Los hechos vandálicos –“Cometer acciones destructivas contra la propiedad pública”– pasaron a formar parte del paisaje capitalino desde las marchas por la presentación con vida de Los 43, durante octubre-diciembre de 2014 y el primer trimestre de 2015, pero también en Chilpancingo (Guerrero), Morelia (Michoacán) y Tuxtla Gutiérrez (Chiapas).

El resultado fue el que buscaban los autores intelectuales y materiales –a sueldo o por convicción o una mezcla de ambos–, que la protesta de los padres de los normalistas desaparecidos disminuyera notablemente hasta convertirse en de unos cuantos miles, cuando reunieron multitudes superiores a la más grande movilización de 1968, la Marcha del Silencio.

Esto no lo digo yo, sino un profesional de las manifestaciones desde los años 60 o mejor dicho ex porque ya es septuagenario, y explica que el fenómeno del vandalismo y la violencia de grupos en movilizaciones es global.

Y acaso tenga razón, pero eso no obsta para subrayar que es notable el interés de las oligarquías por desviar la atención de los medios y las audiencias sobre las causas de la inconformidad social y política en Bolivia frente a los autores del golpe de Estado, Colombia, Chile, Haití, Honduras, Hong Kong, Irak y Líbano para que ocupen un lugar central los hechos vandálicos y la violencia de grupúsculos que se presentan como “anarquistas” y la mediocracia los maquilla como “radicales”, cuando esto significa ir a la raíz de los problemas.

Esta normalización mexicana de la actividad de los vándalos, que no es lo mismo que realizar “pintas” –como confunde Ana Paula Ordórica–, pareciera no inquietar a las convocantes y organizadoras de la marcha del lunes 25 con motivo del plausible Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mismo que debiera ser diario como conducta ciudadana, tampoco a las promotoras de la concentración del 16 de agosto en la Glorieta de los Insurgentes que hasta hoy voceras justifican las actividades de los supuestos anarquistas, pero también de las activistas que destruyen mobiliario público parapetándose en que son jóvenes, que están indignadas, hartas y que vale más la vida de una mujer que las piedras del Ángel de la Independencia y otros monumentos de Paseo de la Reforma.

Reclaman que si las autoridades cuidaran las vidas de las mujeres como protegen a los monumentos, otro sería el resultado. Todos los monumentos de Reforma están en estado lamentable, como la seguridad de la vida y la integridad de las mujeres, pero también de los hombres, niños y adultos mayores, pues la inseguridad pública es el mayor y más complejo problema de la nación. Y afrontarlo con eficacia resulta imposible sin el concurso de toda la sociedad y las autoridades civiles, militares, religiosas, empresariales, deportivas...

Las organizadoras de las legítimas movilizaciones en contra de la violencia contra las mujeres harían bien en registrar que su principal batalla está en ganar a la opinión pública y publicada como vía para convencer y sumar partidarias y adeptos, donde todavía muestran cierto sectarismo para aceptarlos. Estrechez que también evidencian al deslindarse del feminismo, sus lideresas y pensadoras de las últimas cinco décadas, mientras contemporizan con el silencio y hasta la justificación frente a los provocadores y, además, muestran resistencia a asimilar como propios éxitos recientes de su lucha.

Así será harto difícil que logren romper con la pequeñez de sus filas, como lo muestran las cifras oficiales y las propias, que arrojan 10-12 mil mujeres movilizadas en todo el país.

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