Chile protagoniza un estallido social casi sin precedentes en su historia. Analistas, observadores y políticos de todo el mundo fueron tomados por sorpresa, casi nadie esperaba una cosa así. Ello hizo carne de manera tan notoria en el mismísimo Presidente Piñera: el 8 de octubre dijo que “Chile parece un oasis porque tenemos una democracia estable”; doce días después comunicó a los chilenos y chilenas que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”; y el 22 de octubre pidió perdón a la ciudadanía por no saber interpretar lo que ocurría. Una lectura con extremos argumentales que se repelen mutuamente y que puestos en boca de una misma persona sugiere -al menos- cierto desquicio de su dicente. Ese rasgo parece confirmarse en la respuesta política del gobierno de Sebastián Piñera a la movilización social: despliegue represivo, cambios en el gabinete y el impulso de un débil paquete social sin elementos de cambio estructural; una síntesis que lo muestra sin más respuesta que el uso de la fuerza para mantener el statu quo, que es lo que precisamente la sociedad cuestiona.

No caben dudas sobre el origen del movimiento ciudadano: la situación económica social que afecta a gran parte de la población de Chile. Ello se ha expresado en una definición-consigna muy escuchada: “No más abuso”. Sin embargo, dicha realidad contrasta severamente con la prevalencia de ciertas ideas esgrimidas por la corriente dominante sobre la cuestión del desarrollo económico social de Chile y con el diagnóstico-corolario que trajo aparejado: la idea de que el neoliberalismo -en el sentido del “Washington Consensus”- puede ser un camino viable y exitoso para el desarrollo.

En este artículo se revisarán algunas características de la evolución de ese país que dan cuenta de la fragilidad estructural del tipo de desarrollo a que dio lugar. Ello nos permitirá identificar a grandes rasgos lo que está en crisis en el Chile de hoy. En términos generales entendemos que lo que cruje es el tipo de capitalismo que se desarrolló allí. Esa forma combina tres aspectos fundamentales: el modelo económico productivo, el régimen de bienestar y el ordenamiento político jurídico, una trilogía que en la práctica se encuentra tenazmente imbricada y que observa -en este caso- cierta congruencia interna. Argumentaremos que dicha construcción, puesta sobre las espaldas de la población, generó una opresión económica individual y familiar de tal magnitud que acrecentó la fractura política entre dominados y dominantes, con un movimiento que muestra tener conciencia de la necesidad de una refundación constituyente.

Uno. Algunos rasgos de la situación macroeconómica de Chileⁱ

La trayectoria macroeconómica de Chile ha mostrado ciertos indicadores positivos: crecimiento económico, baja inflación y reducción de la pobreza. Aunque menos conocidos, del relevamiento de su evolución también surgen indicadores preocupantes. Veamos.

1. Se trata de una economía que en los últimos 45 años ha crecido a un buen ritmo en relación a los países de América Latina: un promedio de 2,8% per cápita anual, observando sólo 4 años de recesión. Esta evolución del PBI ubica a Chile en el top de la región, es decir, la posicionó como el país “más rico” de América Latina.

2. Con un nivel de inflación que en los últimos 30 años ha sido del 5,8% promedio anual, reduciéndose en los últimos 10 años a 2,7% promedio anual.

3. Con una evolución de la pobreza que muestra una clara tendencia hacia la baja desde el retorno de la democracia en 1990. Una pobreza por ingresos que, según el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, alcanza el 8,6% y una pobreza multidimensional del 20,6% (ambos para 2017); aunque dichas cifras no sirven para realizar comparaciones internacionales pues cada país usa su propia metodología para determinar la pobreza.

4. Un país que se transformó en un enclave exportador/importador: en 2018 vendió al exterior un 28,8% PBI (bienes y servicios), un 46,6% de esas ventas correspondieron a minería. Es decir, supo ganar presencia en los mercados internacionales en la colocación de su producción; aunque en paralelo es también importador-intensivo, pues éstas representaron un 28,7% PBI.

5. En los últimos 8 años, el superávit de la balanza de bienes fue en gran parte compensado por un déficit recurrente en la balanza de servicios. Si a ese resultado conjunto (bienes y servicios) se le suma la salida neta de divisas en concepto de renta, se tiene el resultado de la Cuenta Corriente, que fue siempre deficitario en el periodo 2011-2018. En 2018 hubo un déficit del 3,1% PBI. El movimiento más relevante es la salida de divisas originada principalmente por pagos de rentas de la Inversión Extranjera Directa.

6. La contrapartida del déficit de Cuenta Corriente es el superávit de la Cuenta Financiera, que genera una entrada de dólares que en términos generales ha logrado compensarla. La Cuenta Financiera se compone principalmente de tres tipos de flujos: Inversión Extranjera Directa, endeudamiento e Inversión de Cartera.

7. La Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión) alcanzó en 2018 un 21,3% PBI. Chile ha recibido cuantiosa inversión extranjera directa (IED), en el periodo 2012-2015 observó valores de entre 7,5% y 11,3% PBI. En periodo 2016-2019 se redujo sensiblemente, alcanzado un 2% PBI en 2018. La IED tiene tres componentes: reinversión de utilidades, endeudamiento y compras de capital; ello implica que hay que tomar las cifras con cuidado: para el año 2012 -por ejemplo- las compras de capital fueron el 32%. La acumulación de IED alcanza en 2018 los u$276.134 millones (93% PBI); generando, en ese año, un flujo de renta de u$11.663 millones (3,9% PBI). Dicha renta se descompone en un 48% en el sector minero y un 42% en servicios financieros.

8. A agosto 2019, Chile mantiene un endeudamiento externo del gobierno general reducido, cercano al 9% PBI; mientras que la deuda externa pública total (que incluye bancos y empresas públicas) alcanza el 18,6% PBI (unos u$57.719 millones). Por el contrario, el endeudamiento privado es voluminoso, cercano al 45% PBI, unos u$ 139.847 millones. El ritmo de endeudamiento se acrecentó en los últimos 12 meses: la deuda externa total (privada y pública) creció en u$19.554 millones, un 11% del stock a agosto 2018.

9. Lo anterior configura un alto endeudamiento empresarial, indicativo de una actividad económica fuertemente “apalancada”, que por ende debe pagar frondosos costos financieros trasladados -finalmente- al costo de vida de la población chilena.

10. Fuerte endeudamiento de las familias chilenas. A la fecha, el capital promedio adeudado por la familia chilena representa el 75% de su flujo de ingresos anuales, con una evolución siempre creciente.

11. En octubre 2019, la tasa de interés de referencia del Banco Central de Chile es del 2% anual. Las tasas medias de interés del Sistema Financiero son: para captaciones, del 1,99% anual; para colocaciones del 3.83% anual, ambas para plazos de 30 a 89 días. La tasa por colaciones de consumo, 20% anual.

12. El gasto público y la presión tributaria son de bajo tamaño en términos internacionales; ésta última alcanzó en 2018 el 20,2% PBI, mientras que el déficit fiscal fue de 1,7% PBI. La estructura tributaria tiene matriz regresiva y el bajo nivel de recaudación lo emparienta con las economías más pobres de la región.

13. Consolidación de una economía extractivista con signos de agotamiento. Indicativo de ello es que la productividad del trabajo se reduce en el tiempo: en los últimos 10 años fue de 1,4% promedio anual, lejos del 2,5% que verificó el mundo en ese periodo. El bajísimo nivel del gasto en Ciencia y Tecnología, un 0,36% PBI anual, muestra su escasa dinámica tecnológica.

14. Una fuerte concentración de la economía, con monopolios y oligopolios que dominan el universo productivo. 20 Grupos Económicos generan cerca del 53% del PBI. CELAG lo puntualiza de la siguiente manera: “En Chile las grandes empresas representan el 3,2% del total de empresas. Sin embargo, ellas concentraron el 81,6% de las ventas en 2015 y emplean al 53,6% del total de trabajadores. De estas empresas, el 75% son de exclusiva propiedad extranjera”ⁱⁱ.

15. El mundo del trabajo regulado en favor del mundo empresarial. A una tasa de sindicalización baja, que alcanza sólo el 20% del trabajo asalariado, se le suma la debilidad en la negociación colectiva, un efecto de la mencionada descentralización en la negociación por empresas y otros mecanismos regulatorios. Ello redundó en:

• una realidad salarial en la cual la mitad de los trabajadores con jornada laboral completa no están en condiciones de sacar a su grupo familiar de la pobrezaⁱⁱⁱ.

•  

• la conformación de mercados laborales precarizados, con alta rotación de la mano de obra^iv y profusas lagunas contributivas.

•  

• Chile en el Top 5 de países de la OCDE en cuanto a la cantidad de horas trabajadas (1.974 horas en año 2017).

•  

• La remuneración al trabajo asalariado alcanzó en 2017 el 42,0% PBI, un 3,7% menor a la observada en 2003 (43,7% PBI). Guarismos sensiblemente menores a los observados en la Argentina, que luego de una evolución económica recesiva y regresiva, alcanzó en 2018 el 47,4 %PBI.

17. A septiembre 2019 el desempleo fue de 7,0%, observando una tendencia levemente creciente en los últimos 6 años (5,7% en septiembre 2013). La tasa de informalidad laboral es del 28,5% (julio-sept. 2019).

18. Fuerte concentración distributiva y alta desigualdad: el 1% de la población con mayores ingresos se hace del 32,5% de los ingresos del país. El club de los “billonarios”, las personas que poseen un patrimonio mayor a 1.000 millones de dólares, posee una riqueza del 25% del PBI, un guarismo de los más altos del mundo. El coeficiente de Gini observa un valor indicativo de la alta desigualdad reinante en Chile: alcanza el 46,6.

19. Altas tarifas de servicios públicos. “En 2014 el índice global de rendimiento de la arquitectura energética del Foro Económico Mundial (WEF), posicionó a Chile como uno de los 13 países con las tarifas eléctricas más caras del mundo”^v.
    Las tarifas del agua, el transporte público y los alquileres, están entre las más caras de américa latina^vi.

Sin embargo, en esa evolución macroeconómica hubo periodos con sensibles diferencias en los resultados y los tipos de instrumentos desplegados. Ricardo Ffrench-Davis^vii identifica contrastes aún en el periodo de la dictadura militar. Respecto de dicho periodo, en 1990-2009 se produce un aumento sustantivo en la tasa de crecimiento económico per cápita (1,3% vs 3,7%) y en los salarios reales (75% entre 2009 y 1989). Esas diferencias fueron expresión de un cúmulo de “reformas a las reformas para corregir el modelo heredado de la dictadura”. Reformas laborales, reformas tributarias y medidas que aumentaron el gasto social; en paralelo a un nuevo enfoque macroeconómico para disminuir los impactos de la volatilidad financiera. Medidas que, sin embargo, no consiguieron “espacio para el desarrollo productivo del mundo laboral y de la pequeña y mediana empresa” (Ffrench-Davis, [2016]), un elemento clave que, según ese autor, resulta imprescindible para darle forma a otro modelo productivo.

En los 10 años subsiguientes a 2009 se sucedieron los gobiernos de S.Piñera, M. Bachelet y nuevamente S. Piñera, periodos que también reconocieron diferencias. Los gobiernos de Piñera han promovido la profundización del modelo productivo neoliberal, mientras que el gobierno de Bachelet intentó reformas en el sistema tributario, en la educación, al sistema de pensiones y la Constitución. Reformas que en su mayoría no llegaron a materializarse o no cambiaron la esencia del modelo.

Dos. Elementos centrales del modelo económico productivo chileno

El modelo económico productivo desarrollado en Chile fue resultado de una acción transformadora de la economía impulsada por la dictadura militar, pero que en sus rasgos centrales contó con la validación y profundización de los gobiernos elegidos democráticamente a partir de 1990. Luego del golpe militar de 1973, se impuso un nuevo orden económico basado en la apertura comercial y financiera, con especialización exportadora en productos primarios y privatización de amplios espacios de valorización. Dicho cambio estructural se afianzó con el despliegue de al menos dos esfuerzos claves:

• En primer lugar, señalamos el fomento de la gran minería y de la producción primaria, sectores que en el año 2018 representaron un 10% y un 3,6% del PBI, respectivamente. Ello conllevó la privatización del 70% de la extracción de cobre y la explotación intensiva de la Cordillera de los Andes. En paralelo se alentó con éxito el desarrollo de la industria vitivinícola, de la industria del salmón, de la industria de la fruta, de la industria pesquera, de la industria del papel, entre otras, en clave exportadora. El conjunto de actividades requirió el uso intensivo de agua y energía, recursos que fueron también objetivo de la mira privatizadora. La lógica aperturista fue llevada a tal extremo que Chile terminó suscribiendo tratados de libre comercio con países que suman unos 5.000 millones de habitantes. El arancel general de importaciones es del 6%, aunque dichos acuerdos de libre comercio han establecido un marco de desgravación que deja el arancel promedio efectivo de 0,81% (2018)^viii. Hoy se encuentra a las puertas de la aprobación parlamentaria del Tratado Transpacífico (TPP-11), acuerdo que avanza sobre la soberanía de Chile imponiendo un “proteccionismo corporativo” de las empresas multinacionales^ix.

• En segundo término, Chile construyó un sistema previsional basado en la capitalización individual, cuestión que permitió la acumulación de ahorros de los trabajadores chilenos en fondos administrados por las AFP, empresas mayoritariamente pertenecientes a la industria financiera internacional. Como veremos más adelante, esto implicó un cambio en el Régimen de Bienestar, pero también y por primera vez en la historia de Chile, la apropiación y administración de recursos previsionales por parte del sector privado. La capacidad de direccionamiento de dichos ahorros colocó a las AFP y sus grupos económicos -a su vez- en un lugar privilegiado entre sus pares, las distintas fracciones del capital. Esas empresas gestionan activos previsionales que en la actualidad representan un 80,6% del PBI. Ello también jugó su papel en el mercado de capitales: en 2018 la capitalización bursátil chilena (suma de los valores de las acciones) alcanzó 84% del PBI, la mayor de América Latina, superando también a países como Alemania e Inglaterra; una muestra tanto de la consolidación de los negocios transnacionales en Chile como del proceso histórico de inflación de los valores bursátiles.

Tres. Tipo de Estado y crisis del Régimen de Bienestar

El modelo económico chileno se imbricó también con una idea particular sobre el Estado: éste debe ser fuerte y mínimo. Fuerte en el sentido de tener la capacidad para mercantilizar y regular toda actividad que sea factible de ser apropiada y valorizada por el sector privado. “Mínimo” pues el Estado se desentiende de actividades que “los privados pueden hacer mejor”. Así, toda actividad económica factible de ser apropiada privadamente lo fue: la riqueza minera, la energía, el transporte, los peajes, el agua, los ríos (!). La inversión extranjera consiguió enormes privilegios para la entrada al país, logrando hacerse de las áreas claves de la producción chilena. En 2018, la remuneración pagada a los factores productivos extranjeros -neta de la que consiguen los nacionales en el exterior del país- alcanzó el 4,1% del PBI.

Asimismo, toda conducción política del Estado impulsa -por acción u omisión- un determinado tipo de “régimen de bienestar”. Este concepto abarca un conjunto de problemáticas: el contenido de las políticas sociales (objetivos, calidad y carácter de los beneficios), los servicios a los que acceden los distintos grupos sociales, el papel desempeñado por las familias y la regulación de los mercados laborales^x. Esa materia investiga “las estructuras sociales, las relaciones de poder, el tejido institucional y la construcción simbólica de diferencias” que según el sociólogo Carlos Barba Solano “resultan fundamentales para explicar o comprender (o las dos) tanto la producción como la reiteración de las desigualdades sociales”.

En este sentido entendemos que el Estado chileno construido desde 1973 es una muestra notable de consolidación de la impronta política liberal, que concibe el bienestar como “producto de las capacidades individuales de competir en el mercado. Por ello, las desigualdades sociales se justifican porque se considera que reflejan diferencias en los méritos, talentos y esfuerzos personales” (Barba Solano [2019]). Esa ideología del bienestar-individualizado se tradujo en una construcción institucional productora de desigualdad, en un Régimen de Bienestar de baja intensidad. Destacamos dos aspectos fundamentales de esa institucionalidad:

1. Una regulación de las relaciones entre trabajadores y empleadores, basada en el “Plan Laboral” impulsado por la dictadura militar. Un modelo que sucesivas reformas del mismo realizadas en democracia no han desarticulado y en cuyo núcleo central se refrendan fuertes restricciones a las organizaciones sindicales, a la negociación colectiva y al derecho de huelga. Se establecen múltiples trabas a la negociación y se limita a la empresa. La huelga -fuera de la negociación- constituye una falta disciplinaria. Además, se trata de un modelo normativo de relaciones laborales, basado en la fiscalización laboral del Estado (poder ejecutivo y poder judicial), que en la práctica tiene tal grado ineficiencia que fracasa esencialmente por no garantizar los derechos de los trabajadores^xi.

2. La privatización de tres funciones fundamentales del Estado de Bienestar: la educación, la salud y el sistema de pensiones:

• “Ningún Estado llegó tan lejos como Chile en materia de privatización de la educación” caracterizó Lucy Mckernan del Global Iniciative for Economic, Social and Cultural Rights^xii. El Foro Chileno por el Derecho de la Educación, señala que “Chile ostenta el sistema de educación más privatizado y segregado entre los entre los 65 países que utilizan la PISA”. La matrícula privada escolar llega al 60% (OCDE 18%). El 40% del gasto proviene de las familias mientras que en la educación superior llega al 76%. El régimen militar municipalizó las escuelas. Hoy el 70 por ciento de los estudiantes de escuelas municipales son de escasos recursos y el 75% de los alumnos de las escuelas privados son de hogares con mayores ingresos. El 87% de las familias “solo consideran escuelas frecuentadas por alumnos con características socio económicas similares para sus hijos”. Ello llevó a uno peores índices de integración socioeconómica. La educación primaria y secundaria fue municipalizada, lo que generó diferencias, municipio pobre escuela pobre. La matrícula universitaria es mayoritariamente privada, la universidad estatal no es gratuita. El corolario fue la exclusión educativa de vastos sectores de la población, mientras que para quienes logran acceder, la condena a soportar un altísimo costo, pagados por las familias o los futuros profesionales, que terminan sus estudios con deudas bancarizadas que pueden alcanzar los u$50.000; El gasto agregado en educación en Chile, es de magnitud similar al de Argentina, con una diferencia fundamental: en Chile casi la mitad de dicho gasto recae directamente en las familias. El neoliberalismo del gobierno de Ricardo Lagos creó el Crédito con Aval del Estado (CAE) para financiar la educación superior. “Entre 2006 y 2018 los bancos han entregado u$7.657 millones” a más de 870 mil estudiantes^xiii. Un verdadero “negoción” para los bancos. Organizaciones estudiantiles se han movilizado activamente para la condonación de la deuda y el cambio del sistema: educación pública.

• El Sistema de Salud: “A pesar de los positivos resultados generales en salud en el marco regional, Chile mantiene un sistema de sanitario segmentado por riesgos e ingresos, poco eficiente, que destaca por sus niveles de inequidad”^xiv. Es un sistema que se haya altamente mercantilizado. La “crema” de los trabajadores accede a través de prestadoras privadas (ISAPRES). Por primera vez en el año 2016 el presupuesto de salud pública, que atiende al 80% de la población, superó el gasto del sistema privado, utilizado por el restante 20%. Sumado ambos subconjuntos el gasto en salud alcanza un 8% PBI. El sistema se financia con una cotización del 7% de las remuneraciones aportada sólo por los trabajadores. La cotización media del sistema privado alcanza el 10% de las remuneraciones, pues adiciona una prima adicional en función del “riesgo esperado”. En 2015 el precio de las primas per cápita fue 3,5 veces mayor al de 1990. Ello significó una tasa de rentabilidad media de 30% anual para las privadas ISAPREs. Un sistema poco transparente, que “traspasa” los “clientes” de mayor “riesgo” al Fondo Nacional de Salud (FONASA): baja proporción de adultos mayores, menor proporción de mujeres, menor proporción de Población Económicamente Activa. Así hace más costoso el sistema público que tiene severas restricciones de cobertura.

• El Sistema de Pensiones: como se dijo, en 1981 la dictadura lo privatizó prometiendo tasas de sustitución del salario del 77% al 100%. Casi 40 años después brinda pensiones irrisorias, 35% del salario a hombres y menos de 30% a mujeres. Fue tal la desprotección, que en el año 2008 la presidenta Bachelet impulsó una reforma que otorgó prestaciones públicas, pero que resultaron también insuficientes. El sistema de AFPs no es un sistema de seguridad social. Es lo más parecido a un “esquema Ponzi”, que no quiebra por dos motivos: siempre tiene trabajadores que cotizan obligatoriamente y los pagos son una tercera parte de lo inicialmente prometido. El único beneficiado con ese sistema es la industria financiera. Los recursos afectados a la financiación del sistema de pensiones son de similar magnitud al de la Argentina, en torno a 8% del PBI. La diferencia es que en la Argentina esos recursos son puestos a disposición de los beneficiarios mientras que en Chile alimentan, además, las compras de instrumentos financieros administrados por las AFP y el altísimo costo de la industria financiera (AFP, Seguros de Vida, Fondos Mutuos extranjeros) que cobra la friolera de un 1% del PBI por participar del “negocio” previsional. Por otra parte, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad tienen un sistema propio, con gastos mayores a 1% PBI; es decir, un subconjunto relativamente pequeño de la población se queda con un 20% de la masa total de jubilaciones y pensiones pagadas anualmente^xv.

Joan Robinson, la economista inglesa discípula de Keynes y “no-premio nobel”, pensaba que el Estado debía encargarse de la Educación y de la Salud. El afán de lucro no debía meter su cola de diablo en esas actividades tan importantes para la vida de las personas. Pero el modelo chileno hizo lo contrario: con la privatización de los servicios sociales se construye una renta allí donde no la había. Esa renta es transferida al sector privado capitalista y se acrecienta cuando los mercados creados tienen ganancias monopólicas u oligopólicas.

Por último, esa práctica del Estado construye cierto tipo subjetividad social. Como sabemos, el Estado tiene esencialmente 3 dimensiones: es una estructura de poder, es un sistema de gestión y es un productor de identidades^xvi.  El Estado chileno, al conformarse como un “estado mínimo” que se desentiende de la educación y las pensiones, que regula a favor de las empresas y limita los derechos ciudadanos, contribuye al fomento de la racionalidad individualista, emprendedora y meritocrática, ideología propugnada por el poder real en Chile, que cumple la función de lubricar ese tipo de capitalismo.

Así concebido, el Estado licuó un carácter de igualador de diferencias, de redistribuidor del ingreso, que podría haber tenido. Y al hacerlo así, reproduce y potencia un patrón de desigualdad y opresión familiar. Por ello entendemos que un factor relevante de la crisis es la debilidad del Régimen de Bienestar instaurado en Chile.

Cuatro. Crisis del ordenamiento político jurídico

La Constitución política de 1980, elaborada por el régimen militar tenía un objetivo. Fernando Atria Lemaitre lo define de la siguiente manera^xvii: “El sentido de la Constitución de 1980 era crear lo que llamaban una “democracia protegida”. Lo “protegido” no era por cierto la democracia, sino el modelo político y económico de la dictadura militar. La manera en que esto se logró fue creando una institucionalidad política neutralizada, es decir, que no podía actuar para transformar dicho modelo…” Pero la forma de esa “neutralización no fue por la protección directa del modelo neoliberal sino indirecta: se trataba que las condiciones para poder tomar decisiones políticas fueran condiciones que en los hechos aseguraran que esas decisiones no transformarían el modelo neoliberal... Por eso el sistema binominal, por eso los senadores designados, por eso las leyes de quórum calificados”. Si bien ya no hay senadores designados y se logró cambiar el sistema binominal, que favorecía la proporción de los partidos de derecha en el total, la Constitución de la dictadura sigue vigente. Reformar los sistemas de salud, de educación o el de pensiones necesitan de quórums especiales, muy difíciles de reunir.

Entonces, con una Constitución que funciona como una camisa de fuerza que impide desprenderse de los condicionamientos neoliberales, que en la práctica hace imposible la reforma de sí misma; con una clase política que es vista como parte del problema, con altos salarios que producen escozor social y que quedó salpicada por casos de corrupción cuando salió a la luz el financiamiento empresarial a los partidos de derecha y centro izquierda (caso SOQUIMICH, caso PENTA); con una clase política que parece subordinada al gran empresariado^xviii; se hace evidente la existencia de cierto descreimiento en la política y su capacidad para transformar la vida de las personas.

Así, en la última elección presidencial (año 2017) votaron 7,0 millones de personas, mientras que 7,3 millones no fueron a votar. El 64% de los menores de 30 años no sufragaron. En segunda vuelta, 3,8 millones optaron por Sebastián Piñera, un 27% del padrón. La participación ciudadana en las elecciones es voluntaria, un triunfo de la ideología despolitizadora.

El devenir de Chile confirma a grandes rasgos que gobierne quien gobierne, el modelo económico no sufre cambios sustantivos. Puede ofrecer distintas tasas de crecimiento o programas redistributivos del ingreso, pero sin cambio estructural. Ello es congruente con el objetivo declarado por uno de los ideólogos de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, que dijo: “La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría…”^xix.

Por ello, entendemos que la incapacidad del sistema constitucional y del sistema político para permear las demandas de una población movilizada, pone en jaque el propio ordenamiento político jurídico. Lo pone en crisis.

Quinto. Consideraciones finales

Detrás del crecimiento económico y la baja inflación lograda por el modelo económico chileno, se descubre un continente de fragilidades. El análisis de la balanza de pagos, por ejemplo, muestra el alto grado de extranjerización de su economía, cuyo equilibrio externo depende de los flujos de capital: el endeudamiento, las compras de capital y la inversión extranjera. La renta que Chile paga por esa influencia es carísima, en 2018 6,4% PBI, una muestra de la condición hegemónica del sector transnacional, que busca profundizar esa renta. El acuerdo TPP-11 va en la dirección de ello pues es una manera de asegurar mayores espacios de valorización para las empresas transnacionales: comercio electrónico y compras del Estado, entre otros. No es casual que dos ex presidentes, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, breguen por su aprobación parlamentaria, dos ex presidentes con gestiones que profundizaron el modelo. El economista Gabriel Palma lo definió así: la firma del tratado es como una “utopía invertida” pues quienes lo apoyan no pueden ni imaginar lo que se hace, el daño que provocará en la economía chilena.

La mercantilización generalizada de las actividades y de la vida de los chilenos supuso también la consolidación de formas “extractivas de valor” por sobre actividades “creadoras de valor”. Esa dicotomía conceptual, cuya distinción hace Mariana Mazzucato en su reciente libro “El valor de las cosas”, toma cuerpo en Chile: la dimensión de las actividades del sector financiero y la toma de ganancias extraordinarias en los sectores con dominancia monopólica u oligopólica, moldean una faz rentística de su economía.

Además, y centralmente, la economía de Chile tiene en su eje en el enclave minero exportador que “crea valor” apropiándose de la riqueza natural. Ello resulta problemático en sí mismo y, además, tiene un límite físico. En paralelo, la tendencia hacia la reducción de la productividad, la existencia de bajos salarios, el uso intensivo del agua (que ya limita el consumo ciudadano) está indicando signos claros de agotamiento del modelo no industrial: no “derrama” la creación de actividades intensivas en generación de valor agregado, no “derrama” demanda de empleos calificados. Es una economía que no genera sectores con fortalezas tecnológicas, no fomenta la creación de un tejido industrial nacional, de pymes innovadoras. Todo ello tiñe de sombras el futuro de Chile.

Recientemente, el economista coreano Ha-Joon Chag lo ha dicho con todas las letras: mientras Chile no sea capaz de emprender su transformación productiva abriendo espacios a la industrialización, a la generación de actividades con valor agregado, está condenado. Su problema es que productivamente tiene una “diversificación horizontal limitada”^xx, es decir, no tiene mucho para ofrecer. El economista Roberto Pizarro lo puntualiza de la siguiente manera: “Los recursos naturales, que produce y exporta Chile, se están convirtiendo en un cuello de botella. Aunque son un negocio de altas ganancias para una minoría de grandes empresarios, estrechan la frontera productiva de la economía y su beneficio no se difunde al resto de la sociedad”^xxi.

Ese carácter ampliamente privatizado, concentrado, extranjerizado y extractivista de la economía chilena se cierne sobre la espalda de su población. Una población sometida a bajos salarios, precariedad laboral y alta desigualdad del ingreso, que además enfrenta una “cartera” de prestaciones sociales mercantilizadas, muchas de ellas convertidas en un seguro, con la consiguiente precarización del acceso a las mismas; una población endeudada, con alta cantidad de horas anuales trabajadas y alto nivel de empleo informal; con empleos que tienen alta rotación debido principalmente, a la búsqueda de mejores condiciones laborales. Es decir, un conjunto de elementos que presionan fuertemente los presupuestos familiares y la vida de las personas.

Si a ese modelo económico productivo se le suma un régimen de bienestar de baja intensidad y un sistema político sin canales capaces de permear eficazmente las demandas ciudadanas, el tipo de capitalismo que se desarrolló en Chile indujo el predominio de rasgos excluyentes de su población y la desigualdad, con erosión y apropiación capitalista de la riqueza natural; carga que resultó ser sencillamente insoportable para las familias chilenas. Esas contradicciones terminaron -finalmente- tensionando al extremo la democracia política. En definitiva, cruje la citada trilogía: cruje el modelo productivo, cruje el tipo de estado y cruje su ordenamiento político jurídico.

Como se sabe, la actividad económica se compone de tres dimensiones: producción, distribución y consumo. La movilización chilena muestra que la dimensión producción no se puede disociar de las dimensiones distribución/consumo. El crecimiento económico por sí solo no asegura la cohesión social, necesita distribuir sus beneficios entre la población toda. Pero en el caso chileno no se trata sólo de cambiar la forma de la distribución, de cambiar el régimen de bienestar; es más complejo, pues para hacerlo hay que modificar el modelo económico productivo. Y encima, para lograr todo ello hay que cambiar el ordenamiento político jurídico, la constitución, las leyes y las instituciones. Ello abre más preguntas y las primeras: ¿qué sujetos sociales podrán ser los pilares de esa transformación? ¿Qué tipo de salida podrá tomar curso? No lo sabemos a ciencia cierta. El gobierno de Sebastián Piñera -según Forbes, el rico número 804 del mundo, con 2.800 millones de dólares de patrimonio personal- apura hoy un Congreso Constituyente, que huele a cambiar algo para no cambiar la esencia. Pareciera entrar en modalidad “control de daños”. Así, el devenir está abierto, aunque -eso sí- en las espaldas de una población que, en las calles, suma poder ideológico y disputa poder político.

Buenos Aires, 11/11/2019

Notas