La semana pasada, el canciller José Valencia y el presidente del Ecuador Lenín Moreno asistieron a la XIV Cumbre de la “Alianza del Pacífico” (AdP), de la que actualmente forman parte México, Colombia, Perú y Chile. Acompañaron a la delegación el ministro de la Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, y el secretario de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Khalifé. Pero también Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y un grupo de inversionistas.

De acuerdo con declaraciones de prensa, Alarcón sostuvo que la AdP es un mercado natural por su realidad geográfica, económica y productiva; y que “el bloque se caracteriza por involucrar de manera activa al sector privado en el desarrollo de políticas públicas como principales protagonistas del intercambio comercial” (https://bit.ly/2Yz7o8P). En tanto Valencia, en su primer y emocionado twitter escribió: “Gran satisfacción en contribuir a la integración del Ecuador a Alianza del Pacífico. Buscamos participar en un positivo e innovador modelo de integración, que aportará a nuestra proyección hacia el mundo del siglo XXI”.

El sueño de la AdP se contrapone a la posición asumida por el gobierno de Moreno frente a otros procesos de integración a los que considera simplemente “ideológicos” y hasta “bolivarianos”, como Unasur, Alba o Celac. El gobierno cree no seguir ideología alguna vinculándose a AdP, así como suscribiendo tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversión o acudiendo al FMI, aunque en nada importe la nefasta experiencia histórica latinoamericana sobre el aperturismo comercial y el camino neoliberal.

Pero como la historia tiene sus “ironías” -como diría el filósofo de la historia G.W.F. Hegel (1770-1831)-, un sector del empresariado ecuatoriano ha salido al paso de la AdP para tomar otra posición. Primero fue el Consorcio de Cámaras de la Producción de Tungurahua, que a través de una reciente rueda de prensa, expresó su malestar por la casi segura vinculación del Ecuador a la AdP, pues según los empresarios de esa provincia, con ese acuerdo se persigue “un interés político en detrimento de los sectores productivos”. Diego Mosquera, presidente de la Cámara de Comercio de Ambato, añadió: “Es importante resaltar que este acuerdo no permite el establecimiento de contingentes ni umbrales para los productos sensibles de nuestro país como el realizado en el acuerdo multipartes con la Unión Europea”. Y en el documento entregado se sostiene que el valor agregado bruto de la industria manufacturera de la provincia se pone en riesgo en alrededor de 398 millones de dólares (https://bit.ly/2XPZ9b6).

Pero no solo ellos. A los pocos días, el viernes 5 de julio (2019), diario “El Comercio” publicó un amplio remitido suscrito por la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI), la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) y la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal (FEDIMETAL), en el que cuestionan una inminente adhesión a la AdP, “sin que exista un estudio previo que informe el impacto que éste tendrá en la economía nacional”. Afirman, además, que el proceso “no ha sido adecuadamente debatido con las organizaciones empresariales de la pequeña, mediana y gran industria”; consideran que “firmar un acuerdo comercial de gran escala en los términos de la Alianza del Pacífico en un entorno de desaceleración económica global, profundizaría el déficit comercial, aumentaría la salida de divisas y pondría en riesgo la dolarización”; y aclaran que la adhesión inmediata significará que “el 92% del comercio deberá estar libre de aranceles, sin la posibilidad de negociar sensibilidades, plazos y reglas de origen”, y que solo frente a México significaría para el país “prescindir aproximadamente 370 millones de dólares en los próximos cinco años y poner en riesgo los 160 mil empleos de calidad que generan las industrias que representamos”.

Por una parte, habría que decir que por fin se pronuncian los industriales, porque el aperturismo indiscriminado que anhelan los comerciantes importadores y exportadores afecta su desarrollo. Probablemente se sumen más industriales. Es que la ideología neoliberal en América Latina y Ecuador nunca ha comprendido el necesario proteccionismo que requiere la industria de todo tamaño, que es el auténtico sector productivo. Paradójicamente el proteccionismo es una política que continúan practicando los grandes países capitalistas.

Por otra parte, desde la perspectiva histórica, los pronunciamientos de los industriales permiten entender que el gobierno de Lenín Moreno se ha subordinado al sector de las elites empresariales del comercio y la banca, es decir, de la “burguesía compradora” (como la bautizó Agustín Cueva para caracterizarla como eje del régimen oligárquico) cuyos intereses son de los más conservadores y reaccionarios. Han quedado a un lado las potencialidades que tiene la burguesía industrial, como generadora auténtica de valor.

De paso se entenderá que las propuestas de las 40 “reformas laborales” más retardatarias planteadas en el Ecuador del presente, han sido formuladas y respaldadas precisamente por una serie de líderes del sector empresarial comercial-bancario (burguesía especuladora), que asumen tener la representación de toda la clase empresarial. Una elite a la que poco le importa el futuro del país, aunque sí sus buenos negocios a costa de la industria, la sociedad, los trabajadores y el Estado.

Ecuador, lunes 8 de julio de 2019 

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.

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