Relator de la ONU pidió explicaciones al gobierno ecuatoriano sobre vigilancia a Julián Assange
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El Relator de la Naciones Unidas sobre Derecho a la Privacidad, Joseph Cannataci, ha hecho pública su comunicación al gobierno ecuatoriano sobre Julián Assange, enviada el 9 de Mayo del 2019, con preguntas que aún el gobierno de Lenin Moreno no ha contestado.
Destacan las siguientes observaciones del Relator:
En 2018 las cámaras de vídeo instaladas en la sala de reuniones donde Julián Assange podía recibir a sus invitados, incluidos abogados, médicos y contactos profesionales, fueron substituidas por cámaras de imágenes de alta resolución y la Embajada no ofreció la posibilidad de celebrar esas reuniones en privado, fuera del alcance de las cámaras de vigilancia.
A Julián Assange no se le permitió usar la radio ni otros dispositivos que aseguraran la privacidad de sus conversaciones con sus visitantes, lo cual violaría los principios de confidencialidad médica y de confidencialidad entre clientes y abogados.
El Gobierno del Ecuador autorizó las entrevistas solicitadas por el FBI y la CIA al personal de la Embajada del Ecuador en Londres, en relación con la estancia de Julián Assange, las cuales se habrían llevado a cabo entre enero y febrero de 2019. El Relator pide saber qué orientaciones se dieron al personal para proteger del derecho a la privacidad del Julián Assange.
Los datos provenientes de la vigilancia de Julián Assange se habrían compartido con otros Gobiernos, incluidos los Gobiernos de los Estados Unidos de América, el Reino Unido y España.
Los archivos, notas, documentos y otros materiales personales y confidenciales de Julián Assange fueron dejados en la Embajada después de que fuera arrestado por la Policía del Reino Unido el 11 de abril de 2019; la retención de esos efectos personales y documentos es de especial preocupación del Relator, puesto que deben estar protegidos contra cualquier forma de interferencia, como confiscación, copia, fotografía, etc.
El Relator le pregunta al gobierno ecuatoriano cómo es posible que vídeos, audios y otros materiales procedentes de la vigilancia a Julián Assange en la Embajada, pudieron terminar en manos de extorsionadores privados en España.
En su comunicación del 9 de mayo, el Relator solicitó la devolución, sin demora, de las pertenencias de Julián Assange a sus abogados e hizo un llamamiento al Gobierno del Ecuador para que dichos bienes no se compartan con ningún otro gobierno, lo que constituiría una grave violación del derecho a la privacidad de Julián Assange. Por el contrario, el 20 de mayo 2019, por pedido de los Estados Unidos, las pertenencias de Julián Assange en la embajada fueron confiscadas, en una acción que los abogados del periodista calificaron de ilegal. Al no respetarse la cadena de custodia, los abogados de Assange temen que el gobierno pueda plantar alguna evidencia que facilite que Estados Unidos obtenga la extradición.
Un total de 12 cuestionamientos al Ecuador por parte del Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad de la ONU, Joseph Cannataci, respecto al trato del asilado político Julián Assange, se suman a los que también ha hecho el Relator de la ONU contra la Tortura, Nils Melzer, los cuales tampoco han recibido respuesta por el gobierno de Lenin Moreno.
La comunicación completa del Relator de la ONU sobre el Derecho a la Privacidad se puede leer aquí: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24594
Fuente: Centro Andino de Estudios Estratégicos (CENAE)
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