A estas alturas, y tal como ha ocurrido en otros países de América Latina, en materia económica se han impuesto en Ecuador las consignas de las cámaras de la producción, la visión ideológica de influyentes analistas económicos ortodoxos y las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional (FMI). Bajo esas orientaciones, las únicas políticas económicas admisibles se traducen en un esquema muy simple: achicar el tamaño del Estado y su déficit, reducir los impuestos, flexibilizar el sistema laboral regulado y confiar en los capitales nacionales y extranjeros, como supuestos forjadores del progreso, la modernización y el bienestar colectivo.

 
Convertido en dogma, el modelo neoliberal-empresarial ha llegado a tal límite que no admite experiencias históricas, visiones alternativas, resultados en otros países y criminaliza las reacciones sociales. Para sus promotores, todo el país debe entender que hay que hacer “sacrificios”, que las medidas son “inevitables”, que los ajusten son “necesarios” y que debemos “abrirnos” al mundo, o simplemente “crecer” para luego poder “redistribuir”. No es más que falacia y palabrería.

 
Sin embargo, desde la perspectiva histórica, ya existieron otros momentos comparables con lo que hoy se denomina “neoliberalismo”. Así ocurrió durante la “época plutocrática” (1912-1925), de absoluto predominio empresarial, con hegemonía bancaria, sin impuestos directos, un Estado raquítico y subordinado a la oligarquía, sin leyes laborales protectoras ni seguridad social. Era el país de los “gran cacao”, subdesarrollado, con elites enloquecidas por el dinero y trabajadores pobres y campesinos e indígenas miserables. La economía del auge bananero (1948-1964) igualmente descansó en la hegemonía privada, aunque algo avanzaron ciertas capacidades estatales. Y el período 1983-2006 fue el de auténtica consolidación del primer modelo neoliberal-empresarial, coincidente, además, con un desarrollo similar en América Latina bajo los condicionamientos del FMI y el pago de la deuda externa, que provocó, en toda la región, desastrosas consecuencias sociales y laborales, que pueden rastrearse en los estudios sobre la época y en las estadísticas oficiales. Pero, además, en Ecuador, esa vía económica ocasionó la desinstitucionalización del Estado, con 7 gobiernos entre 1996-2006, con una efímera dictadura y los únicos 3 gobiernos elegidos, pero derrocados.

 Desde la perspectiva constitucional, fueron las Constituciones de 1929, 1945 y 1978 las que introdujeron las bases para una macroeconomía que aceptaba el intervencionismo estatal y la promoción social mediante obligatorias políticas públicas. La Constitución de 2008 recogió, amplió y desarrolló esas bases, convirtiendo al Buen Vivir, en la avanzada de un modelo de economía social, que mereció el apoyo, mediante referendo, del 63.93% de la población (votó por el NO el 28.1%). El segundo modelo neoliberal-empresarial, iniciado en 2017 y con el retorno crediticio y condicionante del FMI, contradice las líneas económicas de la Constitución.

 Desde la perspectiva académica, hay suficientes estudios nacionales e internacionales que no solo demuestran las falsedades del neoliberalismo-empresarial, sino las graves consecuencias económicas y sociales de semejante “modelo”. 

 
Como en Ecuador hegemonizan los voceros del modelo neoliberal-empresarial, no solo porque su pensamiento y sus posiciones igualmente dominan en los medios de comunicación privados más influyentes, sino también porque su presión llega a ser exitosa en el Estado, los estudios de académicos y profesores ecuatorianos con visión alternativa, así como las investigaciones desarrolladas en instituciones relevantes como la Universidad Central, son simplemente marginados.
 
Si tanto menosprecio merecen, por lo menos habría que acudir a los más representativos autores e instituciones en el plano internacional. Pero también, obras como la de Thomas Piketty o las de Joseph Stiglitz (premio Nobel 2001), que desnudan una economía mundial al servicio del 1% de su población, parecen despreciarse olímpicamente por los ideólogos del neoliberalismo criollo; también parece que desconocen los trabajos específicos en historia económica de América Latina que han realizado Luis Bértola y José Antonio Ocampo, los de Tulio Halperin Donghi, Víctor Bulmer-Thomas, o los de Carlos Marichal, entre tantos otros autores que tratan sobre la trayectoria de la región, y que tienen particulares reparos sobre la “era” neoliberal, basándose en el examen de una formidable cantidad de fuentes.
 
El estudio de Timon Forster y otros, “How structural adjustment programs affect inequality: A disaggregated analysis of IMF conditionality, 1980–2014” (https://bit.ly/33DnhwI) comprobó el agravamiento de la inequidad en 135 países donde actuó el FMI. Otro, de A. Kentikelenis, T. Stubbs y L. King, “The IMF has not lived upto its own hype on social protection” (https://bit.ly/37N2hXr) desmontó la palabrería del FMI y su supuesto apoyo a los programas de salud, educación y bienestar. Un reciente artículo de I. Ortíz y M. Cummis, “La locura de la austeridad” (https://bit.ly/2OAKHyt-11/10/2019) pormenoriza sobre las graves consecuencias que han tenido la reducción del gasto y de las inversiones estatales particularmente en las áreas sociales, en un amplio conjunto de países que creyeron en esa receta fondomonetarista y neoliberal. Y otro más, de Isabel Ortíz, “More Austerity for Developing Countries: It´s Bad News, and It´s Avoidable” (https://bit.ly/2OwK6xt-25/11/2019), insiste sobre las consecuencias perjudiciales de la “austeridad”, citando incluso las protestas ocasionadas a inicios de octubre en Ecuador.

 
 Si no se quiere apostar por los autores extranjeros -y peor por los nacionales-, al menos los ideólogos del neoliberalismo-empresarial criollo podrían acudir a las reconocidas instituciones internacionales, pero tampoco parece que se dedican a ello. El Banco Mundial (BM) publicó un Resumen sobre Ecuador el 11 de abril de 2017 [en su página el link está archivado], en el que afirmó, que entre 2006 y 2014 Ecuador tuvo un crecimiento promedio del 4.3%, lo que permitió expandir el gasto y la inversión pública, que favoreció la disminución de la pobreza del 37.6% al 22.5% y el coeficiente de Gini del 0.54 al 0.47; sin embargo, afirmó el BM, hay el “riesgo” de pérdida de esos logros, porque entre 2014 y 2016 el desempleo urbano aumentó de 4,5% a 6,5% y el subempleo urbano del 11,7% a 18,8%, aunque el coeficiente de Gini y la pobreza se mantuvieron estancados.

 
El reciente “Panorama Social de América Latina 2019” de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, https://bit.ly/2spo6vT), comprueba, igualmente, que a partir de 2014 la desaceleración llegó a la región; pero, sobre todo, que la desigualdad recuperó la tendencia. Hasta 2018, en Ecuador se amplió la brecha de ingresos entre el primero y el décimo decil, la estructura social afirmó su pirámide y aumentó la desigualdad por ingresos; la pobreza extrema alcanza el 7%, la no extrema el 16.7%, los sectores bajos no pobres el 30%, los medios bajos el 24%, los medios intermedios el 16.8%, mientras los medios altos el 3.8% y los estratos altos representan el 1.7% de la población. Los índices más bajos afectan a los estratos afroecuatorianos y, sobre todo, indígenas. Al mismo tiempo, el gasto social en el país (9.2%) es, actualmente, menor al promedio latinoamericano, que alcanza en América del Sur el 13.2%. 
 
No solo la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, sino todos los estudios de la institución en los últimos años insisten en que no se alcanzarán los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030 (ODS, https://bit.ly/2Hen33F) si se persiste en el camino económico de la desigualdad (la CEPAL se cuida de no hablar sobre “neoliberalismo”). Pero en esos mismos estudios se aboga, a veces en forma desesperada, por una economía social, que contemple la necesaria intervención del Estado para generar servicios públicos de calidad y universales (salud, educación, seguridad social, pensiones, vivienda), así como inversiones; la entidad, coincidiendo con los autores que he destacado e incluso con otras instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), insisten, constantemente, en crear OTRO camino económico, sobre la base de fortalecer las capacidades estatales, fuertes impuestos redistributivos de la riqueza (sobre ganancias, patrimonios, herencias y propiedades), así como de explícitas políticas de gasto e inversión social, que lucen como los únicos caminos posibles para generar no solo desarrollo económico, sino bienestar colectivo.

 
No es cierto, por tanto, que solo es posible tomar (por “inevitables”) un tipo de medidas económicas bajo las demandas provenientes de las atrasadas y conservadoras dirigencias de las cámaras de la producción y de las otras elites que respaldan sus propuestas. Si solo se siguieran, por ejemplo, las recomendaciones de la CEPAL, el panorama económico y social del Ecuador sería distinto.

Tampoco es cierto que frente al modelo neoliberal-empresarial lo que proponen los sectores alternativos del país es el “socialismo” o el “estatismo”. Ni la CONAIE, ni los dirigentes del FUT u otras organizaciones de trabajadores, así como tampoco las universidades que se han pronunciado sobre el tema, ni los profesionales y pensadores que comprenden muy bien las nefastas consecuencias del recetario centrado en privatizaciones, estrangulación del Estado, flexibilidad laboral, reducción de impuestos a favor de las elites y aliento a las inversiones del capital interno o externo sin responsabilidades sociales, han propuesto liquidar a las empresas o a la propiedad privada, ni tampoco cerrar los mercados externos o expulsar al capital transnacional. Todos plantean un tipo de economía social, desde distintos ángulos; pero coinciden en cuestionar, con sobradas razones históricas, económicas,  institucionales y hasta constitucionales, que el país se enrumbe por el modelo neoliberal-empresarial, que se ha demostrado nefasto en toda nuestra América Latina.

 
Para utilizar la estratificación realizada por la CEPAL, el 3.8% que corresponde al estrato medio alto y el 1.7% del estrato alto, concentran la riqueza del país. De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2019 hay 270 “grupos económicos”, compuestos por pocas familias y cadenas de empresas hegemónicas en Ecuador; 110 de esos grupos tienen una presión fiscal del impuesto a la renta (impuesto a la renta causado sobre total de ingresos) inferior al 1.5%, y solo 68 superan al 3% (https://bit.ly/2qWOPja). Y la polarización generada por la desigualdad social tiende a agravarse en el futuro. 

 Las elites que integran esta cúspide de la pirámide social ecuatoriana no están dispuestas a ceder en la imposición de sus intereses, de modo que la lucha de clases que han lanzado contra el resto del país indudablemente despierta reacciones sociales y movilizaciones populares. Es que no puede mantenerse, por largo tiempo histórico, un tipo de economía que solo actúa para el beneficio de pocos.

Ecuador, lunes 2 de diciembre de 2019   

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.

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