La deuda pública en sí misma es un problema y un condicionante de la política en la Argentina, por su volumen y la imposibilidad de cancelarla en los tiempos establecidos. Hasta el FMI suscribió por escrito que “la deuda de Argentina no es sostenible” y agrega que la condición de pago “no es económicamente ni políticamente factible”^[1].

Además, se complicó la situación económica mundial, con caída de las Bolsas, adjudicada, en la coyuntura, al Coronavirus. El FMI habla de “Tragedia Humana” y califica el momento económico de “incertidumbre”^[2], concentrando la explicación en el nuevo virus que ocupa la atención mediática y la preocupación de las políticas públicas. Sin embargo, la situación no termina de generalizarse aun cuando se expande, y ni siquiera puede determinarse el origen, incluso territorial.

Los problemas del capitalismo vienen de lejos y están asociados a fenómenos que intervienen en la ralentización económica, los límites para el crecimiento de la productividad y, por ende de la rentabilidad del capital, motivación central del orden capitalista. Ahora, todo parece explicarse con el virus y su impacto en China, que podrá crecer en 2020 por debajo del 6%, incluso del 5%; cuando hace tiempo que el gigante asiático morigeró sus elevadas tasas de crecimiento, las que ocultaban una más grave tendencia a la desaceleración del capitalismo mundial.

Resulta curiosa la mirada en los contagios y los decesos por coronavirus, cuando son mayores las causas de muerte derivadas de accidentes y enfermedades laborales; o en accidentes de tránsito callejeros, terrestres, aéreos, o navieros; o por graves enfermedades que no concitan la atención de los presupuestos públicos, ni la preocupación de los laboratorios privados, grandes corporaciones de la mercantilización de la salud. Incluso, pese al desarrollo cubano en la producción de fármacos, que atienden algunas de esas graves enfermedades, la lógica imperialista del boicot y el bloqueo de EEUU y la complicidad del capitalismo desarrollado, impiden la solución a verdaderas tragedias humanas.

Apuntamos a destacar que a los problemas de la Argentina con su deuda y por ende con sus principales acreedores, el FMI y los grandes acreedores privados, los concentrados y poderosos Fondos de Inversión (Buitres), la situación mundial agrega complejidad en los procesos de discusión, negociación y disputa por recursos. La propia situación local, de los afectados por la recesión y la elevada inflación, interviene también en un complejo entramado de intereses que pugna por la distribución del ingreso y la riqueza.

Cada quien atiende su juego

Entramos en tiempo de definiciones. Marzo es la fecha que se auto impuso el Ministerio de Economía para la renegociación de la deuda Pública Externa. Por un lado, con el FMI y, por otro, con los Acreedores Privados. Se supone que las Agencias Públicas no constituyen un problema por ser considerados insertos dentro de la lógica gubernamental y por ende subordinadas a las definiciones del poder político.

Con el FMI existen conversaciones regulares y trascienden guiños de acuerdos para reformular el acuerdo vigente bajo nuevas modalidades que impliquen años de gracia en la cancelación de capital e intereses. Ahora se espera la pronta visita de los auditores del FMI, que se instalarán en la Argentina para discutir el plan económico de sostenibilidad de la deuda. En criollo supone afinar las líneas del ajuste fiscal y las condiciones del crecimiento económico (facilidades para el desembarco de inversores externos) concediendo reformas estructurales: laborales, previsionales, impositivas.

Los acreedores privados también juegan y presionan sobre el FMI, con un razonamiento que alude a “si el FMI no hará quitas a sus acreencias, entonces que presione un fuerte ajuste fiscal para intervenir en la salida de la recesión y la elevada inflación”. La vieja receta monetarista, de restricción monetaria y de ajuste fiscal para abonar un importante superávit de las cuentas públicas, es una aspiración a contramano del discurso oficialista de “no pagar la deuda con el hambre del pueblo”, o “primero crecer y luego pagar”. Claro que esas consignas tienen que ser convergentes con la percepción social relativa al debate sobre jubilaciones o salarios.

¿Cuál será, finalmente, la propuesta de reforma previsional que emerja al final de la suspensión de las actualizaciones de ingresos de jubiladas y jubilados? ¿Alcanza para ese mismo debate los cambios que ahora discute el Parlamento sobre regímenes especiales de jueces y diplomáticos? ¿Cómo se percibe por la sociedad el esfuerzo de actualizaciones salariales por monto fijo, a contramano de la presión sindical por el logro de porcentajes que recuperen la pérdida de ingresos ante la alta inflación pasada? ¿Cómo se procesa la actualización tarifaria en debate, incluso de pesificación parcial? Son interrogantes a tener en cuenta en la confrontación política, no solo entre oficialismo y oposición, sino al interior de la coalición frentista en el gobierno.

Los acreedores privados empiezan a mover sus fichas y conviene caracterizarlos adecuadamente. Son grandes empresas financieras, con gestión de recursos mayores que grandes bancos transnacionales, incluso aquellos que el Gobierno seleccione para negociar la quita de capitales, intereses y la prolongación de los plazos de vencimiento. En efecto, se los llama la “banca en las sombras”, porque no tienen la regulación de la gran banca monitoreada por la Banca Central. Con esa autonomía han ganado peso en la economía mundial, especialmente luego de la crisis en EEUU del 2001-02 y, más aún en la del 2007-09.

Es más, aquilataron gran experiencia en la crisis del default del 2001 argentino. Fue un éxito esa experiencia, ya que especularon con compras de bonos con enormes posibilidades de entrar en cesación de pago, por lo que pagaron muy poco y luego exigieron el 100% de lo sindicado nominalmente en los títulos públicos. No ingresaron a los canjes del 2005 o del 2010 y ya con las condiciones de un gobierno afín, el de Macri, cobraron todo en 2016, elevando gravosamente el endeudamiento público del país. Situación agravada, inimaginablemente, en 2018, con la asistencia financiera del FMI, que desembolso en menos de dos años 44.100 millones de dólares.

Por eso se sienten fuertes en la negociación con el gobierno, y aun cuando éste aparezca asociado con el FMI, los buitres presionan al Fondo y al gobierno para lograr sus propósitos. El ensayo de dureza fue el episodio de la Provincia de Buenos Aires y en dos ocasiones con el gobierno nacional.

El horizonte del default

Durante marzo se negociará, y quizá se proyecte a abril, no más, porque en mayo caen vencimientos muy elevados. Son montos que sobrepasan la posibilidad de pago según lo acordado en la Ley de las “emergencias”. Allí, se habilitó al uso de más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para atender vencimientos de la deuda pública.

¿Qué puede pasar? Qué no haya acuerdos suficientes y el horizonte del default sea inducido por interés, a largo plazo, de los acreedores; o del propio gobierno, en la lógica de la “insostenibilidad política” del ajuste para cancelar deuda, aun en el largo plazo.

Por esa razón es que crece una presión social para investigar la deuda pública externa y mientras esa auditoria ocurre se deberían suspender los pagos, un tema que crece en la opinión pública^[3]. Es una lógica que trasciende a sectores que hoy lo explicitan públicamente. Algunos sostienen que es mejor el default que un mal acuerdo que condene al ajuste perpetuo a la sociedad o incluso a postergar por largo tiempo la recuperación económica.

Claro que la deuda pública externa es solo lo visible de un problema mayor que apunta a considerar las condiciones de la superación de los problemas estructurales de la Argentina. En ese sentido editorializó The Economist, solicitando que el país mire a Suiza y no a Venezuela o Perú.^[4] La visión de la publicación británica resalta el punto de vista ortodoxo, que augura ajuste y reformas reaccionarias contra los derechos sociales.

Aparece, entonces, como necesario abordar otros puntos de vista, para que la solución no desemboque en mayores penurias de la mayoría empobrecida, lo que demanda una discusión a fondo sobre el condicionante de la deuda y el más allá, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2020

Notas

^[1] FMI. Comunicado de Prensa. Declaración del equipo técnico del FMI sobre Argentina

19 de febrero de 2020, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/02/19/pr2057-argentina-imf-staff-statement-on-argentina (consultado el 28/02/2020)

^[2] FMI. Conferencia de Prensa de Gerry Rice, Director, Departamento de Comunicaciones del FMI, del 27/02/2020, en: https://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=6136530180001 (consultado el 28/02/2020)

^[3] Perfil. Encuesta sin grieta: un 70% opina que la deuda que contrajo Macri debe investigarse, en: https://www.perfil.com/noticias/politica/encuesta-70-por-ciento-opina-deuda-contrajo-mauricio-macri-debe-investigarse.phtml (consultado el 28/02/2020)

^[4] https://www.cronista.com/economiapolitica/Duro-informe-del-britanico-The-Economist-sobre-la-deuda-argentina-con-el-FMI-20200228-0010.html Copyright © www.cronista.com (consultado el 28/02/2020) 

Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Ciudad de Buenos Aires.
www.juliogambina.blogspot.com