Las tecnologías digitales están reconfigurando la naturaleza y la experiencia del trabajo, los servicios públicos y la propia naturaleza del Estado y de una democracia funcional.  La digitalización y la recopilación de grandes cantidades de datos (el big data) pueden mejorar el diseño y la prestación de servicios públicos, mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, reducir las horas de trabajo y fomentar una mayor participación democrática y rendición de cuentas.  Sin embargo, cuando la gobernanza digital es diseñada por y para las empresas multinacionales, amplifica la tasa de mercantilización y privatización de los servicios públicos y aumenta el trabajo precario.

El movimiento sindical mundial ha emprendido repetidos esfuerzos para abordar el impacto de la digitalización en la disminución de los derechos laborales, la violación de los derechos de privacidad de los trabajadores y, en particular, el impulso del trabajo precario.  La automatización y la inteligencia artificial se proyectan para remodelar y reemplazar fundamentalmente algunas áreas de trabajo.  Las condiciones de los trabajadores en la ‘economía de plataforma' o con la ‘uberización del trabajo' requiere un replanteamiento fundamental sobre cómo gobernamos el empleo y protegemos a los trabajadores fuera de los lugares de trabajo tradicionales.  Las iniciativas sobre el "futuro del trabajo" en el marco del centenario de la OIT abordan algunas de estas amenazas.  Pero para entender las amenazas digitales a los trabajadores y a los servicios públicos, necesitamos abordar la economía política de la digitalización y preguntarnos a quiénes deberían pertenecer los avances tecnológicos, quiénes deberían lucrar de ellos y a quiénes deberían beneficiar, lo que incluye la cuestión de la acumulación de los datos de las personas.

Los datos son claramente un recurso que tiene valor.  Ese valor puede monetizarse y generar beneficios sin precedentes.  El valor también podría ser visto como un recurso público, que es necesario para que los gobiernos proporcionen servicios públicos de calidad.  El público ha generado los datos y debería tener derecho a que esos datos se utilicen para el bien común.  Hoy en día se reconoce comúnmente que los datos son el recurso más rentable en una economía digitalizada: el "nuevo petróleo".  Las empresas ofrecen cada vez más plataformas o infraestructura como medios para recopilar datos lucrativos.  Tesla, por ejemplo, se valora no como un fabricante de automóviles, sino como una plataforma para la recopilación de datos.

Los gobiernos recopilan una gran cantidad de datos que son fundamentales para la gobernabilidad efectiva, la planificación y la prestación de servicios públicos.  Los datos son esenciales en toda la formulación de políticas gubernamentales e incluyen datos ambientales fundamentales para la planificación climática, agrícola y de salud pública, los registros públicos, los datos sobre el cumplimiento del sector privado de las normas y los impuestos; el transporte, la educación, el uso y la distribución de los servicios básicos, y datos individuales que podrían abarcar la salud, el trabajo, la riqueza y los ingresos, la educación y la vida familiar.

Pero está claro que las corporaciones digitales tienen planes para aumentar sus ganancias a través de la prestación de servicios públicos.  Samsung, por ejemplo, proyecta que una parte significativa del crecimiento futuro vendrá a través de aplicaciones relacionadas con la salud, como el diagnóstico digital.  Los boletos de transporte público de varias ciudades se pueden pagar ahora a través de Google Pay, que ofrece un boleto digital, dejando una gran cantidad de datos de transporte en manos de la empresa.  Se descubrió que una aplicación en Australia diseñada para ayudar al público a concertar una cita con un médico vendía información a los bufetes de abogados de los demandantes, lo que les permitía ponerse en contacto con los usuarios para presentar reclamaciones de indemnización.

La privatización de los servicios públicos inducida por la digitalización se lleva a cabo por diferentes vías: la externalización de funciones clave de los servicios públicos, con la falsa premisa de que el sector público carece de experiencia; los acuerdos de cooperación público-privada, en los que el sector privado conserva la propiedad intelectual producida y, a menudo, el acceso a los datos recopilados.  El sector privado también utiliza tecnologías para financiarizar servicios públicos como la salud, la educación, los servicios básicos, el transporte, así como los registros y datos públicos.  Los acuerdos de cooperación con el sector privado en la prestación de servicios públicos digitalizados de bienestar social son problemáticos porque desplazan la relación de los ciudadanos con sus instituciones democráticas hacia una relación de cliente.  Al mismo tiempo, esos productos y ganancias del sector privado han dependido de la financiación pública.  La investigadora Mariana Mazzucato ha demostrado que todos los grandes avances tecnológicos, desde los fármacos que salvan vidas hasta el Iphone, han dependido de la investigación pública o han sido financiados mediante subvenciones públicas.

¿Ciudades ‘inteligentes’ o privatizadas?

El entusiasmo por las ‘ciudades inteligentes’ promete menos congestión del tráfico, un mejor transporte público y unos servicios públicos más direccionados y eficientes. Esta ciudades utilizan sensores, big data y automatización para gestionar el tráfico, los parqueaderos y el transporte público; para formular las decisiones de planificación, aumentar la policía y la seguridad, prestar servicios y automatizar las decisiones administrativas, incluidas las relativas a los pagos y servicios sociales.  Sin embargo, la propensión a desarrollar ciudades inteligentes a través de acuerdos de cooperación con el sector privado genera riesgos de desplazar a los trabajadores del sector público, de obsequiar grandes cantidades de datos comunitarios a corporaciones con fines de lucro, de desplazar el diseño urbano hacia imperativos de ganancia y eficiencia, de producir decisiones administrativas automatizadas perversas y de privatizar en la práctica los servicios públicos y los espacios públicos.

Bill Gates ha comprado un terreno para construir una ciudad inteligente del tamaño de París^[1].  La ciudad de Toronto ha formado una corporación para desarrollar los antiguos terrenos portuarios de Toronto en asociación con Alphabet (Google).  El Gobierno indio se ha fijado el objetivo de desarrollar 100 ciudades inteligentes.  La ciudad de Gurgaon, una de las más nuevas de la India, es un presagio del futuro de las ciudades construidas por empresas tecnológicas.  La ciudad fue construida en las afueras de Delhi para albergar al creciente número de empresas multinacionales de tecnología que buscan una presencia en la India.  Google, Nokia, Intel están todas presentes.  La ciudad fue construida por las empresas que allí tienen una sede.  Todos los servicios, incluyendo servicios de emergencia, reparación de calles, agua, energía, han sido desarrollados por empresas.  Los residentes tienen aplicaciones para mejorar la seguridad, los camiones de basura tienen sensores, el servicio privado de bomberos dice tener los camiones más avanzados de la India.  Sin embargo, aunque Gurgaon cuenta con edificios y casas de última generación, algunos de los más fastuosos del país, los pobladores que viven en sus numerosos barrios marginales no tienen acceso al agua, allí se acumulan montañas de basura sin recolección y sus calles están llenas de baches.  En Gurgaon no existe un sistema de alcantarillado, "por lo que las empresas privadas recogen las aguas residuales en fosas sépticas y las vierten en ríos cercanos o en terrenos abiertos.  Las perforaciones privadas de pozos han agotado rápidamente la cantidad de agua subterránea en la ciudad".^[2]

Las grandes empresas de datos no sólo prestan los servicios contratados, sino que están diseñando ciudades que generarán mayores ganancias para ellas y mayores oportunidades para extraer datos valiosos.  ¿Se exigirá a los residentes de la ciudad de Gates que utilicen los productos de Microsoft para operar sus servicios?  ¿Dependerán las entregas en Toronto de los coches sin conductor de Google?  ¿Los amplios datos recogidos en estas ciudades se utilizarán para construir servicios públicos, o para generar más ganancias que fuguen a los paraísos fiscales?

Los datos como bien público

La tercerización del desarrollo de las tecnologías digitales al sector privado disminuye las oportunidades del sector público de perfeccionar sus conocimientos, desarrollar innovaciones orientadas al mayor bien público y estimular la industrialización digital.  La subcontratación y los acuerdos de cooperación también plantean riesgos para la calidad de los servicios públicos.  La subcontratación del procesamiento digitalizado de visados en el Reino Unido dejó a los solicitantes en riesgo de deportación; la subcontratación del proceso del censo digital en Australia a IBM fue un desastre absoluto: el sistema falló a los pocos minutos de su lanzamiento y suscitó preocupaciones de que los datos del público podrían ser fácilmente pirateados.[3]

Dada la gran cantidad de lucro proyectado, no es de extrañar que los tecnocapitalistas intenten garantizar que los flujos de datos no estén regulados y puedan ser comercializados.  A través de los acuerdos comerciales, y potencialmente a través de la Organización Mundial del Comercio, los gobiernos están renunciando a la capacidad de gestionar eficazmente los flujos de datos de manera que contribuyan al bien público.  El capítulo sobre comercio electrónico del mal llamado Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP) prohíbe en la práctica a los gobiernos proteger los datos como un recurso común.  El acuerdo requiere que los gobiernos protejan el libre flujo de datos, prohíbe las leyes de localización de datos y cualquier exigencia de que las corporaciones digitales registren una presencia local en los países en los que operan.

Los beneficios públicos que la digitalización puede aportar sólo se conseguirán si los datos son reconocidos como un bien público de propiedad común y van acompañados de los reglamentos y organismos públicos institucionales que requieren los bienes públicos.  Existe una necesidad urgente de desarrollar las instituciones públicas y la infraestructura necesaria para permitir la obtención de datos para el bien público, con el fin de proporcionar un fondo común de datos capaz no sólo de regular el big data, sino también de proporcionar datos como un fondo común público concebido para apoyar la mejora de los servicios públicos, apoyar una regulación más eficaz del sector privado, generar ingresos fiscales y dar al público el control sobre el uso de sus datos.

Si las economías del futuro van a facilitar trabajo decente, protección social universal y servicios públicos de calidad, los sindicatos y la sociedad civil tendremos que utilizar nuestro poder colectivo y nuestra capacidad de acción democrática para:

a.   Detener la privatización de los servicios públicos por parte de las empresas digitales.

b.   Detener los acuerdos comerciales y las reglas comerciales que garantizan la desregulación de los datos e impiden que los gobiernos desarrollen políticas de industrialización digital.

c.    Asegurar que los gobiernos desarrollen políticas e instituciones para reconocer, administrar y regular los datos como un bien común.

d.   Desarrollar nuevas reglas globales para las estructuras corporativas y el sistema tributario que impidan a las empresas digitales ocultar sus beneficios en los paraísos fiscales.

La historia nos muestra que cuando las tecnologías están en manos del sector privado, los aumentos de productividad terminan siendo un aumento del lucro, a menos que haya sindicatos fuertes que garanticen un entorno regulador que distribuya los beneficios a todos.  Es imperativo que los sindicatos y los defensores de la sociedad civil comprendan el impacto de la digitalización en los trabajadores, en la organización, en la economía, en la seguridad, en nuestro derecho a servicios públicos de calidad y en la capacidad de los gobiernos para gobernar.

(Traducción ALAI)

Kate Lappin es Secretaria Regional para Asia y el Pacífico de la Internacional de Servicios Públicos (PSI), federación sindical global que representa a más de 20 millones de trabajadores que prestan servicios públicos en todo el mundo.

Una versión de este documento fue presentada en el taller sobre Equidad y justicia social en un mundo digital, organizado por la Just Net Coalition.