La reforma a la Ley General de Salud que impone a los alimentos chatarra y bebidas con altos niveles calóricos el etiquetado frontal de advertencia de riesgo para la salud por la ingesta de esos productos, fue aprobada por la Cámara de Diputados con 445 votos y tres abstenciones. ¿Sabe usted de qué partido? Sí, de Acción Nacional, el que preside con la impugnación de distinguidos panistas Marko Cortés, el señor que como diputado estableció “los moches” como condición para “bajar recursos” a legisladores y alcaldes del PAN.

El lunes 1º, 12 años después de que se presentó la primera iniciativa de ley para advertir sobre el peligro de consumir alimentos chatarra y bebidas excesivamente calóricas, fue insuficiente para la maquinaria de cabildeo que puso en juego el poderoso grupo de empresarios que producen alimentos y bebidas de ese tipo y que se agrupan en el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (¡ConMéxico!) y contó con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial.

Fracasaron los intentos empresariales por echar abajo el proyecto de reforma por parte de los cabilderos de las refresqueras, productoras de galletas, pan y papas fritas que durante décadas actuaron sin que mediara norma alguna para alertar a los consumidores de los riesgos de su consumo.

Y los plausibles resultados de San Lázaro que aún debe ratificar el Senado –y quien seguramente colocará a la salud pública por encima de los estrechos intereses comerciales, como exigen organismos civiles mexicanos y extranjeros, incluida la Unesco–, obedecen no sólo a la presencia mayoritaria que tiene Morena, sino sobre todo porque México padece gravísimos problemas de obesidad, particularmente infantil, diabetes y enfermedades cardiacas, a las que contribuyeron durante décadas y de forma muy activa los alimentos chatarra y las bebidas con altos niveles calóricos.

La nueva legislación establece, por ello, “la obligatoriedad de impulsar acciones que promuevan una alimentación nutritiva y la actividad física: Los programas de nutrición promoverán la alimentación nutritiva y deberán considerar las necesidades nutricionales de la población. Por lo que propondrán acciones para reducir la malnutrición y promover el consumo de alimentos adecuados a las necesidades nutricionales de la población y evitar otros elementos que representen un riesgo potencial para la salud”, indica el texto en el artículo 114.

De esta manera, por obligación de las empresas, el nuevo etiquetado establecerá las necesidades nutrimentales que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos evitando los altos contenidos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Tratándose de harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrimentos y las cantidades que deberán incluirse.

Los productores de alimentos chatarra y bebidas azucaradas tendrán que cumplir con el etiquetado frontal de advertencia que deberá hacerse en forma separada e independiente a la declaración de ingredientes e información nutrimental, para indicar los productos que excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos críticos e ingredientes que establezcan las disposiciones normativas competentes.

Varios diputados denunciaron durante el debate que con la reforma se pone freno al marketing que tanto daño causa a México; que la perversidad se concreta cuando los productos se ofrecen al consumidor ocultando sus efectos nocivos; los carbohidratos y el azúcar son un notable adictivo. Y más: El productor de papa vende el kilo a 10 pesos y el empresario gana una proporción de 3 000% y que “No es suficiente lo que aprobamos, pero es un gran paso”.

Y vaya que los es y será más aún cuando el Senado aporte en la misma dirección de privilegiar la salud de los mexicanos.

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