Este jueves 12 de diciembre continua la protesta en Colombia que ya completa 22 días de grandes movilizaciones diarias en más de 500 municipios del país siendo Bogotá el escenario de mayor movilización que tuvo un hito cuando más de cien artistas promovieron un concierto denominado “Un Canto por Colombia” este domingo 8 de diciembre en el que de manera festiva participaron cientos de miles de manifestantes que concurrieron para dar continuidad al Paro Nacional que comenzó este 21 de noviembre. Y es que una de las características de la movilización es la diversidad de sus participantes que desborda a los convocantes iniciales de la movilización en que se encuentra el llamado Comité Nacional del Paro que reúne a las tres centrales sindicales, al movimiento estudiantil con sus tres organizaciones nacionales, a la organización nacional indígena, a las organizaciones afrocolombianas, a las organizaciones ambientalistas, a colectivos feministas, la Mesa de Unidad Agraria, LGTBI, a las organizaciones médicas y en general a las principales organizaciones sociales del país.

Justamente el principal reto de la jornada de protesta es cómo integrar y dar representación a los cientos de miles de manifestantes que no están en las organizaciones convocantes y que en general no están organizadas pero si muy activas en la movilización. Hasta ahora el Comité Nacional del Paro consciente de esta realidad impulsó los días 6 y 7 de diciembre en la sede de la Universidad Nacional un encuentro amplio para discutir de manera abierta con los manifestantes y sus colectivos los 13 puntos del pliego del Paro en que se pretenden condensar las reivindicaciones tanto de mediano plazo como las más inmediatas, temas estratégicos que tienen que ver con el modelo neoliberal imperante y la necesidad de introducir cambios al mismo que en estricto sentido se trata de reformas que deben plasmarse en políticas públicas en torno a las pensiones, la salud, la explotación de los recursos naturales, el tránsito de la economía basada en los combustibles fósiles a una matriz de energías limpias, para mencionar los más significativos.

Pero hay otros que se refieren a reivindicaciones inmediatas tales como por ejemplo el cumplimiento de los Acuerdos de Paz suscritos por el Estado y refrendados en distintas leyes y reformas constitucionales que marchan muy lentamente pues con el triunfo de la extrema derecha los acuerdos sobre todo en materia de reformas sociales y políticas se han visto afectados y no se avanza en los mismos por la oposición del uribismo en el gobierno en temas como la reforma agraria que debería formalizar la propiedad de campesinos colonos sobre 10 millones de hectáreas y la creación de un fondo con 3 millones de hectáreas para distribuir de forma gratuita entre las víctimas del conflicto armado y campesinos sin tierra así como el programa se sustitución concertada con los cultivadores de coca que se acogieron al programa.

Son unas 120 mil familias en total de las cuales 79 mil familias han firmado convenios para erradicar voluntariamente estos cultivos ilícitos, aquí el problema es que se no han presupuestado los recursos suficientes para cumplir con los convenios, se requiere aforar unos dos billones de pesos por año y apenas se han reservado recursos por cerca de un billón de pesos con consecuencias muy negativas para las familias que se acogieron a estos programas. Lo propio ha ocurrido con las reformas políticas pactadas en los acuerdos. En esta materia se han aprobado y puesto en marcha reformas que beneficiaron a los ex combatientes de las FARC que han conformado su partido político y hoy cuentan con representación en el Congreso con 10 curules, se aprobó y se puso en marcha el Estatuto de la oposición pero las reformas políticas entregadas por la Misión Electoral Especial, MEE, surgida en los Acuerdos de La Habana entregadas desde el mes de abril de 2017 y que contempla reformas en el sistema electoral para hacerlo más transparente y democrático, reformas a la forma de financiamiento de la política y un nuevo diseño electoral territorial no han sido siquiera impulsadas pese a que la MEE entregó no solo un informe sustentado sino los proyectos de reformas constitucionales y legales que deberían ser aprobadas y que ni siquiera fueron presentadas de manera integra a consideración del Congreso de la República. Una tímida reforma debió de ser hundida ante la propia denuncia de la MEE que señaló que esta reforma era contraria a la presentada por ella. Así se hundió ese primer intento y de ello ni siquiera se habla en el gobierno y mucho menos forma parte de su agenda legislativa. Justamente el paro nacional contempla en uno de sus 13 puntos que se cumplan los acuerdos en esta materia así como en las políticas de reparación integral a las víctimas que también han sido desconocidas por el actual gobierno.

También se encuentran en los puntos del pliego de peticiones la exigencia de retiro del proyecto regresivo de reforma tributaria que ya ha sido aprobado en las comisiones del Congreso de la Republica y que tiene como principal contenido la exención de impuestos a los empresarios y castiga con nuevos impuestos y retenciones a la clase media. Las exenciones suman 10 billones de pesos a los empresarios mientras apenas contemplan recursos por cerca de 3 billones de pesos para políticas sociales compensatorias como la rebaja de la contribución a la salud para los jubilados que devengan el salario mínimo o la devolución del Impuesto a las Ventas, IVA, para el 20% más pobre de la población que no estaba contemplada en el proyecto que originalmente presentó el gobierno y fueron introducidas a última hora como respuesta al Paro Nacional en curso. La exigencia de las movilizaciones es el retiro del proyecto que no ha sido atendido hasta ahora por el gobierno y que como ya se indicó y en abierto desafío a las movilizaciones se aprobó en comisiones y ahora se encuentra a consideración de las plenarias de ambas cámaras lo que ha fortalecido la movilización y el rechazo a la misma. El pulso de la calle contra el gobierno se ha trasladado al Congreso. Aún y a pesar del respaldo del partido Cambio Radical el gobierno no cuenta con amplias mayorías para su aprobación dado el rechazo de la bancada del partido liberal y de la bancada alternativa. Lo más probable sin embargo sea su aprobación a cambio de la cual vendrá un rediseño del gobierno hasta ahora solo en manos del partido Centro Democrático, el partido Conservador y los partidos cristianos. El gobierno cree que dando participación burocrática a los partidos hasta ahora declarados en independencia mejorara la gobernabilidad para contar con mayorías en el Congreso de la República para aprobar sus políticas. Su respuesta es cortoplacista a las demandas del movimiento en las calles. El riesgo para los partidarios del régimen es que la crisis se traslade a la contienda electoral como ya viene sucediendo.

En afecto la crisis del régimen y sus partidos se ha venido manifestando en las más recientes elecciones. Por primera vez en la historia reciente del país un candidato de izquierda, Gustavo Petro, pasó a la segunda vuelta electoral conquistando más de 8 millones de votos, el 44% del total de la votación, para derrotarlo todos los partidos del régimen tuvieron que unificarse alrededor del candidato del Centro Democrático que para atraerlos recogió el discurso más radical de la extrema derecha y planteo un discurso más moderado el cual por cierto no ha sido aplicado.

Las muestras de independencia de los llamados partidos independientes con respecto al gobierno de Duque también se debe a que una vez ganadas las elecciones Duque los dejó por fuera del Gobierno y justo lo que quiere ahora en medio de la movilización es llamarlos a que formen parte del mismo, pero, algunos de ellos temen al castigo del electorado como ya sucedió en las elecciones regionales recientes en que los partidos del Gobierno fueron ampliamente derrotados y el más golpeado fue justamente el Centro democrático de Uribe y Duque. A partir del 1 de enero próximo las principales ciudades del país y unos cinco departamentos serán gobernados por fuerzas alternativas. En las elecciones regionales volvieron a votar unos 8.5 millones de colombianos por partidos alternativos y coaliciones de los mismos, ratificando ese electorado que acompañó y voto a Petro en las elecciones presidenciales de junio de 2018.El temor del régimen es que la protesta de la calle se traslade a las elecciones presidenciales del año 2022 lo cual es muy probable que suceda. Ese es el miedo del régimen y ese miedo está fundado en los más recientes resultados electorales.

El manejo desacertado de gobierno a la protesta ciudadana alimenta y convierte en realidad ese riesgo. Desconcertado y desconectado de las exigencias ciudadanas expresadas en las más recientes movilizaciones apenas se ha atrevido a plantear una “Conversación Nacional” alrededor de seis temas que son más del interés del propio gobierno que de las reivindicaciones que se plantean en la calle. Hasta ahora los intentos por acercarse al Comité Nacional del Paro no han sido sino eso, intentos, pues las tres reuniones hasta ahora realizadas han terminado en nada al negarse el gobierno a abrir una mesa de negociaciones con un temario definido y una metodología que les confiera a sus conclusiones carácter vinculante que es la exigencia del Comité del Paro. El gobierno se ha negado a darle ese carácter a la mesa y mientras ello no ocurra no habrá un levantamiento de la protesta.

Este próximo viernes está prevista una cuarta reunión pero la dificultad para avanzar tiene que ver con este punto. Si el gobierno no cede no habrá negociación. En realidad a lo que juega el gobierno es al desgaste y debilitamiento del movimiento. La temporada decembrina ayuda a esta estrategia, pero, dependerá mucho de los promotores del paro que así lo entienden y por ello han planteado unas últimas movilizaciones que buscan el hundimiento en el Congreso de la regresiva reforma tributaria y un receso para reemprender el camino de la movilización con un gran encuentro nacional programado para el 30 y 31 de enero próximos en que se busca ampliar la representación de la inmensa base social movilizada y que no se siente representada en el Comité Nacional del Paro. Este encuentro es sumamente importante para la ampliación y legitimidad del Comité del Paro que según recientes encuestas es respaldado por el 47% de los consultados.

La estrategia del gobierno además de jugar al desgaste del movimiento consiste como ya se indicó de un reacomodo y rediseño del propio gobierno dándole participación burocrática a los partidos llamados independientes con lo cual busca ganar mayorías en el Congreso para sus políticas que ya no serán las agresivas reformas que se anunciaron y que buscaban profundizar el modelo neoliberal vigente, habrá algunos intentos reformistas pero ahora limitados. La protesta ya ganó en esta materia al obligar al retiro de los proyectos más regresivos, la puja se ha trasladado ahora a las reformas ya no para avanzar en la aplicación del modelo sino por el contrario el desmonte de las políticas más regresivas del modelo puesto en marcha en los últimos 30 años en el país. Y esa lucha no solo está en las calles sino que ella se ha trasladado a la contienda política. Lo que se requiere ahora es la conformación de un amplio frente social y político que conecta a la calle con la construcción de una alternativa política de cara a las elecciones presidenciales del año 2022. Ese es el reto.

Bogotá 12 de diciembre de 2019.

-Pedro Santana Rodríguez es director de la www.sur.org.co/">http://www.sur.org.co/">Revista Sur (Colombia)