El prestigio de Sergio Moro sufrió un duro revés el pasado 8 de junio, cuando la sucursal brasileña del medio de noticias norteamericano The Intercept reveló las conversaciones secretas que el entonces juez sostuviera con los fiscales a cargo de acusar a Luis Ignacio “Lula” da Silva, violando cualquier principio de neutralidad. Moro era el jefe, proponía líneas de acción y le sugería testigos a la fiscalía; también ordenaba notas de prensa y resolvía dudas cuando la falta de confianza en las evidencias –o el temor por su ausencia–, hacía mella en sus más escrupulosos socios.

¿De dónde provino la pericia de Moro, en qué jurisprudencia se basó para dirigir uno de los procesos legales más importantes de la historia latinoamericana? Un texto de derecho penal de su puño y letra, redactado en 2004 –nueve años antes del inicio de Lava Jato–, ofrece interesantes pistas y apunta a asociaciones hasta ahora escasamente discutidas.

“Mani Pulite” (Manos Limpias)

Así fue bautizada la operación judicial que sacudió la política italiana a principios de la década del 90, cerrando la Primera República e inaugurando la Segunda, luego de la decapitación de varios de los partidos políticos tradicionales. “Mani Pulite” sería objeto de admiración y estudio para el joven Moro, quien consideraba posible llevar a cabo una operación similar en Brasil. El blanco de la operación italiana también fue un esquema de financiación ilegal de partidos políticos junto con corruptelas para entregar obras públicas a los “clubes” empresariales de siempre. Los paralelos con la realidad peruana y regional son casi escandalosos, como veremos.

En el texto “Consideraciones sobre la Operación Mani Pulite”, el Ministro de Justica brasilero de Jair Bolsonaro –uno de los principales beneficiarios de “Lava Jato”–, saca a relucir algunas de las “condiciones institucionales” indispensables para procesar a elementos de la élite política. Una de las condiciones era una percepción popular negativa del sistema parlamentario: “…al mismo tiempo que tornaba posible la acción judicial, era alimentada por ella”, observó Moro. Es decir, la defensa de los políticos perseguidos se vio perjudicada por una opinión pública consciente de la corrupción estructural y dispuesta a apoyar la limpieza desde las calles.

En Italia, agrega, “…la magistratura ganó una especie de legitimidad directa de la opinión pública”. Esta “legitimidad directa” sería fundamental también en Brasil y en nuestro país, donde se vería un uso controversial de la “delación premiada” y, sobre todo, de la prisión preventiva y las condenas basadas en manifestaciones individuales, como la (de Leo Pinheiro, expresidente de la constructora brasilera OAS) que llevaría a Lula a la cárcel. Como el mismo Moro concedería, la sola declaración de un imputado –con buenas razones para mentir–, debía ser sustentada con pruebas. Pero dicho principio sería pasado por alto selectivamente.

Una de esas buenas razones para mentir –previsiblemente pasada por alto por la prensa corporativa–, es la clara inclinación derechista de los dueños de las principales constructoras y otras grandes corporaciones. Estas preferencias no pueden ser pasadas por alto, sobre todo cuando el destape de la coordinación entre Moro y los fiscales de Lava Jato ha puesto de manifiesto un claro sesgo político. Como se mencionó la semana pasada en este semanario, el fiscal en jefe, Deltan Dallagnol, es un conocido líder evangélico. Su “rebaño” constituye un sector importante del electorado bolsonarista.

Otras dos lecciones serían tomadas por Moro del caso italiano. En primer lugar, debía ejercerse presión sobre los prisioneros junto con un constante incentivo a la confesión. Se esparcirían rumores de que otros imputados ya habían hablado: “…había diseminación de información sobre una corriente de confesiones ocurriendo tras las puertas cerradas de los gabinetes de los magistrados”, apunta Moro. En Brasil, él mismo se encargaría de filtrar conversaciones en las que Dilma Rousseff, otra víctima de la operación, le ofrecía a Lula un puesto en su gabinete para evitar su encarcelamiento. El nombramiento habría sacado a Da Silva de la jurisdicción de Moro al darle inmunidad, pero al final solo terminó precipitando el “impeachment” de Rousseff. “…(La) democracia en una sociedad libre requiere que los gobernados sepan lo que hacen sus gobernantes…”, expresó entonces Moro (The Independent, 05/04/17).

Como el lector ya ha observado, “Lava Jato” operaría sobre delitos –y delincuentes–, similares a los perseguidos en Italia, aplicando sus principios y estrategias. La prensa corporativa cumpliría, por un lado, el rol fundamental de “administrar” la opinión pública, de canalizar el desencanto y el hartazgo populares. Por el otro, serviría para la más prosaica tarea de filtrar selectivamente la información con la se mantenía viva la atención de la ciudadanía y azuzaban nuevas declaraciones premiadas. Moro lo observaría sin ambages:

“Los responsables de la operación ‘Mani Pulite’ hicieron amplio uso de la prensa (…) Luego de que alguien fuera preso, detalles de su confesión eran transmitidos en el ‘L'Expresso’, en ‘La Republica’ y otros periódicos y revistas simpatizantes”.

Entra el Tío Sam

En 2012, un año antes de que empezaran las investigaciones que luego el mundo conocería como “Lava Jato”, un exembajador de Estados Unidos para Italia durante la década del 90, Reginald Bartholomew, confesó que su gobierno había tenido injerencia sobre el proceso de “Mani Pulite”.

Bartholomew llegó a Italia en 1993. Ahí observó que “un grupo de magistrados de Milán, en un esfuerzo para combatir la corrupción política rampante, había ido mucho más allá, violando sistemáticamente los derechos de los defendidos de una manera inaceptable en una democracia como Italia”. Durante sus 4 años en Italia, se avocaría a destruir lo que describió como “lazos poco usuales” entre el consulado norteamericano en Milán y una camarilla de jueces vinculados a la operación “Mani Pulite”. De acuerdo con Brasil Wire (07/08/15), la operación anticorrupción allanó el camino para la llegada al poder de Forza Italia –el “vehículo político de Silvio Berlusconi”–, y una “era económica y culturalmente ruinosa” para el país mediterráneo.

El involucramiento de EEUU en “Lava Jato” cuenta con más pruebas: en 2009, por ejemplo, WikiLeaks reveló la existencia del “Proyecto Puentes”, una iniciativa norteamericana para proveer de entrenamiento a jueces y fiscales en el área de lucha contra el crimen trasnacional, particularmente a través de la lucha contra el lavado de dinero y crímenes financieros. Una de las tres localidades a beneficiarse con la asociación sería Curitiba, el lugar de origen de Sergio Moro –presente en los seminarios del proyecto “Puentes”–, y de “Lava Jato” (Jusbrasil, “Wikileaks revela treinamento de Moro nos EUA”, 2016).

En 2013, Edward Snowden reveló que EEUU espiaba a varios líderes políticos del mundo, entre ellos a la entonces presidente Rousseff y a la cúpula de Petrobras, la petrolera estatal. Fue en ese año que empezaron las investigaciones de Sergio Moro y su equipo. En 2017, el asistente del Fiscal General de EEUU, Kenneth Blanco, confirmó en una reunión del Atlantic Council, –el “think tank” de largos tentáculos–, que, efectivamente, el encarcelamiento de Lula respondía a la colaboración de los aparatos judiciales brasilero y estadounidense (Brasil Wire, 13/06/19).

En la misma reunión, Rodrigo Janot, procurador general de Brasil hasta 2017, confirma que lo logrado en su país “no habría sido posible sin la cooperación internacional” (Atlantic Council, 20/07/17).

Finalmente, Uno de los mensajes de chat filtrados por The Intercept ofrece la última pista de la colaboración gringa. En él, el entonces juez Moro le hace una observación al fiscal Dallagnol: había pasado ya algún tiempo “sin nuevas operaciones”. El Fiscal confirma la observación de Moro y agrega, con cierta ambigüedad, que decidieron posponer todo hasta que la acusación contra Lula fuera emitida, pero que dependía de la “articulación con los americanos” (The Intercept Brasil, 12/06/19).

Pensar que estas grandes “campañas de limpieza” internacionales podrían llegar exentas de propósitos e intereses políticos demuestra una ingenuidad supina muy propia de la prensa corporativa. En estos casos, la opinión pública es descartada como participante consciente y tomada por un comodín a manipular, siguiendo la vieja doctrina que estipula que el ciudadano de a pie nada tiene que hacer inmiscuyéndose en política (ver las escandalosas carátulas de la revista “Veja”). En Brasil, “Lava Jato” sirvió para sacar del poder a una presidenta limpia de crímenes, en un proceso espurio. Un golpe blando. También para bloquear la prometedora candidatura de Lula da Silva, dejando un vacío de poder aprovechado por un conservador de derechas que hace apología de la tortura y está seguro de querer privatizarlo “todo”. La descripción, coincidentemente, también le calza a Silvio Berlusconi, quien llegó al poder luego de la operación “Mani Pulite” y dirigió una productiva privatización en masa.

En una interesante entrevista de marzo de este año (22/05), el director de The Intercept, Glenn Greenwald, le pregunta a Lula por qué la derecha, la que según sus detractores no dejó de beneficiarse durante el mandato del PT, querría tumbárselo.

“Cuando comenzamos la entrevista, te lo dije claramente: los problemas del PT provienen no de sus errores, sino de sus éxitos. (…) Las élites en Brasil y otros países no aceptan desarrollo económico con inclusión social. (…) El PT –y esto no lo digo yo sino la ONU–, logró los cambios más grandes en inclusión social en la historia de este país. Los ricos también ganaron, pero los pobres en mayor medida… y esto molestó a algunos. Debiste haberlo escuchado en los aeropuertos de Río de Janeiro, de Sao Paulo, cuando la gente decía, ‘este aeropuerto está empezando a verse como una estación de bus, con toda esta gente pobre, gente que nunca ha tomado un avión en su vida’”.

-Publicado el 14 de junio de 2019 en "Hildebrandt en sus trece", Lima, Perú.