En el artículo anterior ¿Qué es un estado de excepción?, terminamos con la preocupación sobre las garantías fundamentales y solicitando transparencia en las acciones tomadas por el Ejecutivo. De momento estamos en medio de una pandemia y se necesitan respuestas efectivas, por lo tanto, no pueden estar sujetas al ritmo habitual de la estructura burocrática del Estado. Por eso, para actuar con diligencia ante esta crisis sanitaria, se decretó el Estado de Emergencia Nacional. Ya que, como señaló el presidente Laurentino Cortizo, se está en guerra. Otros mandatarios también usaron esta misma retórica, la guerra parece estar en curso, el enemigo común: el COVID-19. 

El presidente Cortizo para hacer frente a esta situación tomó las primeras medidas socioeconómicas: 40 millones de dólares en insumos; un hospital modular para 100 camas; 20 millones para carnes y granos; 50 millones para iniciar con el programa “Panamá solidario”. Además, dispone de más de mil millones de dólares del Fondo de Ahorro de Panamá. Así el Ejecutivo tendrá un margen para maniobrar.

En medio de esta particular guerra, algunas garantías fueron suspendidas y libertades violentadas. Toda la sociedad panameña está siendo afectada. Sin embargo, hay quienes lo están en mayor grado, en particular aquellos suspendidos laboralmente según el Decreto Ejecutivo No. 81 y “serán incluidos en las listas de los programas que establezca el Órgano Ejecutivo”. Pero, hay otro amplio sector con mayores dificultades aún, como aquellos trabajadores informales que viven del día a día y los subalternos que viven al margen de la sociedad. Estos últimos apenas sientan el crujido de sus tripas empezarán a transgredir las medidas biopolíticas si no tienen respuestas inmediatas. 

En estos momentos grises, el miedo y la violencia juegan su papel, en algunos lugares se escuchan los megáfonos e incrementaron los dispositivos de seguridad por el toque de queda en todo el territorio nacional durante las 24 horas del día. El Colegio Nacional de Abogados recomendó no abusar de las detenciones provisionales. El monopolio de la violencia lo tiene el Estado y sólo debe ejercerlo para mantener el orden. 

Los efectos no esperados de la pandemia aún no los podemos calcular, ni siquiera su impacto en la vida cotidiana. Nuestra capacidad de resiliencia estará a prueba. El famoso Panta rei atribuido a Heráclito en que todo fluye y está en permanente cambio goza de plena vigencia. No tenemos certeza de los cambios societales por venir, pero es una oportunidad de pensar en el país que queremos. 

Los autores son profesores de Filosofía en la Universidad de Panamá