A lo largo de casi seis décadas de aplicación, el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba ha recibido los más diversos calificativos, desde injusto y criminal hasta aberrante y genocida.

Los adjetivos para describir esta medida basada en el odio y la ceguera política, ejecutada por las últimas 11 administraciones en la Casa Blanca, se cuentan por decenas, y en todos estos años se han escuchado en boca de ciudadanos comunes, personas solidarias, diplomáticos y jefes de Estado o de Gobierno, tanto de la isla como del mundo entero.

También diversos han sido los escenarios para condenar un cerco sin precedentes en la historia humana: una parada del transporte público, una escuela o un hospital en la mayor de las Antillas al que no puede llegar una medicina made in USA; un foro internacional, un congreso para el cual un científico cubano no recibió la visa o la mismísima casa del multilateralismo, la ONU.

A propósito de las Naciones Unidas, la Asamblea General, su principal órgano deliberativo y el único en el que están representados en igualdad de condiciones los 193 países miembros de la organización, volverá a pronunciarse ?el 7 de noviembre- sobre el bloqueo, a partir de un nuevo proyecto de resolución presentado por Cuba que defiende la necesidad de ponerle fin.

Año tras año desde 1992, iniciativas similares han recibido un respaldo categórico de la comunidad internacional, al margen de posturas políticas y zonas geográficas, quedando aislado de manera recurrente el responsable de la atrocidad, únicamente acompañado por su fiel cómplice, Israel.

El académico y ensayista francés Salim Lamrani, un estudioso de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, accedió a conversar con Prensa Latina acerca del bloqueo y la nueva votación en la ONU.

Lamrani coincide en que se trata de una medida cruel y anacrónica, pero añade un adjetivo poco utilizado: absurdo, que merece la pena analizar con detenimiento.

A su juicio, el cerco que cumple 60 años es absurdo porque 'no podrá conseguir sus objetivos', que según la superpotencia militar y económica no es otro que rendir a su pequeño vecino rebelde, culpable de construir una revolución socialista a menos de 100 millas de sus costas.

'Los cubanos no tienen la intención de renunciar a su independencia y han demostrado varias veces que el único método aceptable es el diálogo basado en el respeto de las especificidades de cada nación, en la reciprocidad, la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos', subrayó.

Para el profesor de la Universidad de La Réunion, ubicada en el departamento francés de ultramar de igual nombre, Washington apuesta a la ilusión de que la amenaza y el chantaje darán frutos con el país caribeño.

'Es un grave error y cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de la historia de la isla sabe que el pueblo de Cuba nunca cede a la política de la violencia', recordó.

Una violación flagrante

De acuerdo con Lamrani, el cerco estadounidense constituye una violación flagrante de las normas más elementales del Derecho Internacional Público.

'Es una intromisión en los asuntos internos del Estado soberano de Cuba ya que el objetivo buscado es obtener un cambio de régimen en la isla, lo que viola el principio sagrado del derecho de los pueblos a la autodeterminación. El sistema político y el modelo social son competencias exclusivas del pueblo cubano', precisó.

Washington arreció su violación con leyes extraterritoriales que han generado condena en los cinco continentes.

La ley Torricelli de 1992 agrava el carácter extraterritorial del estado de sitio económico que impone a Cuba, mofándose de la legislación internacional que prohíbe que una ley nacional tenga un componente internacional, señaló el académico francés.

Es un principio básico del derecho ?abundó-, la ley de un país no puede aplicarse a otro. Sin embargo, Estados Unidos impone a todas las naciones del mundo la suya en lo relacionado con la hostilidad hacia la mayor de las Antillas.

Por ejemplo, un barco extranjero que entre en un puerto cubano no puede tocar luego uno norteamericano durante los siguientes seis meses.

Cuatro años después de la Torricelli, el Congreso aprobó la ley Helms-Burton, que codifica el bloqueo y busca reforzar su extraterritorialidad, con títulos como el III y el IV, activados hace pocos meses por el presidente Donald Trump en su escalada de agresividad.

'Las sanciones económicas también tienen un carácter retroactivo, lo que constituye una aberración jurídica. Ninguna ley puede ser retroactiva, a menos que favorezca a las partes. Así, la ley Helms-Burton sanciona a las empresas extranjeras que realicen inversiones en propiedades nacionalizadas en los años 1960 y que pertenecieron a ciudadanos estadounidenses', explicó.

Según Lamrani, todo el entramado de leyes y medidas que conforman la política de la Casa Blanca hacia la isla representa el principal obstáculo para su desarrollo.

'Todas las categorías de la población cubana y todos los sectores se ven afectados. La meta es disuadir mediante amenazas a los inversionistas extranjeros e impedir flujos de capitales. Es una política ilegal ya que contraviene las reglas del Derecho Internacional', insistió.

Además de ilegal, es cruel porque daña a los sectores más vulnerables de la población, y anacrónica ya que se remonta a la guerra fría, dijo el intelectual, quien reiteró lo absurdo de semejante hostilidad.

Lamrani mostró sus expectativas de que la nueva votación en la Asamblea General de la ONU, sobre un proyecto de resolución cubano contra el bloqueo, ratifique una vez más el aislamiento estadounidense ante la comunidad internacional.

Hasta los más fieles aliados de Washington se niegan a apoyar esta política basada en la ilusión de que la amenaza y el chantaje darán sus frutos con Cuba, sentenció.

París, (Prensa Latina)

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