Existe sorpresa por la tolerancia del FMI ante la insostenible situación económica de la Argentina, que no puede cumplir a mediano plazo con los compromisos de cancelación del préstamo. Oportunamente se acordaron préstamos por más de 56.000 millones de dólares, y los desembolsos realizados con regularidad alcanzan los 39.000 millones de dólares. El grueso del monto total se acreditará antes de finalizar el mandato gubernamental. También existen recurrentes acuerdos para modificar pautas de condicionalidad inscriptas en los sucesivos convenios, algo que se reiteró en estos días pasados ante las turbulencias y la volatilidad cambiaria.

La volatilidad se expresó al cierre de la semana pasada, luego de alzas y bajas en la cotización del dólar con subas de las tasas de interés que bordearon el 74%, una cotización de 46 pesos por dólar y un riesgo país cercano a los mil puntos. La expectativa es que el dólar no supere los 51,44 pesos hacia fin de año y por eso se utilizan los recursos del FMI para atender la demanda de divisas para fuga de capitales, algo no permitido por el propio FMI y que sin embargo se le facilita al gobierno de Macri. Se incumplen los estatutos de la organización internacional para sostener al gobierno macrista y si se puede, que se reelija por un nuevo período.

Es algo que puede costarle caro al staff del FMI y que, sin embargo, a EEUU, el mayor accionista del FMI y con su capacidad de veto, parece no interesarle colocar todos los fondos necesarios para mantener a Mauricio Macri en el gobierno. Se trata de una operación a medida de las necesidades políticas del gobierno de la Argentina, pero también del gobierno de EEUU.

Vale recordar que el primer pacto de Macri con el FMI data de junio del 2018, realizado de urgencia ante la corrida cambiaria ocurrida desde abril del año pasado. Solo se entiende la celeridad en la toma de decisiones por la sintonía política y objetivos y estrategias de Trump y Macri, de ambos gobiernos.

El acuerdo fue pautado para tres años, y rápidamente, a los 90 días, en septiembre, se corrigió el convenio ante la imposibilidad de cumplir con lo pactado. No hubo problemas en el FMI para redefinir las cláusulas del convenio y se aceleraron los desembolsos. El motivo fue asegurar el plan financiero del gobierno Macri antes de finalizar el primer mandato en diciembre del 2019. La cotización del dólar pasó en este tiempo, de 20 a 46 pesos, con todo lo que ello significa para el traslado a precios y en redistribución de ingresos para potenciar la desigualdad.

La política de EEUU es la que se impone

Queda claro el interés del FMI y atrás de este, de EEUU para blindar económicamente la política del gobierno argentino, imprescindible para la lógica de la política exterior estadounidense hacia la región latinoamericana y caribeña, el territorio propio, o de cercanía, para la disputa del poder mundial.

Las condiciones de la política y la disputa mundial actual son las que imponen la flexibilidad del FMI con la Argentina. No se trata de pedidos de perdón del país deudor como es lo habitual, sino de total connivencia entre los ámbitos de decisión en EEUU y en Argentina, mediados por el staff del FMI.

Argentina fue el motivo de un cambio de la política de EEUU en el FMI en la crisis del 2001 y por eso la interrupción de los desembolsos y la posterior cesación de pagos. El FMI cambió su política de asistencia, manifestada en la crisis asiática o brasileña en 1997 y 1998. Era otro momento de la situación mundial y no importaba hacer caer al gobierno de turno en la Argentina. Ya sabemos el impacto socioeconómico del 2002 luego de la devaluación, con 57% de pobreza y más de 21% de desempleo hacia mayo del 2002.

La situación actual es diferente y especialmente a los efectos de la política estadounidense en la región. Un gobierno de derecha y alineado con EEUU como el macrista resulta imprescindible para intervenir en la mutación del rumbo político y económico de la región, aun cuando los datos económicos sociales en la Argentina sean alarmantes, con 10% de desempleo y un tercio de la población bajo la pobreza. Trump necesita la continuidad de Macri en el gobierno y si no, la máxima condicionalidad ante cualquier cambio de gobierno. Solo así se entiende la magnanimidad en el sostenimiento financiero, que hipoteca al país a futuro.

Una conclusión no menor es que la hegemonía política mundial y local manda sobre las consideraciones económicas. El presidente del FMI siempre fue europeo según los acuerdos de Bretton Woods en 1944, pero con el porcentual de votos de EEUU en el Directorio del FMI, el segundo al mando del organismo, un estadounidense, es el que decide en última instancia. Fue Anne Krueger en 2001 y es David Lipton en 2019. Ambos alineados y subordinados al gobierno de EEUU.

La situación se agrava por la relación entre EEUU y sus socios europeos, no solo por la cuota de decisión en el FMI, sino que la política exterior estadounidense en este momento agudiza contradicciones, no solo relativas al financiamiento con la insostenible situación de la Argentina. EEUU ha decidido, por razones esenciales de la economía y la política confrontar con la realidad regional, especialmente contra Venezuela y Cuba, extensión a todo país en donde se intente formular una política de autonomía e independencia.

Para esa política exterior de EEUU se necesita de gobiernos afines a sus objetivos e intereses. El ascenso al gobierno de Macri en 2015 y el consenso electoral reiterado en 2017 lo puso como socio privilegiado para los afanes de EEUU y el gobierno Trump en la región y así modificar el clima de cambio político puesto de manifiesto en los primeros años de este siglo. La llegada de Bolsonaro al gobierno de Brasil incorpora otro socio a esa política. Aun siendo un país más poderoso que la Argentina, resta la estabilización política que confirme una nueva hegemonía en Brasil y que sea confiable para la política exterior de EEUU. Otros regímenes de derecha en la región no resultaban tan confiables como la deriva del cambio de gobierno en argentina y potencialmente ahora en Brasil.

El boicot económico a Venezuela y las múltiples amenazas y acciones para desestabilizar al gobierno venezolano tienen una aceleración desde la inclusión de la Argentina como socio de privilegio del club de países subordinados a la lógica de Washington. La iniciática estadounidense alcanza a Cuba y por eso se revierten las medidas de acercamiento iniciadas en la gestión Obama. La eliminación de la suspensión del Capítulo III de la Ley Helms-Burton apunta en ese sentido y puede tener consecuencias gravísimas, no solo para Cuba, sino y muy especialmente para capitales europeos que gestionan propiedades en Cuba.

Por todo ello, es que no solo se trata de los negocios con Venezuela o las diferencias sobre la capacidad de pago de la Argentina en el FMI, sino de intereses nacionales definidos desde Washington y con impacto regional y mundial. Al mismo tiempo debe considerarse el creciente papel de China en la región y las nuevas incursiones de Rusia, asociadas a su estratégico acuerdo con la potencia asiática y que tanto preocupa a EEUU.

Capitalismo, anticapitalismo e hidrocarburos

Preocupa a EEUU la definición anticapitalista de rumbos políticos en la región, pero más la necesidad estratégica de dominación del petróleo y otros recursos naturales, abundantes en Nuestramérica.

Los hidrocarburos son insumos estratégicos en la producción mundial y EEUU es el principal consumidor mundial y aun recuperando el papel de principal productor en 2015, fracking mediante, requiere asegurar la provisión petrolera en el mediano plazo ante el agotamiento de las reservas mundiales. Por eso interesó e interesa Irak, Irán, Libia y las acciones militares, diplomáticas, económicas y políticas impulsadas sobre esos países, con costos inmensos para sus pueblos.

Venezuela es la mayor reserva probada de petróleo y a pocos días de traslado para el abastecimiento estadounidense. Argentina es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, con Vaca Muerta como yacimiento de privilegio. Es el destino esperado de las inversiones externas que tanto demanda y espera el gobierno de Macri, del PRO y Cambiemos. Por eso Argentina está involucrada en la sociedad de privilegio con EEUU y sus acciones contra Venezuela y Cuba.

El gobierno de la Argentina y los proyectos políticos que lo disputan quieren ser los administradores de la explotación energética en Vaca Muerta y, por ende, beneficiarios de la lluvia de inversiones. El boom de los hidrocarburos no convencionales se imagina similar al provocado oportunamente por la soja transgénica en los años 90 y que esta cosecha demuestra con su nuevo récord de producción y exportación.

Con el precio del petróleo nuevamente en alza y su carácter estratégico se ilusionan los a grandes capitales locales y globales para alzarse con ganancias derivadas de la renta petrolera y gasífera. Esto es lo que preocupa al poder sobre la cuestión argentina. El tema es quién administrará esa riqueza y bajo qué condiciones estructurales para la explotación de los hidrocarburos no convencionales.

Hay quienes consideran un fracaso el gobierno Macri y se preguntan para que quiere seguir en la gestión por un nuevo periodo. El asunto es que la llegada de inversiones está subordinada a algunos cambios estructurales que todavía no se pudieron implementar, que estaban en el imaginario de la política oficial y que la organización popular impidió. Esos aspectos están enunciados en el decálogo sometido en estos días al diálogo para el compromiso de acción futura en la política pública.

Los diez puntos sometidos a discusión para un acuerdo político con la oposición "responsable" y que el poder económico local salió a defender se asocian al ajuste fiscal, la apertura económica a las inversiones externas, facilitando condiciones para su desembarco con cambios en el régimen tributario y muy especialmente con las reformas laboral y previsional, todo para favorecer ganancias empresarias.

Esos aspectos remiten a la esencia del acuerdo con el FMI y por eso, el decálogo ofrecido para suscribir en el diálogo político es una iniciativa para disputar el consenso electoral desde acuerdos relativos a "políticas de estado" que dinamicen el desarrollo del capitalismo local. Son asuntos implícitos en el acuerdo con el FMI y que hacen al nuevo tiempo del desarrollo capitalista global.

¿Qué rumbo para la Argentina?

La discusión es sobre el rumbo de la Argentina, consolidando el modelo productivo asentado en el agro negocio, la mega minería a cielo abierto y los hidrocarburos no convencionales, asociado a una lógica especulativa en lo financiero, con una deuda externa creciente que lo financia, u otra dinámica productiva y de desarrollo que colocaría al país por afuera de la razón contemporánea del capitalismo.

No hay dudas sobre la inclusión en la primera opción de buena parte de la oferta electoral en construcción y que podrían, más allá de suscribirlo con firma explícita, el programa de los 10 puntos colocados al debate desde el gobierno de Mauricio Macri.

El debate es sobre la construcción de un proyecto político que sustente la opción alternativa, que no solo discuta el rumbo en curso, sino que organice conciencia colectiva para transitar un camino no explorado y que encontrará todo tipo de obstáculos para su desarrollo. Es lo que se aprecia en Cuba por seis décadas o más recientemente en Venezuela y todo intento de cambio para favorecer mejores condiciones de vida a la mayoría empobrecida.

La lucha social impidió hasta ahora el éxito en los cambios estructurales pensados desde el poder. Este cambio estructural es el horizonte imaginado para el futuro inmediato por los que mandan y pretenden continuar haciéndolo, los de adentro y los de afuera. Tanto Macri como los que disputan el gobierno pretenderán afirmar esos cambios estructurales en el nuevo periodo presidencial. La tradición de organización y resistencia popular de la Argentina continuará retrasando esos cambios institucionales regresivos, que sin embargo progresivamente se instalan en la vida cotidiana, como la flexibilización laboral, el cambio de función del Estado o la subordinación creciente a la lógica mundializada impuesta por las transnacionales. Claro que se requiere frenar la desarticulación socio política del fragmentado movimiento popular.

Esta dinámica de la lucha de clases en la Argentina es la que empantana una solución a la puja distributiva manifestada como inflación, por lo que la lucha contra la inflación es estructural y política. Remite a quien vence a quien. Derrotar al movimiento obrero y popular resulta sustancial para el poder, al tiempo que esa capacidad de resistencia demanda constituirse en poder político no solo para resistir el objetivo del poder, sino para encaminar un nuevo rumbo que no tiene lugar bajo la lógica capitalista.

Nuestra reflexión apunta más allá del desenlace electoral en 2019, pero resulta imprescindible su discusión para que toda construcción electoral con pretensión transformadora asuma el desafío de un futuro para revolucionar el orden económico y social. No alcanza con evitar un nuevo gobierno de Macri o de similar objetivo, aun siendo "opositor" e impulsado por el "peronismo racional". Claro que no es lo mismo que continúe Macri por un nuevo periodo a que haya un freno electoral al proyecto del poder, pero pretendemos llamar la atención sobre aspectos que en general no encuentran eco en el debate de la política actual.

- Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.