El pasado 21 de noviembre el pueblo colombiano salió masivamente a las calles, en proporciones nunca antes vistas, en aproximadamente la totalidad de las ciudades del país desde la Guajira hasta Leticia, desde Buenaventura hasta Cúcuta en contra del denominado paquetazo de Iván Duque, la OCDE, BM y FMI.

En Colombia se vive un proceso de disputa entre las clases subalternas y el gobierno nacional, en el cual el gobierno quiere imponer, incluso a sangre y fuego, sus políticas y visión de sociedad, en la que: 1) La sociedad es subordinada a las relaciones del mercado neoliberal; 2) El pueblo debe mantener una dinámica estoica, aletargada y diligente; 3) Se prioriza el capital y los privilegios de clase por encima de la vida y la dignidad; 4) Se cercenar la diferencia y se aniquila al diferente; 5) Se conserva el maniqueísmo, el odio y la exclusión como fuente de poder; y, 6) se debe callar ante el sonido aturdidor de una Colombia que se desborona.

Estas dinámicas que en Colombia y en gran parte de Nuestra América han sobrevivido desde la colonia, que se han reproducido desde la independencia y que se han intensificado en la etapa neoliberal debido a la relación directa con el imperio estadounidense, han conllevado a que nuestro continente sea uno de los más desiguales del mundo y que Colombia se posicione como el segundo país más desigual en todo el continente americano y se encuentre entre los 10 países más desiguales del planeta. (Monterrosa, 2017)

Esta desigualdad se concreta como una violencia directa contra el pueblo colombiano y se sustenta ante el aumento indiscriminado de la explotación, despojo, opresión y exclusión que se materializa por medio de una clase capitalista con características feudales y violentas, la cual se ha enquistado históricamente en las estructuras del Estado colombiano. Estado que según algunas instituciones es la democracia más antigua de América Latina, siendo para estas instituciones “democrático” el genocidio como práctica social, la exclusión de la política del 99% del pueblo colombiano, la desigualdad como gestión gubernamental, y la desidia y el odio como piedra angular del relacionamiento social y económico.

Débora Arango

Teniendo en cuenta esta breve introducción de las relaciones reinantes en Nuestra América y en nuestro país Colombia, hemos observado en los últimos meses un grito de ¡Basta ya! frente a tanto odio, a la exclusión política y social, a la política de guerra, a un sistema que beneficia al 1% de la sociedad, al racismo, al patriarcado, al sexismo, y al ecocidio como modelo de desarrollo, entre otras características funestas impuestas por medio de la violencia en nuestro territorio.

Bajo el Gobierno de Iván Duque, y su regente Álvaro Uribe Vélez, se ha atestiguado el aumento exponencial de la violencia en el país con aproximadamente 746 líderes y lideresas sociales asesinadas entre el año 2009 y junio del presente año, con un aumento solo en 2019 del 75% de la violencia contra las lideresas y líderes sociales en el país. (La opinión, 2019) Estos asesinatos y amedrentamientos son resultado de la puesta en marcha de una política gubernamental de guerra y en contra de la consolidación de la implementación de los Acuerdos de Paz.

La violación de los derechos humanos es una constante presente por parte del gobierno colombiano. Se vive en una constante zozobra debido a que la persecución a la oposición política es un pilar de la gestión del gobierno, al igual que la criminalización de la protesta aún cuanto es un derecho fundamental pero que se ha pretendido limitar por medio de su regulación legal, lo que se anuda a un contexto en el que se deslegitima todo proceso social, político y comunitario, y se pretenden invisibilizar, por medio del control de los medios masivos de comunicación y su relación directa de clase.

Un ejemplo de la violación permanente de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario es el caso denunciado ante el Congreso de la República en desarrollo de la moción de censura que se pretendía contra el exministro de Defensa Guillermo Botero, en donde se evidenció el asesinato de entre 8 y 18 niños y niñas en un bombardeo por parte del Ejército en la zona rural de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. Niños y niñas que fueron presentados como “bajas en combate” lo que trajo a la memoria del pueblo colombiano los casos de ejecuciones extrajudiciales del periodo 2002-2008 mal llamados “Falsos Positivos”. Un caso que sigue siendo rechazado después de conocer que según los relatos de los habitantes de la zona los menores que quedaron con vida fueron perseguidos y acribillados vilmente por las fuerzas militares. (Unidad Investigativa, 2019) Este bombardeo contó con el visto bueno del entonces Ministro de Defensa y del presidente Iván Duque.

Ante esta deplorable operación militar, el pueblo colombiano manifestó su total inconformidad que se evidenció en una presión pública por la cual el Ministro de Defensa presentó su renuncia, siendo homenajeado, reconocido y honrado por parte del Presidente Duque ante sus buenos oficios para el país, una total ironía. Este es uno de los cientos de casos donde se evidencia que el gobierno tiene un papel directo e indirecto en la violencia que asola el país.

Así mismo, las políticas económicas del gobierno de Iván Duque han desembocado en el empobrecimiento de las clases subalternas donde se privilegia los intereses de las elites económicas por encima de las necesidades de un país con grandes brechas sociales y con latentes necesidades de un gasto público que represente un mayor bienestar y satisfacción plena de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales en el país. (Gómez & Galindo, 2019)

Y, como si no fuera poco, con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la Ley de Financiamiento, el gobierno en manos de sus ministerios y en comunión con los tanques de pensamiento del gran capital colombiano como FEDESARROLLO y ANIF, entre otros, han delineado las nuevas reformas laborales, pensionales y de administración del erario público que van en detrimento de los derechos y dignidad del pueblo colombiano.