarios. Sí, es verdad, se está agrediendo el derecho del propietario, pero, también es verdad que la propiedad no puede ser utilizada para joder a los demás. Su uso debe tener una finalidad social, que impulse el desarrollo de la justicia social, no que la impida. La propiedad privada, al estar monopolizada por unos pocos es la causa de la injusticia.

No hubo daño en las cosas ni en las personas. Al ocupar dejaron marcadas las calles y los espacios comunes (merenderos, CAIF, salón comunal, etc., dividieron la tierra en solares, lograron que OSE –con consentimiento del MVOTMA– instalara tres canillas con agua potable, están tramitando en UTE la corriente eléctrica, en la IMM la recolección de residuos. Están dispuestos a pagar sus solares mediante un acuerdo con los propietarios.

¿Dónde está el ánimo de cometer un delito? No. La intencionalidad es resolver por una vía directa el problema social que los gobiernos no quieren resolver, su ánimo es civilizar el páramo que ocuparon, llevar la civilización al desierto. Obedecen el mandato de la justicia social. Su desobediencia social ha tenido la virtud de revelar el carácter injusto del actual estado de cosas.

El fiscal Diego Pérez no tiene dudas. Enceguecido, acusa por asociación para delinquir desechando el contenido social de los hechos. ¡Transmuta un movimiento social en organización delictiva! Asume la misión sagrada de defender la dictadura del capital sobre los más jodidos e indefensos asalariados. Un ejercicio desmedido de poder que, en su filosofía, encierra las bases del terrorismo de Estado.

Vivimos en patrias diferente, señor fiscal, la suya es la de los especuladores inmobiliarios protegidos por el Estado de Derecho, la nuestra es la patria de los trabajadores y trabajadoras que viven en el Estado de Necesidad.

Jorge Zabalza (Uruguay)

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