Juan Antonio Hernández, hermano menor de Juan Orlando Hernández (JOH), presidente ilegítimo de Honduras desde noviembre de 2017, fue encontrado culpable por importar casi 200,000 kilos de cocaína a los EEUU, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración y portación de ametralladoras y dar falsos testimonios a los agentes de la DEA, esperando sentencia para enero de 2020, que puede ser cadena perpetua. Las declaraciones de los testigos, en su mayoría narcotraficantes, también involucran a JOH en el negocio de la droga, utilizando recursos para la reelección presidencial, al financiar su campaña política con dineros provenientes del narcotráfico, por lo que desde ya se enfilan las baterías contra su persona, y más temprano que tarde deberá rendir cuentas de sus actos.

Esta culpabilidad del “Tony” Hernández, ocurre en una coyuntura económica y política no muy favorable para el país. Hay evidencia de una desaceleración de la actividad económica para finales de 2019 y los próximos años, con caídas del PIB por debajo del 2% anual, aumento del desempleo, subempleo, caída de la Inversión Extranjera Directa (IED) en más de 40% para 2019 y aumento del endeudamiento externo y del gasto del gobierno en defensa y seguridad, publicidad y pago de contratos actuales y fallidos en energía, lo que impactará negativamente en los ingresos del fisco y niveles de pobreza y miseria.

Los empresarios aglutinados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), muchos de los cuales esperaban un veredicto contrario del Jurado en el juicio en New York, ya que han venido haciendo negocios con el Estado y apoyado sus políticas de corte neoliberal avaladas por el FMI, empiezan a mostrar preocupación por la situación del país y las implicaciones o impactos negativos que tendrá la declaración de culpabilidad del hermano del presidente, incluso del mismo JOH y sus allegados. Esta preocupación debe incluir no solo estudios técnicos para cuantificar y dimensionar las implicaciones de los impactos, sino también una declaración oficial que fije de una vez por todas la posición del empresariado nacional sobre el gobierno de JOH.

El empresariado, principalmente los llamados industriales y productores de cultivos como café, aceite de palma, camarón y hortalizas, deben tomar partido en esta lucha que tiene enfrentado al gobierno de JOH y la cúpula militar, medios de comunicación “tarifados” e iglesias evangélicas, con los partidos de oposición (liberal, LIBRE, Pinu-SD y Salvemos Honduras), estudiantes, organizaciones campesinas-indígenas, gremios de la salud y organizaciones de sociedad civil defensoras de derechos humanos, en tanto los costos para el país de seguir profundizando un modelo económico excluyente y antidemocrático, son y serán muy altos y abarcan incluso a este tipo de actores económicos que, por conveniencia, se han mantenido al margen del conflicto llamados al silencio.

Los dirigentes de la oposición a la dictadura del partido nacional liderada por JOH, deben hacer un esfuerzo por mostrar a este tipo de actores económicos las bondades de una transición democrática para el país, con JOH fuera del gobierno; pero más que eso, involucrarlos en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo más participativo y equitativo.

En lo político, por un lado, existe dentro de los miembros de la cúpula actual del partido nacional y diputados, la creencia que la culpabilidad de “Tony” Hernández, tal como manifiesta el mismo JOH, es una venganza de aquellos narcotraficantes que fueron puestos a disposición de la justicia norteamericana por el gobierno de la República, y vista la oportunidad de bajar sus penas, negocian con la DEA y la Fiscalía de aquel país una rebaja, al declarar en contra del hermano del presidente y del mismo JOH. Este argumento justifica la continuidad de JOH en el poder hasta que termine su periodo en 2021, garantizándose una transición y traspaso del poder en forma pacífica, contrario a los que quieren que JOH renuncie y enfrente las denuncias de narcotráfico en EEUU. El actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, René Orlando Ponce Fonseca, apoya esta salida, con lo cual se desvanece la posibilidad de un golpe de Estado contra JOH promovido por los militares.

Por otro lado, el alargue del periodo de JOH en el poder hasta 2021, ayuda a que se consolide un proceso electoral nuevamente viciado donde el partido nacional y el lado oscuro del partido liberal, tendrían la mayoría en el Tribunal Electoral frente al partido LIBRE, que logró la ansiada representación, pero condicionado a las decisiones de los demás miembros. Incluso se piensa que JOH puede tener la opción de pactar con LIBRE en detrimento del lado oscuro de los liberales, a cambio de inmunidad en el próximo gobierno (2022-2025), o sea la no extradición a EEUU.

Finalmente, los miembros de la recién nombrada Coalición de Unidad de Oposición “Fuera Dictadura”, especialmente Salvador Nasralla y Luis Zelaya, pueden hacer ver a los EEUU los riesgos de que JOH siga aferrado al poder y no renuncie, ya que tiene el apoyo de toda la institucionalidad, incluyendo la cúpula de las FFAA. Un riesgo es la percepción negativa del pueblo norteamericano acerca del apoyo del gobierno de EEUU a un presidente acusado de ser narcotraficante, en una coyuntura política como son las elecciones presidenciales. En tal sentido, el Pentágono y/o Comando Sur, más allá de las felicitaciones a JOH por su lucha contra el narcotráfico, puede actuar, tal como hizo en el pasado, definiendo con la oposición política y militares hondureños la mejor estrategia para que JOH deje el poder y se instale un gobierno de transición liderado por Salvador Nasralla.

La lucha en las calles debe ser permanente, y mostrar un grado de unidad mayor entre los líderes y sus bases. Debe existir una agenda de trabajo semanal por regiones y departamentos, sin descuidar las acciones con los demás actores, incluyendo a los empresarios, cooperación internacional, FFAA y gobierno de EEUU.

Tegucigalpa, 22 de octubre de 2019