En primer término, se debe observar que lo acontecido el pasado domingo 10 de noviembre fue un golpe de estado. El levantamiento policial desde comienzos del presente mes junto con el pedido del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman para que renuncie Evo Morales corrobora en los hechos que estamos frente a un golpe de estado. Más aún, el mismo no sólo fue ejecutado por las fuerzas castrenses, sino que también tuvo un amplio y extendido respaldo de amplios sectores de la población. En otras palabras, fue un golpe que contó con una importante colaboración de antiguos aliados sociales y corporativos que integraron y apoyaron las distintas presidencias del Movimiento al Socialismo (MAS). En otro plano, también fue evidente la activa participación de empresarios (nacionales y foráneos), distintos grupos políticos, comités cívicos, medios de comunicación, jerarcas eclesiásticos (católicos y evangelistas), etc. Tampoco, fue menor la presencia activa de diversos sectores que responden a la diplomacia estadounidense en la región, entre otros, el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Segundo, habría que interrogarse sobre las causas del golpe. Si bien se puede pensar que no existe una causa determinante entre las motivaciones para llevar adelante la interrupción institucional creemos que convergieron una serie de factores. Sin querer plantear un orden de importancia, observamos la convergencia de tres elementos centrales.

1) Existen por diversas circunstancias, que son complicadas en explicar en este breve repaso, un fuerte rechazo de amplios sectores de la población, en particular, en grandes centros urbanos a la reelección presidencial. Prácticamente durante toda la tercera gestión, el gobierno se dedicó a instalar en su agenda la “necesidad” de un cuarto mandato presidencial. En esa coyuntura, los acontecimientos claves fueron la derrota del referéndum del 21 de febrero de 2016 que, a pesar del resultado negativo para Evo, el Tribunal Constitucional dejó en suspenso un artículo de la Constitución para que el binomio se vuelva a postular, apelando al derecho humano a ser reelegido y el fallo posterior del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que habilitó a la candidatura de Morales y Álvaro García Linera. En ese contexto, se deben observar las diversas protestas que se inician tras la interrupción del escrutinio provisorio por parte del TSE cuando de manera previa se había informado que el presidente había ganado por escaso margen, obligando a que se convoque a una segunda vuelta entre los dos principales contendientes. Ahora bien, el panorama empeoró tras 24 horas de haber estado detenido el escrutinio, el TSE informó sobre el triunfo del binomio oficial sin necesidad de recurrir a una nueva disputa electoral.

2) Para amplios sectores de la clase dominante existe una fuerte convicción de que Morales ya no puede garantizar la rentabilidad y los beneficios capitalistas como lo venía haciendo hasta entonces. Durante trece años, en términos globales, los gobiernos del líder cocalero se caracterizaron por continuar con el sistema primario exportador que identificó al territorio desde la llegada de los españoles. La base económica permaneció atada a una lógica extractivista nutrida por los altos precios mundiales de algunas materias primas que vende al mercado mundial. De ese modo, se ha ido consolidando una economía capitalista dependiente, subdesarrollada, apoyada en el saqueo de los recursos naturales y la sobrexplotación de la fuerza de trabajo, donde el endeudamiento externo constituyó una pieza clave del engranaje de su funcionamiento. En ese sentido, bajo sus gobiernos, se incrementaron los compromisos financieros con el exterior, sobre todo, con sectores agroexportadores de Santa Cruz vinculados con Brasil y luego, desde el 2011 se reforzaron los vínculos comerciales con China. Junto con esto se desarrolló una relativa nacionalización de los hidrocarburos, la cual le permitió una notable recaudación impositiva que se empleó centralmente en disponer de una política de ampliación del consumo doméstico y de mayor gasto estatal. En particular, se transformó una parte de la renta proveniente de las exportaciones en diferentes ayudas sociales como el bono escolar “Juancito Pinto” y la “Renta Dignidad” para los ancianos, los cuales, entre otras cuestiones permitió una mejora sustancial en el nivel de vida de amplios sectores de la población. De ese modo, corrigió en forma significativa los altos niveles de pobreza que existían en forma previa. Si bien durante las presidencias de Morales hubo una relativa estabilidad económica a pesar de los vaivenes de los precios de los comodities, en los últimos años comenzaron a despertarse una serie de alarmas por parte de distintos sectores de la burguesía al producirse un conjunto de cambios en el comercio mundial y al incrementarse notablemente el endeudamiento externo. Esto condujo a que se empiece a pensar en un recambio en el modelo económico con cierta distribución del ingreso: comenzó a avizorarse la necesidad de aplicar ciertas medidas de austeridad retrotrayendo la política de “excesivo gasto fiscal”. Asimismo, el nuevo e inestable panorama mundial le exigió al gobierno avanzar en el camino del extractivismo tanto en las áreas que se explotaban como en nuevas zonas a desarrollar por parte de los grandes grupos económicos. Partiendo de estos elementos, en nuestra opinión, el golpe de estado tuvo también motivaciones materiales generadas por la avidez tanto de capitales internos y foráneos en profundizar el modelo primario exportador; para eso era esencial doblegar y disciplinar a los diversos movimientos sociales que se oponían a estos cambios, como parte de ese proceso, la clase dominante aspiraba a un gobierno fuerte que no ceda frente a los reclamos de los diferentes sectores subalternos, algunos de ellos, base histórica del MAS. Por ende, se requería de un presidente que no retroceda frente a las necesidades del capital como había sucedido con las movilizaciones que frenaron el “gasolinazo” en diciembre de 2010 o bien, cuando tuvo que replegarse a fines de 2011, ante la VIII Marcha Indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional IsiboroSécure (TIPNIS) que detuvo la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos (Beni)- Villa Tunari (Cochabamba). De esa manera, desde el último trimestre, Morales tuvo serias dificultades a la hora de aumentar la expoliación de esos territorios, sobre todo, en los departamentos de Santa Cruz y en Potosí.

En el primer caso, los problemas se agudizaron con la X marcha indígena de los pueblos orientales en defensa de la Chiquitania, la cual exigió al gobierno que declare desastre nacional al devastador incendio ocurrido en esos meses junto con la abrogación de las normas legales que permitían la tala de los bosques. Cabe indicar que como consecuencia de la voracidad de los incendios en la zona se quemaron más de dos millones de hectáreas de superficie boscosa y no boscosa, afectando a la fauna y flora local. Este hecho condujo a que se sospeche sobre la intencionalidad de los incendios como producto de la ley 741 y del decreto supremo 3973 que autorizaba los desmontes y quemas en los departamentos de Beni y Santa Cruz. De acuerdo con una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) el aérea en cuestión presenta un enorme interés para las empresas mineras transnacionales interesadas en la explotación de oro, tantalita, granito y piedras preciosas como la amatista, bolivianita y cuarzo. Junto con ello, la deforestación provocada por la quema facilitaba una expansión de la frontera agropecuaria con cultivos de soja para la producción de biocombustibles y de carne para la exportación. De ahí que los sectores mineros y agroganaderos comenzaron a preocuparse por la posibilidad de abrogación del decreto supremo firmado por Morales en el pasado mes de julio; en ese sentido, comenzaron a observar una seria debilidad de un gobierno que era fuertemente criticado tanto por las demandas de sectores originarios que se movilizaban en protesta por la tala indiscriminada como por diversos reclamos locales e internacionales ante el desastre de los incendios. Así, para algunos sectores de la clase dominante local, se hacía necesario un gobierno que se imponga más firme frente a esas quejas que obstaculizaban el desarrollo “modernizador” del país.

La segunda circunstancia, en términos similares, en Potosí, los problemas con el gobierno se remontaron desde los inicios de su segundo mandato cuando el departamento comenzó a cuestionar el escaso apoyo material que recibía por parte del gobierno del MAS a pesar de ser una de las regiones que contribuía con innumerables riquezas a las arcas nacionales, sobre todo, con la explotación del rico salar de Uyuni. Sin embargo, el malestar en este año se incrementó a partir del Decreto Supremo (DS) 3738, de diciembre de 2018, por lo que se habilitó la industrialización del litio a partir de la creación de la empresa mixta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) junto con la alemana ACI Systems, transnacional que controlaba el 49% del proceso manufacturero. Esta demanda llevó a que desde los primeros días de octubre el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) convocase a un paro cívico indefinido, a lo que posteriormente se le sumaron numerosas movilizaciones de diferentes sectores sociales, muchos de ellos, antiguas bases políticas del MAS. Si bien el presidente Morales terminó abrogando el decreto en discordia, la situación de inestabilidad permaneció, además demostró que el gobierno podía desconocer un acuerdo con una de las principales firmas internacionales en la explotación del litio tras las movilizaciones, cuestión que generó un violento fastidio en diversos sectores de la burguesía.

En ambos casos, parece evidente que las clases dominantes comenzaron a no confiar en el MAS como el gobierno que en los últimos diez años le permitió generar enormes ganancias. Observaron una fuerte debilidad para controlar a sus antiguas bases sociales. No fue casual que en esos lugares nacieran las principales manifestaciones de rechazo al resultado electoral del 20 de octubre a través de sus Comités Cívicos. A nuestro entender queda claro que los grandes capitales necesitan de un presidente más fuerte para que controle a las diversas comunidades originarias y organizaciones sociales que se encuentran en permanente disputa por la explotación de los recursos naturales. En ese sentido, el imperialismo y los capitales trasnacionales precisan gobiernos sólidos, y Morales, en estos meses comenzó a demostrar numerosos indicios de debilidad y de credibilidad, en gran parte, provocado por su intento reeleccionista. En resumen, en ambos departamentos (Santa Cruz y Potosí) el mandatario venía siendo cuestionado por amplios sectores sociales por problemas locales, el desempeño del TSE y la declaración del poder ejecutivo nacional de adjudicarse el triunfo comicial sin la obligación de recurrir a una segunda vuelta electoral potenció la protesta que se venía desarrollando en las semanas previas. Además, producto de esa misma situación de inestabilidad las principales corporaciones empresarias le empezaron a cuestionar su capacidad de mando, algo que no había sucedido desde las pugnas interdepartamentales al calor de los debates de la Asamblea Constituyente en 2008.

3) Otro factor que explica el golpe de estado es la profunda discriminación étnica que aún persiste en amplios sectores de la sociedad. Aunque claramente se expresa en un abierto rechazo contra los originarios y campesinos de los departamentos del occidente, ésta también se halla presente en otros lugares del territorio. En cierta forma, y no sin contradicciones que ahora no nos detendremos en explicar, Evo junto con varios de sus principales correligionarios indígenas junto con algunas de las medidas adoptadas bajo sus presidencias, concentraron en su figura y en su gestión un profundo odio. Algunos de los cambios impulsados por el gobierno tanto en el plano de las conquistas de varios derechos para los pueblos indígenas hasta la promulgación de una Constitución Plurinacional junto con la adopción de ciertos símbolos y valores originarios, generó un cierto encono por parte de ciertos grupos que nunca terminaron de aceptar esas transformaciones y vieron en estas últimas semanas la oportunidad de impugnar las mismas. Las acciones vandálicas que se produjeron antes, durante y luego del golpe son producto de esta arraigada xenofobia en amplios sectores de la población.

En tercer término, en el escenario antes descripto emerge la figura de Luis (el macho) Camacho como el personaje articulador de una oposición golpista. Este empresario, investigado en su momento por su participación en firmas que escondieron y evadieron dinero a través de compañías offshore vinculadas a la trama de los Panamá Papers, se convirtió desde abril pasado en la autoridad máxima del Comité Cívico Pro Santa Cruz, encabezando explícitamente desde el pasado mes de julio el rechazo a la reelección de Morales. Aunque no se presentó en las elecciones de octubre, su figura pasó a ser descollante al desconocer el resultado del sufragio, solicitando en primera instancia la convocatoria a una segunda vuelta y, posteriormente, a partir del 2 de noviembre, instigando a la renuncia del binomio presidencial, a través de un masivo paro en el departamento oriental. Más aún, con el correr de los días, su postura adoptó un enérgico liderazgo nutrido de una fuerte arenga clerical y autoritaria. En esta coyuntura, Camacho logró articular un bloque heterogéneo de derecha convocando a un amplio arco opositor, desde las iglesias católicas y evangelistas hasta las principales centrales económicas como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Cámara de Industria y Comercio cruceña, la Cámara Agropecuaria del Oriente, entre otras entidades patronales, que avalaron esas posturas reaccionarias. Por otro lado, al calor de su crecimiento y del endurecimiento de su discurso antiderecho desplazó y criticó sin disimulo al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, por su “tibieza” frente a las autoridades nacionales. En ese sentido, no es menor el tratar de comprender que la figura de Camacho crece en el mismo momento que el gobierno se encuentra inmerso en una profunda debilidad provocada por tres circunstancias paralelas en las dos últimas jornadas de octubre. Por un lado, Morales tuvo que aceptar que la OEA efectúe una auditoría a los comicios llevados a cabo el 20 de octubre. En segundo lugar, uno de los principales grupos que en su momento sostuvo al MAS, los cooperativistas mineros en Potosí exigieron la renuncia del mandatario indígena, hecho inédito hasta entonces. Finalmente, en tercera instancia, a raíz del crecimiento de la protesta en ese departamento del occidente, Evo decidió abrogar el Decreto Supremo (DS) 3738. Toda una serie de acontecimientos, en menos de cuarenta y ocho horas, que marcaron la creciente debilidad y legitimidad del gobierno: sobre esos hechos, el 2 de noviembre comenzó a levantar la consigna de renuncia del presidente.

En cuarto lugar, una de las principales cuestiones que salieron a la luz fue que los antiguos movimientos sociales que en su momento apoyaron a Morales, sobre todo, al calor de los debates de la Asamblea Constituyente y la ofensiva de los departamentos orientales en el 2008, en estos últimos tiempos dejaron de sostenerlo. En los hechos, desde mediados de su segunda presidencia, Evo fue perdiendo su base social y política, más aún, algunos se convirtieron en opositores a su mandato. Comenzó a ser evidente que la mística generada alrededor del otrora líder cocalero no era la misma. Esto en parte explica porque no sólo se movilizaron a favor de él cuando comenzaron las manifestaciones en su contra, sino que se plegaron y marcharon (algunos por sus propias demandas) con el arco opositor. De este modo, los exaliados como indígenas del oriente, productores de coca paceños, cooperativistas de Potosí, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), fabriles de Cochabamba, entre otros grupos, solicitaron primero el pedido de desconocer el resultado electoral y luego, varios de ellos, exigieron la renuncia del mandatario. Si bien no es un tema para desarrollar en este breve punteo, corresponde posteriormente que se reflexione hasta donde el MAS fue un gobierno que representó a los movimientos sociales. En el mismo sentido, en estrecha relación con lo anterior, hasta donde Morales y García Linera se convirtieron en un serio obstáculo imposibilitando una renovación y un recambio en la dirigencia no solo dentro de su partido sino también en el seno del gobierno y de los movimientos sociales que cada vez más adoptaron la estructura de aparatos anquilosados, no pocos de ellos ligados con pegas a la administración estatal. En otras palabras, lo que se ha registrado en los últimos años es una clara pérdida de independencia de esas organizaciones a la par que se producía una explícita cooptación por parte del estado.

Por último, y también dejando también para otra ocasión, la izquierda debería analizar seriamente hasta donde el proyecto del MAS fue una administración de corte radical y socialista. En ese plano, antes que nada, habría que sincerarse y dejar de seguir sosteniendo que éste junto con otros gobiernos que emergieron en los albores del siglo XXI tuvo los mismos objetivos que los padres fundadores del marxismo. En esa necesaria reflexión no sólo habría que detenerse en el proyecto de modernización capitalista que desarrolló bajo un modelo extractivista dependiente, en acuerdo con los capitales transnacionales agro y mineros exportadores junto con las multinacionales vinculadas a la comercialización de hidrocarburos, sino que también habría que pensar qué modelo de Fuerzas Armadas tuvo en mente, que ni bien tuvo la oportunidad no dudó en derrocar a su mandatario.

12-11-2019

-Alejandro Schneider es Profesor Titular de Historia de América Latina