Más allá de los problemas laborales de la empresa china Shougang Hierro Perú. La congresista Indira Huilca de Nuevo Perú denuncia que la falta de un hospital en Marcona no solo es responsabilidad del Estado peruano sino también de la empresa Shougang, ya que hay un incumplimiento a las obligaciones establecidas en las normas de minería, como cumplir con especialidades de salud específicas. “Todos reconocen que la empresa incumple, pero nadie se atreve a hacerla responsable de esta falta”, señala Huilca. Añade que la empresa china ha venido generando mecanismos para eludir la contabilización de sus utilidades y la distribución entre sus trabajadores. “Tienen mecanismos de probable elusión, que lo que hace es que finalmente las utilidades no terminen siendo rendidas a los trabajadores”.

Shougang Hierro Perú lleva cerca de tres décadas de vulneración a los derechos laborales y sindicales, el caso incluso se llevó ante organismos internacionales y este patrón de comportamiento se mantiene ¿Por qué los organismos fiscalizadores como Sunafil no revierten esta situación?

Lastimosamente los casos de abuso laboral e incumplimiento por parte de la empresa Shougang no son recientes, y no ha habido forma de revertir esta situación. Esto tiene que ver con el cumplimiento de los roles de la Autoridad de Trabajo. Sunafil, muchas veces ha sido cuestionado por los trabajadores, porque los inspectores que provenían de la propia región no tenían la capacidad, autoridad o imparcialidad suficiente para hacer inspecciones a esta empresa. Esa fue una de las razones por las cuales nosotros en su momento pedimos a Sunafil que envíe o que emplee el mecanismo de inspectores agregados; es decir, que desde Lima envíen inspectores que no tuvieran cuestionamiento por tener algún tipo de cercanía con la empresa. Ahí hay un problema de cómo se gestiona efectivamente una instancia como Sunafil y cómo se garantiza que haya un cumplimiento imparcial sin que haya algún tipo de presión de estas grandes empresas.

¿Qué debilidades o vacíos legales existen para que las empresas no tomen medidas correctivas?

Tenemos un problema en la capacidad que tiene hoy en día Sunafil como ente de fiscalización laboral para garantizar que haya sanciones que realmente a las empresas les signifique un nivel de afectación o de llamada de atención importante, y eso no está pasando. Eso es lo que hemos visto en estos años de acompañar a los trabajadores. Se le resta capacidades a Sunafil para poder hacer su trabajo. Actualmente, no hay ninguna autoridad suficiente para poder sancionar o para poder corregir estas irregularidades.

¿Cómo lograr que la Sunafil se fortalezca y pueda ejercer una real capacidad de fiscalización?

Para nadie es un secreto que Sunafil no cumple con el número de inspectores en promedio que debería tener para la cantidad de trabajadores que hay en el país. Deberíamos tener por lo menos dos mil, pero hay un poco más de 400 inspectores con competencias completas para fiscalizar todo tipo de actividades; es decir, no estamos ni siquiera en la cuarta parte. Otro punto es que no ha tenido presencia en todas las regiones del país.

Uno de los objetivos aparentemente emblemáticos de los últimos gobiernos es acabar con la informalidad, acabar con la explotación laboral ¿pero ¿cómo se acaba con la informalidad, incluso dentro de ámbitos formales como el de la gran minería? ¿Cómo acabamos y cómo garantizamos que, incluso quienes en teoría están cumpliendo las leyes, realmente cumplan con sus obligaciones a cabalidad y no sientan la tentación de incumplirlas porque saben que nadie los va a sancionar y que nadie les va a fiscalizar?

Una primera cosa es fortalecer Sunafil, como dotar de mayores competencias a los inspectores. No basta con tener más inspectores con pocas competencias de fiscalización, esto es algo que ha estado pasando en los últimos años.

A nivel del Ministerio de Trabajo hay normas internas para reducir la capacidad de fiscalización y sanción de Sunafil; por ejemplo, se ha impedido que Sunafil tenga la posibilidad de realizar inspecciones por iniciativa propia. Sunafil solamente puede actuar en ciertos casos, cuando hay una denuncia de por medio, pero lo ideal sería que tenga un plan de inspecciones que nazca de la propia institución.

La actividad minera es una actividad de alto riesgo; sin embargo, Marcona, el distrito con mayor producción de hierro en el país, no cuenta con un hospital. ¿Por qué el gobierno central tiene ese nivel de ausencia en las zonas mineras del país?

Marcona es una zona que nació como un campamento minero, hoy ya es una pequeña ciudad y tenemos un problema serio porque el hospital de EsSalud; es decir, el hospital para los trabajadores y trabajadoras que están afiliados a la seguridad social, es un hospital de una gran infraestructura que en un momento determinado empezó a presentar fallas en su construcción y hoy está abandonado. Lo que se ha hecho es trasladar los servicios de hospital a containers a un terreno que ha sido cedido por la minera. Allí ha venido funcionando este hospital, que en realidad es un poco más que una posta médica. La obligación que tiene el Estado es de reparar este hospital, sin embargo, no ha tenido mayor avance. En los últimos meses hemos pedido que EsSalud nos informe cuál es el estado del proyecto de reconstrucción del hospital de Marcona, pero el avance ha sido muy lento y lo que nos ha dicho la actual gestión de EsSalud es que la anterior no había hecho su trabajo; por lo tanto, recién se está retomando con la etapa de pre-inversión del hospital. Esto va a demorar por lo menos unos años, y la alternativa frente a la demora es responsabilidad de la empresa.

¿De qué manera la empresa tendría responsabilidad sobre el hospital, si este es un servicio de ámbito público?

Las empresas mineras cuando desarrollan este tipo de actividades en ámbitos como el de Marcona, tienen la obligación de proveer servicios de salud. Es decir, no solo es el Estado el que está incumpliendo con la obligación de garantizar que este hospital funcione. Por ley, en el marco de la actividad minera, la empresa tiene la obligación de proveer determinados servicios en especialidad de salud, y todos estos años no ha cumplido con esa norma. Y la empresa es consciente de ello. En diferentes mesas de trabajo y reuniones que hemos realizado con el Ministerio de Trabajo, se ha mencionado este incumplimiento a las obligaciones que incurre la empresa, pero ninguna institución del Estado se atreve a hablar de esta falta. A quienes se les perjudica es a los trabajadores, que incluso sin tener hospital tienen que seguir aportando la seguridad social para estar afiliada a ella.

Se habla de una presunta elusión o poca transparencia respecto al reparto de utilidades por parte de Shougang…

Los trabajadores han empezado a colocar este tema en agenda, y espero que pronto sea parte de un debate, y que eso también nos permita avanzar una propuesta legislativa que estamos trabajando. En minería hay reparto de utilidades, pero lo que estamos viendo es que por años las empresas mineras, y Shougang han venido generando mecanismos para eludir la contabilización de esas utilidades y la distribución entre sus trabajadores. Tienen mecanismos de probable elusión y lo que hace es que finalmente las utilidades no terminen siendo rendidas a los trabajadores y ellos se han dado cuenta porque piden la información financiera cada año. Shougang está buscando maneras de burlar la ley para repartir menos utilidades. Esto nos está llevando a discutir una nueva ley sobre el reparto de utilidades en determinadas actividades económicas, lo que se va a complementar con la nueva ley que ha entrado en vigor para combatir la elusión y que recientemente se ha reglamentado. Los trabajadores mineros saben que en el proyecto minero en los que trabajan está generando buenas ganancias, pero eso no se ve reflejado en su calidad de vida.

¿Qué opina respecto a la situación del agua y la electricidad en Marcona, que están aún a cargo de una empresa transnacional?

Que este es un modelo que no puede continuar más. Servicios básicos como el agua y la luz no pueden estar a cargo de una empresa. Shougang es una de las empresas que en el país tiene la peor imagen en términos de vínculos con la ciudadanía, con la población, y eso no porque lo digan solamente los trabajadores o una congresista. Eso lo dice cualquier instancia del Estado que le ha tocado coordinar alguna vez con la minera, es muy difícil dialogar con ellos y ponerse de acuerdo en cosas básicas como esta, como garantizar el suministro de servicios básicos. Acá evidentemente el Estado tiene responsabilidad.

Shougang ya ha tenido multas por contaminación a fuentes de agua y mal manejo de residuos sólidos, incluso el OEFA lo ha sancionado este año. ¿Por qué las empresas prefieren ser sancionadas en lugar de tener mayores estándares ambientales?

Tenemos un problema de fondo y es que a los mecanismos de fiscalización ambiental en OEFA se fue debilitando. En el 2014, se da el famoso paquetazo ambiental que permite justamente que las multas sean muy bajas, al igual que en el caso de Sunafil, que no tengan una capacidad de fiscalización real. Tenemos un problema en donde finalmente las empresas terminan prefiriendo que se les multe, entre comillas, antes que garantizar estándares adecuados de funcionamiento o de respeto al medio ambiente.

Usted estuvo en Marcona, ¿qué aspectos resaltaría como los más preocupantes en este distrito y qué acciones concretas se han tomado desde su bancada a nivel de medidas legislativas?

En primer lugar, hemos estado fiscalizando que se cumplan cosas básicas como los convenios colectivos. Desde el 2011, 2012 hay un laudo que ya tiene sentencia favorable, incluso a nivel de la Sala Constitucional respectiva para que se cumpla. Es una sentencia de un convenio colectivo que pasó a arbitraje con un conjunto de mejoras para los trabajadores y no se está cumpliendo. La empresa se negaba a cumplir y el ministerio rehuía de su responsabilidad de hacer cumplir esta sentencia y obligar a que la empresa se haga cargo, solo se buscaba mecanismos y argumentos para dilatar este tema. El Ministerio de Trabajo lo que tiene que hacer es hacer cumplir las normas y leyes que ya existen en el país, y no puede ponerse simplemente como un árbitro para no incomodar a nadie. También es fundamental que Sunafil tenga otro tipo de rol sobre todo en ámbitos como este, donde hay una exposición mucho mayor de inseguridad y de riesgo a la salud. La gran minería tiene que ser el ejemplo de lo que implica cumplir normas que respeten la salud de los trabajadores, su integridad, su vida, y eso lastimosamente no está pasando.

¿Desde la bancada de Nuevo Perú que iniciativas están promoviendo para cortar con hechos de impunidad ambiental?

Nosotros como bancada hemos presentado un proyecto de ley para modificar los aspectos que fueron derogados o modificados en las normas ambientales en el año 2014. Esto está en espera de debate en el Congreso. Sabemos que hay una fuerte presión por parte de las empresas y de los gremios empresariales, que sobre todo se oponen a que haya mayores estándares ambientales. Este no es un tema que amenace a la inversión privada, no es un tema que vaya a poner en riesgo el desarrollo económico del país. Empresas grandes que funcionan en el Perú, en otros países están acostumbradas a cumplir las leyes y en el Perú hemos permitido que no las cumplan o que los estándares sean mucho menores en promedio que los países de la región. Eso es algo que no se puede permitir más y que debe ser objeto de una discusión pública.

http://elgranangular.com/blog/entrevista/indira-huilca-shougang-estan-buscando-maneras-para-burlar-la-ley-para-repartir-menos-utilidades/