Políticamente lo que otros usan para unir, en Colombia se usa para separar. Cuando hay ideas comunes se buscan fisuras que justifiquen ruptura. La izquierda logra despolarizar diferencias con la derecha, pero no lo logra hacerlo fácilmente con la misma izquierda. Los ríos que unían culturas y pueblos fueron convertidos en barreras para separar territorios y alimentar odios. Las elites como los conquistadores, vigilan que lo que une no tenga garantías, porque peligra su propia existencia. Conocen bien sus ventajas y han tomado atenta nota de las debilidades de las mayorías, que podrían ponerlas en riesgo y cambiarles su destino, por eso las ataca políticamente todo el tiempo. Mantienen ejércitos formados con sus mismas víctimas y hacen creer que política es la que separa, sabiendo que en su soberbia, politiquería y clientelismo, radica el trípode que sostiene su estabilidad y lealtades.

La tragedia humana nacional, es tratada como una sucesión inconexa de hechos violentos y de degradación por hambre, enfermedad, exclusión, útil para exacerbar pasiones y mantener el ciclo de violencias, imponer límites a derechos y libertades y eliminar límites a su propicia codicia. Se especializaron en imponer la guerra y la hostilidad como principios a seguir. Enseñaron a discriminar a los distintos y a eliminar primero a sus dioses y después a sus líderes sociales y mandos insurgentes para provocar la retirada y minar cualquier resistencia civil o armada ante su autoridad. Convirtieron la guerra en valor absoluto, le dieron un valor especial sobre la vida y la dignidad humana, así lo anuncia la publicidad estatal que ofrece recompensas, altera conciencias y promete falsos cambios, manipulando los conceptos de adversario y enemigo político. Al adversario lo presentan como enemigo y al enemigo como una especie a la que es inaplazable exterminar. La masacre, el genocidio, la crueldad, tienen impulsores, apologistas y defensores, cuyo encargo es minimizar o ridiculizar la tragedia a la que usualmente señalan como asunto colateral a su codicia, que impide competirles el poder. Las palabras reiteradas del ministro de guerra así lo muestran, siguen un libreto, no son equivocaciones ni errores de cálculo, son parte de una manera de pensar y gobernar. Así piensa y se lo cree cuando afirma que los asesinatos de líderes ni son sistemáticos, ni son políticos.

A las elites, el modo de vivir en un estadio de guerra, les ha dado sus mejores resultados, la economía crece, pero las guanacias son para pocos. Unas veces triunfan como empresarios, otras como políticos, le llaman carrusel, pero es la dinámica mafiosa de un sistema de poder, que no podría permanecer en momentos de paz, en los que estarían inseguros, sin los privilegios originados muchas veces en viejos fraudes que les dieron un status social que por nada están dispuestos perder. En eso basan su derecho a tener para sí lo que arrebataron o negaron a otros, a lo que suman las rentas de la nación y bienes comunes a cargo del estado. Su alta capacidad de maniobra y control del estado, se reduce para ellas en época de paz, de la que desconfían por temor a quedar inestables. Por su incomodidad es que recurren a justificar rápidamente la necesidad de tener activa la guerra.

Para el partido en el poder, la paz pactada es una afrenta a su propia existencia, un intento de su enemigo por prohibir la guerra, que les permite romper todo límite y reivindicar la legalidad de la justa causa. Mantener en ofensiva al estado autoriza al gobierno a crear discrecionalmente escenarios de confrontación, emprender nuevos empréstitos, intervenir instituciones, reordenar presupuestos, comprar medios y costosos equipamientos de guerra, preparar ejércitos y movilizar civiles a favor de su ideología, pero también desorientar imaginarios sociales y generar percepciones de peligro.

El estadio de guerra le facilita al poder estigmatizar instituciones y personas, agredir, vigilar, controlar, sancionar, condenar y arremeter contra quien entre en su esfera de sospecha o esquizofrenia. Estudiantes de universidades públicas que habían logrado aprender a movilizarse con imaginación son otra vez retados para violentizar sus acciones. Los opositores y grupos sociales conminados a ir otra vez a la defensiva judicial, mediática o social y las ONG defensoras de derechos, colectivos políticos, intelectuales, indígenas, campesinos, sindicalistas a esperar su turno para ser puestos en la condición de adversarios a negar o de enemigos a eliminar al amparo de confusas razones de estado o de seguridad democrática en la versión original o ajustada. Con el estado de guerra el gobierno obtiene la gracia política y judicial de considerar ilegal toda acción, expresión u opinión estructurada contra su poder. Los límites son eliminados y el oponente individual o colectivo declarado criminal e inhumano, lo que les resulta suficiente para invalidarlo y liquidarlo, en cuanto queda privado de todos sus derechos y con el estigma de enemigo del que todos deben saber que quedarse sin derechos equivale a ser portador de una extraña peste que contagia al que se acerque.

P.D. La guerra le mejora las cifras de poder a pocos pero destruye la vida de muchos. Un homenaje a la memoria de Alfredo Correa de Andreis, profesor, sociólogo, rector de la U del Magdalena, víctima de un execrable crimen de estado en el nombre de la seguridad democrática hace 20 años.