Como si de literatura se tratara, algún escritor muy dado a correr su imaginación podría titular su obra, a partir de la corriente del realismo mágico, “del coronavirus al coronagolpe”, para hacer referencia a los planes, nada democráticos, que la derecha boliviana se propone llevar adelante en los próximos días para cercenar, por segunda vez en menos de seis meses, la voluntad de la mayoría del pueblo boliviano.

Y no es un invento. Las distintas fracciones de la derecha boliviana y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentran, con el coronavirus como excusa, analizando la propuesta de postergar las elecciones generales por un plazo mayor al racionalmente aceptable que les permita evitar el triunfo del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) que marcha primero según tres estudios de intención de voto hechos hasta ahora.  

La última medición del domingo pasado, 15 de marzo, realizada por Ciesmori, muestra a Luis Arce con 33,3%, seguido por Carlos Mesa y Jeaninne Añez con 18,3 y 16,9%, respectivamente. Y solo considerando votos válidos el candidato socialista estaría ya ubicado con un 38,4% frente a 23,3% y 19,9% de Mesa y Añez, lo que lo coloca a menos de 1.5% de llevarse la victoria en primera vuelta.  En realidad, tomando como dato el hecho de que el MAS siempre ha tenido una votación de cinco puntos por encima de lo que dicen las encuestas y dado al ambiente de temor que el gobierno se empecina en mantener, es probable que el binomio socialista esté ya por encima del 42 por ciento.

Por eso la preocupación de la derecha y sus analistas no tiene límites. De ahí que surge la idea de usar a favor la preocupación de la población. Los principales operadores de la derecha quieren montarse sobre el estado de pánico colectivo que está desatando en el mundo la pandemia del coronavirus, para sensibilizar a la población de Bolivia que la expansión de ese virus merece prioridad e incluso sacrificar principios y decisiones democráticas.

La misma advertencia ha sido planteada el miércoles 18 por el expresidente Ernesto Samper, quien a través de su cuenta en twitter ha sostenido, muy al estilo de la frescura del lenguaje colombiano, que “el coronavirus no puede contaminar la democracia. Se comienzan a escuchar voces de la derecha que, excusándose en el virus, plantean aplazar elecciones y campañas plebiscitarias cuyos resultados, según las encuestas, no los favorecen”.

De acuerdo con fuentes altamente confiables, en los últimos días se han registrado dos reuniones reservadas entre autoridades y dirigentes del gobierno de facto con otros referentes dirigenciales de la derecha, entre los que están representantes de Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, para analizar la postergación de las elecciones. Es más, ya habría un acuerdo para el que solo se debe encontrar una forma jurídica de no provocar una reacción en contra.

Lo que todavía no está acordado es el tiempo y las condiciones de la postergación de las elecciones. Dentro del gobierno, el ministro Arturo Murillo es parte del criterio de aplazar la competencia electoral hasta diciembre. No es que al agresivo ministro le interese la salud de la gente. Su cálculo es más bien político pues está seguro de que si pasan meses, los candidatos Mesa, Quiroga y Camacho terminarán de bajarse, lo que será de beneficio para la candidatura de Jeanine Añez, quién a pesar de los ingentes recursos públicos usados en su campaña y el asesoramiento del gobierno y la derecha de Estados Unidos, marcha tercera. El senador Oscar Ortiz obviamente quiere lo mismo, pero es de la opinión de que las elecciones no se posterguen más allá de julio, ya que el hacerlo por varios meses abre el riesgo de que la popularidad de Añez más bien vaya en descenso.

Pero en la cabeza de algunos de los funcionarios del gobierno de facto hay otra idea tan o más preocupante que la anterior (postergar las elecciones hasta diciembre). Se está barajando la posibilidad de plantearle al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que lo dirige el liberal y hombre muy vinculado a la embajada de Estados Unidos, Salvador Romero, para que se realice una nueva convocatoria para las elecciones generales. Para eso Murillo daría por asegurado el apoyo de la presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS, quien es criticada por su papel extremadamente pasivo y hasta de cierta complicidad con Añez.

Las organizaciones sociales de Bolivia aglutinadas en el Pacto de Unidad han hecho conocer su rechazo a cualquier posibilidad de postergar las elecciones generales en Bolivia. Es evidente que el acto electoral puede postergarse unas semanas, pero el solo pensar en aplazarlo hasta diciembre es un segundo golpe de Estado a la democracia boliviana.