Las centrales sindicales, los movimientos estudiantiles, la minga indígena, organizaciones agrarias, la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, así como organizaciones afros han convocado para este próximo jueves 21 de noviembre un paro nacional y en ese contexto a una movilización nacional contra lo que los organizadores han denominado el “paquetazo de Duque” para referirse a las propuestas de reforma laboral, reforma al régimen de pensiones y el asesinato de líderes y lideresas sociales que ya suman más de 730 desde la firma de los acuerdos de paz entre el Estado Colombiano y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, suscritos desde el 24 de noviembre de 2016. También han sido asesinados 169 excombatientes de las FARC desde la firma de los acuerdos de paz.

En una situación caracterizada por un gobierno con los más bajos índices de popularidad, de acuerdo con la última encuesta de Invamer Gallup la aprobación del gobierno de Duque cuenta apenas con un respaldo del 26% y una desaprobación del 69%. Un gobierno que se sostiene en una coalición minoritaria en el Congreso de la República con un gabinete en donde hay una sobre representación de los gremios empresariales y el respaldo del Centro Democrático partido del expresidente Uribe en el cual milita el presidente Duque, con el respaldo del partido Conservador y de los grupos cristianos agrupados en el MIRA y Colombia Justa y libres, no ha logrado un respaldo mayoritario en el Congreso de la República.

Múltiples son los motivos existentes para protestar. Desde los años noventa del siglo XX el modelo económico que se implementó en Colombia fue el neoliberalismo como en el resto de América Latina. Se abrió la economía y como consecuencia se destruyó una parte muy importante del aparato productivo industrial, se privilegió el sector agro exportador y la gran hacienda en detrimento de las economías campesinas que no han sido respaldadas por el Estado como tampoco a la pequeña y mediana empresa. Pese a ello la economía campesina es la que provee cerca del 70% de los alimentos que llegan a la mesa de los colombianos así como la mayor parte del empleo lo proveen las pequeñas y medianas empresas que como ya se indicó no cuentan con políticas públicas de fomento y estímulo para su desarrollo.

Como resultado de la aplicación del modelo neoliberal se reprimarizó la economía siendo el sector minero exportador el sector privilegiado y el sector financiero el que domina la economía. Los perdedores con la aplicación del modelo como en el resto del mundo y en América Latina en particular fueron los trabajadores con las reformas que llevaron a la pérdida de participación de salarios en el conjunto de la economía, la precarización laboral con las llamadas leyes de flexibilización laboral, así como la privatización con ánimo mercantil de la seguridad social y de la salud.

En Colombia se mantiene un sistema dual en materia de pensiones pues ha habido una resistencia de los movimientos sociales y de los trabajadores que ha dado lugar a la existencia de un sistema pensional de prima media basado en la solidaridad intergeneracional que es el que mantiene a la mayor parte de los pensionados que compite con los fondos privados de ahorro individual que pensionan en condiciones muy precarias a un bajo número de personas. En el sistema de ahorro individual copiado en Colombia del fracasado modelo pensional chileno hay una superconcentración: dos fondos privados dominan con el 85% de los afiliados y su sueño es el establecimiento de un solo sistema basado en el ahorro individual que es el proyecto que busca abrirse paso como la propuesta de Duque que choca con la oposición del movimiento de los trabajadores y que por cuenta de la crisis del modelo en Chile tiene múltiples oposiciones y es uno de los motivos centrales del paro convocado para este 21 de noviembre.

La precarización laboral ha tenido como actor privilegiado al expresidente Álvaro Uribe Vélez quien fue el ponente de las reformas laborales que precarización los salarios y el empleo así como de la privatización de la salud y la seguridad social en el país. Durante su gobierno se profundizaron estas reformas. Por un mal cálculo y sin la presencia de la formidable revuelta popular chilena de las últimas tres semanas, Uribe radicó el 2 de octubre un proyecto de reforma laboral que busca precarizar aún más las condiciones laborales estableciendo la contratación por horas y la cotización a la salud y a las pensiones también por esas horas de trabajo así como el establecimiento de diferentes salarios mínimos regionales. El proyecto radicado en el Congreso son la prueba del paquetazo de Duque así como la publicación de los contenidos de la reforma pensional filtrados por el diario económico Portafolio en la que se tendría como objetivo central el desmonte del sistema de prima media, el marchitamiento de Colpensiones y el establecimiento de un sistema único a la chilena de ahorro individual. Esta filtración fue la que promovió la concertación de las centrales sindicales y de los movimientos populares y dio aliento a la protesta ciudadana y al paro nacional.

En medio de la convocatoria y quizás también por las protestas en Ecuador y Chile el gobierno en la última semana por boca del propio presidente Duque ha salido a señalar que el gobierno no pretende desmontar el sistema de prima media ni liquidar la agencia estatal de pensiones, Colpensiones, como tampoco pretende que los jóvenes hasta los 29 años sean contratados con el 75% del salario mínimo. Ha llamado al diálogo y ha señalado que las propuestas en materia laboral y de pensiones deben ser concertadas y discutidas en la Comisión de Concertación Laboral, mecanismo constitucional existente. El problema es que Duque tiene muy poca credibilidad en el mundo de las organizaciones sociales y de los sectores populares y el paro proyectado sigue adelante.

Uribe desde el Centro Democrático ha preferido ir de frente contra la protesta y ha señalado que los responsables de la misma son los movimientos anarquistas violentos agrupados en el Foro de Sao Paulo que tendrían como propósito la desestabilización del gobierno de Duque. Al mismo tiempo y reproducido en sus redes sociales se publicó un video en que un encapuchado llama a la protesta del 21 de noviembre y señala que ese día se atacarán en distintas ciudades del país los medios masivos de transporte como el metro de Medellín, el sistema trasmilenio en Bogotá así como otros bienes públicos. La estrategia es clara:  sembrar el miedo y el terror para que la gente no se movilice y preparar la intervención violenta de la fuerza pública en contra de los manifestantes. Uribe llama a la judicialización de la protesta y a la represión a la misma.

El pulso con las medidas que buscan profundizar el modelo neoliberal se traslada ahora del Congreso de la República a las calles y a los centros de producción así como a las zonas indígenas y agrarias. De su fuerza y contundencia dependerá el futuro de las reformas propuestas y aconsejadas por el Fondo Monetario Internacional y por la OCDE. Los organizadores han llamado a una protesta pacífica. Esperamos que así sea y que las infiltraciones de los violentos sean aisladas por los propios manifestantes. Hay motivos suficientes para salir y respaldar el paro nacional.

Bogotá, 14 de noviembre de 2019

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)