Desde que se posesionó Iván Duque en la presidencia de la República, 7 de agosto de 2018, han sido asesinados 120 indígenas en el país y suman más de 730 los líderes y lideresas asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016. Son 168 excombatientes de las FARC, asesinados desde la firma de los acuerdos. En el departamento del Cauca es donde más líderes sociales han sido asesinados. En los últimos veinte días los ataques en contra de los líderes indígenas ha escalado de forma escandalosa. 13 líderes indígenas han sido asesinados durante estos días. El 13 de octubre fue asesinado el guardia indígena Toribio Canas en el municipio de Toribio, el 28 de octubre fue asesinado Flower Trompeta de las zonas de reserva campesina de Caloto.

En un ataque con armas de asalto el día 29 de octubre en el municipio de Toribio en la vereda La Luz, fueron masacrados la gobernadora del resguardo indígena Cristina Bautista y cuatro guardias indígenas. El 31 de octubre fueron asesinados cuatro topógrafos en el municipio de Corinto y en ese mismo municipio 300 familias fueron confinadas por los combates entre Tercera División del ejército y la columna móvil Dagoberto Ramos de la Disidencia de las FARC. El primero de noviembre fue asesinado el escolta Fabián Eduardo Rivera que prestaba sus servicios en la protección del líder indígena Bernardo Ciclos en el municipio de Suárez en donde había sido asesinada el 2 de septiembre la candidata a la alcaldía Karina García, su madre y cuatro personas más. El 2 de noviembre fue asesinado Alexander Vitonás indígena de 18 años en la vereda Loma Linda del municipio de Toribio.

El 3 de noviembre fue asesinado el comunero Jesús Eduardo Mestizo también en Toribío y se frustró un atentado contra el líder Arbey Noscué porque al agresor se le trabó el arma. La realidad del orden público en el Cauca es dramática pese a ser uno de los territorios más militarizados del país. En el fondo se presenta una situación de lucha por el control del territorio entre los actores armados ligados al narcotráfico que llenaron el vacío dejado por las FARC cuando los guerrilleros abandonaron estos territorios para concentrarse en los espacios de estabilización y reincorporación, pronto llegaron las disidencias de las FARC con el respaldo de los carteles mexicanos de la droga. Las comunidades indígenas se niegan a esa ocupación militar y la Guardia indígena se enfrenta desarmada solo provista de sus bastones de mando a estos actores armados que no respetan el Derecho Internacional Humanitario.

La Fuerza Pública acantonada en estos territorios como lo ha denunciado la Guardia Indígena mantiene nexos con estos actores armados ilegales que mueven los cargamentos de marihuana y de coca, sin mayores obstáculos, lo mismo que los precursores químicos necesarios para el procesamiento de la cocaína.

Ante la gravedad de la situación el hoy renunciado ministro de la Defensa acompaño al presidente Duque a la región para anunciar un incremento del pie de fuerza con 2.500 efectivos de las Fuerzas Armadas y el anuncio de inversiones por 1.3 billones en programas asistencialistas como la extensión del programa de Familias en Acción que no son más que paliativos a una situación social de exclusión y pobreza que no ha sido atacada de fondo con tierras para las familias indígenas, proyectos productivos, comercialización de sus productos, programas de sustitución de cultivos de uso ilícito que es lo que las comunidades vienen reclamando por décadas en estos territorios. Una construcción de un orden público democrático en la región solo será posible con un proceso de depuración de las fuerzas armadas en la región que establezca claros parámetros de evaluación de sus comandantes con indicadores de desempeño ligados a la protección de la población y de los derechos humanos. El solo incremento de la fuerza pública como lo señalan los indígenas es insuficiente si no se liga esa presencia a claros indicadores de su desempeño en materia de protección de los derechos humanos y de respeto irrestricto al Derecho Internacional Humanitario. Se requiere romper todo nexo de la fuerza pública con los grupos criminales y de narcotráfico que operan en el departamento del Cauca.

La caída de Botero ministro de la Defensa

Uno de los ministros más cercanos a Uribe, Guillermo Botero, finalmente presentó su renuncia este miércoles 6 de noviembre en las horas de la tarde después de un debate de Moción de Censura realizado el martes 5 de noviembre. En ese debate de Moción de Censura uno de los senadores citantes, Roy Barreras, del Partido de la U, señaló dentro de los múltiples yerros de Botero al frente de la cartera de la Defensa nacional el ocultamiento de información sobre la muerte de ocho menores de edad durante un bombardeo a un grupo disidente de las FARC en el municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. Las Fuerzas Armadas bombardearon un campamento para dar de baja a alias Gildardo el Cucho dirigente de las disidencias de las FARC que operan en esa región bajo el mando del disidente de las FARC, Gentil Duarte. En ese operativo según documentos aportados por Roy Barreras procedentes del Instituto Nacional de Medicina legal murieron 15 personas 8 de las cuales eran menores de edad, incluida una niña de 12 años. Dos cuerpos no han podido ser identificados. Barreras denunció que el hoy exministro Guillermo Botero ocultó el asesinato de los ocho menores de edad. Ante este señalamiento el propio Uribe presente en la sesión plenaria de este martes pidió que se escuchara de nuevo a Botero para que aclarara el asesinato de los menores en dicha operación militar y también el asesinato de Flower Trompetero indígena promotor de las zonas de reserva campesina en el departamento del Cauca quien según denuncias del propio senador Roy Barreras habría sido asesinado por la espalda por miembros de las Fuerzas Armadas. Botero no solo no dio explicaciones satisfactorias sobre estos dos hechos sino que incrementó las dudas sobre las denuncias hechas por el senador citante.

Estos dos hechos se sumaron a un conjunto de desaciertos del hoy exministro Botero. Uno de ellos la versión que dio al país sobre el asesinato en la región del Catatumbo del desmovilizado de las FARC Dimar Torres en hechos ocurridos en el municipio de Convención, departamento de Santander, el lunes 22 de abril del presente año. Según la versión de Botero la muerte del desmovilizado de las FARC habría ocurrido porque Dimar habría intentado desarmar a un miembro de la Fuerza Pública y en el forcejeo accidentalmente se habría disparado el arma con el saldo trágico de la muerte del exguerrillero.

Las investigaciones posteriores de la Fiscalía General de la Nación muestran que como lo demostró la Revista Semana se trató de un asesinato perpetrado por miembros del Ejército que luego del asesinato pretendieron enterrar el cuerpo para desaparecerlo. Nunca Botero rectificó y por el contrario pretendió encubrir dicho crimen. También mientras fue ministro señaló que los líderes sociales asesinados estaban relacionados con actividades ilegales ligadas al narcotráfico o a la subversión, todo ello sin ninguna prueba. Otra de las perlas del hoy exministro consistió en su propuesta de reglamentar la protesta social para defender a las gentes de bien y a los terceros afectados por las movilizaciones. Todo ello estuvo acompañado de la directiva que restablecía mediante una orden interna a las fuerzas armadas para aumentar los operativos militares sin estrictos controles, denunciada por el diario norteamericano The New York Times, Botero negó la existencia de dicha orden pero la misma fue publicada posteriormente y tuvo que ser derogada. Una orden similar del año 2005 fue la que dio pie al asesinato de más de 4.000 civiles en ejecuciones extrajudiciales perpetrados por miembros de la Fuerza Pública mal llamados Falsos Positivos. La fresa del pastel la constituyó las fotos falsas con las que se ilustró el informe presentado por el presidente Iván Duque en la sesión de las Naciones Unidas del pasado mes de septiembre sobre la presencia de las disidencias de las FARC y del ELN en Venezuela.

Pero lo que resultó fatal para el exministro Botero fue la coincidencia de una verdadera crisis humanitaria en los territorios indígenas en el departamento del Cauca que muestran una incapacidad del gobierno y de las fuerzas armadas para controlar a los grupos criminales ligados con el narcotráfico y las denuncias sobre el asesinato de ocho niños en el operativo militar en contra de las disidencias de las FARC en San Vicente del Cauguán y el ocultamiento de este hecho por parte de Botero. Ante la incapacidad del ministro para dirigir la cartera de la Defensa Nacional los partidos independientes y los partidos alternativos presentaron la Moción de Censura contra Botero. En el debate de la Moción de Censura se anunció por parte del Partido Liberal y de Cambio Radical el apoyo a la misma y este miércoles se sumó la bancada del Partido de la U. En total 67 senadores de todas esas bancadas anunciaron que aprobarían la Moción de Censura que para ser efectiva requería el apoyo de 55 senadores con lo cual Botero debería abandonar el cargo. Por ello y ante la carencia de margen de maniobra Botero renunció este miércoles 6 de noviembre lo cual fue de muy buen recibo por parte de la sociedad y constituyó otra derrota a las políticas del Gobierno de Duque.

Realmente lo que está en cuestión no solo era la presencia de Botero y la petición de su renuncia sino el fracaso de la política de seguridad del gobierno. Se requiere una profunda modificación de la política puesta en marcha por esta administración. Se requiere retornar a las políticas definidas en los acuerdos de Paz si se quiere controlar el orden público hoy seriamente quebrantado en el Cauca, en todo el corredor pacífico Colombiano desde el Chocó hasta Nariño, en la región del Catatumbo y en zonas importantes del Guaviare y Caquetá. Poner en funcionamiento la Comisión Nacional de Garantías que debe dotar al país de una política de desmonte de las estructuras paramilitares, de una política eficaz de depuración de las Fuerzas Armadas que rompa los nexos de sectores de las mismas con estructuras paramilitares y del narcotráfico, relanzar el programa de erradicación de los cultivos de uso ilícito en esas regiones con debido y adecuado financiamiento, estas son medidas que no dan espera. Esto por supuesto es contrario a las políticas actuales. ¿Estará Duque dispuesto a rectificar? Tengo serias dudas, ya veremos.

Bogotá 7 de noviembre de 2019

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)