Una elección antidemocrática

Vamos a dejar de lado los debates más profundos sobre la democracia y su inexistencia práctica histórica y global, o sobre el el significado de la llamada “democracia representativa” y el sentido de votar cada 4, 5 o 6 años y luego obedecer. Pero sí veremos algo acerca de cómo el neoliberalismo es enemigo del liberalismo político (que afecta gravemente a la división de poderes, al Estado de derecho, a la calidad de la ciudadanía y la necesidad de los partidos); cómo crece la mercantilización de la política, el uso de las instituciones que abandonan sus soberanías, cómo se expresa la desintegración de los partidos y la despolitización de las juventudes. Al respecto, una premisa a destacar es la participación de organizaciones consideradas criminales (FP, APRA) con candidatos al Congreso. Esto se expresa en que de 2,325 candidatos, 1,368 han sido sentenciados, 218 con condena vigente, 4,729 con datos falsos y 359 excluidos.

Un mes de campaña, más de 50% que no sabe por quién votar, candidatos desconocidos (Diario Uno, Ojo Público). Otro dato es que cerca de 50% de los candidatos tuvieron contratos con el Estado y que los congresistas tienen salarios privilegiados, lo que indica que la mayoría iría sólo por los jugosos ingresos. Con estos y otros antecedentes, no debe ser extraño que a unos días de las elecciones más del 50% no se interesaba en el proceso y menos en por quién votar.

Este país vive cambios permanentes con interminables soluciones. Hoy estamos a unos días de las elecciones congresales (26 de enero) que sólo complementan el periodo inconcluso, debido a su disolución hace unos meses para frenar algo la corrupción abierta y descarada del fujiaprismo y sus aliados, que habían convertido el Congreso en un mercado de lobistas y coimeros (lo que no significó su erradicación, pues aún persiste en una devaluada Comisión Permanente y en los nuevos candidatos al convocado Congreso). Lo risible es que el JNE y la ONPE con igual rango se llaman autónomos y no lo son; el primer organismo se encarga de administrar la justicia electoral y las consultas populares; y el segundo conduce y administra los procesos electorales, sin embargo, ambos dependen del sistema judicial. El presidente del JNE es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y los restantes cuatro magistrados son designados por la Junta de Fiscales supremos, por votación universal de los Abogados de Lima y por los Decanos de Facultades de Derecho, uno por las universidades públicas y otro de las privadas. El jefe del organismo que administra la organización del proceso electoral (que ejerce sus funciones por un periodo de cuatro años renovables), es designado por el ya clausurado —por su estado de descomposición— Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), de una terna presentada por el Congreso de la República. 

Por ello no es exagerado decir que la organización criminal, los "cuellos blancos" del puerto del Callao, dirige las elecciones del 26 de enero y se oponen abiertamente a la reforma política. Ellos pusieron al JNE, que en 2016 redujo la valla y salvó al APRA de no tener congresistas y ahora pretende otra vez insuflar de vida al partido aprista, a Solidaridad y a Fuerza Popular; mantener los vientres de alquiler, los grupos que con el nombre de "partidos" venden como franquicias políticas las costosas inscripciones electorales.

La no participación de movimientos sociales u organizaciones populares con respaldo de pueblos o ciudadanos, el voto obligatorio, el voto preferencial, la cifra repartidora, el irrespeto a la voluntad popular al atropellar la opción del voto en blanco, viciado y nulo, son sólo muestras de un proceso antidemocrático y totalmente vulnerable a la manipulación.¹ Veamos: en primer lugar, en muchos partidos los individuos compran su candidatura, luego, el voto preferencial afecta negativamente a los partidos, al acabar con la legendaria solidaridad e introducir una competencia caníbal y participación caótica en las campañas, al buscar toda visibilidad y fomentar la apropiación del voto personal. Genera un mercado filisteo, sin lealtades, sin principios, sin proyectos, que provoca —de ser elegidos— que también puedan venderse a otros partidos. La ciudadanía no elige, se somete a elites basadas en el dinero e ingresa al mercado de marcas. Ahora bien, otra restricción sujeta a manipulación está en la circunscripción territorial y en que para acceder a la cifra repartidora, el partido político debe pasar la valla electoral, ya sea con 5% de los votos o con al menos seis representantes en más de una circunscripción electoral. Sirve para acceder a la cifra repartidora donde el voto por el logo puede definir qué partidos pasan la valla, y el voto preferencial —los números— establecen qué candidatos entran. Pero el arrastre del voto global es clave para la repartición final. De allí que este método rechazado en el mundo, tenga vigencia en un país de cleptócratas y aristócratas políticos. Con la cifra repartidora no se respeta la voluntad popular: en las elecciones del 2016, Fuerza Popular obtuvo sólo 19% del total de votos nacional, pero terminó con 56% de legisladores en el Congreso. Obtuvieron esa mayoría a pesar que únicamente uno de cada 4 peruanos inscritos en el padrón le dieron su respaldo. Existen denuncias de Manuel Lajo Lazo sobre los fraudes electorales que no fueron admitidas y la corrupción continúa. Al fraude jurídico se agrego el del voto electrónico (la mejor forma de voto para hacer fraude). Sacaron a Guzmán y a Acuña y agregaron digitalmente votos a Keiko y al APRA. En estas elecciones se prevé que una alianza de FP con un desarticulado AP, y la empresa de Acuña llamada APP, consigan una peligrosa mayoría congresal: el fraude para este 26 de enero es previsible. Todo está tan bien diseñado para favorecer las marcas más antiguas y para que el voto de rechazo, el voto en blanco, nulo o viciado no sirvan. Una decisión honesta, ética y política debió haber sido no participar hasta cambiar las reglas e instituciones que manejan el sometido poder electoral. Ninguna fuerza política siquiera abrió este debate.

Las fuerzas llamadas de izquierda en varios casos ya no son tales, aunque parezcan serlo por su apuesta discursiva progresista, pero hace mucho han abandonado la construcción colectiva ciudadana y popular, y sólo atienden a intereses personales o de pequeños grupos. Los sindicatos y gremios son costras burocráticas que apenas contemplan las demandas coyunturales puntuales de trabajadores en conflicto, tal el caso de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Los activismos identitarios feministas, por igualdad de género, los defensores de derechos humanos, los ambientalistas, los indigenistas, los defensores de la diversidad LGTBI, no han logrado integrarse ni extenderse al conjunto de la sociedad o conjugar demandas de las mayorías. La izquierda por fuera del sistema no ha logrado rearticularse, más aún, al estar proscritos y deslegitimados, se marginalizan al mantener ciertos discursos y liderazgos que el poder se encargó de provocar rechazo.

Además, aunque el suelo es más parejo en estas elecciones por las limitaciones al financiamiento ilegal, existen factores que orientan el voto. Las encuestas y el monopolio CONFIEP del Grupo El Comercio son decisivos en la manipulación de los electores. La hegemonía neoliberal tiene treinta años configurando las mentes, y hasta los académicos y universidades han definido una juventud formada en el neoliberalismo mercantilista e individualista. El movimiento universitario está debilitado, politizado hacia la derecha, cunde la ignorancia política, las marchas se reducen a movimientos identitarios y la investigación de los problemas del país brilla por su ausencia. Mientras que la derecha desprestigiada cambia de ropas —ahora es morada—: AP, APP, PPC, Solidaridad se suman a la delincuencia política de FP y APRA. Hay, asimismo, una nueva estrategia basada en ganar opinión pública por el Grupo El Comercio, la CONFIEP y las encuestadoras Ipsos, Cpi, Datum y Pulso. En Perú gobierna la mafia criminal CONFIEP; toda la derecha peruana son lacayos que defienden a muerte la Constitución delincuencial fujimontesinista, también algunas pseudo izquierdas se venden a ella. El Tribunal Constitucional (TC) es la instancia máxima donde se deciden poderes fácticos, la mafia CONFIEP lo controla y la suerte de fiscales de Lava Jato depende del TC. Para ellos, los protagonistas de la vida política siguen siendo el fujimorismo apoyado en las subsistentes redes corruptas, criminales y clientelares, en alianza con otras fuerzas políticas y las élites tecnocráticas de AP, los morados y APP, que representan mejor a la lumpen burguesía de la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP) que, usando la silla giratoria y otros métodos, han capturado los diversos espacios estratégicos del Estado y son capaces de aglutinar sectores que votarán por las marcas conocidas, las clases altas y medias, más los sectores emergentes asustados por el miedo a una izquierda que sin distingos es calificada de terruca, madurista o estatista.

El negativo contexto y la caída de los mitos

Hugo Cabieses señala acerca de la necesidad de disolver mitos, propios de la propuesta ideológica del neoliberalismo extractivista salvaje:²

1. Que somos un país minero-petrolero-gasífero extractivista; 2. Que para superar la pobreza y la exclusión debe haber crecimiento continuado del PBI; 3. Que cemento, arena, fierro y equipos es lo que debe primar en las inversiones públicas y privadas; 4. Que el neoliberalismo es económico-productivo y no ideológico-cultural; 5. Que con exportación superaremos la exclusión y la competitividad-productividad; 6. Que agua, bosques, biodiversidad y Amazonía son bienes transables e infinitos; 7. Que los pueblos indígenas y los indignados no pueden gobernar; 8. Que el territorio no se debe ordenar porque ello inhibe las inversiones; 9. Que la diversificación productiva es una propuesta de los comunistas-ecologistas; y 10. Que los corruptos son más y, por lo tanto, es poco lo que podemos hacer frente a ello.

Estos mitos —que son muchos más— caen con la crisis multifacética, institucional, política, social y cultural determinada en parte por el anárquico saqueo, por la incipiente recesión agravada por desastres ambientales, por la caída de los precios de minerales exportables, por la corrupción que corresponde al despojo y devela el rentismo y los mecanismos de saqueo del poder establecido, por ello cada vez más deslegitimado. En estas circunstancias va quedando desnudo el poder político y su manejo.³ En tres décadas se fortalece la derecha neoliberal en el Estado y también la resistencia popular; sin embargo, en la primera los poderes del Estado en van deslegitimándose y empieza por el ejecutivo donde, aun cuando cinco expresidentes están en la picota, el actual presidente Martín Vizcarra no es más que un administrador del despojo y los negocios de las grandes corporaciones representadas por la CONFIEP; más tarde, ante el escandaloso comportamiento del Congreso, blindando a los corruptos y favoreciendo el despojo, busco legitimidad –para continuar con el entreguismo- manipulando la presión popular, disolvió la podrida madriguera congresal. Por su parte, la creciente resistencia popular e indígena es espontánea, disgregada, localizada, desligada de la izquierda, con frágiles organizaciones y una politización sin sujetos sólidamente construidos y con proyectos emancipatorios definidos. Los corruptos gobiernos de Ollanta Humala, de Susana Villarán, Gregorio Santos, entre muchos otros regionales y locales, atentan contra el sueño de un renacimiento de la izquierda que, sin embargo, obtuvo una importante votación en el año 2016.

El Perú, gracias a las políticas neoliberales, vive en una crisis permanente de su régimen político. Nace de la corrupción que marca la larga coyuntura, desde los casos Lava Jato y Lava Juez (“cuellos blancos” o CNM Audios). Se mantiene el diseño montesinista donde la Constitución y el control del sistema judicial son los instrumentos fundamentales para proteger a las organizaciones criminales, entre las que están las grandes corporaciones (CONFIEP), las trasnacionales y organizaciones políticas mafiosas y donde el Congreso era el principal bastión de encubrimiento y protección de los corruptos. Colocar al capital privado como el alma del sistema está en el origen del abandono de la soberanía, del despojo y saqueo, y por tanto de la corrupción.

Pero también define que un país rico y multidiverso hoy sea un país con un régimen neoliberal extractivista, económicamente estancado, desindustrializado, frágil, socialmente excluyente, postrado y ambientalmente agredido. Se desarrolla en un contexto global marcado por la crisis civilizatoria, por el conflicto entre la unipolaridad norteamericana y la multipolaridad, resurrección de la crisis económico financiera internacional en pleno proceso, con restauraciones y contrarrestauraciones conservadoras y progresistas en el continente, con guerras híbridas (económicas, políticas, mediáticas) y el categórico fracaso del modelo extractivista-exportador. Sin embargo, la hegemonía neoliberal mantiene su vigencia gracias a la concentración de medios de comunicación en manos de una derecha confesional, conservadora y violentista, que inventa fetiches del tipo “Perú país minero” o “inversión privada igual a crecimiento”, con otras agresiones mediáticas creando el imaginario de una amenaza terrorista, o la lucha contra las drogas, el crimen organizado y actividades ilícitas para legitimar la criminalización de la resistencia, de las movilizaciones socio-ambientales, o la lucha indígena en defensa del territorio, del agua limpia, de la agricultura y los bosques, de sus saberes, derechos y cultura andino-amazónica.

En este contexto, la captura corrupta del Estado está en disputa. Los combates se dan en torno al poder judicial y el Congreso. En la primera institución existen avances sustantivos y tocan a la izquierda light y también a otra con tradición corrupta (caso de Patria Roja). Los izquierdistas, como el exgobernador Gregorio Santos o la exalcaldesa Susana Villarán, fueron encarcelados; Vizcarra tiene decenas de procesos y su exprimer ministro, César Villanueva, tiene prisión preventiva. El suicidado Alan García, sobre el que quedó palmariamente demostrado que recibió enormes cantidades de dinero de la división de sobornos de Odebrecht, es el caso más emblemático junto al de otro expresidente (Alberto Fujimori). Otros expresidentes: Alejandro Toledo (en Estados Unidos), Pedro Pablo Kuczynski y la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y Ollanta Humala, están en camino a la prisión. Y son muchos más políticos corruptos en las altas esferas, en los gobiernos regionales y en los municipios. Gustavo Gorriti ilustra lo anterior así:

Las investigaciones revelaron no sólo la corrupción dentro del Estado, sino en las principales empresas del país y en sus gremios; entre varios de los principales estudios de abogados; en la médula misma de prácticas creadas para, supuestamente, eludir la ineficiencia y corrupción judicial, como el arbitraje. Desde el principal banquero del país, llevando a escondidas, en maletines, millones de dólares no declarados ni contabilizados, como un doleiro más, hasta abogados de presunta rectitud participando en arbitrajes de sistemática corrupción; mientras otros, gracias a coimas, traicionaban a sus clientes; empresarios y empresas de construcción nacionales tan cartelizados y corruptos, en su escala, como lo fue Odebrecht y las otras empresas de Lava Jato. Fiscales y jueces, sobre todo los primeros, forman parte de organizaciones jerarquizadas y tradicionalmente corruptas. ⁴

Estamos ante una lucha muy compleja, con avances y retrocesos; muy articulada a la definición de la correlación de fuerzas en el Congreso y —en año y medio— a los cambios que se esperan en el ejecutivo. La delincuencia institucional y la económica no puede ser desestimada, la lumpen burguesía sigue fuerte articulada a la CONFIEP, mantiene lazos con Estados Unidos y otras potencias europeas, y con Canadá en la vanguardia minero-empresarial; controla los organismos electorales y muchas instituciones. Esta corrupción se deriva de la propiedad privada, de la concentración de la riqueza, de la apropiación de la tierra y los recursos naturales, del despojo y el rentismo sobre bienes naturales como petróleo, minerales, agua, tierra, biodiversidad y aire. Deriva de la Constitución y las leyes, como la ley de productividad y competitividad, así como la ofensiva sobre las políticas sociales, los derechos conquistados y la política fiscal y tributaria antipopular con impacto en la distribución del ingreso, profundizando la pobreza y la desigualdad social, así como la ofensiva que proporciona ganancias extraordinarias por la sobreexplotación en las grandes empresas y mediante la apropiación de la plusvalía social recaudada por el Estado y por los corruptos privados y públicos. La colonización y homogenización de nuestros saberes y sentidos ha logrado que se naturalice la corrupción. El mismo Gorriti agrega sus preocupaciones sobre el desenlace del combate judicial:

Esa corrupción se sigue conociendo a través del caso Lava Juez. Zoraida Ávalos se convirtió en fiscal de la nación. Ella apoya al Equipo Especial pero enfrenta a tres de cinco fiscales supremos (Chávarry, Gálvez y Rodríguez Monteza) en contra del Equipo Especial y de ella. Es un balance precario dentro del que se mueven funcionarios y grupos que no obedecen a Ávalos sino a la troika tóxica. En el poder judicial hay un equilibrio igualmente precario. El caso Lava Juez sacó a varios de los jueces corruptos, pero ciertamente no a todos. Los que han quedado mantienen un perfil cuidadosamente bajo, en busca de circunstancias propicias. Hay también, y ese es un factor muy importante, un porcentaje de jueces y vocales honestos, que podrán jugar un papel mucho más importante en el futuro.⁵

Nos consuela que aún existe un débil enraizamiento de gente honesta y emancipatoria en espacios político-sociales, en los territorios y en las dinámicas cotidianas de vastos sectores sociales y que persiste en desarrollar una cultura política emergente democrática, que opta por la participación y la lucha, por su multiplicación de la acción política. Si se respetase el voto nulo-viciado-en blanco en un país que no cree más en la política y en los políticos oficiales y que ni siquiera se preocupa por conocer a los candidatos, seguramente estas elecciones se anularían. Pero todo está bien diseñado desde hace años.

Notas