Las elecciones del 16 de junio en Guatemala han definido la correlación de fuerzas que determinará, en buena medida, el curso del país en los próximos cuatro años.

1. Un Congreso diverso en el que se necesitan alianzas

El Congreso queda compuesto por un conjunto de fuerzas que puede clasificarse en segmentos a partir de sus orientaciones económicas, políticas e ideológicas así¹:

1. Un segmento de partidos ligados a los poderes económicos tradicionales y al conservadurismo político e ideológico: Vamos, Valor, Todos, Viva, Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Prosperidad Ciudadana (PC), Partido Unionista (PU), Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, que acumulan 51 escaños (31.88% de los diputados electos), equivalente al 36.63% de votación favorable en la elección por listado nacional.

2. Un segundo segmento de partidos también de derecha, pero controlados por grupos de poder emergentes. En este segmento se encuentran Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Unión del Cambio Nacionalista (UCN), Bienestar Nacional (BN), Partido Humanista de Guatemala (PHG) y Victoria. En conjunto suman 37 diputados electos (23% de los escaños), equivalentes al 26.67%. de votos por listado nacional.  Por su conservadurismo económico, político e ideológico son bastante cercanos al primer segmento, con respecto al cual no dejan de presentar contradicciones. Dichos partidos podrían realizar alianzas estables o eventuales, tanto con Sandra Torres como con Alejando Giammattei para la segunda vuelta electoral.

3. Un tercer segmento es el de la UNE, un partido de derecha moderada (socialdemocracia escorada a la derecha), que además articula diputados de múltiples intereses y corrientes políticas e ideológicas. Logró 54 diputados, 17.93 de votación a diputados por listado nacional y 25.54% en la elección presidencial, además de 106 alcaldías que lo confirman como la principal fuerza política del país. Su peso dominante en el legislativo dependerá finalmente de su triunfo en el balotaje y su habilidad para concretar alianzas.

4. Un cuarto segmento de partidos de izquierda y progresistas. Lo integran Winaq, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca–Maíz (URNG-Maíz), Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y Semilla. Acumulan 15 diputados (9.38% de los escaños), con 14.48% de votación por listado nacional. Especialmente los partidos de izquierda, tienen presencia y pueden aliarse con organizaciones que hacen parte de los principales movimientos sociales, lo cual podría constituir una fortaleza a potenciar para compensar su pequeña fuerza legislativa. La alianza legislativa entre las fuerzas que integran este segmento se les presenta como una necesidad ante sus pequeñas bancadas, pero no está garantizada por factores que impidieron su coalición en la primera vuelta de la reciente elección. Eventualmente alguno de ellos podría ser proclive a buscar acuerdo y aliarse con la UNE.

Los tres primeros segmentos de esta clasificación constituyen parte del statu quo, son el sostén del modelo de acumulación de capital y están interesados en mantener condiciones de impunidad. Sus alianzas permanentes o eventuales dependerán de quién triunfe en el balotaje y de cómo se posicionen en particular los partidos que se ubican en el segundo y cuarto segmento.

En cualquier caso, quien resulte triunfante en la carrera presidencial, requerirá de alianzas estratégicas o tácticas para lograr mayoría simple y, sobre todo, para alcanzar mayoría calificada.

2. Se impuso la continuidad de un bloque conservador y pro impunidad

Las fuerzas económicas, políticas e ideológicas que constituyeron la alianza pro impunidad desde 2017, participaron en las elecciones de manera fragmentada.

Lo hicieron con el objetivo de lograr la mayor cuota de poder y posicionarse como la fuerza dominante en torno a la cual giraran las demás. Así, un conjunto de partidos políticos que tendrá representación en el Congreso, comparten la circunstancia de que sus dueños, financistas, dirigentes e integrantes principales han sido detenidos o están en proceso de investigación por distintos delitos.

En más de un caso podría hablarse de organizaciones criminales legalizadas como partido político, al estilo del Partido Patriota. Pienso, por ejemplo, en el oficial.

Asimismo, varias agrupaciones podrían resultar canceladas después de proceso de investigación por financiamiento ilícito en 2015 y 2019, en las cuales están involucrados grandes empresarios y militares en situación de retiro. Estas fuerzas podrían ser Vamos, UCN, Valor, Todos, FCN-Nación, Prosperidad Ciudadana, Podemos, Pan, Fuerza, Viva, Bien, Partido Unionista, Creo. En conjunto tendrían 77 escaños.

Eventualmente podría adherirse a otras agrupaciones como la del Partido Humanista (seis escaños), Victoria (cuatro) y Bien (ocho), aunque en estos partidos pudiera haber alguna corriente orientada más a reformas y a trabajar de forma crítica contra la continuidad de la corrupción. Si este conjunto de partidos se alía, eventualmente podrían alcanzar mayoría en el Congreso.

Además, dado que varios dirigentes del partido UNE están siendo investigados, junto al grupo de partidos antes mencionado constituirían una aplanadora que garantizaría impunidad, lo cual consolida la previsión de que la captura y cooptación continuarán siendo las bases de las políticas del Estado con independencia de quien gane.

Así las cosas, el resultado de las elecciones es, en buena medida, la re-legitimación de este pacto, aun cuando varios de sus integrantes no han logrado ser electos y otros seguirán enfrentando proceso de investigación, antejuicio y procesamiento judicial.

3. Mínimo avance de las fuerzas de izquierda y progresistas

Las fuerzas de izquierda y progresistas optaron por una participación separada en la contienda electoral, en un contexto donde las condiciones y reglas son dominantemente favorables al establishment conservador.

Los partidos de izquierda fueron Winaq, URNG-Maíz, MLP y Convergencia, además de los partidos progresistas Libre y Semilla, último que solo participó en la elección de diputados y alcaldías al haber sido rechazada la inscripción de su candidatura presidencial.

La sorpresa, sin duda, estuvo constituida por la participación y avance de la candidatura presidencial del MLP. Thelma Cabrera, abanderada de este instrumento político, logró acumular 455,874 votos, equivalentes al 10.37%, para ubicarse en una cuarta posición, a 0.84% del tercer lugar y a 3.58% del segundo lugar. Sin duda, este constituye un resultado producto de la fuerza acumulada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y del esfuerzo organizativo del MLP, de la centralidad e importancia simbólica y política de su candidata en el desarrollo de su campaña, del discurso distintivo de su propuesta política relativa a la Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional y la nacionalización de la energía; así mismo de la suma de votantes que se identificaron con ella por razones étnicas, de clase y de cuestionamiento a la política dominante, y por el apoyo que pudo haber recibido de votantes simpatizantes de Thelma Aldana, candidata que finalmente fue defenestrada de la contienda.

No obstante, el resultado que el MLP obtuvo en la elección presidencial contrasta con el escaso apoyo a sus candidaturas al Congreso, que para el listado nacional logran solo el 2.96% de los votos, lo cual representó el ingreso al legislativo de una diputada por representación de minorías. Podría decirse que el voto duro del MLP es el obtenido para sus candidaturas a diputados, pero el obtenido para su candidatura presidencial no deja de ser un espaldarazo al significado de sus luchas y propuestas políticas, incluida la de su abanderada.

Por su parte, Winaq, con Manuel Villacorta como candidato presidencial, logró 229,446 votos, equivalentes al 5.22 %. Con el 3.50% de votos en la elección de diputados por listado nacional, logra una diputación, y tres más por los distritos Central, Guatemala y Quetzaltenango. Un tercer partido es URNG-Maíz, cuya candidatura presidencial de Pablo Ceto no tuvo mayor avance, obtuvo el 2.16% de la votación, y para diputados por listado nacional se incrementó a 2.78%, logrando que ingresaran al Congreso tres diputados, uno por listado nacional y dos más por los distritos de Sololá y Huehuetenango. Ambos partidos participaron coaligados en las anteriores elecciones, en las cuales obtuvieron un diputado cada uno; en esta elección avanzaron con la obtención de 4 y 3 diputados respetivamente, no obstante su participación por separado.

Constituyen un avance importante asimismo las siete diputaciones obtenidas por el partido Semilla. Este logro se registra en su primera participación electoral y después que a su candidata presidencial, Thelma Aldana, se le impidiera judicialmente participar en la contienda. El apoyo logrado a nivel nacional para su propuesta al Congreso, alcanzó el 5.24%. En total ganó siete escaños. Todos sus futuros diputados proceden del núcleo de Semilla y no de la Plataforma Ciudadana con la que hizo coalición para postular a Thelma Aldana.

Los partidos Libre y Convergencia obtuvieron el 0.95 % y 0.86 % de los votos en la elección presidencial. Ninguno logró diputación alguna y tampoco el mínimo de 5% de la votación necesario para mantenerse vivos como partidos políticos.

En total, considerando los partidos que pudieran ser identificados como izquierda o con una plataforma programática orientada a transformaciones desde los intereses de los pueblos, campesinos, trabajadores urbanos y las comunidades rurales: MLP, URNG-Maíz, Winaq y Convergencia, para la elección presidencial juntos obtuvieron 817,874 votos, equivalentes al 18.61 %; por mucho superaron los 129,730 votos, equivalentes al 2.7 % obtenidos por URNG-Maíz-Winaq y Movimiento Nueva República (MNR) en el 2015.

No obstante, al considerar las votaciones de diputados por listado nacional en esta elección, estos cuatro partidos obtuvieron 422,775 sufragios (10.46 %), lo que representa un crecimiento mínimo con relación a la elección de 2015, cuando obtuvieron 416,184 votos, para un 9.13 %.

Más allá de sus diferencias políticas y los caminos por los que opten estas fuerzas, existen elementos que podrían ser la base de su articulación en el Congreso. Comparten una orientación contra la corrupción, por reformas legislativas de corte democrático y en favor de la defensa de grupos, sectores y pueblos marginados. Esto, sumado a las presiones hacia la unidad de varias organizaciones y movimientos sociales, más el tamaño de sus bancadas, haría pensar en la necesidad y posibilidad para una alianza parlamentaria. Sus quince diputados sumarían el 9.38 %, lo cual permitiría que, como alianza, tengan mejores condiciones de avanzar en una agenda compartida, y solventar la marginalidad en la cual podrían ubicarse al actuar por separado.

Con relación al balotaje, estas fuerzas están más cerca de Sandra Torres que de Alejandro Giammattei, pero el MLP y Winaq ya han manifestado que no apoyarán a nadie en la segunda vuelta electoral. Información reciente indica que URNG-Maíz está analizando su posición.

4. La decadencia del FCN-Nación

Esta elección permite constatar el planteamiento hecho producto de las elecciones de 2015: el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y su candidato Jimmy Morales, constituyeron una marca y un candidato/presidente (un outsider), cuyo resultado electoral fue resultado de la confluencia de múltiples intereses. En especial de la decisión de las elites de poder económico y político para concretar una salida a la crisis de 2015 y para evitar el triunfo de Manuel Baldizón del partido Libertad Democrática (Lider) y de Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), candidaturas contra las cuales impulsaron una campaña efectiva que logró tal propósito. Esto sucedió, además, después que su principal opción, la candidatura de Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota (después del Movimiento Reformador, MR), fuera descartada por su involucramiento en un caso de corrupción con la empresa transnacional Odebrecht. En ese contexto, tales elites trasladaron su apoyo político, financiero y mediático a la candidatura del FCN-Nación, lo cual redundó en que este finalmente pasara a segunda vuelta y finalmente ganara la elección.

En el reciente evento electoral, el resultado del FCN-Nación y su candidato Estuardo Galdámez obtienen una diferencia sustancial comparada con la elección de 2015. En ese año, para la primera vuelta electoral obtuvieron 1,152,394 de los votos válidos (23.42%) y en la segunda vuelta 2,751,058 votos válidos (67.44%). En tanto, en el evento de 2019 logran apenas 180,983 votos, equivalente al 4.12% en la elección presidencial y de 211,104 votos (5.23%) en la elección de diputados por listado nacional, con una bancada de ocho diputados al Congreso de la República.

El escaso apoyo logrado por el FCN-Nación es resultado de las profundas debilidades e incapacidades para hacer gobierno y los múltiples señalamientos y procesos de investigación que comprometen a sus dirigentes y altos funcionarios gubernamentales, incluidos Jimmy Morales, presidente de la República, y el ex candidato presidencial Galdámez. Así las cosas, esta fuerza política organizada principalmente por un grupo de militares de viejo cuño contrainsurgente, es muy probable que tienda a desaparecer y sus integrantes se reubiquen más temprano que tarde con otras expresiones partidarias. No obstante, esto dependerá de su estrategia para mantener la impunidad para sus dirigentes, que desde el primer año de gobierno enfrentaron procesos de antejuicio y persecución judicial por casos de crímenes de lesa humanidad y de corrupción.

5. La disputa en el balotaje

El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ganador de la primera vuelta electoral, logró 1,122,630 votos, equivalentes al 25.54 %, 7.79 % más que en 2015²[2]. Así mismo, aumentó en 173,821 mil los votantes a su favor. Esto ocurrió en un evento electoral donde la participación disminuyó del 71.33 % en 2015 al 62.12 %.

El segundo lugar, Alejandro Giammattei y Vamos, logran el 13.95 % de los votos. En este sentido, Torres logra una ventaja de 11.59 % y 509,328 votos. Esto podría interpretarse como una ventaja bastante alta de cara a la segunda vuelta. Sin embargo, puede no resultar así al considerar el voto anti Sandra Torres que muy probablemente sea promovido y se incremente en los potenciales votantes en el balotaje. Tendencialmente, este voto anti Sandra Torres se encuentra en los conglomerados ciudadanos que votaron por los partidos Pan, Podemos, Viva, Creo, Todos, PU, FCN-Nación, quienes en conjunto suman 1,073,036 votos, equivalente al 24.41 %. Junto a los sufragios emitidos por Giammattei acumularían un 38.36%. Este es un voto que aun cuando no es necesariamente endosable, está constituido en buena medida por un electorado principalmente urbano, cuyo imaginario sobre la UNE y Sandra Torres hace que tendencialmente ser más favorable a la propuesta del partido Vamos.

La ventaja actual de la candidata Sandra Torres y sus hábiles primeros pasos hacia la primera vuelta electoral, haría suponer un resultado favorable a su triunfo en el balotaje. Esto podría consolidarse de lograr alianzas públicas u ocultas con partidos como UCN y Bien. Más aun al considerar que la UNE constituye una maquinaria política cuya capacidad organizativa, mecanismos de movilización política, alcaldes y bancada actual y entrante, resultan ser muy importantes para librar favorablemente la disputa. Esto podría variar a partir de las alianzas que logre Giammattei, del avance de la campaña anti Sandra Torres y del proceso de investigación y antejuicio en contra de la candidata por el caso de financiamiento electoral ilícito durante el 2015.

6. Cursos generales de la agenda y el proceso político nacional

Independientemente de la fuerza que triunfe, la correlación de fuerzas resultante de la primera vuelta permite prever que, para el siguiente período gubernamental, se desarrollará una agenda política caracterizada por:

1. Grupos corporativos y transnacionales, estructuras militares y de crimen organizado, en conjunto con políticos rentistas, serán los principales conductores del país. Estas fuerzas, al verse evidenciadas, investigadas y procesadas, fueron recrudeciendo su batalla contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Finalmente mermaron la estrategia de investigación criminal del órgano internacional, coparon la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, después de que con cabildeo y presión habían ablandado el apoyo de EEUU a dicha Comisión. Estas fuerzas probablemente sean las determinantes del proceso político que, desde su control en el organismo ejecutivo y legislativo, y su influencia en el judicial, darán seguimiento a una política que priorizará el interés de algunos empresarios y de pequeñas elites, antes que el interés colectivo y común de los pueblos, de la ciudadanía y del cuidado ambiental. Al respecto, sus políticas seguirán generando protesta, resistencia y conflictividad social.       

2. Tanto en el organismo ejecutivo como el legislativo continuará el impulso de una agenda de carácter regresivo en materia de derechos, libertad para el saqueo y la explotación, para garantizar impunidad a corruptos y criminales y que relegará la solución a los graves e históricos problemas del país. Gane quien gane, se mantendrán la privatización de los servicios públicos y la exclusión de las grandes mayorías de la educación y salud, también la política de salarios de hambre y condiciones de trabajo indecentes. Aunque Torres ofrecerá matices: es posible que desarrolle programas sociales para contener la pobreza y para dar soporte clientelar a su gobierno. También que tenga cierta apertura al diálogo con movimientos sociales con el fin de mediatizarlos. De un gobierno encabezado por Giammattei se prevé una propuesta económica con un mayor énfasis neoliberal y represivo.

3. Gane quien gane, muy probablemente seguirá siendo determinante la política de Estados Unidos hacia Guatemala. Como resultado de la sumisión del gobierno actual –y los anteriores– en materia de seguridad, migración y política internacional, el próximo gobierno tendrá poco margen de maniobra. Pero se mantendrá la oposición férrea a la continuidad de la investigación criminal mediante instancias como la CICIG.

4. El devenir de la disputa electoral está en ciernes. Las inconsistencias en el escrutinio, los conflictos sociales a nivel local que podrían multiplicarse y el desarrollo de las estrategias de diversos actores que pudieran llevar a una nueva crisis política permiten afirmar que el período de campaña y el balotaje se desarrollarán en condiciones poco estables. Unido a factores ya analizados, hay motivos para pensar posibles momentos de crisis política en el corto o mediano plazo.

Dados los posibles cursos del proceso político, el polo social y popular debe reconsiderar la posibilidad de construir alianzas políticas para enfrentar la intensificación de las políticas neoliberales, los planes pro impunidad, la criminalización de la protesta. También para afrontar procesos institucionales inmediatos, como la elección de las nuevas Cortes. Solo desde una mayor articulación y alianzas será posible que se logren algunos resultados en materia de derechos colectivos, desarrollo rural, contención de la miseria, políticas de equidad. Solo desde ahí podrá gestarse una hegemonía alternativa que permita pensar en un cambio real.

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