En el mundo entero donde se ha experimentado con la privatización de las cuotas de los asegurados o con las asociaciones público privados (APP) han fracasado rotundamente. Durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) se aprobó una ley que le entregó al sector privado la administración de los recursos del programa de Vejez de la Caja de Seguro Social (CSS) que quebró casi en el acto. Ahora está pasando por la Asamblea de Diputados un proyecto de ley que crearía las APP. En el seno de ese órgano del Estado casi no hay debate, en los medios de comunicación apenas se informa sobre su existencia y el gobierno mantiene un silencio ensordecedor.

El proyecto tiene tres características claves que cada panameño debe conocer. En primer lugar, es una forma de trasladar recursos del erario a sectores que aducen tener privilegios (por haber financiado la elección de quienes ocupan cargos públicos desde el presidente de la República hasta el Representante de Corregimiento, pasando por Diputados y Alcaldes). Segundo, las asociaciones público privados son una herramienta política que socava el sistema de libre competencia propio del capitalismo. En tercer lugar, las asociaciones son prácticamente unas ‘máquinas’ concebidas para perfeccionar y legalizar la corrupción.

Todas las instancias políticas del país – Presidente y demás – existen para servir a la República y sus ciudadanos. Se le autoriza a las ‘autoridades’ electas para cobrar impuestos y recibir todo tipo de tributos (peajes, etc.) para cumplir con la Constitución: Educación gratuita, servicios de salud para todas las personas que viven en territorio nacional y garantizar una vivienda decente a todas las familias. Ni bajo la presente constitución (1972) o las anteriores se ha cumplido porque los gobernantes tienen otras prioridades y reprimen a quienes exigen cuentas.

Con las APP, el presupuesto nacional de 25 mil millones de dólares será compartido con personas o empresas que se consideran superiores a los panameños comunes. El sector educativo (por ejemplo) que recibe menos de mil millones de dólares al año para servir a casi un millón de estudiantes, compartirá esos fondos con personas ‘privadas’. Hace varios quinquenios los gobiernos se comprometieron a destinar el 6 por ciento del presupuesto al sector educativo. Es decir, duplicar el monto gubernamental destinado a la formación de los panameños de mañana. En vez de diseñar un plan para el sector educativo, aumentando el presupuesto, improvisa creando oportunidades de negocios en un área estratégica para el desarrollo nacional. El llamado ‘sector privado’ no tiene como objetivo principal educar sino incrementar sus ganancias.

Los dueños de los colegios de la capital se beneficiarán significativamente. Incluso, en las áreas más remotas del campo, la escuela-rancho recibirá un monto para pagarle a un individuo o empresa que pacte con el gobierno una APP. Con los recursos ya aprobados para la descentralización, incluso el representante de corregimiento repartirá recursos a sus allegados para brindar cualquier servicio en combinación con el gobierno sin garantías de calidad o rendición de cuentas.

Las APP son un salto al pasado colonial. Regresamos a los tiempos en que el rey, gobernador o corregidor repartía favores a sus amigos más leales. Durante la colonia estaban vigentes las instituciones feudales que operaban como una pirámide donde el rey en forma soberana decidía quienes se beneficiaban de las riquezas que producían los indígenas, los esclavos y los demás trabajadores. Estos a su vez no recibían pago alguno a cambio. Las constituciones modernas rechazan estas arbitrariedades y crean la figura de la República (donde se supone la igualdad entre todos los ciudadanos).

El presidente Laurentino Cortizo dice que la ley de las APP no se aplicará en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) o en los sectores de salud y educación. Se olvida que en la ACP ya se está aplicando un reglamento que lo permite. Ya están caminando 4 proyectos tipo APP en el área del Canal y hay otra media docena preparándose. Le falla la memoria cuando no recuerda que quienes promueven las APP con más entusiasmo son los que quieren explotar los sectores salud y educación. El presidente Cortizo tiene que leer el proyecto de ley.

La falla principal de la propuesta de las APP es la corrupción que lleva incorporado en el articulado de la ley. Será la herramienta favorita de los políticos para repartir recursos del erario, para hacer nombramientos y caer en prácticas de nepotismo.

- Marco A. Gandásegui, hijo, es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.