Las últimas tres semanas la historia de Honduras ha sido escrita con plomo, lágrimas y sangre hasta el día 1 de junio de 2019. Hace apenas tres semanas el Congreso Nacional desistió de elevar a categoría de ley los decretos del Presidente en Consejo de Ministros (PCM) que atentan contra el Derecho Humano a la Salud y la Educación, así como a la estabilidad laboral de los empleados en ambas secretarias de Estado. La crisis social y política que atraviesa el país se deriva de la crisis económica provocada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo que imponen los ajustes estructurales con mayor ferocidad desde el golpe de Estado de 2009. En este caso, los PCM se proponen como objetivo la transformación y administración del sistema sanitario y de educación pública hacia la administración privada de ambos sistemas y derechos en función de las exigencias de los organismos internacionales.

El ejecutivo niega, como es de esperarse, que tales decretos se orienten hacia la privatización de la salud y educación, así como a la degradación de las relaciones contractuales de los empleados en ambos sistemas con el Estado que llevaría a despidos masivos y recontratación según la ley del mercado laboral privado. Sin embargo, lo escrito en los PCM y la propuesta de ley que no pasó en el Congreso Nacional no permite entender los argumentos del ejecutivo. Es privatización de lo público. Ante la amenaza, los gremios magisteriales, los colegios médico y de enfermería y luego padres, madres de familia, estudiantes y diversos sectores de la sociedad se han sumado a la protesta exigiendo al ejecutivo la derogación de los PCM.

Una asamblea representativa de todo el país y los diversos sectores sociales, campesinos, indígenas y obreros acordó el martes 28 de mayo, luchar por la derogación de los PCM sin previo diálogo, el diálogo es una siguiente fase para discutir las cosas que sea necesario cambiar pero no bajo el espíritu del plan que esconden los PCM ante lo cual el ejecutivo se niega. La embajada de los Estados Unidos y el ejecutivo han sumado al llamado, sin embargo la plataforma de defensa de la salud y educación pública no acepta diálogo previo puesto que sería caer en la trampa tendida, implica volver a las aulas, a todas las áreas del sistema sanitario y quedar en brazos del ejecutivo y lentamente perder el objetivo primordial como ha ocurrido anteriormente.

Los acontecimientos actuales no parten de la nada. Juan Orlando es el producto de la más grande violación a la Constitución de la República al postularse como candidato a la presidencia estando prohibido por la Constitución, se impuso por medio del fraude electoral que lo hace ilegal e ilegítimo, su imposición ha costado muertos, presos políticos, desplazados y exiliados. El Consejo Nacional Anticorrupción constata la red de corrupción que Juan Orlando ha tendido en la alta y media esfera del Estado; la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción dependiente de la MACCIH y el Ministerio Publico han presentado requerimientos contra gente muy cercana y protegida de Juan Orlando; para muchos, él es el actor principal de la red más grande de corrupción drenando miles de millones de lempiras de las instituciones de salud, educación, agricultura, etc. Sobran los testimonios e investigaciones en tribunales de los Estados Unidos que lo vinculan a una familia de narcotraficantes a gran escala, todo eso le ha granjeado un enorme descontento popular.

Tanto los poderes Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, como también el Ministerio Publico están cooptados por el mismo grupo del cual Juan Orlando es la cabeza, no existe lo que en algún tiempo creímos que existía, la separación de poderes. La sociedad entera está en riesgo, Juan Orlando cuenta con una estructura económica, militar y el apoyo incondicional de los Estados Unidos para someter al pueblo a la mayor pobreza y miseria. El plan que mueve sus decisiones es el Plan de Nación y Visión de País que promueve la concentración de toda la riqueza nacional y los derechos de administración pública en manos privadas o público-privadas.

Ante tanto atropello y violación a los derechos humanos (económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos) hay un levantamiento popular que trasciende la lucha por la derogación de los PCM, es un repudio muy grande, el pueblo está consciente que la derogación de los PCM solo es un paso, entre tantos, en la lucha por democracia social, jurídica, política, económica cultural en el país. El descontento existe incluso en el corazón de la empresa privada, el sector progresista con una visión más nacionalista está marginado y no logra un marco de garantías para la inversión en igualdad de condiciones frente al grupo dominante vinculado al gran capital transnacional. Se extiende el descontento de manera solapada al interior de las unidades policiales y militares, son pobres contra pobres, y en algún momento tendrán que decirlo públicamente y unirse a la lucha del pueblo.

Mientras eso sucede, la confrontación deja saldos lamentables. En todo el país la situación es muy peligrosa, pero en la región del Aguan, donde se concentran capitales nacionales y transnacionales que privatizan la tierra, la producción, el mercado, las costas, las montañas, ríos y minerales bajo concesiones impregnadas de corrupción maquilladas de legalidad, hay gente criminalizada, judicializada o desplazada por oponerse al despojo. El primero de junio, el magisterio y el gremio han sido brutalmente reprimidos; la comunidad campesina Guadalupe Carney en el Municipio de Trujillo ha sido escenario de represión policial y militar, están heridos de bala los campesinos Jairo Leonel Hernández Ramírez, de 24 años de edad, Nerlin Ignacio Hernández Hernández, de 19 años de edad, Ezequiel Urrea, de 58 años de edad, y los menores Jorge Soto Portillo de 15 años y William Aron Ruiz Sánchez de 8 años de edad.

La policía entró a unos cien metros adentro de la comunidad lanzando bombas, persiguió al dirigente campesino Adolfo Cruz, su familia y vecinos fueron víctimas de las bombas lanzadas directamente contra su casa de habitación; el defensor de derechos humanos Obed Ulloa fue golpeado por la policía que decomisó todos sus equipos de trabajo como defensor, la comunidad Guadalupe Carney goza de medidas cautelares colectivas desde el año 2003. Las tomas de carretera en Cayo Campo, Municipio de Tocoa, y en Saba han sido fieramente reprimidas. Hay daños a los bienes de la población en protesta, también a bienes de grandes empresas como Standard Fruit y otras grandes empresas.

La embajada de los Estados Unidos sufrió agresión el 31 de mayo en un acto que deja mucho que sospechar, técnicamente no puede ser obra del movimiento social que de manera pacífica está en las calles exigiendo justicia, una investigación seria, imparcial y técnicamente confiable dirá quién es responsable. Quien o quienes están detenidos por tal acto muestran evidencias de su inocencia. Es innegable, el país está en crisis, el pueblo cansado de tanto sufrir exige respeto y justicia, lentamente se van uniendo los diversos sectores, movimientos y organizaciones sociales en una plataforma que representa los intereses de las grandes mayorías históricamente marginadas y excluidas. Cabe señalar que somos un país con 68% de pobreza y 45% de miseria según la CEPAL, y desconfiando de sus datos, no podrán ser menos sino mayores.

El pueblo se ha levantado exigiendo derogación de los PCM en defensa de la salud y la educación pública. La situación es igual en distintas ciudades y pueblos de Colon, Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Comayagua, Olancho, Valle, Choluteca, Lempira, Francisco Morazán, el cuadro de la crisis se torna muy delicado, tanto como lo que cuesta la verdad, la justicia y la libertad de un país. Para amplios sectores sociales, sin obviar el sistema de represión oficial, la opinión generalizada es que la paz llegará con la salida de Juan Orlando y el grupo que tritura al país, dando paso hacia una transición democrática en el país.

1 de junio 2019

-Juan López es pedagogo.