Convocado por las centrales sindicales, las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas, las organizaciones estudiantiles y de pensionados entre otras y con el respaldo de artistas, columnistas de opinión y muy diversos sectores de la sociedad civil, llegamos a la fecha en medio de una disputa por la legitimidad de la protesta que indudablemente se encuentra amparada en la constitución política de Colombia que en su artículo 37 la consagra. La protesta es un derecho constitucional que debe ser reconocido y garantizado por el Estado. No obstante en Colombia este derecho encuentra serias limitaciones por parte del poder que como en este caso busca por todos los medios deslegitimarla.

Desde su convocatoria realizada el pasado 2 de octubre ante los anuncios del gobierno de presentar por lo menos dos proyectos: uno en materia de pensiones con el propósito de establecer en Colombia un sistema único de ahorro individual y marchitar el sistema de prima media basado en la solidaridad intergeneracional, y por otro lado un proyecto de reforma laboral regresivo estableciendo el contrato por horas, o por días, cotización a salud y pensiones también por días, salario del 75% del salario mínimo para jóvenes menores de 28 años, mujeres mayores de 57 años y hombre mayores de 62 años. El mismo día del anuncio del paro de 24 horas dado a conocer por el Comando Unitario, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, radicaba en el senado de la República el proyecto de ley que contempla estas reformas en materia laboral.

Desde entonces el gobierno asumió la estrategia de deslegitimar la protesta aduciendo que no ha presentado ni tiene proyectos definidos en estas materias; con el correr de los días señaló que cualquier proyecto en estas materias debería ser concertado en la Comisión de Concertación, organismo consagrado también en la Constitución en donde toman asiento las centrales sindicales, los gremios empresariales y el Gobierno, el propio Duque concurrió a una de las reuniones de la Comisión para afirmar al final de la misma que es allí donde se discutirán los proyectos. La realidad es que con el anuncio del Paro y de las marchas el gobierno echó atrás en su estrategia, temeroso de que en Colombia se pueda presentar una movilización social como las que se presentan actualmente en el Ecuador y en Chile. Así que el paro anunciado logró por lo menos que el Gobierno en cabeza del presidente se echara atrás en el propósito de precarizar aún más las condiciones laborales de los trabajadores y las pensiones de miseria que pagan los fondos privados de pensiones basados exclusivamente en el ahorro individual, triunfo parcial que dependerá en el futuro de la fortaleza de la movilización que al momento de escribir estas notas comienza a desarrollarse en el país y que seguramente por los sectores que se han sumado será multitudinaria en muchas regiones de Colombia.

El paro en Popayán

En esa disputa por la legitimidad de la protesta el gobierno y el partido que ejerce hegemónicamente el gobierno, el Centro Democrático, han movido dos argumentos para tratar de deslegitimar la protesta. El primero argumentar que la protesta corresponde a una estrategia de desestabilización del Gobierno de Duque promovida desde el Foro de Sao Paulo que como todos sabemos es un Foro de debate y discusión creado por partidos de la izquierda sin estructuras ni capacidad para actuar de común acuerdo en la región, es un foro de discusión, sin mayor capacidad operativa en los distintos países, no obstante el Centro Democrático quiere presentar a este Foro como el instigador y organizador de la protesta de este 21 de noviembre negando de paso la capacidad y la legitimidad de los movimientos sociales colombianos para convocar y realizar una protesta que tiene origen en las pretensiones del Gobierno de Duque de profundizar en medidas del modelo neoliberal aconsejadas además por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE que lo han hecho de manera pública en sus “recomendaciones” recientes al gobierno.

El segundo argumento es el de mover el miedo a los actos de violencia que podrían presentarse en el desarrollo de las marchas, se señala que la protesta esta infiltrada y derivara en actos vandálicos. En las redes sociales circulan videos de encapuchados que amenazan con la destrucción de bienes públicos como estaciones del metro en Medellín o estaciones de transmilenio en Bogotá. Se busca entonces generar miedo para inhibir a la gente a salir a la protesta. El día previo, este miércoles, fueron allanadas y detenidas una veintena de locales y personas que tuvieron que ser dejadas en libertad por los jueces pues no encontraron las armas y los artefactos que según las autoridades de policía que las practicaron se encontraban en esos lugares. Todo ello se adobó por parte del Gobierno con un decreto presidencial de orden público que faculta a los alcaldes para imponer restricciones a la movilización ante posibles perturbaciones del orden público. Todo ello encaminado de manera antidemocrática a desestimular la protesta ciudadana.

Pensionistas presentes en el paro

La verdad es que sobran motivos para la protesta. El desempleo, la precarización de las condiciones y de los salarios que no ha cesado de crecer o se mantiene como producto de la aplicación del modelo neoliberal, la ausencia de políticas públicas que favorezcan a los millones de campesinos medios y pobres, el ataque a las comunidades afros e indígenas, el asesinato de los líderes sociales, ya superan los 800 desde noviembre de 2016, el asesinato de los excombatientes de las FARC que ya suman 168 desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016. El incumplimiento de los acuerdos de Paz suscritos por el Estado con las guerrillas y los anuncios de profundización del modelo neoliberal son motivos más que suficientes para salir a protestar. Esas son las verdaderas razones y las causas de la movilización. A ello se suma el desgobierno de Duque que ganó en buena medida por el miedo inoculado desde el bloque en el poder al castrochavismo en la campaña electoral que le permitió ganar con cierta holgura pero que ante el desastre de sus políticas ha venido perdiendo apoyo al punto que todas las encuestas apenas le dan una aprobación del 26% de los encuestados y con una imagen negativa del 69%.

Ahora el reto es para las organizaciones y movimientos sociales que han estado a la defensiva durante todos estos años. Deberán afinar sus propuestas ante el paquetazo neoliberal de Duque que si bien tuvo que retirarlo así sea temporalmente no cejara en sus intentos por imponerlo. La unidad y la coordinación de las fuerzas subalternas serán claves así como la defensa de lo poco que viene quedando del Estado Social de derecho desmantelado por los gobiernos desde los años noventa del siglo XX. Ese es el reto mayor y un segundo reto es el de las fuerzas políticas alternativas que tuvieron un resonante triunfo en las recientes elecciones regionales. No solo deberán gobernar bien en los territorios en los que ganaron sino que deberán superar su fragmentación, los caudillismos y personalismos que dominan en sus prácticas. La garantía del triunfo y de la derrota de las políticas neoliberales dependerá de la capacidad de confluir, de unirse de cara a las elecciones del año 2022 que está a la vuelta de la esquina. La unidad que se respira en los movimientos sociales de las clases populares deberá trasladarse a la esfera política. La unidad del centro izquierda es clave para la contraofensiva democrática. No hay otro camino. Hay que empeñarse en construirla.

Bogotá 21 de noviembre de 2019

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)