In memorian de Carlos Escobar de Adreis

Fue un privilegio conocerte y trabajar contigo. Al amigo leal,

respetuoso y comprometido en la lucha por una sociedad

democrática y justa. Paz en su tumba.

Si algo caracteriza el manejo de la crisis ocasionada por la presencia del Covid-19 en el país es el denodado esfuerzo por mantener el modelo neoliberal puesto en marcha desde hace tres décadas. Hemos insistido en que la característica central de las políticas públicas puestas en marcha frente a la crisis económica y social asociada al Coronavirus consiste en el minimalismo que las caracteriza y a la continuidad de unas políticas fracasadas que nos han conducido a ser uno de los países de mayor desigualdad social en el planeta, con una de las tasas de concentración de la propiedad más altas en la región y con una irritante concentración de la propiedad agraria que a su vez, han dado lugar, a una lucha violenta por la redistribución de la propiedad de la tierra, que de acuerdo con los más recientes datos ha llegado al increíble 0.91 medido de acuerdo con el coeficiente de Gini, en que cerca de 2.500 propietarios son dueños del 52% del total de la tierra productiva en el país.

Un modelo que reprimarizó la economía haciéndonos altamente dependientes de la explotación de los recursos naturales principalmente de la explotación del petróleo, del carbón, del níquel y del oro, es decir, de las industrias extractivas mientras dejó en manos de los terratenientes la explotación de la tierra que se dedica primordialmente a la ganadería extensiva, dejando de lado a la economía campesina, que no obstante, es la que provee cerca del 70% de los alimentos que se consumen en el país, pero que llevó a la importación de alimentos, principalmente granos. Anualmente Colombia importa cera de 14 millones de toneladas de trigo y de maíz para el consumo interno, pudiendo producir esos alimentos en el país. Como se había hecho en el pasado.

El gobierno utilizando los poderes de excepción decretó desde el 17 de marzo la emergencia social, económica y ecológica lo que le permite gobernar mediante decretos con fuerza de ley que tienen en teoría un control político ejercido por el Congreso y un control automático por parte de la Corte Constitucional. En teoría todo bien, pero en la práctica, el gobierno viene ejerciendo es poder sin ningún control. El Congreso está semiparalizado. Si bien viene funcionando de manera virtual sus controles por esta misma razón son prácticamente inexistentes. Largas sesiones en que los ministros se explayan en sus exposiciones sin concretar las respuestas a los interrogantes de unas intervenciones de los parlamentarios de 3 a 5 minutos sin lugar a la réplica inmediata o al interrogante oportuno, ante los silencios y omisiones en las respuestas de los representantes del ejecutivo. El control político es débil o inexistente. Por su parte, la Corte Constitucional que también funciona virtualmente no ejerce el control automático porque sus primeras determinaciones, de acuerdo con los plazos estipulados en la ley, tendrán un tiempo hasta mediados del mes de junio para pronunciarse. Entre tanto y fruto de la improvisación con la que se actuó en esta primera emergencia el gobierno se apresta a decretar una segunda Emergencia, pues, a todas luces y en ello coinciden la mayor parte de los analistas, las medidas adoptadas en esta primera emergencia fueron insuficientes.

En resumen, en materia económica las medidas le permitieron apropiar unos 28 billones de pesos, aproximadamente unos 7.000 millones de dólares, que representan cerca del 2% del Producto Interno Bruto, PIB, a todas luces insuficientes para atender la pandemia. Los mayores recursos los obtuvo de los fondos de pensiones y cesantías de los trabajadores de departamentos y municipios del país y del fondo de los departamentos de regalías por la producción de petróleo. Esto le permitió reunir un poco más de 14 billones de pesos. Lo grave del asunto es que con esta medida dejó sin recursos a las entidades territoriales que son la primera línea de atención a la población y que no cuentan con otros recursos para hacer frente a la emergencia.

A continuación, rebajó el encaje bancario, recursos que los bancos deben tener congelados para dar respaldo a los créditos y operaciones que realizan. Esto les permitió liberar cerca de 9.5 billones de pesos que luego el gobierno mediante decreto los obligó a invertir en “bonos solidarios” por esa misma suma con un reconocimiento en intereses a cargo del fisco que según cálculos sumaría unos 500 mil millones de pesos. Un regalo para el sector financiero. Sin rubor y en medio de las penurias en dónde abundan los trapos rojos pidiendo alimentos, el personal sanitario no cuenta con elementos de bioseguridad, las pequeñas y medianas empresas se ahogan por falta de recursos, Duque muestra para quien gobierna.

Luego recoge unos 5.7 billones de pesos de los fondos privados de pensiones, a cambio recibe 20 mil usuarios, a los que brindará pensión a cargo del fondo público pues los rendimientos económicos en el sistema de ahorro individual no les garantizarán a estos pensionados un monto igual al salario mínimo en su mesada pensional. Con ello recoge unos recursos para el manejo de la pandemia y favorece a los fondos privados de pensiones que han sufrido pérdidas aún no cuantificadas pero que los llevarán a una crisis más adelante. De nuevo, el Estado puesto al servicio de los bancos y del sector financiero que son los dueños de los fondos de pensiones. De contera hay que decir que mientras en el fondo público las pensiones representan más o menos el 80% del salario devengado en los fondos privados solo representan un 30 o 35% de ese salario.

Luego decide gravar las pensiones de más de 10 millones de pesos mensuales y los salarios del sector público también superior a esta cifra. Con ello recogerá unos 400 mil millones de pesos que irán al financiamiento del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME. No grava los altos sueldos del sector privado.

Esas son las principales medidas por el lado de los ingresos a lo cual hay que agregar la solicitud de un crédito no aprobado aún del Fondo Monetario Internacional por 10.800 millones de dólares y créditos adicionales a la Banca Multilateral (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Corporación Andina de Fomento, CAF, entre otros) por un valor de unos 3 mil millones dólares. Esas son las principales medidas y la estrategia es clara: intentar salir de la crisis grabando a la clase media, con crédito externo y como veremos con ayudas minimalistas al tiempo que apresura la reapertura de la economía para que la situación social no explote, poniendo en grave riesgo a los trabajadores que quedan expuestos al virus sin mayores medidas de protección real.

Hasta el momento la estrategia social ha sido la que se practica desde la ortodoxia neoliberal. Subsidios a las redes focalizadas existentes, con auxilios monetarios y en especie, reparto de mercados. Esas redes cubren en total a cerca de 4.5 millones de hogares dejando por fuera a tres millones por lo menos y desprotegida a la clase media que confinada no tiene como generar ingresos. Sumados todos los recursos incluidos los llamados ingresos solidarios, una suma ínfima de unos 40 dólares por familia, que quiere llegar a esos tres millones de familias excluidas, todos esos recursos suman cerca de 3.5 billones de pesos, de los otros 25 billones de pesos la mayoría se ha entregado a los bancos para atender las solicitudes de las empresas que demandan urgentemente crédito pues están al borde de la quiebra muchas de ellas. Y según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla se han entregado al sistema de salud 7.2 billones de pesos.

El dinero que está en los bancos no llega a sus beneficiarios así lo han denunciado pequeños, medianos e incluso algunos grandes empresarios pese a que por cada 100 pesos que presten el Estado responderá por 80 si esos empresarios no devuelven los créditos. Pues bien, los bancos no quieren correr ningún riesgo y exigen garantías que por supuesto en pleno cierre de la economía ningún pequeño o mediano empresario tiene como ofrecer tampoco algunos de los grandes empresarios. Allí estamos. Los bancos tienen el dinero, pero no prestan. Y el Gobierno como si no tuviera instrumentos para obligarlos, que sí los tiene, prefiere exhortarlos, haciendo llamados vacuos al compromiso con el país. Vana ilusión. Ese lenguaje no es el de los bancos que solo piensa en ganancias.

Alternativas las hay, claro. Obligarlos mediante decretos de emergencia lo que puede hacer perfectamente; abrir una línea directa desde el gobierno utilizando el único banco público que ha sobrevivido a la privatización, que es el Banco Agrario, para a través de él irrigar crédito y subsidios sobre todo a la pequeña y mediana empresa ahogada por el cierre y el confinamiento. Utilizar otros mecanismos directos para irrigar crédito, asumir el pago de la nómina sobre todo de la pequeña y mediana empresa o una medida que en estas mismas páginas se ha propuesto que es un ingreso mínimo vital o ingreso de ciudadanía o renta básica transitoria que los estudios de Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia muestran que es completamente factible y no sobrepasan para los próximos tres meses más de 3 puntos del PIB.

Estos son los problemas reales. Aún en la pandemia el gobierno sigue legislando y sobre todo actuando en favor de los sectores más pudientes y ricos de la sociedad. Otro botón para ilustrar la muestra. Para apalancar al sector agropecuario frente a la emergencia, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, dispuso de 226.000 millones de pesos. Pues bien, en un santiamén aprobó créditos para los grandes terratenientes que comprometieron el 94% de esos recursos mientras que a los medianos solo les aprobó el 4% del total y a los pequeños apenas un ínfimo 2%. Queda claro para quien sigue gobernado Uribe y Duque.

Para salir rápido de esta pandemia, de manera irresponsable, el gobierno desoyendo las voces de los expertos, de algunos alcaldes, a la cabeza de la cual se ha colocado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decidió abrir los sectores de la construcción y de la industria manufacturera, es decir, cerca de 7.5 millones de trabajadores fueron llamados a ocupar sus puestos de trabajo a partir de este lunes 27 de abril. Sería tal el afán y el grado de improvisación que los protocolos de bioseguridad para los trabajadores de la industria manufacturera apenas fueron expedidos el domingo 26 de abril, qué irresponsabilidad y desprecio para con la vida de los trabajadores.

Los expertos han señalado varias cosas para oponerse a la reapertura económica que suenan razonables. No hemos llegado al pico de la pandemia, lo cual está claro. Al 29 de abril había 6.207 casos confirmados, si se tiene en cuenta que esta cifra presenta un retraso de cerca de dos semanas, estaríamos hoy día próximos a los 10 mil contagiados. Y sigue creciendo el número. Por ello los expertos recomendaron públicamente retrasar la apertura de sectores productivos o sea prolongar por un par de semanas la cuarentena. Esto fue desoído por el Gobierno Nacional que sin embargo y ante la férrea oposición de la Alcaldesa de Bogotá terminó por responsabilizar a los alcaldes sobre las fechas y requisitos para ese ingreso masivo de los trabajadores a sus actividades productivas al tiempo que limitó a un 35% de ocupación de los transportes colectivos. Esto suavizó la medida, pero, los resultados de la misma solo se verán en un par de semanas que es lo que demora la incubación del virus, como todos sabemos.

Un segundo elemento crítico es que el tiempo de la cuarentena no fue aprovechado para lo que se hace una cuarentena y es para fortalecer el sistema de salud y su red hospitalaria. La fragmentación y fragilidad de esa red no ha sido resuelta. Los recursos económicos no han llegado a los hospitales, no se ha asumido una dirección y coordinación real por parte de las secretarías municipales y departamentales sobre el sistema de salud en sus territorios y tampoco a nivel nacional por parte del Ministerio de Salud. No han llegado los respiradores que se han comprado pero que no se han recibido. Y la mayor parte de los recursos, según el propio ministerio de Salud, de los 7.2 billones que dice el ministro de Hacienda que se aforaron para el sector de la salud, 4.7 billones aproximadamente, se entregaron a las EPS, intermediarias financieras que no han girado a los hospitales y clínicas, datos entregados al Congreso de la República. Entretanto los médicos siguen sin elementos de bioseguridad, siguen sin recibir sus salarios a tiempo y la red hospitalaria más extendida en el territorio que es la red de hospitales públicos agoniza en plena pandemia. Así estamos hoy en el país. Se requiere un drástico cambio sino queremos una catástrofe.

Bogotá 30 de abril de 2020  

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)