A propósito de la providencia judicial de la Sala de la JEP sobre el otorgamiento de la garantía de no extradición al ex guerrillero Jesús Santrich y los desarrollos posteriores que han generado gran confusión en la opinión pública, no sólo se ha armado en los medios y en ámbitos políticos una especie de tormenta y se ha hablado de crisis institucional, de catástrofe, de no respetar el Estado de Derecho, etc., que pone en cuestión el principio democrático que las providencias judiciales se respetan y si no se comparten, se acude a los mecanismos que las normas procedimentales establecen, como lo hizo la Procuraduría, pero no que se pretenda manipular los procedimientos para buscar torcer las decisiones en el sentido que se quieran, sino que además estimulan un ambiente de incertidumbre.

La actitud del Fiscal General es incomprensible, aprovechar la expedición de la providencia para pretender crear una crisis institucional con su renuncia -renuncia qué recordemos venía siendo solicitada por muchos actores políticos y sociales por otras razones y otros impedimentos- y poner en cuestión la base del sistema jurídico en democracia: respetar las providencias de los jueces, independiente de si se comparten o no. Crisis institucional no existe, simplemente un alto funcionario judicial decidió dar un paso al costado de su cargo y de otro lado, insatisfacción en sectores políticos por un fallo. Ah y la presión de la potencia norteamericana, que protesta porque la decisión no fue en el sentido que esperaban, a pesar de que su cooperación no haya sido la mejor y poco recíproca.

Ahora bien, como una de las consecuencias, el Presidente Duque ha planteado de nuevo su idea de un Pacto Político con algunos partidos, para no se sabe muy bien qué. Al respecto opinamos que ojalá el Presidente realmente estuviera pensando en un gran acuerdo político que generará un ambiente de gobernabilidad y contribuyera a un nuevo clima de convivencia nacional. Pero para ello se requerirían varias cosas, uno, que se convoque a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso, -distinto si algunas no aceptan participar-; dos, que se definan unos temas de acuerdos y se plasme en un documento producto de esos entendimientos entre todas estas fuerzas y claro que ello se refleje en un nuevo estilo de manejar los asuntos del gobierno. Eso generaría un nuevo escenario en el Congreso y la posibilidad de tramitar las iniciativas con mejor calidad y agilidad.

Desafortunadamente lo previsible es que el Gobierno solo convoque a algunos partidos políticos para pedir apoyos incondicionales -atrapado en el manejo del asunto coyuntural- y el resultado de esta solicitud no parece muy esperanzador -algunos la verán como una distracción más- y con ello se desaprovecha de nuevo otra posibilidad para que un Presidente que tiene la legalidad y la legitimidad, pero no las mayorías en el Congreso para garantizar la gobernabilidad, pudiera ajustar sus iniciativas de Gobierno y lograr realmente un clima de unidad nacional, que no hay duda permitiría que reformas necesarias como la de la Justicia, que es mucho más que pretender volver a la JEP una jurisdicción eunuca, la reforma política y electoral, las reformas económicas y sociales, la implementación del Acuerdo de Paz, avancen de manera ágil y convertidos en factores de unidad nacional y el Presidente como la cabeza y la representación del Estado, propio del régimen presidencialista

No estoy seguro que el Presidente Duque quiera transitar esa senda; pero me gustaría realmente que yo estuviera equivocado.

- Alejo Vargas Velasquez es profesor de la Universidad Nacional