Por estos días cobra fuerza en Estados Unidos la pugna en torno a la posibilidad de que el presidente Donald Trump sea sometido a un proceso de destitución mediante juicio político por parte del Congreso, lo que denominan “impeachment”, y que, en líneas muy generales, está establecido por la Constitución de 1787.

Los cargos y acusaciones contra el primer mandatario son diversos y de vieja data, mientras que las referencias constitucionales son bastante abiertas a la interpretación, lo cual no permite pronósticos claros. El caso cobra fuerza, sobre todo a nivel mediático, en medio de muy extendidas especulaciones, mientras que el Presidente, a la vez que se muestra irritado, adopta una controvertida e incierta táctica de desafío, y señala que se ha desatado una “caceria de brujas” y que se intenta un golpe de estado.

Se ha indicado, y por momentos ha parecido, que el presidente Trump se comporta provocativamente, casi auto incriminándose, y a la vez que parece instigar a los demócratas para que se lancen a montar el proceso de juicio político. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, declaraba en mayo que la Casa Blanca está como pidiendo a gritos que iniciemos el impeachment, para dividir a los demócratas y distraer o alejar la atención respecto a su gestión de gobierno.

En definitiva, recién el liderazgo del Partido Demócrata ha dado inicio al proceso hacia una eventual destitución del Presidente, pero es demasiado temprano para afirmar sobre posibles desenlaces.

Antes de continuar abordando la situación del caso y referirnos a la naturaleza del proceso constitucional que llaman impeachment, es importante apuntar y tener en cuenta tres circunstancias del momento en que ello tiene lugar.

Primero, que esa posibilidad de juicio político está condicionada y cobra impulso en medio de la polarización partidista y los cálculos que se plantean en función de las elecciones presidenciales y legislativas a derimirse en noviembre del próximo año;

Segundo, tiene lugar cuando ha seguido haciéndose evidente y agudizándose la declinación del país en varios ámbitos importantes según se ha manifestado en las últimas cuatro décadas;

Tercero, cuando, como consecuencia de lo anterior y de los cambios que han tenido lugar en el contexto internacional, se han exacerbado tambien las contradicciones en la sociedad y las pugnas intraoligárquicas al seno de la élite gobernante.

Son elementos a tener en cuenta al analizar lo relacionado con un eventual juicio político o impeachment, segun se intenta emprender contra el presidente Trump.

Los pasos para un impeachment

El impeachment es en lo fundamental un proceso político. No hay patrones legales claramente establecidos. Son cálculos y definiciones políticas que dependen de las fuerzas en juego.

Ahora bien, en el plano legal, impeachment se refiere a un proceso constitucional que puede conducir a la destitución de un funcionario público, incluyendo al Presidente. No significa la expulsión del cargo, sino la acusación y presentación de cargos legales en su contra por parte de un órgano legislativo, lo que podría conllevar a la destitución. No es aplicable solo al presidente sino a ministros y jueces y es aplicable también a nivel de los estados de la Unión. Es un evento bastante raro en la política estadounidense. 

En la Constitución del país se pretendía con ello someter a los más altos funcionarios al dominio de la ley y a rendir cuenta de sus acciones, en base al mito de que nadie está por encima de la ley.

El juicio y la eventual remoción del cargo se efectúan por separado y después del encausamiento o acto del impeachment en sí mismo.

La Constitución asigna a la Cámara de Representantes iniciar el proceso y levantar los cargos, y puede concluir en una sesion plenaria donde apruebe la acusacion por mayoria simple.

De ser aprobados por la Cámara, los cargos presentados serán llevados al Senado al que se asignó la función de, eventualmente, procesar y someter a juicio al mandatario. Una condena alli implicaría la destitución, pero debe ser aprobada con dos tercios de los votos, es decir 67 de los 100 senadores.  Actualmente el partido Republicano del Presidente tiene la mayoría con 53 senadores.

Por esa y otras razones, la probabilidad de que Trump pierda su cargo por un juicio político en el Congreso es vista como remota por muchos expertos.

Mientras que no es común la concreción de un proceso de juicio político contra funcionarios públicos federales, las demandas para que se proceda al respecto, especialmente contra presidentes del país han sido bastante comunes casi desde comienzos de la república.

Pero en sí, no es un procedimiento de fácil aplicación. Ningún Presidente ha sido removido de su cargo. En todo ese tiempo a nivel federal solo 19 personas, en su mayoría jueces, han sido sometidas a juicio político. Sólo dos presidentes han pasado por ese mal trago en los 243 años de historia de Estados Unidos.

El primero fue el demócrata sureño Andrew Johnson, en 1868, cuando fue acusado de violar la ley al destituir al secretario (ministro) de Guerra, aunque era un factor el trasfondo de tensiones políticas posteriores a la Guerra Civil y a la polarización con el inicio del período llamado de Reconstrucción.

El segundo caso lo protagonizó Bill Clinton, en 1998, tras ser acusado de obstrucción de la justicia y perjurio, aunque en un asunto no estrictamente relacionado a su gestión como Presidente, sino por presuntamente haber mentido bajo juramento ante un tribunal federal que le interrogó sobre sus relaciones sexuales con Mónica Lewinsky.

Ambos fueron condenados en la Cámara de Representantes pero absueltos en el Senado, donde la acusación no superó los dos tercios de mayoría necesarios.

El procedimiento de destitución también se activó contra Richard Nixon, sometido a una investigación criminal en 1974 en el caso Watergate, pero éste dimitió antes de que la Cámara de Representantes votara el asunto que ya había sido debatido en audiencias públicas y aceptado con sólidas evidencias en el correspondiente comité parlamentario.

Las razones o las bases para un impeachment aparecen en forma bastante ambigua en la Constitución. Allí se dice que tales funcionarios “seran removidos de sus cargos sobre la base de un juicio político y convictos por traición, cohecho u otros graves delitos e infracciones”.

La vaguedad de la terminología ha conducido a un permanente debate acerca de qué conductas inadecuadas califican como objeto de delito contra el Estado y sometibles a “impeachment”.

Ha sido interpretada como referidas a transgresión de la ley hasta abuso y violación de la confianza pública. En el debate legislativo se ha planteado que “una ofensa sometible a impeachment es cualquiera que una mayoría de la Cámara de Representantes considere apropiada en un momento dado de la historia”.

El resultado de la investigación del fiscal especial

Despues de más de dos años de investigación, audiencias, presiones y permanente cobertura y especulaciones de prensa, el Fiscal Especial para el caso, Robert Mueller, quien fuera nada menos que Director del FBI, dio por concluidos sus trabajos y entregó un informe al parecer poco concluyente y polémico.

El comité Mueller optó por no presentar cargos contra el Presidente. Tampoco estableció conclusivamente que existiera colusión entre la campaña de Trump y el gobierno ruso, aunque no lo exoneró a ese respecto, y menos aun sobre repetidos intentos de Trump de afectar las investigaciones. Todo ha quedado en un marco de ambigüedad en cuanto a la evidencia de acciones impropias por parte del Presidente.

De lo que se ha informado y de las declaraciones del propio Mueller distintos factores hacen afirmaciones contradictorias acomodadas a sus intenciones. Los demócratas afirman que lo revelado confirma que el Presidente debe ser juzgado y depuesto.

Mueller sugirió, aunque de manera clara, que le correspondía al Congreso tomar la determinación respecto al juicio político. Paralelo a las investigaciones del Fiscal y de forma más o menos formal, desde hacia meses, otros seis comités de la Cámara han estado llevando a cabo investigaciones sobre el Presidente y su equipo de gobierno.

Como señalamos al comienzo, se especula acerca de que Trump de hecho desea que le inicien el proceso de juicio político para mantenerse como foco de la atención nacional, movilizar su base de apoyo y obtener lo que percibe como ventajas políticas. Habría calculado que la muy probable absolución por el Senado será una victoria que le permitirá reiterar que todas las acusaciones contra él son falsas y fortalecer su aspiración reeleccionista.

Desde los primeros momentos, la posición de los demócratas ha sido tratar de persuadir a la nación que hubo una colusión con Putin para robar las elecciones de 2016, y que es deber patriótico buscar y concretar el juicio político, remover a un Presidente ilegítimo y juzgarlo por actos de traición.

En lineas generales la posición de los republicanos es que independiente de los defectos que se le achacan, Trump es el Presidente, que fue legítimamente elegido y que el esfuerzo para aplicarle el impeahment es un intento de golpe de estado constitucional por parte del llamado “estado profundo” y de los demócratas por estar aterrorizados por no poder derrotarlo por vía electoral en 2020.

La opinión pública nacional ha estado dividida casi a partes iguales, pero ahora se reducen los que se oponen al juicio político. Por su parte, la casi totalidad de los activistas e integrantes de los sectores progresistas en EE.UU. mantiene fervorosas posiciones contra Trump y sus políticas, y favorecen su destitución. No obstante, a la par con ello, algunos han llamado la atención acerca de que muy graves acciones, peores que las que ahora se discuten, han sido llevadas a cabo por otros muchos mandatarios yanquis que no han recibido condena alguna.

Casos con muy graves consecuencias en vidas humanas como la guerra contra Iraq, fabricada en base a mentiras de Bush y sus acólitos o lo relacionado con las graves ilegalidades en el caso Irán-Contra, durante el gobierno de Reagan; son acciones criminales en las que sus gestores y personajes fueron eximidos por el sistema y que deberían haber conducido a su procesamiento político y eventual destitución.

Lo que se oculta detrás de los cargos contra Trump

Como resultado de su impropio manejo del cargo, pero también de las pugnas existentes en las altas esferas de poder, los llamados a someter a Trump a juicio político y destitución se formularon desde los primeros días después de asumir la Presidencia, en enero de 2017 y se han mantenido durante su mandato.  También desde un inicio el liderazgo demócrata barajó esa posibilidad.

Destaca principalmente la acusación de connivencia de Trump y su equipo con Rusia para asegurar su elección. Ese tema circulaba desde meses antes y servía también al propósito de justificar el descalabro demócrata en las elecciones, intentar de poner a Trump a la defensiva y responder a quienes tratan de revivir tensiones de una nueva guerra fría.

Las luchas de poder entre la Casa Blanca y la CIA, y otras agencias de seguridad se han hecho mucho más abiertas ahora que durante el proceso de Watergate. Salta a la vista que existe animaversión en la comunidad de inteligencia y en otros círculos burocráticos hacia Trump y sus políticas. Es plausible o evidente que funcionarios públicos, incluso en la Casa Blanca, rutinariamente tratan de menoscabar las indicaciones del Presidente.

Dañinas filtraciones de información clasificada por parte de fuentes de seguridad nacional comenzaron a aparecer incluso antes que Trump tomara posesión. Es parte de un choque entre facciones burocráticas que se manifiesta también a través de narrativas diseminadas por sus aliados en los medios de prensa.

Un notable impulso adicional en pro del juicio político contra Donald Trump se generó al aparecer el tema Ucrania en el tapete. Se produjo recién al darse a conocer una conversación telefónica de Trump con el Presidente de Ucrania al que habría presionado para reactivar una investigación por corrupcion iniciada en ese país que involucra a un hijo del aspirante presidencial demócrata y exvicepresidente John Biden. Se acusa al Presidente de un nuevo proceder impropio al gestionar ingerencia extranjera para su beneficio en la campaña para su reelección.

Biden habría intercedido ante las autoridades de Kiev, lo que al reaparecer ahora en titulares puede liquidar sus aspiraciones presidenciales.

Por otra parte, todo este asunto parece tener un trasfondo turbio y poco claro por quienes mueven los hilos de la trama y por causas que no aparecen en el tapete. Se ha sugerido una posible conexión del proceso de impeachment con la polarización en Washington acerca de la controvertida política hacia Rusia. 

Al respecto, Ucrania es un tema caliente en la geopolítica, no ajeno al golpe de timón que se dio allí hace pocos años instrumentado por la CIA y los neoconservadores. Estos, así como fuertes intereses corporativos, tratan de impedir que se frustre el esfuerzo de larga data para meter ruido en las relaciones de Rusia con la Union Europea, asi como para detener la concresión del importante gasoducto ruso-europeo Nordstream 2.

Por supuesto eso queda fuera de la variedad de acusaciones que se incluyen en las investigaciones en curso. Ademas de la supuesta ingerencia rusa en las elecciones de 2016, principalmente que Trump realizaba acciones para obstruir las pesquisas del fiscal especial Mueller, abuso de poder, violación de cláusulas constitucionales respecto a sus negocios y finanzas personales, y de otras que se han venido enunciando durante más de dos años.

A partir de la mayoría obtenida en la Cámara por los demócratas a fines de 2018 se les hizo factible emprender algunas indagaciones formales del impeachment, con mayor determinación ahora que se ha destapado este escándalo en torno a Ucrania.

En base a ello y despues de muchas dudas sobre los riesgos políticos y sobre la posibilidad real de una conclusión favorable a los demócratas, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi anunció el pasado 24 de septiembre el comienzo formal del proceso de indagaciones acerca de las acciones del presidente Trump, o sea, el primer paso hacia un juicio político.

En agosto, el representante Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial confirmó a la prensa que su comité estaba investigando a Trump por obstrucción de la justicia y de las investigaciones del Procurador Especial Mueller respecto a los vínculos del Presidente con Rusia, y anunció que estaban por decidir si presentarían los cargos del impeachment ante el pleno de la Cámara antes de fin de año.

Actualmente se da creciente batalla entre el Congreso y la Casa Blanca en torno a la obtención de acceso a documentos y a que se autorice la presentación de testigos del gobierno en audiencias, algunas a puertas cerradas y otras que en parte serán un show televisivo.

No es fácil el camino hacia el juicio político, pero podrían incluso ganar la votación de mayoría simple en el pleno de la Cámara.

Sin embargo, según mencionamos, como se ven las cosas ahora es sumamente improbable que el juicio avance en el Senado y lograr la mayoría de dos tercios requerida. Para ello tendría que romperse a la mitad el bloque republicano y que el proceso adquiera un carácter bipartidista, lo cual no es imposible, según algunos. Otros han sugerido que más que un impeachment quizás los demócratas buscan un desenlace al estilo Nixon, de forzar la renuncia de Trump.

Consecuencias impredecibles

Se estima que ambas etapas del proceso traerán como resultado situaciones embarazosas, delicadas e inconvenientes para el país, además de mayor paralización del gobierno, de la actividad legislativa, y conducir a una polarización adicional de esa nación profundamente dividida.

De momento se han esbozado amagos por parte del presidente Trump de desclasificar y develar informaciones comprometedoras contra sus enemigos políticos envueltos en la campaña en su contra, lo que se dijo ocasionaba pánico entre algunos jefes de los aparatos de inteligencia en funciones durante el gobierno de Obama. Al parecer incluirían pruebas documentales de acciones de espionaje político doméstico, fraudulentas, encubiertas y dañinas desplegadas contra personas del equipo de Trump desde 2016 y antes.

En el caso improbable de que el proceso para el impeachment avance y la ecuación en el Senado se modifique, algunos incluso apuntan la eventualidad de peores desarrollos a partir de la personalidad y el temperamento impulsivo de Trump, y al hecho, alegan, de que no es una persona sensible a los argumentos legales o constitucionales.

Al Presidente, dicen, los insultos y los daños recibidos parece que le exacerban su beligerancia, por lo que a medida que se incremente la presión, su retórica se hará más incendiaria. A través de sus twits Trump insinuó que cualquier intento de destituirlo podría provocar una guerra civil.

El agudo analista Chris Hedges afirma que este intento de los demócratas y gran parte de la prensa por destituir a Trump se hace como si nuestros problemas estuvieran contenidos en su figura, y tendrá resultados contraproducentes.

Podría ser visto por sus simpatizantes como un esfuerzo contra ellos, como una señal más de que sus voces no importan… Esas fuerzas crecerían con mayor virulencia si Trump es destituido. Parte de ese enorme segmento de la población, como bien lo sabe Trump, está armado hasta los dientes. Éste, en la lucha por defender su existencia política, usará la retórica como gasolina para encender el fuego.

Otro articulista, luego de señalar la relativa reticencia de la Administración Trump para el uso de la fuerza militar, especula que no resultaría inconcebible que, presionado ante el prematuro fiasco de su Presidencia, Trump se pueda sentir tentado a arremeter en el exterior.