“Quédense en casa. Si tiene `poca comida, tome agua. Es preferible aguantar un poquito de hambre”.

Dra.  Denise Murillo, víctima del Covid-19

El Covid-19 ha venido a desnudar los sistemas sanitarios en la mayoría de los países latinoamericanos; Cuba, Costa Rica, Bolivia y Uruguay, pueden ser la excepción.  No se trata solo de la insuficiencia de recursos humanos (médicos, enfermeras, técnicos de laboratorios), infraestructura e insumos, en especial medicamentos, vacunas, mascaras, guantes, botas, etc., sino de instituciones y ejercicio pleno de competencias y funciones, muchas de ellas asignadas en la Constitución de la República y códigos de salud; pero también, de los sistemas de planificación y la integración de políticas, planes, programas y proyectos.

Las políticas de ajuste económico y cambio estructural promovidas por los organismos financieros internacionales (OFIs) tienen la mayor parte de culpa, ya que se ha asumido que todo lo que administra y ejecuta el Estado es malo, por lo que para mejorar la cobertura y atenciones en salud hay que desmantelar los sistemas de salud que se crearon en décadas pasadas como respuesta a carencias sociales y demandas de atención de una fuerza de trabajo localizada en la industria y comercio, y una población mayormente urbana. El ajuste económico busca, ante todo, liberar recursos públicos para apoyar políticas de compensación social y reducir el gasto público (corriente y de inversión), que permita un mayor equilibrio de las finanzas y el sostenimiento del pago de la deuda externa.

 Pero, también, hay culpa de los actores del sector salud. Por el lado de los trabajadores de la salud, muchos de sus dirigentes se han plegado a los planes de privatización del gobierno y OFIs, siempre y cuando se garantice los empleos vigentes y prebendas; incluso, algunos de ellos, miembros de Comisiones de Salud y juntas de dirección de instituciones de previsión y protección social, se han corrompido.  Los medios de comunicación han vendido la imagen que los médicos y enfermeras se han mercantilizado y abandonado el juramento; se les acusa de tener varios trabajos y brindar una mejor atención a los pacientes en hospitales y clínicas privadas, no así en los públicos.

En forma gradual y acompañando los programas de estabilización y ajuste económico del FMI, los sistemas de salud han venido deteriorándose, al grado que los indicadores tradicionales de comparación: médicos por paciente, cama en hospitales por 1,000 habitantes, porcentaje de mujeres embarazadas en atención prenatal, número de atenciones en consulta externa, otros, han dado paso a indicadores como monto real de recursos asignados por institución, región, departamento y nivel de atención, número de centros de salud existentes, hospitales, médicos y enfermeras en servicio activo, porcentaje de abastecimiento de las farmacias de hospitales, porcentaje de pacientes que reciben medicamentos, etc. Son indicadores duros que cuantifican y dan cuenta de la capacidad de respuesta del Estado para atender la salud de las personas.

Honduras no es la excepción. La pandemia del Covid-19 hizo más visibles las carencias del sistema sanitario. El presupuesto de la Secretaria de Salud ha venido en picada, y todavía no se ha podido superar el pico de 8.87%/PIB de 2009 (theglobaleconomy.com); es un presupuesto menor que el asignado a las Secretaria de Defensa y Seguridad Pública. De acuerdo al FOSDEH: 2019, el presupuesto de Defensa aumentó en un 278% entre 2009 y 2018, más de 5,890 millones de lempiras. De acuerdo con el Colegio Médico, hace más de 20 años que no se construye un hospital público de atenciones múltiples, y más de 10,000 médicos y enfermeras están desempleados. Hay médicos con título que trabajan en clínicas privadas por hora o turnos de 8 a 10 horas, con salarios que se acercan al salario mínimo.

Honduras entró en cuarentena el domingo 15 de marzo de 2019, y en la actualidad se encuentra en la fase ascendente con 172 casos confirmados y una mortalidad de 11 pacientes, entre ellos una doctora del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, del departamento de Cortes en el norte del país, donde se concentra el epicentro de la pandemia. Aunque los casos no son muchos si se compara con países europeos, la tasa de mortalidad es alta (6.4%), y todavía no se ha llegado al pico.

Inicialmente el gobierno asignó el manejo de la pandemia a la Secretaria de Salud y Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), pero sin la participación del Colegio Médico de Honduras (CMH), lo que recibió muchas críticas de la población, por lo que antes de que se aceleraran los casos, se decidió hacer una alianza con el CMH para que acompañe las acciones y brinde recomendaciones técnicas y tener un mayor impacto. No obstante, las quejas de los médicos es que todavía no ha dado con la protección debida, y los ventiladores prometidos no aparecen por ningún lado. Una falla de origen del gobierno fue no diseñar un plan conjunto de contingencia nacional para enfrentar la pandemia, identificándose los requeridos de equipos e insumos, sumado a la contratación de más personal de salud (médicos y enfermeras); igualmente, un sistema de información efectivo y rendición de cuentas.

Ha surgido otro problema de gestión, y es que no todos los médicos expertos en el tema están de acuerdo que el gobierno convierta un Hospital Nacional, (hospital escuela), en un hospital Covid-19, como una medida para centralizar las atenciones. Ello implica trasladar una gran cantidad de pacientes por maternidad, pediatría, traumatología, emergencias, a otros centros hospitalarios; pero también la ejecución de un programa de capacitación que permita la reconversión del personal médico para atender casos del Covid-19. Una solución alterna es que, una vez que rebase la capacidad de atención de los hospitales públicos, los nuevos pacientes sean atendidos en hospitales móviles, apoyándose los hospitales regionales y área para que atiendan pacientes en sus zonas de influencia, según evoluciona el número de casos por regiones sanitarias y departamentos.

No obstante, urge se instale una Mesa Política, que se sume a las mesas de bioseguridad, economía, empleo, producción y alimentos y salud,  para que el gobierno llame a las otras fuerzas para suscribir un Gran Acuerdo por Honduras contra la pandemia y la recesión económica, ya que existe la percepción en gran parte de la población que muchas de las acciones ejecutadas por las Secretarias de Estado y Fuerzas Armadas, sobre todo la distribución de alimentos e insumos médicos, han sido politizadas. Los barrios y colonias esperan el “saco solidario” del gobierno entregado por los militares, pero la expectativa es que, en ciertas familias, dichos sacos no llegarán, sea por escasez de alimentos, robo o porque varios activistas políticos del partido en el poder solo lo distribuirán a sus parciales.

El presidente Juan Orlando Hernández (JOH) debe llamar a Manuel Zelaya, Luis Zelaya y Salvador Nasralla, entre otros, para suscribir dicho Pacto por Honduras, siendo receptivo a recibir y analizar las propuestas técnico-políticas ya elaboradas por ellos, evaluarlas y ejecutar varias, como ejemplo la elaboración de un plan integral anticrisis y reconstrucción nacional que, entre otras cosas, ordene las intervenciones en salud, sectores económicos y productivos,, defina roles de actores, aumente la productividad del gasto en función de una hoja de ruta a mediano plazo, e incorpore una estratégica consensuada de moratoria y condonación de la deuda externa, entre otras acciones. Las experiencias demuestran que acciones aisladas, unilaterales y politizadas, solo benefician a los más dotados, y estos son funcionarios corruptos, banqueros y empresarios que hacen negocios con el gobierno poco transparentes.

Tegucigalpa, Honduras, 1 de abril de 2020