Dedico a mis alumnos de la Universidad Latina, Campus Sur.

-Tras el golpe contra Morales se esconde la mano de los Estados Unidos

-Sin datos electorales fieles, Mesa y Camacho alegaron fraude electoral

-Rompimiento del orden institucional, lo que sigue será inconstitucional

Golpe de Estado. No menos que eso. Calificado como “golpe tradicional”, el viejo estilo de los años 70 (siglo XX) en América Latina, los orquestados y financiados por la Agencia Central de inteligencia (CIA), los halcones norteamericanos comandados desde el Departamento de Estado por Henry Kissinger, con acciones como la llamada Operación Cóndor, para el Cono Sur.

Se creían cosas del pasado. Pero la derecha vendepatria de la región, servil de los intereses extranjeros, es capaz de eso y más, con tal de apoderarse de los bienes de los pueblos —o las migajas que les dejan las multinacionales—; no interesa ir contra cualquier principio “democrático” o “humano”, por eso de los derechos universales, los derechos humanos.

Y, claro, se rompió la institucionalidad y la estabilidad política y social del Estado boliviano. Devino lo peor: se desató la represión policial y militar contra el pueblo con muertos y heridos —indígenas pobres, las principales víctimas—, alentada por la derecha racista que perdió en las urnas y no reconoció la diferencia porcentual de votos con Evo Morales Ayma, como candidato del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

Fue la renuncia forzada del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, del pasado domingo 10 de noviembre del año en curso, obligada por los militares —el propio presidente venía denunciando públicamente la intentona golpista.

Las señales contundentes surgieron un día después de la votación, cuando el candidato opositor Carlos Diego de Mesa Gisbert, de la alianza Comunidad Ciudadana (expresidente entre octubre 2003 y junio 2005), y el jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho (el “Bolsonaro boliviano”), denunciaron “fraude” —sin pruebas fehacientes— tras los primeros (no el total) resultados de la elección del día 20 de octubre.

Llamaron entonces, Mesa y Camacho, a la violencia. Le llamaron “movilización cívica para evitar el fraude” con el recuento de los votos —se dio la agresión contra la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce a quien cortaron el pelo, rociaron de pintura y obligaron a caminar descalza—; y, a descalificar al órgano electoral por “obedecer a las órdenes del presidente Evo Morales”. Evo, posteriormente, con esos cuestionamientos de la oposición accedió a realizar la segunda vuelta electoral.

El mutis de la OEA

Mesa aceptó, pero sin Evo como candidato. El fuego lo inició el descontento policial que devino rebelión. La policía se había amotinado desde el viernes 9 de noviembre, primero en Cochabamba (donde las voces reclamaron, anónimamente, no ser escuchados con este gobierno), luego en La Paz y así en otras ciudades.

Pero fue el lunes 11 el día clave, coyuntural, donde los acontecimientos se precipitaron. Primero con el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), ese órgano dirigido por el uruguayo Luis Leonardo Almagro —ex ministro de relaciones exteriores del presidente José “Pepe” Mujica—, con baja credibilidad proclive a las órdenes de Washington.

En el comunicado de ese día, la OEA alegó “manipulaciones al sistema informático”, e “improbable (sin todas las pruebas) que Morales haya obtenido el 10 % de diferencia para evitar la segunda vuelta” (requisito indispensable), así como “recomendar otro proceso electoral…con nuevas autoridades electorales”, según sus “hallazgos preliminares contundentes”. Pero sus conclusiones fueron sesgadas, porque otro estudio, del Center for Ecomic and Policy Research (CEPR) encontró que no hubo fraude en ningún caso, ni cambio de cifras. (El estudio, en: https://tinyurl.com/ydtlq8mu).

Sin embargo, con la postura precipitada de la OEA a dos días de la elección, las fuerzas armadas bolivianas se envalentonaron porque entonces una parte de la “comunidad latinoamericana”, en torno a la OEA, estaba descalificando la reelección de Evo. En otras palabras, la OEA tendió la cama a los generales.

El comandante de las Fuerzas Armadas, Willliams Kaliman le dijo entonces a Evo Morales que los militares le “recomendaban” abandonar el cargo para “pacificar” al país. “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. ¡Ninguna casualidad! Un plan bien orquestado.

La milicia, como factor del poder por el uso de la fuerza militar. Una orden de ese tamaño no se discute, se acata. ¡Con la tradición que tienen las fuerzas armadas en la región!, de golpistas entrenados por capacitadores estadounidenses para reprimir a las masas y desestabilizar gobiernos, hasta su derrocamiento.

Salvo honrosas excepciones, claro, hay generales que no acuden al canto de las sirenas; es decir, no se prestan de traidores a su patria, como el ejército bolivariano que no cede a las presiones propagandísticas de Washington para derribar a Nicolás Maduro, por ejemplo. O en México, donde los militares —si bien no salen limpios— más bien han padecido órdenes de civiles, de los presidentes en turno.

Evo reaccionó como era de esperarse: un dirigente responsable, con la esperanza que no corra sangre y se reprima al pueblo. Denunció el “golpe cívico, político y policial”. Un pueblo que lo apoya, desde que, como indígena uru-aimara luchó con ellos hasta ganar la presidencia (en enero de 2006) demostrar que se puede gobernar un país con recursos propios, alejado de Washington —del FMI—, rescatando de la industria propia y sobre todo con justicia social.

Logros económicos

Conocidos son los logros de Evo en materia económica. Desarrollo con beneficio para los más pobres. Política social con inclusión de la población indígena y campesina. Hacia fines de 2018 con un total de 8 mil 797 obras en áreas como educación, deporte y salud, por ejemplo.

Acciones importantes, como la nacionalización de empresas y los hidrocarburos del país, como el gas natural. Un PIB que en 13 años creció un 327 por ciento, para alcanzar la cifra de 44.885 millones de dólares en 2018. Según el FMI, Bolivia resultó ser la economía con mayor crecimiento regional, en ese año con una proyección del 3.9 por ciento.

El ingreso anual per cápita subió, entre 2006 y 2017, de 1.120 a 3.130 dólares. En materia de deuda externa, de ser el segundo país más endeudado en 2005 con el 52 por ciento del PIB, pasó al séptimo lugar menos endeudado con el 24 por ciento.

En materia de pobreza extrema, la redujo a la mitad en una década, al pasar del 38 al 17 por ciento entre 2006 y 2017. El desempleo bajó del 8.1 por ciento al 4.2 durante su gobierno. El salario mínimo también pasó de 440 bolivianos a 2.060 en la actualidad, entre otras acciones, como elevar el nivel o esperanza de vida, al pasarlo de 64 a 71 años.

Tras el golpe siguió la violencia. Evo salió asilado rumbo a México quien se lo ofreció. Los militares se sumaron a las policías cuando se dijeron “rebasadas” para apaciguar al país de los inconformes en apoyo a Morales. Las turbas azuzadas por la derecha saquearon casas de funcionarios cercanos al presidente, incluida su casa y la de su hermana.

Ya en México —país que se ha apegado a sus principios de política exterior, como la Ley de Refugiados de 2011—, tras las peripecias anunciadas por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para sacar al jet del ejército mexicano de Bolivia, el presidente Evo Morales agradeció salvar la vida, a él a Linera y Gabriela Montaño, Ministra de Salud. Declaró que regresará a su país fortalecido para seguir en la lucha, “mientras tenga vida, seguiremos en política.

Mientras tenga la vida, sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse”, dijo en breve mensaje al ser recibido en el Aeropuerto de la CDMX. “Si algo de delito tengo es indígena Evo. Hemos implantado programas sociales. Solo habrá paz cuando se garantice la justicia social. Mi único pecado es que ideológicamente somos antiimperialistas. No por ese golpe voy a cambiar”.

La imposición “presidencial”

Entretanto, a la reacción solo le queda prolongar el golpe de Estado. La derecha alegó que lo sucedido no fue golpe de Estado. Que solo quería nuevas elecciones. Pero expulsaron a Evo, y al renunciar lo hizo también toda la línea sucesoria. Primero vicepresidente Álvaro García Linera. También la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra Arriaza. Antes lo hizo el titular de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

La Constitución boliviana dicta: “En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la vicepresidenta o el vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la presidenta o el presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la presidente o el presidente de la Cámara de Diputados”. (Fuente: https://tinyurl.com/yeufyvwq).

Eso generó un vacío de poder, conforme la Constitución de Bolivia. Ahora a la derecha no le queda más que la ilegalidad para nombrar a un presidente de transición para llamar a elecciones. Tiene un brete, que solo salvará brincando la ley. Y la Constitución vigente. No hay legalidad, pues quien debe recibir y dar curso a la renuncia del presidente es el Congreso, pero éste se compone con mayoría del MAS, el 75 por ciento. La ilegitimidad total de los golpistas. Como sea que la resuelvan, sin el presidente en turno, en tanto no tenga curso la renuncia de Evo.

Los golpistas se autodesignan porque ya tienen “presidenta”, en la persona de la senadora Jeanine Áñez. Ella citó el artículo 169 de la Constitución boliviana para autoproclamarse, luego de reunirse el pasado 12 de noviembre ambas cámaras y no alcanzar quórum. El 169 dicta: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez”.

Lo anterior es verdad. Pero para nada son las formas. En su momento, el Tribunal Constitucional le dio entrada, tanto a su segunda reelección como a la última posible. Y ese es un asunto interno, de los bolivianos, ciertamente debatible. Pero la salida debe y debió ser en su momento, legal. No con un golpe de Estado retrógrado, donde de plano se violentó el orden institucional.

Eso violentó la estabilidad política y social. Dio pie al golpismo de la derecha y dará pie a un gobierno de facto. Con el intento de proscribir al MAS-IPSP, y todo lo que huela a Evo Morales Ayma. Con Estados Unidos atrás, como lo sostiene Hugo Siles exministro de autonomías de Bolivia (2015-2018): “…Influenció el golpe de Estado… nunca ha estado ausente Estados Unidos, la lógica injerencista e intromisión ha sido hasta la propia candidatura de Mesa”.

O, como lo asegura Medea Benjamín (codirectora de Code Pink): "Es un golpe de Estado hecho con la ayuda y el apoyo de los EE.UU., que ha financiado a la oposición" del país andino. En particular, algunos senadores estadounidenses, entre ellos Marco Rubio, Ted Cruz, “están en contacto con la oposición y apoyando a ese golpe”, además del injerencismo de la OEA. (Ver: https://tinyurl.com/yzbcefey, https://tinyurl.com/yzjndtxf, https://tinyurl.com/yzdmuch5).

Al final la mayoría de los países integrantes de la propia OEA declaró contra la violencia en Bolivia. Salvo, consummatum est, porque fue a toro pasado. Para la colección de los golpes de Estado de Estados Unidos de América en la región latinoamericana. El reto para los pueblos latinoamericanos de repudiar estos atropellos está por delante, y es grande. ¿Y el litio?, Ah, ¡la presa!

A 12 de noviembre de 2019.

Salvador González Briceño

Director de la página: geopolítica.com. Profr. UNILA. Diplomado Granados Chapa (UAM).