Una vez más, y cuando aún no acaba la jornada de protestas populares, este martes 12 de noviembre, Piñera y su gabinete ha aparecido en cadena nacional de medios masivos de comunicación para no ofrecer soluciones a los derechos sociales por los cuales hace casi un mes, millones de personas están en movilización permanente en todo el país.

Antes de su alocución, las opiniones en las redes sociales se dividían entre quienes esperaban el anuncio de su renuncia, y quienes aguardaban el establecimiento del estado de sitio y el retorno, todavía mucho más cruento, de los militares a las calles.

Sin embargo, el todavía presidente Piñera se limitó a ofrecer tres puntos que ya había mencionado profusamente antes: un “acuerdo por la paz y contra la violencia”; una indefinida “agenda social”; y el acuerdo con el sistema de partidos políticos de la institucionalidad para ‘cocinar’ una “nueva constitución”, con una inextricable mayor “participación de la ciudadanía”.

En términos de represión en contra del pueblo en lucha, llamó a reintegrarse a las policías a aquellos efectivos que habían pasado a retiro recientemente para que colaboren con los vigentes.

En el mismo tono, se atrevió a decir que su gobierno “no tolerará ninguna violación de los derechos humanos”, y, a la vez, que desde el miércoles 13 de noviembre se perseguirá y castigará a quienes hayan “incitado y fomentado actos de violencia”, de acuerdo a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto último pareciera apuntar a reprimir a liderazgos sociales, aunque aún tiene que ponerse en práctica para evaluar su impacto y sentido.

Además de una intensificación de la criminalización sobre la población que se está manifestando, Piñera fue incapaz de mostrar nuevas cartas. Al parecer, ya no las tiene.

La debilidad política de Piñera respecto de los soportes de las fuerzas tradicionales de la derecha dura y subordinada al imperialismo estadounidense, como la misma oficialidad de la FFAA o el alto clero, lo coloca al desnudo frente a una población que sólo espera su caída definitiva.

Él es el principal responsable político de la violación sistemática de todos los derechos humanos contra miles de chilenos. Ni siquiera merece la pena recordar las más de 20 personas muertas en las protestas; las violaciones a mujeres y hombres por uniformados; la tortura repetida contra menores de edad; el horror de la pérdida de la visión, parcial o total, que provocado el espanto mundial; el uso de armamento de guerra ante un pueblo desarmado.

Lo cierto es que a las fuerzas, intereses y grupos sociales que representa Piñera, les interesa mucho menos “acordar” alguna combinatoria de cambio constitucional con la oposición institucional, que perder su puesto en La Moneda. ¿Habrán medido con mayor exactitud las relaciones de fuerza y la naturaleza del movimiento que la propia oposición? ¿Prefieren mantener a su peón de turno en el Ejecutivo que realizar algunas concesiones menores a la Constitución de Pinochet?

La lucha por la salida de Piñera del Ejecutivo continúa siendo el primer desafío de un pueblo que ha despertado y durante cuatro semanas no deja de multiplicarse y destruir el miedo tras su paso. Los procesos constituyentes son posteriores a la resolución del problema del poder. Y el poder está en manos de la oligarquía aún. Por lo demás, cualquier fórmula de nueva constitución demanda los tiempos largos que Piñera y los suyos necesitan para intentar recomponerse. La oposición institucional no termina de comprender la totalidad contradictoria y en pleno desenvolvimiento de un movimiento inédito. Los manifestantes continúan reproduciendo su descontento antiguo, pese al terror mediático y las municiones. Duros son los caminos de la libertad.